Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

MITIN PARA RECHAZAR REFORMA A LA JUSTICIA

Martes 13 de diciembre de 2011
Frente al Palacio de Justicia, 12:30 m.


La congestión judicial: pretexto para privatizar la justicia

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Ante la gigantesca congestión en los juzgados, se propone trasladar los casos a notarios y abogados para que decidan en primera y única instancia. Esta fórmula peregrina y pseudocreativa en realidad es injusta, regresiva, inconveniente, contraria a los tratados internacionales…y además es inútil. No hay otra solución que contratar más jueces.

Con el pretexto de descongestionar los juzgados, el Congreso tramita un proyecto de reforma constitucional que pretende entregar a los particulares la función pública de administrar justicia.

En Colombia las privatizaciones se vienen adelantando desde hace 20 años, con resultados generalmente nefastos. El ejemplo más grave ha sido el de la salud, derecho que la ley 100 convirtió en mercancía que sólo puede ser adquirida por quienes tengan suficiente capacidad económica. Un negocio donde a las EPS les va muy bien, pero a los usuarios muy mal.

Si se privatiza la justicia, las ganancias probablemente se producirán mediante el cobro de aranceles judiciales y otras tarifas que los sectores populares y las capas medias difícilmente podrían costear, situación que violaría los mandatos del Estado Social de Derecho.

Existe un consenso internacional para admitir que el derecho fundamental a la administración de justicia se materializa cuando, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, los ciudadanos pueden acudir ante los tribunales especializados para formular pretensiones o defenderse de ellas y obtener un fallo de esos tribunales, cuyo contenido ha de ser cumplido y ejecutado.

En Colombia, el acceso a la justicia está garantizado: independientemente de su condición económica, los ciudadanos pueden acudir a los jueces de la República para que sus conflictos se resuelvan. Garantía que se ve amenazada con la Reforma que actualmente se tramita en el Congreso de la República.

Un aditamento aún peor consiste en que los procesos de única instancia (aquellos cuya cuantía no supera los ocho millones), nunca serán conocidos por un juez. ¿Si esto no es estratificar la administración de justicia, entonces qué lo es?

¿Qué será del Estado Social de Derecho y del principio rector de la igualdad, que nuestra Constitución preserva tan celosamente, cuando se permite que controversias de baja cuantía, pero que no por eso dejan de ser muchas – constituyen el 40 por ciento del total de conflictos civiles – se sustraigan del conocimiento del juez natural?

Peor aún: ¿Será imparcial la justicia – es decir, será justicia- en manos de notarios y otros operadores privados, que no perciben ningún salario del Estado? ¿Implicará la reforma que el Estado destine recursos para adecuar y dotar las instalaciones donde los notarios atenderán a los usuarios? ¿Por qué esos recursos no se destinan a contratar personal capacitado para la administración de justicia?

Los problemas de la rama Judicial no pueden solucionarse a costa de negar o limitar el acceso a la administración de justicia. El problema de la congestión judicial sólo se resolverá cuando en Colombia exista un número suficiente de empleados judiciales, fiscales, jueces y magistrados, entre quienes se pueda dividir el trabajo y aliviar las cargas. Solución que, por lo pronto, no se encuentra en la reforma a la Justicia.

Observatorio Nacional de Justicia.

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