Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

LOS INDÍGENAS NO OCULTAN DE QUÉ SE DEBE HABLAR.

Por: Sergio Vargas.

La masacre que denuncian las comunidades indígenas y hoy sí es retransmitida por los medios masivos de propaganda, ha obviado de plano las disposiciones legales que sobre el territorio ancestral poseen las distintas etnias y asentamientos. Es nula la presencia de un análisis sosegado y argumentativo que permita no sólo identificar causas, sino soluciones y problemáticas generales, que llevaron a las FARC a atacar a los indígenas awá en Nariño.

 

 

 

Las cifras que de nuevo sostienen la crudeza de la guerra, demuestran que el papel institucional por velar por los derechos de las comunidades no existe. No se trata de proteger a unas comunidades enviándoles otro actor armado igualmente responsable de distintos crímenes de lesa humanidad; no se trata de volver a poblar el territorio de decenas de miembros de la fuerza pública capacitados en asesinar civiles y mostrarlos como trofeos de combate, así como de encubrir las atrocidades de sus propios mentores. Se trata de que el Estado colombiano garantice con hechos la autonomía de los pueblos; en este caso, unas comunidades indígenas que han visto cómo Uribe y su palacio gubernamental voltean la cara al hablar de la Declaración de los Pueblos Indígenas aprobada por la ONU, pero que Colombia se niega a incorporar. El séquito imperial sólo sabe que enviándoles más delincuencia (aunque sea legal), se conseguirá la supuesta paz.

 

 

 

Días antes de la masacre, las comunidades denunciaron la presencia del Ejército en sus propios hogares. Esta fuerza guerrerista, como se sabe, viola las pocas normas que sobre los asentamientos indios (resguardos, cabildos, etc.) existen. La reglamentación es clara en el sentido de que las autoridades indígenas son autónomas de decidir qué hacer en su territorio, qué justicia aplicar, y cómo negociar con los actores del conflicto armado. Es una consigna general que los indígenas prohíban la incursión de cualquier miembro de algún grupo, legal o ilegal, que ellos sienten por igual, porque son los mismos victimarios. El hecho que desató la masacre fariana, con sus argumentos, fue la presencia indebida, no autorizada y abusiva de una tropa que pasaba por el lugar, y vio con buenos ojos empoderarse de los ranchos de los nativos, sin tener en cuenta la prohibición que sobre la materia existe, y haciendo todo lo contrario que su papel institucional les otorga: proteger a los civiles. Entrar en territorio ancestral convierte a sus habitantes en actores desarmados del conflicto; su condición de población civil se pierde con la incursión de cualquier grupo. En países donde la Declaración de los Pueblos indígenas ha sido aprobada, la presencia del Ejército y de la Policía en las zonas protegidas es castigada severamente si no se tienen bases concretas de la razón de su estadía. Aquí, por el contrario, lo que vemos, es un dictador enceguecido que, furioso, alevoso y berraco, grita que no hay territorios vedados para la fuerza pública. Los medios masivos de propaganda ni siquiera han podido ocultar las denuncias de los propios indígenas en el sentido de afirmar que esas fuerzas militares  son tan asesinas y terroristas como los enemigos contra los que, dicen, luchan.

 

 

 

Mientras este artículo es publicado, varios hombres uniformados ya habrán llegado a la zona de la masacre, y algunos generales también (para ampliar el impacto mediático de la noticia), diciendo ante el mundo que los terroristas de las FARC deben ser exterminados. Que no importa que algunos de ellos sean indígenas que realizan marchas multitudinarias desde el Cauca hasta Bogotá; que a ellos también los matarán… Esas palabras absurdas de negar la existencia de una guerra fraticida y mirar como solución lo que ha subestimado el papel del indígena en la construcción de un nuevo país.

 

 

 

Hoy se cumplen dos meses desde que Edwin Legarda, dirigente del CRIC (Consejo Regional Indígenas del Cauca) fue asesinado por miembros del Ejército cuando se movilizaba por las “carreteras seguras del país”, y el gobierno así como los entes investigadores aún no avanzan en las sentencias. Ahora, en este preciso momento, un indígena guayabero en San José del Guaviare, ha de estar buscando una migaja de pan en medio del territorio que era suyo, y hoy es dominado por fuerzas paramilitares al servicio del Estado, que complaciente omite que esos indígenas son colombianos con derechos, y que no merecen ser puestos en atriles especiales para ellos, como ocurre hoy en día. Y sí, ahora cuando salga y transite por la ciudad, veré cómo sobreviven decenas de indígenas, ya con harapos, hambrientos, indigentes, en nuestras “amables” calles de Bogotá… ¿Pero qué? ¿Será que esto tendrá que ver con el etnocidio que todos los grupos cometen a diario en la nación? Un digno papel gubernamental que quisiera evitar estos actos deleznables, como el de esta semana, propugnaría por el inmediato e irrestricto cumplimiento de un mandato mundial proferido por la misma ONU, así como la conservación medioambiental y la proliferación de leyes que protejan las culturas milenarias.

 

 

 

PD: En Grecia la policía golpeó a un menor de edad, y el pueblo estuvo protestando casi durante dos semanas. Ahora, en Colombia se denuncian asesinatos de jóvenes en manos de los propios agentes del orden, y denuncias de maltrato infantil al mismo interior de las instituciones de reclusión parecen ya ser actos permisivos, así lo demuestran los jóvenes quemados en una Estación de Policía. Ya vendría siendo hora de acabar con tanta ilegalidad disfrazada de Seguridad Democrática.


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