Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

COMANDANTE DE POLICIA DE FACATATIVA CONDENADO POR HOMICIDIO AGRAVADO

Por: Sergio Vargas, MZO
Fecha de publicación: 10 de diciembre de 2012.
 

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Teniente José Rincón de la Policía Nacional, cómplice del asesinato a un patrullero en la ciudad de Cali, y quien se venía desempeñando como Comandante de Policía de Facatativá, Cundinamarca. Foto: Archivo.


El teniente José Rincón, comandante de la Policía de Facatativá, ha sido condenado a 53 años de prisión por su responsabilidad en la ejecución de un homicidio, concierto para delinquir y uso de material privativo de la fuerza pública para el desarrollo de sus operaciones criminales. El teniente, pese a que estaba incurso en esta investigación que surtió sentencia la semana pasada y seguía siendo el jefe de policía de la población cundinamarquesa hasta el momento en que se conoció dicho dictamen, aparecía en los archivos de la Fiscalía General de la Nación como un oficial retirado, lo que también creían algunas autoridades judiciales y los propios medios de comunicación.

La decisión judicial contra la libertad del homicida, del pasado 6 de diciembre, coincidió con la realización por parte del uniformado de sendos maltratos a dos mujeres en Facatativá. Precisamente en las últimas semanas, los vendedores informales del municipio y defensores de derechos humanos, así como sindicalistas que protegen el trabajo de los ambulantes, han sido víctimas de la persecución, hostigamiento y amenazas por parte del teniente Rincón; aunado a los acontecimientos que ya se han denunciado por este medio (Click Aquí), el jueves pasado el policía atacó a las mujeres Luz Aidé González y Sandra Milena Aguirre, líderes e integrantes del Comité Único de Vendedores y SINALTRAINAL, en plena vía pública y de día. Denuncian nuestras fuentes que, producto del salvajismo del uniformado, las mujeres tuvieron que ser incapacitadas entre tres y cinco días, dados los golpes recibidos en piernas y brazos por los ladrones al servicio del homicida.

La sentencia contra el el teniente José Adrián Rincón Rojas se dio por su proceder en un homicidio agravado y un robo ejecutado en complicidad con agentes del DAS en la ciudad de Cali en noviembre de 2009. Durante un plan frustrado para delinquir por parte de los funcionarios públicos, en donde se pretendían escudar con sus mismos uniformes de dotación, resultó asesinado el patrullero de la policía Jimmy Fabián Jiménez Gallardo, quien fuese unos de los policías de la zona de Ciudad Jardín en Cali, que evitó el robo de una caja fuerte de un apartamento (Más información Aquí). El asesino del patrullero, pues, hasta hace apenas pocas horas, se desempeñaba aún como policía activo de la institución en Facatativá, y pese a que eran reiterados los requerimientos al alcalde Orlando Buitrago y al secretario de gobierno Diego Garzón, para excluirlo de la población por los vejamenes cometidos contra la comunidad, nunca las autoridades asumieron su rol y permitieron que el teniente siguiera delinquiendo.

Frente al panorama preocupante de violación a los derechos humanos, hoy en su día internacional, las organizaciones sociales una vez más le exigen al burgomaestre de la población rinda cuentas sobre su proceder en la prevención y tratamiento de estos delitos cometidos por los uniformados, en una población arrinconada por las amenazas paramilitares, y donde los uniformados son los principales victimarios de la libertades civiles; como quedó también evidenciado cuando el mayor de la policía José Martín Méndez González, en su rol de comandante de la Fuerza Disponible del municipio, masacró en mayo de 2011 a 3 campesinos del municipio. La sabana de Bogotá, así mismo, se está cundiendo de grupos ilegales como las BACRIM, Bandas Criminales, que han hecho su aparición en Funza a través de panfletos, y en Madrid con hostigamientos a la población, al unísono que todos los cuerpos de seguridad estatales (Policía, Ejército y Fuerza Aérea de la región) son reforzados con nuevas estaciones, equipamiento, vehículos, etc., mientras éstos mismos actores legales aparecen como los principales violadores de los derechos humanos.


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