Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

COMUNIDADES DEL NORTE DE ANTIOQUIA DENUNCIARON EN ASAMBLEA TERRITORIAL CONSTANTES VIOLACIONES A LOS DDHH

LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y EL NODO ANTIOQUIA DE LA COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS, DENUNCIAN LA GRAVE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CAMPAMENTO, ANORÍ, GUADALUPE Y TARAZÁ.

 

Por: Asociación Campesina del Norte de Antioquia- ASCNA; Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos- Nodo Antioquia; Proceso Social de Garantías Antioquia.
Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2012.
 


Militares como estos, que reciben la mayor parte del presupuesto gubernamental para su dotación, son responsables de violaciones a los derechos humanos en Antioquia.
 

El día 10 de Septiembre de 2012, en la cabecera del municipio de Campamento- Antioquia, se llevó a cabo la audiencia social del proceso de garantías. Este evento fue convocado por la Asociación Campesina del Norte de Antioquia- ASCNA, la Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos (CCEEU)- Nodo Antioquia, y el Proceso Social de Garantías Antioquia, debido a la grave situación de derechos humanos de los territorios de Campamento, Anorí, Guadalupe y Tarazá. En esta actividad hicieron presencia campesinos y campesinas de las diferentes regiones del norte del departamento, así mismo asistieron funcionarios de la alcaldía del municipio de Campamento: Secretaría de Gobierno y representantes del Ministerio Público.

Durante la audiencia se reiteró por parte de las y los asistentes la grave situación de derechos humanos que se expresa en diferentes violaciones, entre ellas: los continuos señalamientos y hostigamientos (fotografías) de parte de la Brigada XIV del Ejército contra miembros la Asociación Campesina del Norte de Antioquia- ASCNA, expresando que estos hacen parte de la insurgencia o que son pirámides (captadoras de recursos), vulnerando así no sólo el derecho a la libre asociación, sino también a la labor de defensa de los derechos humanos. De igual manera se visibilizó cómo, a través de la emisora del Ejército nacional, se han señalando a líderes que asistieron a la marcha realizada en Bogotá y convocada por el movimiento político y social de Marcha Patriótica, de ser colaboradores de la guerrilla, poniendo en grave riesgo la vida de estos pobladores; a esto se suma que presuntos miembros de la fuerza pública (Ejército) han comentado en la vereda San Basilio que si campesinos salen al paro programado de octubre de 2012, van a quemar sus viviendas. A través de esta misma emisora, el Ejército saluda a campesinos y campesinas que han sido críticos con las acciones de la fuerza pública por sus violaciones de derechos humanos en el territorio de Tarazá, pretendiendo con ello poner en el escenario público una filialidad que no existe, lo cual pone en grave riesgo la vida de los pobladores, pues estos viven en una zona de conflicto donde hacen presencia paramilitares y guerrillas.

En este marco de agresiones, es constante del accionar de la fuerza pública, los empadronamientos, hostigamientos, restricción a la movilidad, restricción de alimentos y confinamientos a la población campesina; se han presentado casos donde presuntos miembros del Ejército solicitan a campesinos de Tarazá información de dónde está la insurgencia, y a cambio se les permitiría pasar alimentos, lo cual es una acción no sólo de hostigamiento sino de involucramiento de la población civil en acciones propias de inteligencia militar, vulnerando el principio de distinción. Se denunció, así mismo, durante el evento, cómo en la zona de Guadalupe, Campamento, Raudal- Raudal Viejo, Tarazá- Valdivia, el Ejército Nacional ha acampado y utilizado bienes civiles, incurriendo en infracciones al DIH. El hecho más reciente ha sido en el mes de agosto, donde tropas de la Brigada XIV acamparon en la casa comunal de la Vereda de San Basilio, donde miembros de la fuerza pública expresaron que para llevarse a cabo reuniones comunitarias organizadas deben estar autorizadas por parte de ellos, violando el derecho a la libre asociación.

En este contexto de violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, se denunciaron frecuentes disparos por parte de miembros del Ejército en medio de caseríos en el punto de Las Torres- vereda la Colmena y San Roque; en cuanto al tema de infracción al DIH, por parte de la insurgencia, se denunció la muerte de tres campesinos a causa de unas explosiones en mediaciones de Teresita y Montebello.

Respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también se expresó la preocupación por las propuestas de “desarrollo sostenible” ejecutadas por el Estado- Administración Municipal, las cuales desconocen la realidad campesina de auto sostenimiento, y, por el contrario, profundizan las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de la población. A esto se añaden las preocupaciones del campesinado por la imposición de las mediadas fitosanitarias que se están exigiendo a la producción de la panela y la leche.

Se denunció durante la actividad que desde el año 2002, cuando el Ejército Nacional bombardeó el centro de salud de la vereda San Pablo, éste no ha sido reconstruido, lo que afecta la vida de los pobladores y en especial el derecho a la salud, ya que no existen las condiciones para responder a una urgencia, ni prestar los servicios integrales a la comunidad. Se llama la atención sobre la necesidad de tomar medidas de mitigación del riesgo en la vereda San Roque, ya que el invierno se llevó parte del trapiche comunitario.

Finalmente, se denuncia el hecho ocurrido el día 9 de Septiembre de 2012, un día antes de llevarse a cabo la Audiencia Regional de Garantías, en Campamento, cuando en medio de las requisas realizadas por la Policía Nacional en el Parque del Municipio, se tomaron fotografías de manera ilegal a los campesinos que llegaron de Tarazá, hecho que fue constatado por el representante de Ministerio Público y los delegados internacionales de IPO (Observatorio Internacional de Paz, por sus siglas en español), a quienes durante el hecho les fueron requeridos sus documentos de identidad y fueron indagados por sus nombres, cargo, organización y funciones laborales (empadronamiento), desconociendo el papel no sólo del funcionario público sino del trabajo que realizan los brigadistas internacionales en el acompañamiento a la defensa de los derechos humanos que realiza la ASCNA.

Por otro lado la comunidad que participó en la Audiencia manifestó la problemática de incomunicación que viven, ya que prácticamente en todo el territorial rural no existe cubrimiento de telefonía fija ni móvil, y en muchas veredas donde anteriormente había cobertura de esta última, por razones desconocidas dejo de funcionar, siendo esto un aspecto que demora la denuncia de violaciones a los derechos humanos del que son objeto la población y la negación del derecho a la comunicación.

Por todo lo anterior se exige:

- Al Estado colombiano, y en especial a las fuerzas militares, no minimizar ni deslegitimar la labor de defensa de derechos humanos que realiza la ASCNA.
- Al Estado colombiano ya la fuerza pública cesar toda forma de hostigamiento como es la toma de fotografías y señalamientos de pertenecer a grupos ilegales, contra la población civil, líderes y funcionarios de ASCNA, ya que esto viola los derechos humanos, el debido proceso y pone en riesgo la vida de la comunidad.
- Al Estado colombiano garantizar los derechos a la libre asociación, de movilidad y protesta.
- Al Estado y a la fuerza pública, respetar y garantizar  el principio de distinción.
- Al Estado reconstruir el centro de salud de la vereda San Pablo.
- Al Estado- y a la administración local abrir participación a la población campesina en las políticas de desarrollo local.
- Al Estado colombiano y militares respetar el principio de distinción, y no someter al campesinado y líderes a presiones para obtener información del actuar de la insurgencia o grupo ilegales.
- El Estado debe respetar y garantizar el derecho a defender los derechos humanos por parte de los líderes, campesinos y la Asociación Campesina del Norte de Antioquia.
- Cesar toda forma de hostigamiento, persecución y señalamientos a la labor legítima y legal que desarrolla la Asociación Campesina del Norte de Antioquia.
- Se exige al Ministerio Público Investigar y sancionar a los funcionarios públicos que hayan cometido violaciones a los DDHH.
- Se exige el cumplimiento de las directivas presidenciales sobre el respaldo y garantía de la labor de defensa de los derechos humanos.
- Se exige al Estado colombiano cumplir con todos los compromisos adquiridos en el proceso de la mesa nacional de garantías.
- Se exige al Estado garantizar el derecho a la comunicación.


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