Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

APLAZADA LA VOTACIÓN DEL REFERENDO POR EL AGUA PARA EL 22 DE ABRIL

Tal como comenzó, terminó con un quórum mínimo la sesión del pasado martes 14 de abril de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la votación del referendo por el agua fue aplazada para el próximo miércoles 22.

Se presentaron las ponencias de los representantes Germán Navas y Roy Barreras surtiendo el trámite reglamentario. La ponencia del Representante Navas pide aprobar el texto del referendo tal como fue presentado por el comité y firmado por más de 2 millones de colombianos y colombianas que no son tontos o ignorantes ni fueron engañados por los promotores con la falsa promesa de agua gratis. El texto no contiene errores de buena fe, es una propuesta integral en defensa del agua como un derecho fundamental, que propone el agua como un bien público, administrado por el Estado y que además propone la conservación de los ecosistemas que regulan el ciclo hídrico. Por el contrario, la ponencia del Representante Barreras propone cambios sustanciales en el texto que desvirtúan la propuesta inicial y los argumentos para tales cambios son los mismos, ya expuestos por la Viceministra de Agua y la Superintendente de Servicios Públicos en las sesiones anteriores. El Representante Barreras se declara amigo de la democracia radical, el referendo que convoca al pueblo para que decida sobre los asuntos que lo afectan es una expresión, justamente, de esa democracia radical.

El vocero del Comité ha insistido que el agua es para la vida y no puede ser tratada como una mercancía. El acceso al agua y al saneamiento es un derecho que debe ser definido claramente para que pueda ser protegido y desarrollado por el Estado en beneficio de los y las colombianas. El acceso al agua debe ser una prioridad de la política pública del país, un derecho fundamental, análogo a derechos como la salud, la alimentación y la vida. Sin este reconocimiento, probablemente los recursos para el sector del agua no vendrán al país. Colombia debe seguir las obligaciones impuestas por los tratados internacionales que ha ratificado en relación con el acceso al agua y debe tener en cuenta la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1999 en la que se declara el acceso al agua como un derecho fundamental.

La privatización de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado ha fallado como estrategia para garantizar el acceso al agua a los desconectados, mejores inversiones, eficiencia y transparencia en el manejo del agua en el mundo, de acuerdo con los informes recientes tanto del PSIRU de la Universidad de Greenwich en Inglaterra como de un reciente documento del PPIAF, la agencia del Banco Mundial que ha promovido la privatización del agua en la última década, quienes no han podido encontrar evidencia de que la privatización trae menores precios o mayores inversiones, por el contrario han habido mayores problemas con la corrupción, acceso al agua y desempeño de muchos contratos de concesión, que o han sido reestructurados o finalmente cancelados. Adicionalmente, la posición pública a la privatización crece cada día en el mundo, tal como ha ocurrido en la ciudad de París, la cuna de las transnacionales del agua, que en el 2010 retorna al manejo público de su sistema de acueducto.

El mínimo vital gratuito busca que cada persona, de manera equitativa e igualitaria reciba la cantidad y calidad de agua suficiente para sus necesidades esenciales para la vida digna y no más allá. Mientras no se defina internacionalmente una cantidad, se entiende que una persona requiere entre 20 (mínimo de la OMS para refugiados y emergencias) y 50 litros diarios solo para efectos de hidratación y preparación de los alimentos y si hablamos de higiene personal y de la vivienda este valor puede subirse a los 100 litros diarios. Por ello los subsidios cruzados que son una estrategia para facilitar el pago de las facturas a los más pobres, no es garantía de un derecho fundamental.

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