Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

UN SEPTIMAZO HACIA LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Por: Maureen Maya
Semanario Caja de Herramientas
Fecha de publicación: 23 de junio 2011


LA AGONÍA DE LA COMISIÓN DE ACUSACIONES

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EFE

Con enorme expectativas se inició el pasado jueves 16 de junio la audiencia de versión libre del ex presidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes. La transmisión en directo por las cadenas nacionales e internacionales y redes sociales como facebook o twitter, fue seguida con máxima atención por miles de ciudadanos en varios países. Sin embargo, el evento duró poco; menos de dos horas después de haberse iniciado, fue abruptamente aplazado. ¿Por qué razón?

 

Uribe llegó muy puntual al recinto acompañado por su esposa Lina Moreno y uno de sus hijos, los ex ministros Fabio Valencia Cossio, Diego Palacio, Óscar Iván Zuluaga, los senadores Roy Barreras, Juan Carlos Vélez Uribe y Juan Lozano (presidente de La U), el ex embajador Carlos Moreno de Caro, y los abogados defensores, Jaime Lombana y Jaime Granados. Inexplicablemente los “invitados” del ex presidente pudieron instalarse en el recinto sin inconveniente alguno, mientras que los acompañantes de las víctimas fueron enviados a las barras.

 

Faltando trece minutos para las tres de la tarde, con un retraso de 17 minutos, empezó la Audiencia con las palabras protocolarias del polémico representante Yahir Acuña, quien declaró que por un gesto de cordialidad se había permitido el ingreso de personas ajenas a la Comisión y al círculo del ex mandatario al recinto.  Vaya descaro el de estos representantes. Cómo si fuera posible dar inicio a un proceso de enorme relevancia nacional contra quien fuera uno de los jefes de Estado más cuestionados en la reciente historia del país por su oprobioso mandato, salpicado de toda clase de irregularidades y de actos de corrupción, a espaldas de la nación y de las víctimas; cómo si el sagrado deber de informar a los ciudadanos y de permitir su pleno derecho a ejercer control político, principio esencial de una democracia participativa, sobre el desempeño de sus altos “dignatarios” tuviera que ser entendido como un gesto de generosidad de quienes fueron elegidos para representar a los ciudadanos.

 

El abogado Jaime Lombana, defensor del ex presidente Uribe, empezó la audiencia cuestionando la actuación del representante de la ex senadora Piedad Córdoba, el abogado Luís Guillermo Pérez, quien horas antes a través de un memorial, había solicitado que dos de los tres miembros de la Comisión de Acusación, se declararan impedidos para participar en la Audiencia, pues de lo contrario serían recusados. El abogado Lombana pidió que se compulsaran copias para que se examinara lo que calificó como un comportamiento disciplinario. “En mi sentir, no hay recusación, lo que hay es un interés de no permitir que un inocente se defienda”  concluyó.

 

Los abogados defensores de derechos humanos en representación de 64 víctimas reconocidas oficialmente por la Fiscalía General de la Nación, aguardaron con paciencia las interpelaciones del abogado, hasta que finalmente se le concedió el uso de la palabra al representante de la ex senadora Piedad Córdoba, Luís Guillermo Pérez, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a fin de que explicara el memorial  por él radicado.

 

Pérez inició su intervención narrando las dificultades que habían tenido que sortear para poder asistir a la Audiencia. “Desde el mes de noviembre del año anterior, hemos intentado que se nos reconozcan nuestros derechos como víctimas en este procedimiento. Y no nos ha sido fácil ni fue fácil tampoco lograr que esta audiencia fuera pública porque entonces ustedes me cerraron la puerta en la nariz,  como se le cerró la puerta a la senadora Piedad Córdoba y se nos dijo no tienen derecho a entrar, pero además se nos dijo no tienen derecho a constituirse ni siquiera como víctimas en este procedimiento. Y nos dijeron que este procedimiento se adelantaba bajo el carácter de secretividad. Entonces frente a eso, tuvimos que acudir en tutela al Tribunal Superior de Bogotá, que decidió recordarles a ustedes, señores representantes, que hay una norma procedimental penal que obliga desde un comienzo a que cualquier instrucción, ya se encuentre en etapa preliminar o no, que se surta contra un presidente o ex presidente de la República, en relación con hechos que se refieran al ejercicio de su mandato presidencial y que podría constituir crímenes internacionales o hechos criminales, (cuente con la participación de las víctimas y la ciudadanía) […] El pueblo colombiano tiene derecho a ejercer control político no solamente sobre aquella gestión que haya adelantado el máximo mandatario de la nación sino también […] sobre la gestión que ustedes constitucionalmente están obligados a cumplir como operadores judiciales con relación al principal aforado de la nación. Dicho lo anterior nos vimos abocados a presentar una segunda tutela porque no se nos reconocía el derecho a estar acá representados como víctimas”. En sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia se aceptó la petición de que fueran reconocidos como víctimas y representantes de las víctimas dentro de este proceso.

 

El abogado Pérez también recordó que en el mismo pronunciamiento, el Tribunal Superior de Bogotá solicitó se investigara disciplinariamente a los miembros de la Comisión de Acusaciones por los hechos irregulares denunciados por las víctimas y sus representantes, y concedió tres días para que se pronunciaran al respecto. “Han pasado tres semanas  sin que la comisión cumpla con ese mandato constitucional” señaló. También recordó que el representante Bocanegra renunció públicamente argumentando que lo hacía porque sus colegas de la Comisión le impedían reconocer los derechos de las víctimas. “Esta denuncia pública […] nos permitió presentar denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia, por un posible prevaricato por omisión en relación con los miembros de la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes

 

Las víctimas presentes en la Audiencia le estaban reclamando a Uribe el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero fundamentalmente, estaban demandando garantías de no repetición de los hechos de enorme gravedad que fueron denunciados ante la Comisión, como crímenes de lesa humanidad.

 

El derecho a la verdad, consagrado en la Carta Política de Colombia, es un derecho que hace parte del bloque de constitucionalidad, señaló Pérez, y en él se reconoce el pleno derecho de las víctimas a participar en todas las instancias procesales, sobre lo cual ya existe reiterada jurisprudencia y pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional. En aras de ese derecho, el abogado Pérez, dijo que pedían interrogar al ex presidente Uribe. “En el sentido de que queremos contribuir, también a través de nuestras preguntas, a la propia defensa técnica del ex presidente Uribe Vélez. Y lo decimos con fundamento de causa, señor representante, porque participamos como víctimas en las más de quince investigaciones que se han abierto en los distintos procesos, y donde nosotros, desde noviembre pasado, solicitamos que se trasladaran las respectivas copias de la Fiscalía General y los Juzgados especializados o penales del circuito, para que obrando en estas diligencias, la defensa técnica pueda ejercer con todas las garantías el derecho que le corresponde al señor Álvaro Uribe Vélez de poder responder frente a esas distintas imputaciones que allí aparecen y que implican ya el reconocimiento en sentencias penales, de un concierto para delinquir agravado entre la dirección del DAS y miembros de la Casa de Nariño

 

Finalmente, después de ser interrumpido en su declaración, Pérez declaró que en concreto lo que se estaba pidiendo era que se les permitiera el derecho a interrogar. Asimismo, considerando que ya dos representantes de la Comisión, Heriberto Escobar y Yahir Acuña, se habían pronunciado públicamente al respecto negando este derecho, estos debían declararse impedidos; pues de no hacerlo se procedería a la recusación respectiva.

 

De inmediato el representante Acuña, solicitó que se suspendiera la audiencia por diez minutos para tomar decisiones.  Luego pidió que la Comisión se reuniera para discutir lo relacionado con las recusaciones, lo cual no fue posible porque no había quórum, pues siete de los representantes de la Comisión de Acusaciones no acudieron al Congreso, cuatro de ellos al parecer estaban fuera del país, otro en la cárcel y los otros dos, sin explicación conocida, optaron por ausentarse. De cualquier modo, ninguna excusa, salvo una certificación médica que impidiera la movilidad,  es aceptable para justificar su inasistencia a un evento de tanta trascendencia para el país. Esta ausencia debería ser objeto de suspensión inmediata.

 

Una vez reanudada la audiencia, y tras escucharse la breve pero contundente intervención de la abogada Sandra Gamboa, representante del periodista Hollman Morris y otros, en la que declaró que al ser ellos algunos de los que denunciaron al señor ex presidente Álvaro Uribe, son los más interesados en que se desarrolle un procedimiento de su responsabilidad penal sobre los crímenes denunciados. “No podemos aceptar como víctimas, y menos como abogados y abogadas defensores de derechos humanos que este proceso, que esperamos termine en una sanción ejemplar, no sea conducido de conformidad con un debido proceso. […] los hechos señalan la existencia de crímenes de lesa humanidad”. Según la abogada,  el caso requería de la participación activa de las víctimas con las limitaciones que exige la ley pero que también emergen del bloque de constitucionalidad. Acto seguido, el presidente Uribe tomó la palabra, y tergiversando lo dicho por la abogada afirmó cosas que ella no había dicho. Su estrategia fue posicionarse como víctima. Ello era previsible en razón de su solicitud enviada horas antes de la Audiencia a la  Sala Penal en la que solicitaba ser reconocido como víctima en la indagación contra la ex senadora Piedad Córdoba, pese a que este proceso se encuentra en fase previa, no formal.  "Queremos confirmar si en los computadores de "Mono Jojoy" hay referencia de los vínculos no sólo entre Piedad Córdoba y las Farc, sino una referencia específica a las amenazas de muerte contra Álvaro Uribe", insistió el abogado Jaime Granados horas antes de la Audiencia[1].

 

“¿Qué ha pasado aquí hasta este momento?- preguntó el ex presidente Uribe en la Audiencia- Acabamos de oír a la señora abogada acusándome de asesino, pidiendo sanciones ejemplares en mi contra, en un proceso que como usted ha dicho lo escucha el país y el mundo. Ya produjo su efecto, es la continuación de una larga cadena de infamias a quien dirigió en este país la recuperación de la seguridad. Ellos vivieron los ocho años de mi gobierno, rodeados de garantías; criticaron y difamaron al gobierno,  pero vivieron rodeados de garantías. ¿Cuáles son hoy mis garantías?

 

El abogado Lombana, declaró con asombro, que se estaba manipulando la acción de la justicia;  y luego de exigir el respeto a los derechos constitucionales de su cliente, como el derecho a la defensa, remató con una perlita que será difícil de olvidar: “la única victima de toda esta tramoya se llama Álvaro Uribe Vélez”. El recinto casi estalla de indignación.

 

Uribe retomó de nuevo la palabra para decir que ante “esa grave e infamante (sic) acusación, yo pregunto, ¿por qué a mí no se me puede escuchar?”. Luego recordó que él fue quien pidió que la audiencia fuera pública. Además argumentó que no ha llamado a ningún congresista de la Comisión de Acusaciones. No obstante, admitió que si había llamado a Alfredo Bocanegra pero “no a hablar de procesos, sino porque él dijo que no iba a ser el Heyne Mogollón de mi Gobierno. Lo único que pido después de sufrir una larga infamia, cuando los difamadores no han tenido límites y han aprovechado la cobertura de medios, lo único que pido es que se me deje defender (sic)”[2]. 

 

El procurador delegado Jorge González Vásquez consideró que antes de iniciar la versión libre, la Comisión de Acusaciones tenía que resolver la recusación. La mesa directiva de la Comisión de Acusaciones pidió entonces un receso de media hora para deliberar sobre las recusaciones instauradas por los representantes de las víctimas. 

 

Una vez se reanudó la diligencia, el representante Acuña dijo que "la abogada Sandra Gamboa se le había acercado con la voz entrecortada para decirle que ella no señaló al ex presidente Uribe de asesino'. Según Acuña, ella le pidió garantías para su seguridad"[3]. Nuevamente Uribe pidió la palabra. "Esta ha sido una costumbre. Me difaman. Hoy me acusan de violador de los derechos humanos cuando yo fui el que defendí a los defensores de derechos humanos y a la asociación sindical. Hoy se han lucido ante el mundo aprovechando toda la cobertura publicitaria que se quiso darle a este evento", dijo Uribe.

 

Finalmente el representante Heriberto Escobar confirmó que el 20 de julio se reprogramarán las diligencias de esta investigación, cuando regresen de vacaciones. Si la Comisión de Acusaciones acepta la recusación presentada por los abogados de las víctimas contra dos de los investigadores, tendrá que elegirse a otros dos representantes para que asuman este delicado proceso. Sin embargo, lo más seguro es que la recusación sea rechazada y el proceso siga su curso, es decir que quizás en dos o tres meses, se cite a nueva audiencia, Uribe entonces rendirá versión libre durante el tiempo que guste; y una vez se acepte su declaración  y se le imputen cargos, si es que así sucede, la Comisión votará,  y el proceso pasara a plenaria de la Cámara.

 

Concluida la audiencia, Uribe salió caminando del Capitolio por la carrera séptima seguido por dos grupos de ciudadanos; los que lo apoyaban y le ofrecían respaldo incondicional, y los que le gritaban asesino paramilitar. En la calle 26 se subió a su carro. Esta caminata fue interpretada por algunos como un acto de populismo que tiene relación con sus pretensiones políticas.  

 

Resultado de la Audiencia

El ex presidente,  quien había llegado con una gruesa carpeta, listo para rendir su versión sobre el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales, ordenadas bajo su gobierno, no pudo declarar.  Luego afirmaría que una estrategia usada en su contra era enmudecerlo, mientras que sus alfiles declaraban, con tono enérgico ante los medios de comunicación, que el trato dado al ex presidente había sido irrespetuoso y nada acorde con su investidura. En sus mensajes difundidos por Twitter el ex presidente Uribe expresó su malestar así: “Acusan y no permiten que yo hable”; “Mis difamadores no han tenido límites, su truco es enmudecerme”; “Nuestra seguridad democrática recuperó la conciencia de respeto a los derechos humanos”; “He procedido con Patriotismo, por eso doy la cara a toda infamia”.

 

Según el senador Roy Barreras, fueron las maniobras dilatorias y leguleyadas empleadas por los representantes de las víctimas, las que impidieron que el ex presidente Uribe pudiera declarar. En el programa radial Hora 20, Barreras declaró que se había violado el derecho a la defensa y a la libertad de expresión; pues según sostuvo, en audiencias libres no se permite que las víctimas interroguen. También acusó al abogado Luís Guillermo Pérez de querer hacer de la audiencia un circo,  y dijo además que los cinco “pelagatos” que se dicen defensores de la libertad y de la expresión impidieron la expresión del ex presidente. Asimismo arremetió contra el representante Acuña por haber “oficiado como mensajero de la infamia”, al transmitir los temores de la abogada Sandra Gamboa. “Sus contradictores lo atacan todos los días y cuando él quiere hablar no lo dejan”, dijo refiriéndose al obligado silencio que tuvo que guardar el ex presidente Uribe mientras se intentaba resolver el tema de la recusación.  Para Barreras, la intención de los abogados que representaban a las víctimas de sabotear el proceso obedece a que sueñan con llevar el caso ante la Corte Penal Internacional.  “Esa es la trampa; […] querían impedir que  (Uribe) se defienda para llevarlo al escenario internacional,  pero a la CPI eso le parece delirante”

 

Para el político Juan Gabriel Uribe lo presenciado en la Comisión de Acusaciones fue una vergüenza. “Un zafarrancho -según dijo- deberían cerrar esa Comisión de Acusaciones. “Es una entidad que no sirve, que no es seria, que no funciona, que no tiene la majestad de la justicia. […]Por un lado como por el otro lado, es decir lo que faltó fue juez.  No tenían idea de lo que estaban hablando, no tenían ni idea de lo que es la recusación, no tenían idea de nada. […] Siete parlamentarios no fueron dizque por estar viajando; es una sinvergüencería. Eso deberían cerrarlo, estoy francamente indignado, me parece una cuestión de quinta. No porque no debiera existir esa institución sino porque debería cambiarse eso, y que el presidente pasara a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, no pasar por ahí, por unos señores que son el bagazo del Congreso”[4]

 

La Comisión de Absoluciones

La evidente falta de garantías que ofrece una Comisión de Investigaciones integrada en su  inmensa mayoría por miembros del uribismo, debe replantear seriamente su legitimidad. Conocida popularmente como la Comisión de absoluciones, esta Comisión se ha caracterizado por oficiar más política que jurídicamente, procurando proteger a quienes debe investigar y sancionar; como ha quedado demostrado en sus diferentes fallos, como en el caso de los ex presidentes Ernesto Samper y Belisario Betancur, para hacer referencia sólo a dos casos relativamente recientes.

 

¿Qué garantías de imparcialidad puede ofrecer una comisión cuando 11 de sus 15 miembros son uribistas y no se admitió la participación de ningún representante de la oposición? ¿Qué garantías pueden ofrecer los tres representantes elegidos para investigar al ex presidente Uribe, cuando uno de ellos es representante del PIN, otro de Apertura Liberal, y el último, el controvertido Yahir Acuña, quien posa de representante de las comunidades afrodescendientes, ha sido cercano a la mafia de la “Gata” en Sucre, uno de los departamentos más golpeados y manoseados por los grupos paramilitares? Además, la periodista Salud Hernández afirmó en Hora 20 que alias “Diego Vecino” había declarado que Acuña fue utilizado para infiltrar la Universidad de Sucre.

 

Considerando los antecedentes de esta Comisión, el pobre prestigio del que goza, la histórica ausencia de independencia por parte de sus miembros frente al poder ejecutivo y en particular la arbitraria y excluyente conformación de la actual Comisión, su existencia no tiene ningún sentido; es más se constituye en una afrenta a la  Constitución Política de Colombia, a la democracia y a la misma sociedad.

 

La derogación de esta Comisión debe quedar incorporada  como tema prioritario en el proyecto de reforma de la justicia. Y eso parece entenderlo el gobierno. “Somos conscientes de que la comisión debe ser reformada […] actualmente hay 1.100 expedientes que están pendientes de instrucción en esa comisión”, aseguró el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, después del aplazamiento de la audiencia de versión libre.[5]

 

Para voceros de la oposición política, la Comisión no puede operar como le corresponde debido a su conformación. Según declaraciones rendidas por el senador del PDA, Jorge Enrique Robledo, a finales del 2010, “la Comisión de acusaciones no funciona debido a los intereses políticos que hay actualmente”[6].  Para al representante a la Cámara, Iván Cepeda, según declaraciones dadas a la prensa cuando la bancada de Unidad Nacional del gobierno del presidente electo Juan Manuel Santos decidió excluir a la única fuerza de oposición de esta Comisión: “La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no ha sido un órgano independiente y tememos que, por su conformación, no realice las investigaciones transparentes que lleguen a esclarecer hechos que han sido responsabilidad del presidente de la República o de otros altos funcionarios del Estado”, concluyó.

 

“Los juicios ante el Senado (léase Congreso, Cámara de Representantes, Comisión de Acusaciones) se convierten por regla general en procesos de índole política donde los amigos absuelven y los enemigos condenan sin otra fórmula que la consigna del partido”. Ex presidente de Colombia, Carlos E. Restrepo (12 de septiembre de 1867 -6 de julio de 1937)

 

NOTAS AL PIE:

[1] El Tiempo; “'Uribe fue amenazado por las Farc esta semana': Jaime Granados”; Bogotá, junio 16 de 2011 

[2] Revista Semana; “Minuto a minuto: versión libre del ex presidente Uribe acerca del caso de las ‘chuzadas”. Bogotá, junio 16 de 2011 

[3] Ídem 

[4] Radio Caracol; Hora 20. Bogotá, junio 16 de 2011. 

[5] El Espectador; “Gobierno anuncia 'revolcón' en comisión de Acusación”. Bogotá, junio 17 de 2011 

[6] La W Radio; Bogotá, Octubre 17 de 2010. Ver en:  http://www.wradio.com.co/oir.aspx?id=1372532 


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