Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

CONTRA LA LOCOMOTORA MINERO ENERGETICA DE SANTOS CONSULTAS POPULARES EN COLOMBIA

Por: Pau Soler ( el ciervo).
Fecha de publicación: 12 de junio de 2015.

 


En toda Colombia la ciudadanía se ha manifestado contra la arrasadora minero energética. Páramos, ríos, montañas, y hasta la selva misma están peligro por el gobierno de Juan Manuel Santos.


Colombia y el mundo pasan por un momento histórico en el que si no reacciona la ciudadanía y los pueblos del mundo contra estos modelos minero energéticos del capitalismo salvaje, las consecuencias ambientales y sociales para la bella Colombia y para la humanidad serán terribles e irreversibles.

Colombia es el primer país con más biodiversidad del mundo, por encima de Brasil incluso, ya que este país no tiene páramos. Con la locomotora minero energética del presidente neoliberal ecocida, Juan Manuel Santos, Colombia seguramente perderá en estos años ese puesto. Más de la mitad de Colombia está titulada o solicitada por las mineras. Todos los ojos a nivel internacional de las grandes multinacionales mineras y energéticas están puestos en Colombia. En Colombia apenas pagan impuestos por ejecutar proyectos extractivos. Hay un gran cartel que dice "Colombia se vende".

Estas multinacionales en coalición con el gobierno neoliberal colombiano han hecho un código minero a su medida en el que se les facilita todo el saqueo.

La locomotora minero energética está facilitando el saqueo de los recursos naturales de Colombia a un ritmo impresionante, contaminando los ríos con cianuro y mercurio, desviandolos también con multitud de represas que alimentan energéticamente a las mineras, legislando leyes del despojo que crean desplazamientos masivos y todo ello con la excusa de un progreso falso que son nuevos espejitos, por un aumento del PIB colombiano que no llueve a las capas medias ni bajas, por una promesa de que la minería dará trabajo. Todo esto promesas falsas que hay que desmontar.

La minería sólo da trabajo a un 1% de la sociedad colombiana. Las multinacionales mineras se llevan el 97 % de los beneficios de la explotación minería y apenas dejan un 3 o 5 % de los beneficios. No pagan regalías y las que dejan provocan corrupción en los municipios que las perciben.

Colombia ha pasado de la narco política a la minero política, empapando de corrupción a casi todas las capas institucionales y sociales del país.

Multitud de megaproyectos mineros están ya concedidos a grandes multinacionales internacionales. De las 10 multinacionales mineras más grandes del mundo, 6 ya están en Colombia. En Colombia funciona un lobby de 18 grandes mineras que se reparten el pastel e influyen enormemente en el reparto de los títulos mineros y en cualquier estamento institucional del gobierno colombiano y de los gobiernos departamentales y locales.

Multinacionales tan peligrosas como la Anglogold Ashanti, con capital surafricano, pero también inglés y americano, que ha reconocido haber financiado paramilitarismo en países de África, alegando que no tenía otra opción. Esta multinacional tiene más del 60% de los títulos mineros de oro de Colombia. Su principal proyecto, La Colosa, está en Cajamarca, Tolima y tiene a la mayoría de la población en contra del megaproyecto. Para ganarse a la población financia las fiestas de folclore, al equipo de futbol, se ofrece a pintar las escuelitas, invierte en los medios de comunicación para acallar las voces críticas... incluso algunos periodistas que se han limitado a dar su opinión, han sido amenazados.

El 70 % de los títulos mineros en Colombia se reparten por las 3 cordilleras donde reside el 70% de la población colombiana, lo que generará futuros desplazamientos masivos y conflictos de incalculables dimensiones. El oro está localizado en las zonas altas y de montaña, al contrario que el carbón que está en zonas más desérticas y bajas como La Guajira. Para sacar el oro necesitan dinamitar millones de toneladas de rocas de las montañas, provocándose grandes cráteres.

Estas empresas dicen que después reconstruirán esas montañas. Al mismo tiempo para sacar el oro necesitan usar millones de toneladas de agua que serán contaminadas por el necesario cianuro que será usado para separar el oro de las piedras. En el caso de La Colosa es doblemente grave, ya que cerca está el volcán más estudiado y más sísmico de Colombia, el volcán Machín, que al explotar provocará que las piscinas de relave con cianuro se expandan por toda Tolima y Colombia provocando consecuencias imprevisibles en lo ambiental y social.

Otras multinacionales se reparten por el país, como el megaproyecto de mina de Greystar, que actualmente, debido a las masivas movilizaciones en Santander, con 30.000 personas movilizándose en contra de su proyecto, ha cambiado de nombre y se llama paradójicamente eco-oro.

Y así se multiplican los megaproyectos mineros en Putumayo, Meta, La Guajira, etc., con las minas de carbón, especialmente El Cerrejón, que consumen casi toda el agua que tanto escasea en ese territorio y que tiene a la población guajira muriéndose - los niños de hambre y sed - ; en el Cauca hay multitud de conflictos relacionados con los megaproyectos mineros y represas que provocan sucesivos hechos de violencia; y así en todo el territorio colombiano...

Actualmente Colombia exporta el 95 % del carbón y el 99 % del oro extraído.

El mismo presidente Santos ha dicho que quiere que Colombia sea llamadao "país minero", en el 2019. Mediante este eslogan quiere que en esa fecha Colombia duplique la exportación de carbón, cuadruplique la de oro, queriendo parecerse a Chile, el país más minero de América.

En Colombia sólo necesitan licencias ambientales para la fase de explotación y no para la de exploración. En la fase de exploración abren caminos sin permisos, meten maquinaria pesada, se adueñan del territorio y no hay institución local o departamental que pueda frenarles o promulgar sobre temas mineros.

Las oligarquías nacionales e internacionales lo tienen bien atado y con una estrategia bien planificada han marcado bien el tablero. Toda la legislación se ha facilitado a las multinacionales, que actúan muchas dentro de la legalidad y con una impunidad del saqueo que ni habrían soñado en sus mejores planes.

Este proceso de saqueo de las mineras durará unos 30 años, se ha llamado el efecto langosta, llegan en grupo, comen, arrasan y se van con los bolsillos bien llenos y sin responsabilidad social ni ambiental. Eso sí, dejarán millones de toneladas de residuos tóxicos, que ya están contaminando y contaminarán mucho más los ríos y pescados colombianos, pasando por la cadena productiva y de consumo y llegando a todos los colombianos, provocando esto diferentes tipos de cáncer, malformaciones y abortos involuntarios. Toda esta limpieza de los residuos se tendrá que hacer con el dinero de los contribuyentes colombianos.

Que pregunten sobre la contaminación y sus efectos al pueblo indígena sinú situado en Córdoba, donde la minería de zinc ya está dejando estragos de contaminación en sus pobladores, o que también quien no lo crea que vea los diferentes análisis que ya se han hecho de algunos ríos colombianos en los que alarmantemente ya salen cianuro y mercurio, lo que demuestra la contaminación de los pescados y, por ende, de todos los colombianos.

En Colombia hay claramente una estrategia de exterminio de los pueblos indígenas, afros y campesinos, ya que estos viven precisamente en los lugares donde están los recursos. Actualmente hay 48 pueblos indígenas en peligro de extinción, de 102 pueblos indígenas existentes. Y con el campesino hay una estrategia de convertirlo en trabajador de los grandes latifundistas agroindustriales.

Las puertas giratorias.

En este proceso también hay que añadir lo que se llama las puertas giratorias, en las que muchos ministros y funcionarios públicos que representaban teóricamente a los ciudadanos han legislado estas leyes del despojo y concedido multitud de títulos mineros a estas empresas; que después de dejar el cargo se han puesto como gestores o trabajadores de estas mismas multinacionales. Así mismo muchos de estos gerentes de empresas han sido fichados como funcionarios de estos gobiernos consiguiendo así esta estrategia de despojo que actualmente se vive en Colombia.

Represas hidroelectricas para alimentar el funcionamiento de las mineras.
Para alimentar a todas estas minerías en Colombia ya se han construido y se van a construir más de 150 represas hidroeléctricas de grandes tamaños. Estas hidroeléctricas que en muchos países occidentales ya están prohibidas o incluso en algunas como en Italia ya se están desmontando ladrillo a ladrillo, en Colombia se venden como progreso.

Hidroeléctricas ecocidas como El Quimbo en Huila ha desplazado a miles de campesinos que vivían en un territorio en el que había triunfado una pequeña reforma agraria en décadas pasadas y donde funcionaban sus cooperativas, lo que había convertido a esa zona del Huila en una despensa agrícola de Colombia. Detrás de esta represa están las multinacionales Enel (italiana) y la española Endesa, las cuales deberían los ciudadanos y accionistas de estos países hacerles un inmediato boicot y demandar responsabilidades ambientales por todo su accionar. Estas empresas, así como tantas otras, deberían ser expulsadas inmediatamente de Colombia y de América, ya que son responsables de multitud de ecocidios también en otros países.

También está la represa Urrá en Córdoba, que ha afectado al rio Sinú, uno de los 10 ríos más grandes del mundo y con mayor biodiversidad y donde la empresa ya ha desplazado al 40% del pueblo indígena embera dejándolo en una situación de exterminio. Ya han muerto 30 líderes de este grupo indígena que se oponían a este megaproyecto.

Está la intención de hacer Urrá 2 que es nueve veces más grande que Urrá 1, aunque un tribunal ha paralizado de momento esas pretensiones debido a la gran protesta del movimiento indígena y ambiental y por las graves consecuencias ambientales que tendría sobre la zona.

Y se multiplican los megaproyectos de grandes represas en Colombia. En el río Magdalena, llamado río grande de la patria, ya se han concedido 9 represas hidroeléctricas a Hidrochina y por toda Colombia se proyectan muchas más.

Por tanto, la minería, junto a las represas, tiene todo a favor para arrasar impunemente la biodiversidad colombiana. Estos megaproyectos son declarados incomprensiblemente de utilidad pública por lo que es muy difícil ir contra su realización, conservando así todos los privilegios de celeridad en la ejecución del proyecto limitando cualquier oposición jurídica o social contra ellos.

El presidente Santos ya ha declarado 17,6 millones de hectáreas del Amazonas colombiano como área de reserva minera.

A este ritmo que va la locomotora minero energética, en Colombia se va a pasar de 6 millones actuales de desplazados a 10 millones en los próximos 10 años.

También, según expertos ambientales, a este ritmo Colombia va a perder el 40% de su biodiversidad en los próximos 15 años, haciendo así que frenar el cambio climático en el mundo sea ya imposible. También acaba de entrar en el grupo de los 5 países que más aportan al cambio climático y es el tercer país más afectado por el mismo. De ahí que Colombia sea clave para frenar el cambio climático y que sea tan grave este proceso de destrucción de la locomotora minero energética.

Medios de comunicación

Los medios de comunicación son actores importantes en este proceso. Silencian y son cómplices de este saqueo de los recursos. Invisibilizan los conflictos ambientales que se están produciendo, sacando noticias banales en sus noticieros, mostrando una verdad virtual que para nada tiene que ver con la realidad colombiana. Un ejemplo de ello es la manifestación realizada en la Séptima marcha carnaval contra Anglogold Ashanti que se produjo el día 5 de junio del 2015 en Ibague, Tolima y que ni RCN ni Caracol Televisión sacaron en sus noticieros. En esta manifestación, de las más masivas y concurridas en Colombia, hubo 65.000 personas en las calles protestando contra el megaproyecto de mina de oro de La Colosa, siendo un hecho gravísimo el que no se informara a la población colombiana de su realización.

También son responsables los medios de comunicación de masas que están en manos de las oligarquías de la criminalización constante de cualquier protesta como si fueran terroristas. Tienen la virtud de tratar cualquier temática de forma amarillista y artificial, sin ir a las causas de los problemas estructurales que acucian a Colombia.
 


68 mil personas se manifestaron en Tolima contra la arrasadora minero energética del gobierno de Juan Manuel Santos. Así fue la movilización los primeros días de junio.


Batallones minero energéticos para defender los intereses de las multinacionales
Para contener las protestas sociales en Colombia ya se han instalado 21 batallones minero energéticos que casualmente se sitúan al lado de estos megaproyectos para defender sus intereses e integridad, como es el caso del Batallón Quimbo en Huila. Uno se pregunta: ¿si los militares defienden a estas multinacionales, quién defiende al pueblo colombiano? Indignante ha sido ver que cuando en multitud de ocasiones la población colombiana se ha manifestado contra estos megaproyectos, el ESMAD de la Policía Nacional ha reprimido fuertemente con extrema violencia estas manifestaciones. Este fue el caso de la represión que sufrieron los pescadores de Huila cuando en no pocas protestas pacíficas que han organizado contra la represa, han sido apaleados por estos robocops que sin miramientos de si era persona mayor o niños han violentado fuertemente estas protestas, dejando multitud de heridos y detenidos, criminalizando a los movimientos sociales como terroristas.

Movimientos y plataformas ciudadanas organizadas plantean otro modelo
Dentro de este proceso del contexto de la locomotora minero energética en Colombia, el fenómeno más extraordinario que ha sucedido en estos años es el de la creciente movilización de la población colombiana contra este modelo de desarrollo y saqueo promovido por el presidente Santos y todo su gobierno.

Por eso, no todo está perdido y muchos movimientos como la Minga Social y Comunitaria, la Marcha Patriótica, el Congreso de los pueblos, organizaciones como Reclame (Red contra la minería trasnacional), la Cumbre Agraria, el CCAJAR (Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo),Sembrar, Censat, el Comité ambiental por la vida y muchos movimientos de estudiantes, sindicalistas, indígenas, afros y campesinos siguen luchando día a día proponiendo otro modelo minero energético y un proceso de asamblea constituyente inevitable para una nueva Colombia. Para ello sería imprescindible suspender los tratados de libre comercio firmados en estos años por el gobierno Santos en los que se destierra una soberanía nacional a favor de los intereses extranjeros.

Hay que ganar espacios y hacer estrategia para recuperar la soberanía nacional en Colombia, conseguir una soberanía alimentaria apoyando al pequeño campesinado y las cooperativas, facilitándoles la no fluctuación de precios y la venta justa de sus productos a precios dignos, ya que actualmente al campesinado colombiano no le sale rentable cultivar y de ahí que vayan quedándose los campos desiertos de trabajadores y desplazándose a las grandes ciudades mastodontes como Bogota, con una población de 9 millones de personas.

Propuestas ineludibles
Se hace inevitable frenar y anular la locomotora minero energética en Colombia, principal destructor de la biodiversidad colombiana. Así mismo hay que anular el código minero y sustituirlo por uno que aborde el tema de la minería de forma más responsable y no vendiendo el país a los intereses extranjeros.

Fomentar y legitimar las zonas de reservas campesinas y repartir la tierra que está en manos de muy pocas manos de terratenientes. Anular los TLC's, apoyar y subvencionar la agroecología colombiana y los pequeños y medianos campesinos y cooperativas.

Hay que declarar y promulgar los derechos de la madre tierra y así poder sancionar cualquier grave violación a sus derechos y protección.

Como acción fundamental hay que multiplicar las consultas populares, siguiendo el ejemplo de la berraca población del municipio de Piedras, Tolima, que realizó una consulta popular cuyo resultado fue que un 98% de la población se declaró en contra de la multinacional Anglogold Ashanti con su proyecto La Colosa. Deben realizarse consultas populares en todos los territorios, universidades, barrios, municipios, departamentos y que así el ciudadano colombiano se exprese y opine sobre si quiere este modelo de saqueo para Colombia o si opta por otro modelo más respetuoso con los territorios y la biodiversidad colombiana. El estratégico Gobierno de Santos ha promulgado un decreto que prohíbe a los alcaldes y funcionarios públicos apoyar y promover consultas populares, con riesgo a quien lo haga, a ser sancionados. Desde aquí invitamos a los alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos honrados y que realmente quieran a Colombia a desobedecer esa orden y ser berracos promoviendo y apoyando las consultas populares con la intención de que el ciudadano colombiano sea informado de todos los megaproyectos que hay en sus departamentos y localidades y de lo que significa la locomotora minero energética para Colombia y sus consecuencias para la biodiversidad y la población colombiana. En caso que los alcaldes, concejales, gobernadores y funcionarios públicos no apoyen y promuevan estas consultas es necesario que se realicen y promuevan inmediatamente desde la misma sociedad civil, universidades, barrios y organizaciones sociales y ambientales, ya que es un derecho del pueblo ser informado y poder opinar sobre un tema tan trascendente y vital para los intereses presentes y futuros de Colombia.

Está en juego Colombia y su biodiversidad, los territorios, los pueblos indígenas, campesinos y afros, está en juego frenar el cambio climático en Colombia y en el mundo.

Es necesario declarar non gratas para Colombia y América a todas estas multinacionales mineras y represas que se aprovechan de las leyes injustas y entreguistas que ha promulgado este gobierno para los intereses de las trasnacionales. También declarar país non grato a Canadá, artífice de la asesoría que se dio a este gobierno para que promulgara el actual código minero. Recordemos que ¾ partes de la minería en América pertenece a ese país, ya que su legislación es insultantemente facilitadora de que las multinacionales saqueen otros países sin ningún tipo de responsabilidad ambiental ni social.

Se necesitan reformas estructurales urgentes que reduzcan drásticamente las desigualdades, fomente la economía interna del país, nacionalizando los sectores en salud, educación y energía para que los grandes capitales no sigan aprovechándose de un gobierno entreguista a los intereses de los extranjeros para que sigan saqueando Colombia.

Sólo una gran reacción urgente en Colombia puede frenar a esta locomotora descarrilada y Colombia puede ser el inicio para expulsar a las multinacionales ecocidas de toda América y así proteger y declarar el Amazonas, y todos los sistemas ambientales de Colombia y América, como pulmones vitales del planeta tierra y patrimonio de la humanidad. Las presentes y futuras generaciones merecen este esfuerzo y esta reacción.

Lo que que pasa en Colombia actualmente es una estrategia planificada por las altas esferas financieras nacionales e internacionales para saquear a Colombia y chuparse sus recursos naturales a precio de ganga. Sólo el Pueblo berraco, organizado y con conciencia puede revertir esta situación. La Pachamama nos guía en esta travesía…


Si usted desea pautar en nuestra página web y/o redes sociales escribanos a dispronatural@gmail.com