Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

CORRUPCION NIVEL MOSQUERA CUANDO EL ALCALDE ALVARO RINCON PAGO EL SILENCIO DE DENUNCIANTES A TRAVES DE CONTRATOS

Por: El Macarenazoo.
Fecha de publicación: 1 de julio de 2017.

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El exalcalde de Mosquera, Cundinamara, Álvaro Rincón, a la derecha, en compañía de Fabio Valencia Cossio, cuando fungía como minstro del Interior y Justicia de Álvaro Uribe Vélez. Foto: Archivo.

La marrullería y la corrupción han sido pan de cada día en todo el país, y por supuesto en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, casi desde tiempos inmemoriales. Hay casos sonados de toda índole: el del exalcalde Álvaro Rozo que modificó los usos del suelo para beneficiar a los hijos de Álvaro Uribe Vélez; el del actual alcalde que va para cuatro meses en casa por cárcel por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, entre otros. Pero el culmen de la corrupción local lo protagonizó justamente el padrino político de Emilio Casallas, Álvaro Rincón, quien se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos al demostrarse que aprovechó su cargo como mandatario municipal para constreñir al elector, y favorecer en sus intereses personales al excongresista Carlos Ferro, hoy alejado de la política también por sus nexos con el cartel de la prostitución masculina en la Policía Nacional.

Hay muchas cosas que se desconocen de los burgomaestres de turno en este territorio de la sabana de Bogotá. Pero nada queda oculto para siempre. Una de esas historias no contadas hasta ahora es el del silencio a los denunciantes de los malos gobiernos, que terminan siendo pagados, vía contratación pública en la mayoría de ocasiones, para que se retiren de los pleitos judiciales contra los alcaldes. Es la historia de Rincón.

De acuerdo a una serie de documentos obtenidos en exclusiva por El Macarenazoo, el exalcalde Álvaro Rincón contrató en más de una ocasión a sus contradictores judiciales, y de un momento a otros éstos dejaron de adelantar las diligencias que pudieran comprobar supuestos hechos de corrupción. Míremos:

Primer caso.
El ciudadano Jimmy Mosquera Caicedo denunció a Álvaro Rincón, cuando éste era alcalde de Mosquera, al detectar un “alto índice de corrupción administrativa”, en relación con el proyecto de vivienda de interés social Villa Daniela; era tan contundente la denuncia que Noticias Uno hizo una nota periodística al respecto y la publicó en su sección “¿Qué tal esto?” Mosquera Caicedo declaró bajo juramento ante la Procuraduría Provincial de Facatativá contra Rincón, en el Expediente 040-2713-2008, sobre el proyecto de vivienda que a la postre se convirtió en un foco de corrupción local. En ese expediente, se dice que Mosquera Caicedo rindió testimonio de su denuncia el 6 de marzo de 2008. Allí, incluso, también acusó a Rincón de manipular la elección del personero municipal: “a mi modo de ver, se incurrió en una falta grave, además no hubo evaluación ni mucho menos entrevistas a los aspirantes” al cargo de personero, dijo Mosquera en su momento.

El 5 de junio de 2009 estaba citado Mosquera Caicedo al Juzgado Administrativo de Facatativá por la acción popular 2006-01847, por el tema de Villa Daniela. Sin embargo, no se presentó. Mientras en marzo de 2008 había denunciado con vehemencia al alcalde, poco más de un año después no cumplió las citas de la justicia para que declarara en contra del alcalde. ¿Qué pasó en ese intervalo? Pues Jimmy Mosquera recibió un jugoso contrato de Rincón el 4 de diciembre de 2008 (contrato 295), por un monto de $12.600.000. De acuerdo a un documento notariado, Mosquera Caicedo se comprometió con Rincón a no impugnar el fallo favorable al entonces alcalde por parte de la Fiscalía Seccional Tercera de Cundinamarca; lo que obviamente excluyó de su responsabilidad a Rincón en los presuntos actos de corrupción relacionados con el proyecto de vivienda Villa Daniela y su responsabilidad en la elección del personero.


Segundo caso
El ciudadano William Resnit Riveros “colaboraba con el transporte en su vehículo Renault rojo y económicamente también en gastos varios” en causas penales contra el alcalde Álvaro Rincón, según lo dijo en un documento el abogado Juan de Dios Villamil Velandia. Resnit Riveros, según el abogado Juan de Dios “era mi colaborador en la causa contra los concejales de Mosquera que en lo disciplinario y penal tocaban al alcalde Luís Álvaro Rincón Rojas.” Riveros, posterior a su colaboración en la causa penal contra el entonces burgomaestre, fue contratado por la Alcaldía de Mosquera entre 2008 y 2009. El primero de esos contratos fue firmado el 3 de diciembre de 2008, por un monto de $30'750.000, con la finalidad de transportar agua potable. Uno del 2009, el Contrato 006 de ese año, por un monto de $13'364.000, también tuvo como objeto el transporte del agua potable; y el del 22 de diciembre de ese año (contrato No. 163) para dotación e implementación recreodeportiva. De acuerdo a un testimonio del ciudadano Diego Luís Díaz Loaíza, en este último contrato tuvo incidencia Jimmy Mosquera, de quien nos habíamos referido en el primer apartado.

Tercer caso
La Procuraduría Provincial de Facatativá abrió un proceso disciplinario contra los concejales de Mosquera por la presunta irregularidad en la elección del personero municipal. El proceso disciplinario de número 040-2713 de 2008 era del resorte del funcionario de la Procuraduría Jaime Vicente Morales Vargas. Esta denuncia fue interpuesta por el ciudadano Jimmy Mosquera, ya que según el ciudadano en su queja “la elección ya venía amañada por parte del señor alcalde Luís Álvaro Rincón.” Tan pronto surgió esta investigación, Rincón contrató en su despacho a la abogada Adiela Ocampo López por un monto de $27.500.000, de acuerdo al contrato 008 del 28 de enero de 2008. Lo curioso de este contrato es que Ocampo López, de acuerdo con informaciones suministradas a este medio de comunicación, es la esposa justamente del funcionario de la Procuraduría que adelantaba la investigación contra los concejales, y que tocaba al alcalde Rincón.

Cuarto caso
La acción popular 2006-01847, relacionada con el caso de Villa Daniela, previamente enunciado, fue presentada por la pareja de esposos María del Pilar Melo y Luís Alfredo González. Igual que Jimmy Mosquera en el primer caso, pese a ser los testigos de los presuntos hechos de corrupción relacionados con la construcción del proyecto de vivienda, cuando fueron llamados a declarar no se presentaron. Su ausencia de los estrados judiciales para no proseguir con la denuncia contra el alcalde Álvaro Rincón se debería también a favores recibidos por parte de la alcaldía que estaban demandando. La señora Melo fue contratada por una empresa de aseo, y a través de ella terminó trabajando en la Alcaldía; y su esposo “se benefició en su taller de latonería y pintura a cambio de no declarar en la mencionada acción popular”, dijo Juan de Dios Villamil en una denuncia realizada ante la Fiscalía por interés indebido en la celebración de contratos, por los hechos mencionados hasta ahora. Lo más importante es que a los esposos demandantes a la postre sí se les adjudicó una casa en la segunda etapa de Villa Daniela, a diferencia de otros reclamantes. Según un auto de pruebas fechado el 10 de febrero de 2009 de esta acción popular, los tres testigos principales eran justamente la pareja de esposos y Jimmy Mosquera. Ninguno se presentó a declarar y todos terminaron beneficiados directa e indirectamente por el mandatario que denunciaban.

Quinto caso

Alfredo González, quien adelantó, como se venía diciendo, la acción popular 2006-1847, por el tema de Villa Daniela, también instauró en el 2008 otra acción popular, la No. 480, que pretendía que el municipio de Mosquera recuperara el espacio público entre calles 14 y 15, con carreras 6 y 7. En relación con la primera denuncia, no se presentó para declarar, y así benefició al denunciado, el alcalde Álvaro Rincón. Curiosamente, el mismo modus operandi usado por Rincón para contrarrestar a sus demandantes, fue el que empleó la administración que siguió, la de Nicolás García, quien recibió en su momento el apoyo del exalcalde destituido. De acuerdo a nuestra investigación, Alfredo González fue contratado por la Alcaldía de Mosquera el 11 de diciembre de 2012 para ocupar el cargo de supernumerario por dos meses. El 28 de enero de 2013, el contrato fue prorrogrado hasta finales de febrero. En ese mismo año también suscribió el contrato de prestación de servicios No. 284. Al parecer una tutela habría tumbado la sentencia favorable a la acción popular instaurada por González.

Sexto caso
El abogado Juan de Dios Villamil, quien fuera férreo denunciante de Álvaro Rincón, durante su periodo como alcalde, entre 2008 y 2011, recibió contratos del apadrinado del propio exalcalde, de la administración de Nicolás García. Suscribió con esa administración los contratos 348 de 2012, el 341 de 2013 y el 331 de 2014. Curiosamente, Villamil dejó de realizar apelaciones judiciales a los administradores de turno y al exalcalde. Justamente los primeros cuatro casos enumerados en este especial fueron documentados por el propio abogado Villamil en una denuncia radicada ante la Fiscalía el 27 de julio de 2009.

Acallar las denuncias de los contradictores políticos ha sido la estela que caracteriza a los gobernantes de turno; y una de sus formas es cooptar a los denunciantes. Aunque son enésimas las maneras de asegurar un silencio de quienes saben la verdad, la contratación pública ha sido usada como el comodín del pago a ese silencio. Aunque nuestra investigación habla de un fenómeno ocurrido en la administración municipal de Mosquera dos periodos atrás, no deja de ser menos sabido que la corrupción al nivel de acallar las denuncias, hoy cada vez menos se sirve de la contratación estatal, y más del soborno directo, que en apariencia no deja huella; el caso de las coimas que cobraba el fiscal anticorrupción para ejecutar sus acciones corruptas, y que hoy lo tienen privado de la libertad, dan cuenta de ello.


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