Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

PROPONEN TREGUA PARLAMENTARIA CON OCASION DE LOS DIALOGOS DE PAZ QUE SE DESARROLLAN EN LA HABANA

Por: Guillermo Castro, MZO
Fecha de publicación: 1 de marzo de 2013.


Carlos Lozano. Foto Archivo, cortesía de Notimundo.


Carlos Lozano, director del periódico Voz y miembro de colombianos y Colombianas por la paz, sorprendió el pasado viernes en el marco del inicio del diplomado Conflicto, territorios y paz del Centro de Memoria Distrital de Bogotá, con una propuesta que no pudo ahondar por falta de tiempo en su charla. Lozano propuso la realización de una tregua parlamentaria en Colombia con ocasión de los diálogos de paz que desarrolla el gobierno con las FARC-EP en La Habana, Cuba. Aduce el periodista y abogado defensor de derechos humanos que “la relación de La Habana con nuestra realidad, aquí en Colombia es la tregua parlamentaria, porque mientras el gobierno está en La Habana y hay una agenda social allí planteada, aquí actúan como si no hubiera proceso de paz y unos compromisos para mejorar las condiciones sociales del pueblo.” Ciertamente el Congreso se encuentra ad portas de iniciar su periodo ordinario de sesiones, con proyectos de ley presentados a consideración por el gobierno y con una agenda que terminar del año pasado, con iniciativas como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la ley de tierras, etc. El paquete legislativo propuesto por el Ejecutivo incluirá la reforma a la salud y la reforma pensional, matrices que en determinado momento las partes en La Habana podrán abordar, sobretodo teniendo en cuenta que la de la salud en específico, no pretende abolir la Ley 100, que es el nefasto legado neoliberal culpable del deterioro de la prestación y garantía de este derecho ciudadano; esto sin desconocer que se viene acometiendo el primer punto del acuerdo general para la terminación del conflicto que incluye la reforma agraria integral propuesta por la insurgencia, que en aspectos básicos es discordante con el proyecto del gobierno.

En anteriores procesos de paz o producto de conversaciones similares, el Congreso de la República, por iniciativa del Ejecutivo, ha tenido que modificar los itinerarios usuales de su agenda legislativa; quizá el ejemplo más recordado es la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en la cual se promulgó la nueva constitución política de Colombia. Actualmente, sin embargo, esta rama del poder público es una de las instituciones más desprestigiadas y con peor popularidad en el imaginario de los colombianos, entre otras razones por las evidentes relaciones de los parlamentarios con la criminalidad (parapolítica), la connivencia para usufructuar el erario público o las iniciativas de los senadores y representantes para que no se les juzgue penalmente por delitos que puedan cometer en funciones de su cargo (reforma a la justicia); por este motivo se viene impulsando la revocatoria del Congreso con la creación de un nuevo artículo en la Constitución Nacional que permita destituir popularmente a esta clase política corrupta. Es quizá esta iniciativa la que permita mirar la posibilidad real de que el Congreso congele su tarea mientras se desarrolla el proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional: pues el parágrafo que se propone mediante la figura de referendo es precisamente quitar a los congresistas vigentes durante 60 días, mientras hayan nuevas elecciones para reemplazarlos... es decir dos meses sin que el Estado tenga que pagar onerosos sueldos, gasolina para los vehículos blindados, cotización en salud y pensión, etc., asuntos puntuales que tocaría abordar en tal caso de que calase la propuesta de Lozano.

Por ahora, el Congreso inicia un nuevo periodo de sesiones ordinarias, mientras el pueblo, como constituyente primario, aún no presiona para que cese su operación legislativa; y el gobierno sigue actuando como si no se estuviera dialogando de paz, con proyectos y compromisos, con el mayor grupo insurgente nacional... es ilógico trasegar dos caminos para llegar al mismo punto. No vaya y sea que lo acordado en La Habana quede truncado por la Ley, o viceversa.


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