Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

LA NACHO ESTA HACIENDOSE ESCUCHAR

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María Alejandra Panesso.

La Universidad Nacional cada día menos pública y más al servicio de los intereses económicos y políticos del Estado y de los pocos dueños del país, ha vuelto a entrar en época de paro, de movilización y lucha estudiantil en defensa de una educación pública y de calidad para el pueblo. Ha decidido resistir ante la inminente venida de reformas académicas y de orden universitario que no intentan subsanar las verdaderas problemáticas de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes, y por el contrario propone una universidad más parecida a una empresa, donde la educación deja de ser un derecho; se convierte en una mercancía y los estudiantes en sus consumidores.

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De esta manera, la UN esta dando la pelea en contra de la imposición de un nuevo estatuto estudiantil, que ha sido el resultado de una serie de reformas que se han venido y se siguen implantando desde 1984 con el cierre de las residencias estudiantiles y el desmantelamiento de los comedores universitarios, propiciado por Marco Palacios, que a finales del 2005 también permitió la aprobación de la reforma 033, que abrió paso para que la investigación y el desarrollo de la Universidad Pública estuviera al servicio del sector privado. 

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Este nuevo estatuto está dividido en dos partes: la primera (que ya fue aprobada el 15 de mayo de 2008 en contra del sentir estudiantil) comprende las disposiciones académicas, en las que se implanta una bolsa de créditos, que aunque matemáticamente pueda alcanzar para que un estudiante promedio termine adecuadamente sus estudios, es una forma de limitar el conocimiento porque al estudiante le importaría una materia más por la cantidad de créditos que por su contenido, además implanta un nuevo calculo del promedio académico que resulta lesivo en la medida en que mantenerlo va ser mucho más complicado, lo cual disminuiría la cantidad de estudiantes que podrían acceder a “beneficios” como el préstamo, beca, la matricula de honor o las monitorias, de tal forma que los más afectados serían estudiantes que por su condición económica y social no pueden dedicarse enteramente al trabajo académico. La segunda parte de este estatuto nombrada “Cultura Universitaria y Resolución de conflictos”, es la más represiva al considerar la expresión estudiantil, como rayar una pared, un acto que atenta contra el orden universitario promoviendo una “cultura universitaria”, en la que se es culpable tanto por acción como por omisión, conformando una serie de comités estudiantiles que velen por la “resolución de los conflictos universitarios”.

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Los anteriores eran sólo algunos de los grandes daños que produce en la Universidad Nacional la imposición de este nuevo estatuto, por lo cual el movimiento estudiantil se ha pronunciado y ha promovido un análisis del mismo que trascienda el simple cambio de una palabra o un artículo, hasta desentrañar cuál es el verdadero modelo de Universidad, de estudiante, de pedagogía, de bienestar y de participación. 

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Este paro, también ha sido oportunidad para luchar en contra de otros problemas que vienen afectando la universidad como es el caso del “Plan de convivencia y seguridad”, que aunque no se ha aprobado pretende, bajo la justificación de que en la universidad se gestan actos que apoyan el terrorismo1, invertir una gran cantidad de dinero en apoyo tecnológico para la vigilancia, dentro de lo cual se planea: Poner muchas más cámaras por toda la universidad, instaurar a la entrada de cada edificio una serie de sensores de tal forma que sólo se podría entrar con carné, dividir la universidad en zonas para poder quitar las rejas de la universidad y abrirla al servicio de la ciudad, lo cual implica la implementación de teléfonos por todo el campus que se comunicarían directamente con una central de la policía ubicada dentro del mismo. Unido a este proyecto en el que el significado de vigilancia y seguridad en la Universidad son sinónimos de represión y silenciamiento, está el contrato con Cafam, que según Fernando Montenegro Lizarralde, director de sede de la UN pretende promover la cultura y el deporte, con la entrega a esta empresa privada de 20 hectáreas para la construcción de un complejo deportivo del cual se beneficien los estudiantes de la Universidad y los afiliados a Cafam, el manejo financiero de varios de los auditorios (como es el caso del León de Greiff), museos, y demás espacios de desarrollo de la actividad cultural Universitaria a dicha empresa, sin contar con  otros negocios por debajo de cuerda que permitan entregar el manejo de la Universidad al sector privado, mediante la autofinanciación y así quitarle la carga al Estado, que de por sí ya ha venido reduciendo la cantidad de presupuesto destinado para el sostenimiento de la educación pública.

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La resumida situación expuesta anteriormente que se desarrolla en la Universidad Nacional de Colombia, no solo en su sede Bogotá, sino en las demás sedes del país, ha permitido el resurgimiento del movimiento estudiantil, en contra de todas esas políticas estatales e internacionales, que van en detrimento de nuestra educación. Por eso en estos momentos de crisis universitarias que crecen a nivel Nacional, se invitan a solidificar proyectos de organización estudiantil que vayan más allá de las coyunturas, como una verdadera forma de solidaridad con la constante lucha por la educación pública en nuestro país. Hoy la Universidad Nacional seguirá en paro hasta que las directivas no acepten negociar con el estudiantado la derogación de este estatuto, y abran nuevos espacios de participación y decisión estudiantil, en los que se tenga en cuenta y se alimente significativamente la propuesta alterna de estatuto que se ha gestado desde el año pasado y que durante este paro, con la verdadera participación de todos se ha fortalecido. Sin embargo, hay que ser conscientes que sin organización es imposible dejar de pedir para exigir, porque no se puede seguir permitiendo que el movimiento estudiantil se reavive solo de vez en cuando y nunca se mantenga como una fuerza que siempre incida en las políticas educativas del país.

1 Ver más en “política de convivencia y seguridad”. Universidad de Colombia; Diciembre de 2005.


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