Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

COLOMBIA ENDOSADOS A LA MINERIA

Por: Guillermo Castro. Especial MZO
Fecha de publicación: 21 de abril de 2013.


Imagen: Emma Gascó.


La locomotora minera del gobierno de Juan Manuel Santos, legitima, perdura y promueve la instalación de autenticas repúblicas independientes en Colombia, a través de figuras creadas en el pasado, como la confianza inversionista y el uso del territorio nacional como paraíso de las multinacionales. A propósito del debate que señalaba las zonas de reserva campesina, juzgándolas como centros independientes, resulta ser que los auténticos reservorios privados son esos centros que se dedican a la explotación desenfrenada de los recursos naturales; basta ver, por ejemplo, que Pacific Rubiales parece tener sus propias vías públicas y su propio Ejército Nacional para defender los campos petroleros en el Meta; el proyecto hidroeléctrico de El Quimbo solicitó desviar el río Magdalena y lo está logrando; en el páramo de Santurbán en Santander, amplias zonas del ecosistema ya tiene alambres y señalización que impiden a los turistas desplazarse libremente por las cauces medioambientales.; y en La Colosa, Cajamarca-Tolima, los Ministerios, como el de Ambiente, tienen que pedir permiso para poder entrar. Como si esta usurpación del territorio nacional no fuera poco, aún se hacen los debates en torno a la importancia o legitimidad que puede tener el negocio extractivo de la minería; en esencia en estos no cunden los argumentos en su favor.

Para los defensores capitalistas el negocio es tan poco rentable, que, aunque no lo expresen en estos términos, los colombianos deberían estar agradecidos por las posibilidades de empleo que pueda surgir a costa de la pérdida económica que representarían las supuestas inversiones riesgosas. Para Eduardo Chaparro, de la ANDI, en Colombia es tan baja la participación en minería, que la denominada locomotora minera energética no existe: “no se ha creado, incluso, ninguna nueva mina en los últimos años.” Según sus cifras, hay 9000 títulos mineros, que no son tantos toda vez que representarían sólo el 4.4% del territorio nacional, equivalentes a 5 millones de hectáreas; además el 60% de los títulos solicitados están en una espera larga hasta que sean autorizados. La cifra, sin embargo, la desmiente Luis Carlos Hernández, de Ecotierra, del municipio de Cajamarca, Tolima, quien asegura que se están solicitando 31 millones de hectáreas a ser explotadas, un importante aumento de peticiones que justifican que la locomotora, pese a todo, sí existe. En su terruño, Cajamarca, se está desarrollando la exploración para explotar el suelo realizando una mina a cielo abierto, utilizando para este fin la Anglo Gold Ashanti hasta el 85% del territorio del municipio. Para el vicepresidente de la Anglo Gold, Guillermo Rudas, sin embargo, el panorama es preocupante en lo económico, mas no en lo ambiental, ya que según él el 0.1% de los títulos solicitados son aprobados…

En la mina La Colosa, de Cajamarca, se pretende emular lo que se hiciera en el pueblo homónimo de Perú, en donde se deforestó, desparecieron las fuentes hídricas, y generó un conflicto social que se evidencia en el desarraigo, la violencia, el desplazamiento y el rompimiento del tejido familiar. La mina a cielo abierto es una de las peores estrategias de explotación del suelo: se pretende sacar de allí oro para su comercialización; oro que sólo será utilizado en el mejor de los casos en un 7% para la fabricación de productos electrónicos, mientras que el restante 93% se destinará a la hechura de lingotes y monedas, es decir que no se trata de suplir necesidades básicas del ser humano, sino obedece a todo un modelo económico depredador. El oro que se sacaría de Cajamarca sería submicroscopico; esto es que para poder obtener entre 2 y 3 gramos del mineral se debe utilizar un metro cubico de agua por segundo por cada tonelada de tierra extraída del suelo y subsuelo. De una tonelada de tierra extraída se puede sacar en un buen momento cerca de 3 gramos de oro submicroscopico. La extracción se hace con un potente veneno que en una pequeña cantidad podría matar a una persona, el cianuro; y puesto que sólo interesa el metal precioso, todos los minerales que contiene la roca extraída no serán tenidos en cuenta, ni recolectados, ni agrupados, trayendo consigo el desequilibrio ambiental. La pérdida de agua es incalculable a través de este sistema; decenas de nacimientos naturales de agua fueron completamente secados en varias partes del mundo por el voraz usufructúo. De esta manera, una mina puede quitar de su entorno natural de miles de años en un día 600 toneladas de tierra, lo que alerta sobre el inminente peligro de convertir a Cajamarca en un rincón minero, el pueblo se abocaría a desparecer en 37 años. Mientras para el vicepresidente de la Anglo Gold es un imperativo poder sacar de La Colosa 4 millones de onzas de oro...

La crisis que reflejan estas cifras, que están llenas de gente detrás, es la repercusión de una política de Estado que no ha acompañado ni verificado los procesos económicos, sociales y culturales, consecuentes de la explotación, deforestación y modificación de un territorio. El Estado cede la posibilidad de la explotación del suelo y del subsuelo al capital privado; el modelo neoliberal evita la intervención del Estado en el negocio privado y por inercia va en contravía de la disposición política de otros países de la región, como Ecuador y Bolivia, que sí asumen su rol de Estados productores y supervisores; o Chile, que asume el 50% de la explotación.

Dentro de los elementos mas laxos del sistema está la minería como uno de los ejemplos mas puntuales: el código minero, según Camilo González Posso, del Centro de Memoria, permite solicitar en títulos de este tipo hasta 10 mil hectáreas por proyecto; la actividad económica de la misma es tan permisiva que incluso permite la expropiación de los terrenos a favor de las transnacionales y los dueños de predios no tendrían ningún derecho a apelar; el código también deja la puerta abierta para que al 46.8% de las zonas forestales se les pueda otorgar títulos mineros; por inercia, el código tampoco protege las reservas de agua en los humedales, que hoy son explotados por 2003 títulos mineros. En el municipio de Mosquera, por ejemplo, la visión es dramática: la laguna de La Herrera, gran reserva de agua del ecosistema tipo humedal, se está quedando sin su defensa natural contra la erosión: las montañas que la rodean, que son explotadas de manera continua sin respetar ningún mínimo de protección. Las alcaldías locales en este contexto tienen prohibido prohibir que se desarrollen proyectos mineros en sus territorios: prevalece un seudo interés general por potencializar el negocio explotador.

En buena hora, sin embargo, el Convenio 169 de la OIT, ha dado luces en defensa del territorio a través de la consulta previa, en la realización de los proyectos mineros, para los grupos étnicos. No existe, empero, una misma herramienta legal para comunidades campesinas, que son las que tienen que pelear o sufrir frente a las consecuencias del modelo económico privativo.

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