Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

NUESTRA LUCHA POR ENCONTRARTE CONTINUA CAROLINA GARZON

Por: Alix Mery Ardila (madre de Carolina), Walter Garzón (padre de Carolina), Comité Internacional Buscamos a Carolina,
Fotos y edición de texto: El Macarenazoo.
Fecha de publicación: 29 de abril de 2016.


Fotos del plantón realizado este 28 de abril de 2016 frente a la Cancillería, a cuatro años de la desaparición de Carolina Garzón

El 28 de abril de 2012 desapareció en Quito, Ecuador, la estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá Carolina Garzón. Hoy, familiares, amigos, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), acompañaron el plantón desarrollado frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Después de cuatro años, se denunció que aún la canciller María Ángela Holguín no ha atendido personalmente a los padres de Carolina. Estudiantes de la Universidad Distrital propusieron públicamente que la Institución le confiere el título de Licenciada en Artes, como un acto de reconocimiento por su desaparición forzosa. Así mismo se exigió de nuevo el establecimiento de una Comisión Independiente en Ecuador para el esclarecimiento de esta desaparición. Carolina es miembro del Periódico El Macarenazoo.





Los daños que ha causado el terremoto en Ecuador son extremos y comprendemos el dolor y la magnitud de esta tragedia, por ello, la familia Garzón Ardila y el Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia – PST -, expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad con el pueblo del Ecuador por los hechos ocurridos el pasado 16 de abril, donde un sismo de magnitud 7.8 con epicentro en la zona costera de este país, ha ocasionado daños materiales e inmateriales incalculables hasta ahora, pero lo que más lamentamos es la muerte de más de 655 personas y cientos de miles de heridos, damnificados y personas desaparecidas que aún sus familias no encuentran.

A esta situación tan dolorosa y lamentable, se le suma la grave tragedia en la que viven las personas desaparecidas años atrás y antes del terremoto, y sus familias; según cifras oficiales de la Fiscalía Ecuatoriana a enero de 2016, al menos 2.135 denuncias de personas desaparecidas se mantienen en investigación sin que se conozca respuesta alguna sobre su paradero.

Una de estas personas es nuestra hija, amiga, compañera, familiar y militante del PST, Carolina Garón Ardila, una joven emprendedora, que día a día está en función de superarse, defensora de derechos humanos, una joven guerrera, le encanta la fotografía, viajar, conocer otras culturas, llena de sueños, metas, proyectos, y han sido truncados con su desaparición el día 28 de abril de 2012 en la ciudad de Quito.



Tras interponer un recurso ante la Fiscalía del Ecuador el 2 mayo del 2012 por su desaparición, la respuesta de la Fiscal que conoció inicialmente el caso, la Dra. Clara Aveiga fue que probablemente Carolina se ahogó en el río Machangara. Durante el tiempo que estuvo al frente de la investigación no hubo ningún avance, ni siquiera en confirmar la hipótesis del ahogamiento. Durante esta etapa, tampoco se tomaron en cuenta las versiones de todas las personas que estuvieron con Carolina al momento de su desaparición, no se indagó con personas que conocían y frecuentaba Carolina, no se realizó un rastreo de su línea telefónica, ni de sus cuentas electrónicas y de redes sociales, ni se realizaron búsquedas en los sistemas de vigilancia del ECU 911 (línea de emergencia del Ecuador).

El mismo año 2012, fue nombrada otra Fiscal, la Dra. Elba Garzón, quien determinó continuar con la hipótesis del ahogamiento, pese a no contar con ninguna evidencia que le permitiera fundamentar dicha conclusión. Sin considerar otras líneas de investigación probables, mantuvo estancado el caso durante un año, causando un enorme daño al proceso y a la familia. Las únicas evidencias para sostener la teoría del ahogamiento fueron un saco y una servilleta presuntamente de Carolina, encontrados cerca del río y hay indicios de que el saco fue una prueba plantada para desviar la búsqueda y la investigación. Estas evidencias fueron halladas por el agente investigador, señor Fredy Anchaluiza, sin ningún proceso de colección, embalaje, conservación y custodia. Además, los dos testigos en los que se basó la fiscal Elba Garzón para sostener el ahogamiento, presentan contradicciones e inconsistencias en sus versiones.



Después, en el año 2013, conoció del caso el Fiscal Dr. Francisco Hidalgo, quien también hizo caso omiso a la petición de evacuar otras hipótesis presentadas por la misma familia. Si bien este fiscal ya no se centró en la teoría del ahogamiento, tampoco exploró posibles hipótesis.

En el año 2014 conocen del caso los Fiscales Laura Machuca, Pablo Jaramillo, Paola Solís y, finalmente, el Dr. Jorge Flores. Ninguno de ellos cuenta con una o varias teorías del caso debidamente estructuradas y que soporten su investigación.



Desde el año 2014 varias pruebas materiales que se encontraban bajo custodia de la Fiscalía Ecuatoriana fueron enviadas a la Fiscalía Colombiana bajo la figura de asistencia penal internacional; de manera concreta se esperaba contar con la cooperación técnica forense colombiana para analizar dichas evidencias y que sus conclusiones ayudaran a la investigación, pero hasta el día de hoy la Fiscalía Colombiana no envía estas evidencias a Ecuador , así como tampoco sus informes sobre las pruebas técnicas efectuadas; el fiscal responsable en Colombia es el abogado Sergio Rodríguez, Fiscal 91 BACRIM, quien hace caso omiso a las continuas insistencias penales que le envía la Fiscalía Ecuatoriana, así como a las peticiones realizadas por la familia Garzón y su abogada.

Ayer 28 de abril de 2016, que se cumplieron cuatro años de la desaparición de Carolina, y después de más dos años de varias diligencias e informes solicitados por Ecuador a la Fiscalía Colombiana, por la vía de asistencia internacional, las diligencias no han sido despachas, afectando el desarrollo de la investigación.



En conclusión, la investigación de este caso ha dependido fundamentalmente de la iniciativa procesal de la familia, con el acompañamiento del Partido al que pertenecía Carolina y por supuesto la labor profesional de la abogada del caso y de su aportación de elementos probatorios. A la fecha la Fiscalía ecuatoriana no ha dado respuesta a peticiones de ubicación de posibles testigos y de indagación exhaustiva de varias hipótesis que podrían estar relacionados con la desaparición de Carolina Garzón.

Durante estos cuatro años la familia Garzón ha escuchado diversas promesas estatales de ambos países; lamentablemente no pasan de ser promesas, han conocido cientos de funcionarios y despachos que desafortunadamente piensan que están haciendo un favor cuando acceden a alguna de las peticiones solicitadas y cuatro años después la realidad sigue siendo la misma: desconocer dónde está Carolina Garzón, quién se la llevó y que los responsables no reciban sanción alguna, y ni siquiera sean identificados. Impunidad es la respuesta estatal cuatro años después.



Fruto de ese proceso de continuas promesas e interlocuciones con instituciones y funcionarios el pasado 13 de octubre de 2015 el Presidente Rafael Correa y varios de sus Ministros se reunieron con familiares de personas desaparecidas en Ecuador, entre ellas con la madre de Carolina Garzón; en esa reunión nuevamente le indicaron a Alix Ardila que la investigación del caso de su hija avanza; que es lo mismo que se le viene diciendo durante los últimos tres años; sin embargo el paradero de Carolina Garzón sigue siendo desconocido, así como los hechos que originaron su desaparición.

En esa reunión también se dieron graves señalamientos contra la abogada de la familia Garzón Ardila; que desde el 1° de enero de 2015 firmó un contrato con el Ministerio de Justicia para dar continuidad a la representación legal del caso; dicho contrato se logró por todas las gestiones que realizó la familia Garzón exigiendo al Estado que cubra los honorarios profesionales de abogados de Carolina y de todos los casos de personas desaparecidas.

De esa manera el Ministerio de Justicia subvencionó desde enero a junio de 2015 los servicios profesionales de la abogada de la familia Garzón para el patrocinio del caso de Carolina, un aporte a la manutención de la señora Ardila y el pago de pasajes de las personas que asistieron a la reconstrucción de los hechos efectuada en marzo de 2015; sin embargo el contrato fue cancelado unilateralmente por parte del Ministerio de Justicia, argumentando supuestos incumplimientos de la abogada;  cancelación que ocurrió coincidencialmente dos días después  de que la abogada Espinosa y la Familia Garzón realizaran, junto a otros familiares, una rueda de prensa donde se presentó públicamente el “Informe alternativo sobre la situación de personas desaparecidas de forma involuntaria y sus familiares en el Ecuador, 2015 y sus anexos” que fue enviado al Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y que describe los graves obstáculos y violaciones de derechos humanos que enfrentan las y los familiares de personas desaparecidas en el proceso de conocer del paradero de sus seres queridos y acceder a justicia.

Aunque la abogada Espinosa envió a tiempo los informes que demostraban que varios de los incumplimientos alegados por el Ministerio de Justicia se fueron debidamente subsanando en su momento oportuno, y otros no existieron, esta cartera de Estado mantuvo su decision de cancelación unilateral, imponiendo una multa de $12.211 USD y declarandola contratista incumplida, con lo cual se la sanciona con la prohibicion de contratar con el Estado por un lapso de 7 años.

Durante la mencionada reunión del 13 de octubre el Fiscal General y el Presidente Correa vertieron aseveraciones infundadas contra la Defensora de derechos Humanos y Abogada del caso Garzón; señalando que esta profesional milita en un partido político, participa de marchas sociales contra políticas estatales y presuntamente tendría el interés de politizar el proceso de personas desaparecidas; indicando además a los familiares que deberían “cuidarse de ese tipo de personas que tienen otros intereses, no están del lado de las victimas sino intentando hacer politiquería”; además de haber presentado fotografías de esta profesional durante marchas realizadas en el mes de agosto de 2015 contra el régimen estatal y haber exhibido un expediente o carpeta en la que supuestamente habría información de las actuaciones de dicha profesional.

Estos señalamientos infundados, además de generar una grave estigmatización, son un atentado a la intimidad personal y a la integridad profesional de la Defensora de DDHH Lina María Espinosa, desconocen su derecho a la libertad de expresión y a ser abiertamente crítica con políticas y prácticas gubernamentales, dificultan su labor y pueden afectar notoriamente sus posibilidades para el acompañamiento y asesoría del caso Carolina Garzón; habiendo reconocido en múltiples oportunidades la Familia Garzón, y como está detallado en el expediente, que gracias al accionar de la abogada y a las peticiones que ella ha dirigido a la Fiscalía se han llevado a cabo diligencias y pericias que debieron llevarse a cabo por iniciativa Fiscal al inicio de la investigación y no fueron debidamente evacuadas.

Durante la misma reunión con familiares, el presidente Correa se refirió a que, pese a que los familiares pueden asociarse, salir a las calles, hacer plantones y marchas, no resuelve nada y por el contrario es politizar un tema delicado.

Sin embargo es gracias a los plantones y las marchas como el presidente Correa, sus ministros, la institucionalidad colombiana y la sociedad, han conocido del caso Carolina Garzón; así mismo son las marchas y plantones que los medios - a nivel nacional e internacional - han dado a conocer el caso de Carolina y otros centenares de casos; y son esas legitimas acciones de reclamo, denuncia y visibilizacion por las que los padres de Carolina Garzón se reconocen Defensores de los Derechos Humanos; en ese sentido, la libertad de asociarse, en el caso concreto de las defensoras y defensores de derechos humanos, constituye una herramienta fundamental que permite ejercer de forma plena y cabal la labor de éstos, quienes de manera colectiva pueden lograr mayor impacto en sus tareas. En consecuencia, cuando un Estado obstaculiza este derecho, en cualquiera de sus esferas, no sólo restringe la libertad de asociación, sino que obstruye la labor de promoción y defensa de los derechos humanos. De tal forma que cualquier acto que tienda a impedir asociarse a los defensores, o de cualquier manera, hacer efectivos los fines para los cuales formalmente se han asociado, constituye un ataque directo a la defensa de los derechos humanos.


La falta de adopción de medidas urgentes por partes de los Estados de Ecuador y Colombia para conocer de la suerte de Carolina Garzón; la falta de impulso serio, oportuno y eficiente con las investigaciones que permitan esclarecer los hechos de su desaparición y sancionar a sus responsables; la ausencia de bases de datos unificadas sobre la atención de personas NN vivas o muertas; el desarrollo de acciones de investigación efectuadas por unidades fiscales y policiales no especializadas; la falta de adecuación del marco jurídico interno, incluyendo la promulgación de una Ley General contra la Desaparición de Personas, a fin de que se garanticen la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición de personas, contemplando así mismo medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas de este delito; el hostigamiento y rectivimizacion cometido contra familiares y la falta de garantías para la labor de abogados y defensores de derechos humanos; entre otras graves violaciones a los derechos humanos; es lo que la familia Garzón Ardila y al menos 2.000 familias más han padecido a lo largo de estos 4 años.



Y este 28 de abril, tras cuatro años de lucha contra la Impunidad, la familia Garzón Ardila le exige al estado Ecuatoriano y Colombiano:

Que den con el paradero de Carolina Garzón Ardila y se esclarezcan los hechos de su desaparición, incluyendo la debida sanción a los responsables.

Que la investigación del caso Carolina Garzón sea impulsada con celeridad y eficacia; y que el fiscal y agentes investigadores a cargo cuenten con la especialización y las herramientas humanas y técnicas para el cabal desarrollo de sus funciones. Se tomen todas las medidas necesarias y emergentes a efectos de garantizar que la investigación por la desaparición de Carolina Garzón se continúe sustanciando con la participación activa de los familiares y su abogada. Que se cumpla todos y cada uno de los acuerdos realizados entre las Fiscalías de Colombia y Ecuador; debiéndose garantizar la participación activa de los familiares y su abogada en todo el proceso investigativo; empleando para ello todos los medios técnicos y legales disponibles dentro o fuera del Ecuador cuyo objetivo será la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables.

Todas las acciones investigativas en este y en todos los casos deben tener como sentido y fin último el cumplimiento de las expectativas de las víctimas y sus familias, así como generar actuaciones orientadas hacia su inclusión y participación en los procesos de búsqueda, investigación forense y entrega de sus seres queridos sin causar perjuicios adicionales.

Que cualquier funcionario público se abstenga de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos. Los gobiernos deben dar instrucciones precisas a sus funcionarios a este respecto y deben sancionar disciplinariamente a quienes no cumplan con dichas instrucciones.


Que se brinden todas las garantías para que la abogada y defensora de derechos Humanos Lina María Espinosa Villegas pueda dar cumplimiento a su labor y que de ninguna manera se vea impedida o afectada para continuar con la representación de la Familia Garzón y de otros casos; se respete su derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión, a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos, así como a unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades lícitas o de su carácter de miembro de una organización lícita.

Se generen acciones concretas a efectos de promover, proteger y respetar el derecho a la libertad de asociación que tiene la Familia Garzón y otros familiares de personas desaparecidas y que constituye una herramienta fundamental para la búsqueda de sus seres queridos, para mantener viva su memoria y para sensibilizar a la sociedad en general.

Que se cumpla de una vez la obligación del Estado Colombiano en enviar a la Fiscalía Ecuatoriana todas y cada una de las evidencias e informes que por mas de dos años se le han solicitado por diversos medios y que son fundamentales para que la investigación continúe.

Que la Fiscalía Ecuatoriana investigue de manera imparcial, expedita y clara la actuación de todos y cada uno delos fiscales que han conocido de este caso y se sancione a quienes corresponda por las acciones indebidas o las omisiones que se han cometido y por las que a día de hoy no se conoce de la suerte de Carolina Garzón.

Que la Fiscalía Colombiana investigue de manera imparcial, expedita y clara la actuación de todos y cada uno de los fiscales que han conocido de este caso y se sancione a quienes corresponda por las acciones indebidas o las omisiones que se han cometido y por las que a día de hoy no se conoce de la suerte de Carolina Garzón.

Que la Fiscalía Colombiana dé respuesta a los múltiples escritos y derechos de petición que se le ha presentado referidos al caso de carolina Garzón y que de manera urgente asigne otro fiscal al caso.

Que es responsabilidad de ambos países la búsqueda e investigación, y los resultados de la Fiscalía y el Estado ecuatoriano hasta el momento han sido infructuosos, han fracasado y la colaboración de Colombia ha sido nula, ante las inconsistencias, irregularidades, negligencias, omisiones, que en el caso de nuestra hija Carolina se han cometido desde el inicio de la investigación y han venido afectando gravemente la situación actual de la misma y que como único resultado visible tenemos es que cuatro años después sigamos sin conocer y sin saber qué pasó con Carolina y sin que a la fecha se haga justicia. Por todo esto pedimos que Ecuador y Colombia asuman su responsabilidad y se conforme una comisión binacional hasta tanto se esclarezca el caso.



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