Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

SOS POR JUAN DAVID LOZANO JOVEN RECLUTADO ILEGALMENTE POR EL EJERCITO NACIONAL

Por: El Macarenazoo.
Fecha de publicación: 1 de febrero de 2015.

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Imagen de archivo tomada de Notimundo.


Juan David Lozano Clavijo es un joven del municipio de Madrid que fue una de las víctimas del plan de reclutamiento ilegal que adelantó el Ejército Nacional en la sabana de Bogotá en los últimos meses del año pasado. Como él, decenas de personas fueron interceptadas por soldados en la calle, y obligados a subirse en los camiones militares en una práctica que la Corte Constitucional considera ilegal, y el alcalde de la principal ciudad colombiana, Gustavo Petro, la ha calificado como un secuestro simple. Juan David fue abordado por los uniformados el 10 de noviembre de 2014, y desde ese momento ha tenido que padecer un calvario a cientos de kilómetros de su familia, en los departamentos del Vaupés y Guaviare a donde ha sido llevado contra su voluntad, para ser obligado a empuñar armas que no desea. La navidad y año nuevo, fechas especiales para cualquier ciudadano, las tuvo que pasar en lugares lejanos al contacto con los suyos. El caso de este joven es uno más dentro de cientos, en la escabrosa práctica del reclutamiento ilegal, tipo batida, que cometen las fuerzas militares. Sin embargo por decisiones administrativas de la justicia ordinaria el joven podría quedarse varios meses acuartelado, si no se actúa con celeridad en las próximas horas.

Olga Lucía Clavijo, la madre del joven de 20 años, cumplidos en diciembre pasado, interpuso una acción de habeas corpus tendiente a que su hijo recuperase la libertad. El día 30 de enero el Juzgado Penal del Circuito de Funza decidió negar el recurso jurídico del habeas, que actúa precisamente para que las personas que han sido detenidas de manera arbitraria puedan recuperar sus derechos. Hasta este lunes 2 de febrero habrá plazo para la impugnación de la decisión firmada por Rosalba Bello López, juez en ese municipio. Las pretensiones de la familia de Juan David para que éste no se convierta en un soldado más del Ejército Nacional son varias:

Primero, el joven resolvería su situación el 3 de diciembre de 2014, cuando tenía boleta de citación para presentarse en la Dirección de Reclutamiento de la Fuerza Aérea, ubicado en su lugar de residencia. Sin embargo, como ya se ha dicho, fue abordado ilegalmente por el Ejército en noviembre y obligado a incorporarse.

Segundo, su hermano Miguel Ángel Lozano Clavijo, para el momento de la batida, estaba prestando servicio militar. Aunque Miguel salió en diciembre, los documentos de incorporación de Juan David datan de noviembre del 2014. El literal a del Artículo 29 de la Ley 48 de 1993, “por el cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”, estipula que es causal de aplazamiento para la incorporación “ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio.”

Tercero, Juan David tiene varicocele, una enfermedad que en la mayoría de casos es causal de exención para prestar el servicio militar.

Cuarto, el por ahora soldado, reclutado de manera ilegal, ha declarado verbalmente su condición de objetor de conciencia, desde el día que fue detenido por el Ejército, pese a que las fuerzas militares lo han negado. Esta semana, justamente, se ha conocido la sentencia T-455 de 2014 de la Corte Constitucional, que dictamina que bajo esta nueva norma cualquier persona puede pedir que lo eximan de prestar servicio militar por objeción de conciencia en cualquier momento, antes o después de la inscripción, o incluso una vez haya sido acuartelado, como en este caso.

Juan David fue incorporado al Ejército Nacional en fecha del 10 de noviembre del 2014. Sin embargo, de manera curiosa, documentos que avalarían su decisión de pertenecer a las fuerzas militares datan de un par de días atrás, en momentos en que aún no había sido víctima de redadas. El Batallón de Selva No 52 Coronel José Dolores Solano, en cabeza de su comandante, el Mayor Jarol Cabrera Cornelio, redactó un documento al Juzgado de Funza en donde asegura que el joven fue incorporado el 5 de noviembre. La madre del muchacho y el mismo afectado han manifestado que para esa fecha que aduce el Ejército Nacional, el mismo se encontraba trabajando, y que tienen la plena convicción que fue detenido cinco días después de lo que dicen los militares. El Macarenazoo hizo el barrido documental del caso de esta irregular incorporación, encontrando un documento fechado el 11 de noviembre, en donde a través del “formato de concentración e incorporación” de la Jefatura de Reclutamiento se constata que ese día, posterior a los primeros exámenes médicos y psicológicos, fue declarado apto para su ingreso al Ejército Nacional. De ese mismo día data un documento de “consentimiento informado”, sin firmar. Así mismo existe el documento de “ficha médica unificada” de la Dirección de Sanidad del Ejército, sin fecha, donde se incluye el examen dental. Se puede concluir de estos primeros documentos, que los mismos son los del trámite regular para la incorporación al Ejército, que son realizados contrarreloj para poder obligar a los jóvenes a reclutarse lo más rápido posible. Tal fue el caso de Juan David, que pocas horas después ya estaba en Guaviare. Pero otros documentos mostrarían una presunta manipulación de los oficios públicos y de incorporación. Se trata de tres folios muy similares que coinciden en la fecha y contenido, en relación con lo que el comandante de la unidad militar destaca como la voluntad del joven de prestar el servicio militar. Todos son del 6 de noviembre, cinco días antes de los exámenes que aprobaban su ingreso; el primero del Distrito Militar No. 4, “acta de compromiso”; el segundo de la Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército, que asegura que no tiene exención prevista por la Ley (cuando la condición de tener su hermano en servicio lo contempla); y el tercero del Batallón de Selva No. 52., ubicado en Vaupés, en donde, como agravante, se constata su ingreso como “soldado regular”, pese a ser bachiller.

 
 

Las copias de estos documentos fueron recopiladas por nuestro medio de comunicación y se constata en las mismas que Juan David firmó con su puño y letra los mismos. Sin embargo, hemos contactado a la víctima y nos ha señalado que todo se lo han obligado a firmar sus mandos superiores: “si uno no firma, el que está ahí atento a las firmas, va y le comunica a algún cabo y ellos vienen y le dicen que si va a firmar, si uno dice que no, lo obligan, firma a las buenas o firma a las malas.”

Pese a estas condiciones, el Juzgado Penal del Circuito del municipio de Funza que recibió el habeas corpus tendiente a garantizar la libertad de Juan David, decidió, basado en documentos amañados del Ejército Nacional, dejar al joven en condición de reclutamiento, pese a que – como se ha mostrado – parte de los documentos citados datan de fechas anteriores al momento de su incorporación. Dice la juez del Circuito Penal de Funza, sin embargo, que “el joven expresó su voluntad unívoca de seguir con dicha fuerza militar. Ante la duda de si dicho consentimiento fue expresado de manera voluntaria, no hay prueba en contrario. Si tuviera la firme resolución de no prestar el servicio militar (…) hubiera podido dejar la constancia, o simplemente negarse a firmar.” Las estimaciones del despacho judicial, sin embargo, las tomó en base única y exclusivamente a los documentos de incorporación, presuntamente amañados, presentados por el Ejército Nacional, sin mediar algún tipo de contacto con el afectado. El único connato de intermediación se oficializó mediante la comisaria de familia e inspectora de policía encargada de Carure (Vaupés), Yesenia Figueroa, quien no pudo hacer contacto personal con Juan David dado que “se encuentra en el municipio de Calamar, Guaviare.”
 


El Macarenazoo, al contactar al joven, como lo hemos demostrado, evidenció su decisión inequivoca de no querer seguir prestando el servicio militar. En la grabación que se encuentra adjunta, se escucha de su propia voz: “yo no quiero estar acá, yo me quiero ir ya de acá, quiero salir de esta mierda, esto no es lo mío. Acá lo único que enseñan es a matar y nada más.” Estas palabras se suman a las interpuestas en queja del 10 de diciembre, en donde el joven manifestó su deseo irresoluto de salir; además en más de una ocasión, al interior de la guarnición militar ha expresado verbalmente su condición de objetor de conciencia.


En síntesis, Juan David Lozano Clavijo se encuentra en una situación de detención arbitraria que contraría los derechos y convenciones que el Estado colombiano ha hecho norma para sus ciudadanos, y que ha ratificado mediante protocolos internacionales. El joven fue incorporado de manera ilegal, violando claramente lo establecido en la Sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional, que prohíbe el reclutamiento mediante batidas. La fecha que fue detenido, 10 de noviembre, no coincide con los documentos oficiales que dice poseer el Ejército Nacional. Tenía un hermano prestando servicio militar en ese entonces, lo que es una causal de aplazamiento. Ya tenía cita para diciembre para resolver su situación militar. Tiene una incapacidad física. Pese a ser bachiller lo obligaron a inscribirse como soldado regular, lo que le daría hasta dos años de acuartelamiento. Y ha expresado su condición de objetor y su deseo de no pertenecer a la unidad militar. Por todas estas razones urge solidarizarse con este caso, y promover la impugnación del habeas corpus que fue fallado en su contra, y que hasta mañana lunes se podrá realizar; esto sin desconocer la existencia de otros mecanismos legales, como la tutela, para que el joven pueda recobrar su libertad.

Por último, también hay que solicitar y exigir la salvaguarda de la integridad física de Juan David, que al poner su situación de público conocimiento, podría ser objeto de represalias en la unidad militar donde se encuentra. Este es apenas uno de muchos casos en todo el país.
La Defensoría del Pueblo asegura que lejos de ser casos aislados representan la realidad de cientos de jóvenes colombianos a quienes se les están violando sus derechos en los procedimientos para definir su situación militar.

 


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