Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

EL CAMBIO RADICAL DE FUNZA

Por: Guillermo Andrés Castro Rozo.
Fecha de publicación: 14 de mayo de 2016.

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El ex alcalde de Funza Jorge Machuca, durante su aministración, limpando uno de los avisos de entrada a Funza. Foto: OTV Televisión.

La historia de Funza, Cundinamarca, es única en el país. Un manejo administrativo que catapultó a un municipio como ciudad, en ocho años de gobernanza local. Un periodo que aún continúa, con diferentes nombres, pero el mismo partido político en el poder, incluso logrando catapultar en la gobernación del departamento al artífice de los grandes cambios, Jorge Rey, de Cambio Radical. En estas transformaciones hay una columna vertebral que son los cambios de uso de suelo de la región, modificando vocaciones agrícolas por plantaciones de cemento. Más población ha llegado a vivir a la sabana de Bogotá, y a Funza especialmente, y la bomba de tiempo social ya se alcanza a ver en el horizonte. A continuación compartiré en detalle la radiografía de una ciudad, ex municipio, que cambió para siempre. En su himno aún se canta que es una "villa imperial y agricultora", cuando lo segudno casi no existe. La mayoría de las informaciones que acá se presentan, han sido presentadas como notas en El Macarenazoo, anteriormente, y espero refleje los cuatro años de investigación sobre la materia.

LAS MODIFICACIONES DEL POT EN FUNZA
El Concejo municipal de Funza, Cundinamarca, habría abusado de su autoridad como ente legislativo local al convocar a la realización de un cabildo abierto para el 14 de noviembre de 2013, con el fin de estudiar el proyecto de Acuerdo No. 13 de la corporación “por medio del cual se introducen 
modificaciones excepcionales al plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Funza, decreto 0140 de 2000.”

Según un aviso firmado por el entonces presidente del concejo municipal, Roberto Organista (quien a la fecha sigue siendo concejal, y en el 2016 fue el ponente del Plan de Desarrollo de la actual administración), la decisión se tomó validando la proposición 001 del 31 de octubre del 2013, “que fue aprobada en sesión ordinaria por los 15 concejales de la Corporación.” Los concejales, como dice el comunicado, se abrogan la representación de los ciudadanos; en cierta medida simbólica así lo es, toda vez que han sido elegidos por voto popular, pero la convocatoria a un cabildo abierto está reglamentada por la Ley 134 de 1994, que los concejales – en la extralimitación de sus funciones – olvidaron leer. 

El Título IX de esta ley hace referencia textual al cabildo y la manera en la que se puede efectuar. Dice el artículo 82 que “un número no inferior al cinco por mil del censo electoral del municipio (…) podrán presentar ante la secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto en cabildo abierto, con no menos de quince días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones (ordinarias).” Es decir, es al Concejo municipal al que la ciudadanía debe solicitar la realización del Cabildo y no la corporación citar a la comunidad per se, con el lleno de unos requisitos como las firmas, que para el caso de Funza deberían ser de mínimo de cerca de 2481 firmas válidas que certificara la Registraduría Nacional. Igualmente, la solicitud se tuvo que haber hecho previo al inicio del periodo legislativo oficial, en este caso, antes del 15 de septiembre de 2013, toda vez que el Concejo comenzó a sesionar el 1° de octubre. Hasta donde consultó El Macarenazoo, ni firmas se recogieron, ni hubo solicitud previa al periodo ordinario de la realización del cabildo; pese a ello el Concejo realizó su sesión con la etiqueta de "Cabildo Abierto" y así habrían violado la Ley.

Para el Cabildo, el Concejo realizó convocatoria con el fin de que la ciudadanía presentara ponencias en torno al tema. El mismo día en que se cerró el plazo para entrega de ponencia, un ciudadano del municipio radicó un derecho de petición exigiendo la derogación de la proposición 001 del 31 de octubre, que convoca al Cabildo. Según el peticionario el “Concejo Municipal sólo puede convocar a cabildo abierto, cuando los residentes del municipio lo soliciten,” además, dice el residente, “el Cabildo Abierto es un mecanismo de participación ciudadana y no puede convocarlo el Concejo Municipal directamente sin solicitud del constituyente primario por ser una facultad privativa del pueblo.” Así mismo indicó que “con la solicitud razonada a cabildo abierto se debió presentar documento expedido por la autoridad competente donde conste que los peticionarios no fueron menos del cinco por mil del censo electoral del Municipio de Funza.” Las tesis del peticionario estuvieron en concordancia con la defensa de la misma ley, y ciertamente ésta reglamenta el uso de este mecanismo de participación ciudadana que en ningún momento lo puede tomar un ente público para validar sus propias decisiones, o las que ya tengan amarradas.

Violando las normas que reglamentan el cabildo, el Concejo municipal, al parecer, no se pronunció sobre el derecho de petición y realizó el acuerdo municipal que modificó los usos del suelo en una parte del territorio, cambiando su vocación tradicional, de agropecuaria a industrial.


Modificación del Plan de Ordenamiento Territorial del 2014:
Casi un año después de haber violado por primera vez la Ley, el Concejo municipal de Funza, Cundinamarca, repitió su propia dosis de ilegalidad, al convocar a un nuevo cabildo abierto el 24 de octubre del 2014. Se trató de una reunión citada de manera escueta y en un recinto minúsculo para tratar el tema de modificaciones al uso del suelo en un sector específico del municipio. 

La ilegalidad fue una calca 
del cabildo realizado en noviembre del 2013, el cual modificó usos de suelo en el municipio en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (POT). La falta fue la misma que la reseñada anteriormente, al convocar a la ciudadanía de manera unilateral al autodenominado "cabildo abierto." 

La poca difusión del Cabildo ilegal violó también la Ley de Participación Ciudadana, que la de cuestión hace referencia en su Artículo 85: “los concejos municipales dispondrán la amplia difusión de la fecha, del lugar y de los temas que serán objeto de Cabildo Abierto. Para ello, ordenarán la publicación de dos convocatorias en un medio de comunicación idóneo.” A diferencia del 2013, el cabildo del 2014 tuvo mínima difusión y se realizó en un lugar más pequeño que en el primero, pues se pasó de hacerlo en las instalaciones de la biblioteca pública municipal (el escenario más grande para estos eventos en Funza) al Centro Cultural Bacatá, la casa de la cultura local, que tiene cerca de un 75% menos de capacidad que el primer espacio. 

El cabildo  obedeció a definir unas áreas que no habían quedado contempladas en la modificación excepcional anterior del 
POT, y así poder incorporar una nueva área de ampliación urbana, que legalizó las estrategias de urbanización externas. En ese momento, justamente, en el municipio de Madrid, se hacía lo mismo, y también en Mosquera. Pero también estabamos en un periodo electoral, en este caso de elección del Congreso en donde el personaje más votado en el departamento terminó siendo Jorge Rey, quien resultó electo como representante a la Cámara, cargo que sólo ocupó tres meses, antes de renunciar y aspirar a la Gobernación que hoy ocupa.

FUNZA, EL MUNICIPIO DEL PAÍS CON MAYOR PORCENTAJE DE SUELO SUBUTILIZADO

Funza es el municipio del país con mayor porcentaje de suelo subutilizado, según un estudio del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) publicado en junio de 2015. De las 6.178 hectáreas que posee el territorio, 5.568 sufren el inadecuado uso, lo que significa un 90% del total. El estudio hace el análisis teniendo en cuenta la vocación tradicional del suelo en Funza que pasó de ser agroindustrial a ser rellenado de bodegas y áreas de construcción, o susceptibles de serlo.

En términos generales en Funza ya no existen cultivos propios y todo lo que la población consume llega de afuera. El caso de este municipio sobrepasa hasta los peores pronósticos y las peores cifras en términos de buen y adecuado uso del suelo del país, pues se ha perdido la mejor tierra para la agricultura para cederlo a la industria de la urbanización y el almacenamiento de mercancías. El promedio de la sabana de Bogotá de suelo subutilizado está en el
63%. Según el estudio del IGAC del 2014, toda Cundinamarca alcanzaba un 51% de área con conflictos por el uso del suelo. En ese año los peores departamentos ranqueados fueron Norte de Santander y Sucre con un 78%, y en 2015 el puesto lo ocupó sólo Sucre con el mismo porcentaje, mientras que el otro logró, a través de las buenas proyecciones de los planes de manejo ambiental, bajar la cifra a un 40% con conflictos de uso del suelo. Finalmente, el promedio nacional de áreas con conflicto del uso del suelo llegaba al 28% según el IGAC, en un estudio de hace un año.

¿Por qué Funza es el municipio peor ranqueado en esta estadística ocupando el primer lugar de uso inadecuado del suelo? Dice la ciudadanía, que la razón principal es el “proyecto de ciudad fallido” que promovió, en cabeza de las últimas administraciones, cambios del uso del suelo, a través de las modificaciones excepcionales al POT (Plan de Ordenamiento Territorial), que en su concepto
podrían haber sido ilegales dado que “la Ley contempla que las mismas debieron tramitarse a través de cabildos ciudadanos con el lleno de los requisitos contemplados en la Constitución para tal fin.” “Acá en Funza lo que prevaleció fue un interés meramente económico, que arrasó al medio ambiente, que arrastró los problemas de Bogotá a la sabana, y en Funza las administraciones recibieron con las manos abiertas y los bolsillos llenos, a través de exenciones de impuestos y suelos baratos que, al igual que en la zona franca de Mosquera, pasaron de la noche a la mañana a costar miles de millones de pesos,” afirmaron voceros de las veedurías ciudadanas.

CONSECUENCIAS DEL MAL USO DEL SUELO
http://www.franciscanasbogota.org/images/templatemo_map.jpgLas consecuencias a la que se ven abocadas las zonas del país en donde el suelo no es utilizado para lo que realmente es su vocación, son innumerables: justamente otro estudio del IGAC del 2015 advirtió que estos territorios serían propicios para la ocurrencia de tragedias ambientales generadas por fenómenos climáticos atípicos como la extrema sequía y/o la temporada de lluvias, pues la alteración de los suelos lesionarían gravemente la capacidad de los mismos para atenuar los cambios extremos, propios del calentamiento global. El Sistema de Información Ambiental de Colombia, citado por la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, advirtió que cuando “la utilización de suelos no coincide con la aptitud de los mismos” se derivan daños “imprevisibles y con consecuencias sobre una gran variedad de servicios ecosistémicos”, esto en parte a la erosión de la que es víctima la tierra, perdiendo la humedad del suelo y por ende, en la mayoría de casos, un nulo flujo normal del agua. Para el IGAC, “el endurecimiento del suelo genera que el agua no pueda infiltrase (sic), por lo cual se acelera su paso hacia el río Bogotá y produce un desbordamiento”, aumentando los casos de inundaciones en la sabana.

Y no sólo la calidad del medio ambiente se deteriora, sino el propio bienestar de los habitantes oriundos de los territorios afectados, lo que provoca desplazamientos forzados de campesinos y agricultores, “ya que el poco dinero que les generan los cultivos no puede competir con los que ofrecen las urbanizadoras para construir un edificio o un condominio”, afirmó Juan Antonio Nieto Escalante, director del IGAC al mostrar la increíble cifra de Funza que comparada con todo el territorio nacional, sobrepasó los más terribles pronósticos que hace una década se hicieron sobre la materia, y es que la ciudad “fallida” en estos diez años triplicó su tamaño de área construida, siendo el
cuarto municipio del país de más alto avalúo rural, pero donde ya, al parecer, se extinguió la agricultura para siempre. "

EL CUARTO MUNICIPIO DEL PAÍS CON MÁS ALTO AVALÚO RURAL
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) determinó que el área construida en Funza (Cundinamarca) aumentó un 155% en los últimos diez años, eso significa que hoy tenemos el doble y medio más de urbanizaciones, casas e industrias construidas que hace una década. Dentro de las razones de este crecimiento están las modificaciones al Plan Básico de Ordenamiento Territorial que han permitido cambiar la vocación del uso del suelo, autorizando construir principalmente urbanizaciones en áreas que hubieran podido ser potencializadas como agrícolas. Lo cual, por inercia, beneficia directamente a los constructores. Según el director del IGAC, Juan Antonio Nieto Escalante, “el precio del metro cuadrado en Bogotá es muy elevado, razón por la cual los inversionistas y constructores tienen sus ojos en estos municipios (de la sabana de Bogotá), que cuentan con zonas para construir, a precios mucho más razonables y con espacios más amplios.” Sin embargo, los avances en infraestructura habitacional no van de la mano con los necesarios en materia de servicios y calidad de vida, como son: vías y movilidad; servicios públicos domiciliarios y tratamiento de residuos domésticos; y cuidado del medio ambiente a través de la protección del ecosistema vegetal, la fauna y el agua del municipio, ausencia que se evidencia con los arboricidios aprobados por la CAR (Corporación Autonóma Regional de Cundinamarca) a los urbanizadores y un deterioro constante y silencioso del humedal Gualí, así como la erosión y destrucción irreversible de suelos cultivables.

Funza pasó de tener 1'616.016 metros cuadrados de área construida en 2005 a un total de 4'134.313, en 2015. Según los usos del suelo, se presupone que una importante cifra de las nuevas edificaciones se realizaron en “área rural”, por lo cual Funza aparece como el cuarto municipio del país con más alto avalúo rural registrado el año pasado, por encima de ciudades como Palmira (Valle del Cauca), y apenas superado por Bogotá, Cartagena y Chía. Para las finanzas funzanas el avalúo oscila en los 3.7 billones de pesos – cerca de Bogotá que registró 4.1 billones – discernidos en los 24.231 predios del área.

Los proyectos de vivienda particulares crecieron a la par de la consolidación de un poder político único, como el de Cambio Radical, que ha gobernado entre los años 2008 – 2011 (
Jorge Rey) y 2011 – 2015 (Jorge Enrique Machuca). Dicen las cifras del IGAC que las construcciones se aceleraron en Funza desde el 2010, fecha desde la cual se erigieron en el municipio más del 50% de los nuevos desarrollos urbanísticos. Curiosamente parte de la estrategia de campaña – hace cuatro años – del anterior alcalde, consistió en denunciar los nuevos proyectos urbanísticos que presuntamente estaba impulsando su contrincante entonces, Diego Mora, enunciando que no quería que Funza “se soachizara” (en relación a la potencia habitacional del municipio de Soacha, Cundinamarca). Familias locales tuvieron que salir a marchar para decir “no más mentiras, somos de Funza, no de Soacha,” hecho que quedó registrado en la edición impresa del Periódico El Libelo de octubre de 2011. A la postre el gobierno de Machuca ha sido el responsable de generar y aprobar los mayores proyectos urbanísticos de los últimos años, a tal punto que el programa de vivienda pública Altos del Gualí fue señalado como responsable de la deposición de escombros en el cauce del humedal funzano. Por consiguiente la población foránea en Funza ha crecido enormemente, generando los problemas de movilidad, principalmente, con la capital de la República, en donde estudia y trabaja una buena cantidad de los nuevos habitantes.

Al construirse viviendas en lo que antes eran lotes o campo, los avalúos catastrales también subieron: hoy, catastralmente, Funza vale 6 billones; muy por encima de municipios como Cajicá, que cuesta 3,6 billones y Cota, que está en 2,4 billones de pesos.


EL HUMEDAL GUALÍ, ¿VÍCTIMA DE LOS CAMBIOS DE USO DEL SUELO?

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Uno de los mapas realizados por la administración municipal que da cuenta de los factores de riesgo por inundaciones. Se aprecia muy cercano al cauce natural del humedal Gualí, áreas de creciente urbanización e industrialización. Mapa más grande, click Aquí.

La veeduría ciudadana del Río Bogotá en Funza, presentó su trabajo investigativo y académico sobre el humedal Gualí, el mayor cuerpo de agua superficial de este territorio, detectando la problemática del espejo de agua y sus afectaciones, así como las propuestas que haya lugar con el compromiso institucional, principalmente, para atenuar y dar respuesta a los graves impactos ambientales.

Jenny Grillo, ingeniera ambiental y miembro de la veeduría ciudadana, encargada de dar la presentación del estudio en el Foro Ambiental Regional realizado el 2 de mayo de 2015 en Facatativá, señaló que son varias las causas de la problemática en torno al humedal Gualí, tales como la construcción de la segunda pista del Aeropuerto El Dorado que modificó el curso normal del cauce del río Bogotá; a paso seguido, la
ampliación de la frecuencia de vuelos nocturnos, particularmente de carga, que pasan sobre el humedal; los cultivos de hortalizas y frutales, así como los pastizales para la ganadería, que reemplazaron la vegetación originaria de la ribera; ser receptor de aguas industriales y domésticas; no recibir la atención gubernamental suficiente y no cumplir con lo establecido en programas, planes y proyectos para su conservación; la expansión urbana; el cambio de uso de suelo de agrícola a industrial; entre otras.

Cada una de las características identificadas como problemáticas, tienen su razón de ser. Por ejemplo, en cuanto a la incidencia gubernamental, en Funza el tema ambiental (casi que como calca nacional) es una cenicienta de los programas públicos. En el año 2000 el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) dispuso de la creación del Parque Lagunas de Funzhé y del Parque Mitológico Los Jardines del Zipa. Así mismo disponía de elementos para coadyuvar en la “reconstrucción de elementos estructurantes del paisaje de sabana”, con el fin de desarrollar un “polo de atracción turístico” con un “Centro de investigación y difusión.” 15 años después, y mientras los proyectos urbanísticos crecen en el territorio, ninguna de las acciones enumeradas a principios del milenio ha sido una realidad, y lo más cercano a ello apenas sucedió
en el 2014, con la declaratoria de Distrito de Manejo, según decreto de la CAR (Corporación Autónoma Regional), que asegura brindaría una ronda de protección de hasta 150 metros “a lado y lado del espejo de agua.” Mientras el PBOT disponía de la consolidación de Funza como una “agropolis”, con sus respectivos procesos de investigación, producción, promoción y mercadeo, lo que a la postre sucedió realmente fue el retroceso, y casi extinción total de la producción agrícola y agroindustrial eficiente. Al unísono, mientras se proponía el Parque Funzhé, lo que sucedió fue el deterioro del patrimonio ambiental e histórico representado con la degradación del humedal, al punto que en el año 2009 alcanzó a ser la auténtica cloaca a cielo abierto de la multinacional Aje Colombia, productora de la gaseosa Big Cola.

Pese a que el PBOT del 2000 no cumplió con algunos puntos estipulados en el tema ambiental, el Concejo municipal de Funza realizó dos modificaciones extraordinarias al Plan de Ordenamiento, sin que alguna de estas tuviera que ver con el tema de protección ambiental; enumeradas al principio. Al mismo tiempo, dice la veeduría, en todo este tiempo y en la práctica, no se cumple con la disposición ambiental de las zonas de ronda definidas, incluso para
proyectos de vivienda impulsados por la alcaldía municipal; y “los programas y proyectos estrategicos planteados para el saneamiento de la cuenca del río Bogotá no se han visto materializados.”

El humedal Gualí es el deposito final de las aguas domésticas e industriales de Funza. En el terreno de las domiciliarias, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), recibida por la Alcaldía municipal a la CAR, evidenciaba hasta 49 fallas en su funcionamiento, según se presentó en el
informe de la Veeduría a finales del 2014. El porcentaje promedio de remoción era de hasta un 28.5%, lo que quería decir que tres cuartas partes del agua contaminada entraba casi que sin tratamiento directamente al humedal. Según lo aseguró el alcalde Jorge Machuca en marzo del 2014, el costo de la operación de la PTAR se asumiría vía tarifaria, y de manera progresiva, durante los siguientes cuatro años.

Por los procesos de vigilancia y control fiscal participativo, la veeduría ha participado en la realización de auditorías articuladas de la Contraloría General de la República sobre la gestión del río Bogotá, detectando en Funza las siguientes falencias: no hay articulación del POMCA (Plan de manejo y ordenamiento de la cuenca) del río Bogotá con el PBOT local; no se reflejan allí lineamientos de política ambiental; existe desconocimiento sobre cantidad y calidad de vertimientos industriales; falta planificación; no se han ejecutado todas las obras; no se cumplen metas de vertimientos, según PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos) del 2009; falta vigilancia sanitaria y epidemiológica animal y vegetal por parte del ICA; y hay ausencias gubernamentales que permitan garantizar a la ciudadanía un uso eficiente de su participación e incidencia en las políticas públicas, como lo demuestra el caso de las modificaciones al PBOT aprobadas mediante el uso irregular de la figura del “cabildo abierto.”


Funza es un ejemplo del aumento de peligros ambientales en relación con la densidad poblacional en incremento. La presión social de bienes y servicios, principalmente en infraestructura y saneamiento básico, que acompaña la lógica de urbanización masiva, desconoce la dimensión ambiental como eje estructurante de un mejor bienestar social. Sin una planificación coherente, el surgimiento y consolidación de sectores como la industria, bodegaje y los proyectos vivienda, serán los principales causantes de los impactos negativos sobre los ecosistemas de humedal de la sabana de Bogotá, y todo lo que ello implica como la disminución del hábitat para especies migratorias, la afectación de poblaciones de insectos, y la ausencia de una capacidad de respuesta para ser canalizadora y filtradora del agua. Hoy en día los académicos aseguran que los humedales son “áreas receptoras, filtradoras y transmisoras de contaminantes de riesgo para la salud humana y la productividad agropecuaria”, "ecosistemas perturbados por el ingreso constante de materia orgánica, sin oportunidad de auto purificación ni de recuperación.”
(Ver presentación Power Point Veeduría Río Bogotá Funza)

Dentro de lo poco que se ha realizado insttucionalmente par la protección de los diferentees ecosistemas, está la aprobación del
Acuerdo municipal 006 del 15 de julio de 2013 que institucionalizó el día del río Bogotá y del humedal Gualí.

LOS ALCALDES QUE HAN PASADO: SUS PROBLEMAS HAN SIDO POR USOS DEL SUELO

EL EMBLEMÁTICO FALLO CONTRA JORGE REY
Jorge Rey, logró la cuarta votación del país y primera de Cundinamarca cuando aspiró al Congreso de la República. También una de las más importantes a nivel histórico en Cundinamarca, reemplazando al destituido Álvaro Cruz. Rey hizo su gran fortín político precisamente en su cuna natal, Funza, de donde fue alcalde. Pero su ejercicio como burgomaestre salió cuestionado por el tema del cobro de plusvalía.

La consulta en la Procuraduría sobre los antecedentes de Rey arroja un resultado en torno a un fallo en su contra proferido en noviembre del 2013, un mes antes de que iniciara campaña proselitista para el Congreso. El ex alcalde fue encontrado culpable de dos de tres cargos que se le imputaron en su momento en torno al tema relacionado con la plusvalía: el haber señalado en tres decretos municipales - de manera falaz - un Acuerdo inexistente y justificar el exagerado cobro de plusvalía que pretendía realizar; y ser partícipe de un irregular contrato con la Corporación Manaba, que fue la organización contratada para ser el perito avaluador en el tema de plusvalía.

La Silla Vacía en su momento realizó el análisis sobre la increíble historia de un nuevo impuesto que Rey pretendía cobrar siendo alcalde, la plusvalía. Para poderlo hacer, el burgomaestre, entonces, expidió los Decretos 042, 043 y 047 de 2010, citando de manera engañosa el Acuerdo 003 de 2006, un acto administrativo declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2009; de tal suerte que estaba profiriendo una legislación con información inexistente. Decía La Silla que, producto de los decretos, “un solo predio podía terminar pagando un poco menos de 20 mil millones de pesos por este tributo, casi la mitad de lo que pagó todo Bogotá la única vez que se ha recogido por plusvalía.” La única vez que la capital de la República cobró este impuesto reunió 45 mil millones de pesos... sin embargo en este municipio 80 veces más pequeño que Bogotá, Jorge Rey pretendía reunir 520 mil millones de pesos, 12 veces más que en la ciudad más importante de Colombia, todo un exabrupto económico a expensas de los propietarios de predios.

Después del artículo de La Silla poco se volvió a conocer del caso, y en campaña las huestes de Cambio Radical locales lograron silenciar las sanciones impuestas a Rey por los presuntos delitos. Uno de los fallos fue el sancionado por la Procuraduría el 31 de octubre del 2013 y dejado en firme, a falta de apelación, el 12 de noviembre. De este fallo es donde Rey es encontrado culpable de dos de tres delitos imputados.

Cargo primero: reproducir el Acuerdo 003 de 2006, acto administrativo declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 18 de junio de 2009, al citarlo como fundamento y ser tomado como hecho generador del efecto plusvalía, en el momento de la expedición de los Decretos 042, 043 y 047 de 2010. El cobro, que debería ser una entrada adicional al arca presupuestal municipal y así suplir necesidades sociales, se iba a cobrar a toda costa, aunque no hubiesen mecanismos jurídicos que sirvieran de justificación para la Alcaldía que era manejada por Rey. El Acuerdo 003 de 2006 disponía cambios de uso de suelo, ajustes al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y se definían “acciones territoriales estratégicas”, de tal suerte que constituía per se el mejor mecanismo para avalar un cobro desproporcionado a los propietarios de tierras en Funza. Rey expidió con ese argumento los decretos en 2010 que exigían el cobro y recaudo de dineros; sin embargo dado que en 2009 el Acuerdo no había sido declarado legal, el mismo - ya en el momento en que se pretendió cobrar la plusvalía - era inválido. Dice Rafael Guzmán Navarro, procurador delegado para la economía y la hacienda pública, que no es razón válida buscar “a toda costa promover un cobro sin el debido detenimiento o estructuración adecuada para proceder a afectar a los ciudadanos y a la personas jurídicas, que por ser tales no las hace carentes de derechos, todo lo contrario la Constitución Política de 1991 exalta la persona, ya que ella es el centro del ordenamiento estatal.” Y es que precisamente el hecho de destacar en un decreto público que existe una directriz legal para cobrar un impuesto de repente es razón para violar los derechos colectivos y naturales de las personas propietarios de predios. El “alcance de la referencia del Acuerdo 003 de 2006 dentro de los Decretos 042, 043 y 047 de 2010, no corresponde a una mera cita en los antecedentes sino a un elemento fundamental para fijar los predios que serían afectos por el tema del efecto plusvalía,” señala Guzmán.

Rey le contestaba así a La Silla en momentos en que era cuestionado: “teníamos dos caminos: meter a todos dentro de una misma malla de propietarios a los que se les podía cobrar y que posterior a la expedición de los decretos, los que creían que no debían pagarlo nos informaran con hechos ciertos o con la prueba en mano, y así determinaríamos si definitivamente debían ser incluidos o no (…) El otro camino era dejar únicamente a los que estábamos seguros que debían cancelar ese tributo. Nosotros elegimos el primer camino porque si hubiéramos dejado a uno por fuera, el juicio de valor que nos habrían hecho es por qué subestimamos el cobro y por qué no le cobramos a todos responsablemente para que los particulares que no tuvieran que pagar se defendieran.” El camino escogido por Rey desató una ola de quejas, con justa razón, de quienes de un momento a otro recibían una notificación de la Alcaldía informándoles de un cobro millonario, que se salía de toda legalidad... Por tal razón Rey siguió incurriendo en irregularidades, entre ellas las de hacer acuerdos de pagos clandestinos, y de espaldas al erario público, como lo evidenció el portal web de referencia en su momento... una plata, que dado el proceder ilegal de su recaudo, se perdió y nunca fue declarado como un ingreso presupuestal al municipio.

Dijo Rey, también, que “la Alcaldía tenía la presión de cumplir con la orden de un juzgado que resolvió una acción popular que obligaba a cobrar la plusvalía.” Al usar como premisa un argumento falaz de un Acuerdo inexistente, dice la Procuraduría que el actuar de Rey “dista de los principios de la administración, la igualdad no fue aplicada al momento de la expedición de los Decretos 042, 043 y 047 de 2010, dado que se trata de cobrar a todos los predios del municipio sin discriminación alguna, (y no) de dar a cada quien lo que corresponde.” En síntesis pretendía cobra “el efecto plusvalía dentro de un esquema ajeno al ordenamiento legal vigente para el momento de su expedición.”

Como funcionario municipal, y primera cabeza del orden administrativo, a Rey le inculca toda la responsabilidad política, que no puede ser supeditada a sus funcionarios; decía la Procuraduría sobre el ex alcalde: “debemos advertir que tanto su posición como el poder que le había sido otorgado le imponía un ejercicio celoso y cuidadoso para hacer uso de una de las fuentes de recursos con que las entidades territoriales pueden contar como es el cobro de la plusvalía (...) se cuestiona el proceder del funcionario Rey Ángel, al manifestar el poder a él conferido como alcalde municipal para expedir unos Decretos que se fundamentaban en un Acuerdo que ya había sido declarado nulo.” “Debe entonces concluir(se) que en este caso no se habla de violación de un artículo, sino a la incursión o realización de una conducta que ha sido estimada como prohibida para el servidor público”, sentencia el fallo.

Cargo segundo. Participar en un contrato viciado y permitir que se prolongara “en un término muy superior al inicialmente pactado y no ejecutar recursos en aproximadamente un 65%” del mismo.

Para realizar el estudio que definiera los predios que pagarían la plusvalía el 12 de diciembre de 2008 se suscribió el contrato más irregular e increíble de la historia funzana. Se trata del Contrato 520 de ese año, suscrito entre la Alcaldía municipal a mando de Rey, y la Corporación Manaba. La ejecución de este contrato duró tres años, producto de una serie de adiciones presupuestales y prorrogas que se le entregaba al contratista, que en términos puntuales, no era ni nunca fue profesionalmente el ideal para ejercer la función encomendada (ver cronología del Contrato más abajo). El increíble contrato fue firmado por un monto de 120 millones de pesos, y alcanzó a llegar a la cifra de 145 millones, pese a que no todos los dineros ni se entregaron, ni se ejecutaron, sí constituyó una pérdida presupuestal increíble para el municipio de Funza, toda vez que sí se ejecutaron supuestamente 52 millones de pesos, y el objeto del contrato nunca se realizó, teniendo que firmar, la Administración Municipal, un nuevo contrato con otra entidad más adelante por 90 millones de pesos para suplir las carencias del primero... Es decir, la ejecución deliberada de un contrato viciado y la pérdida de plata con el respaldo del alcalde de entonces, Jorge Rey. Si a esto se suma, que la administración de Cambio Radical justificó el contrato adujendo que no se habían hecho estudios de suelos y predios, pese a que sí existieron cuatro anteriores desde el 2004, hubo al parecer una acción encaminada directamente a usufructuarse a costa del erario público.

Al respecto del contrato, dice la Procuraduría sorprendida: “no puede pasarse por alto que un contrato que se ideó para un término inicial de 4 meses terminó llevando 3 años y no culminó ni con la mitad del producto contratado, no fue consecuente con los logros alcanzados en cada periodo y que la entrega del dinero, que no obstante fue recuperado, fue entregado al contratista sin verificación de avances reales en el desarrollo del contrato.” Por este motivo el procurador delegado Rafael Guzmán, manifiesta que Rey incurrió en una conducta no legal: “lo mínimo que se le puede exigir (al ex alcalde) es que mediante su prudencia y una conducta que cualquier buen padre de familia daría a la administración de sus recursos observara que si el contrato inicialmente era de 4 meses y no se avanzaba en ejecución se adoptaran medidas para que se obtuviera o la ejecución plena o la liquidación para avanzar en otro ámbito como finalmente se decidió 3 años después, suscribiendo un contrato el 460 el 3 de noviembre de 2011, cuyo plazo de ejecución fue hasta el 31 de diciembre del mismo año.”

La Procuraduría advierte, incluso, que los dineros devueltos al erario público no tuvieron la consideración de ser actualizados, tres años después de haberse firmado el contrato, es decir fue devaluado el presupuesto allí arrojado. Sin embargo, el ente acusador se abstuvo de fallar en contra de Rey por vulneraciones económicas (que podrían repercutir incluso en detrimento patrimonial, con penas y sanciones más fuertes), pero sí lo hizo por violar el principio de responsabilidad de todo administrador público. El fallo de 66 páginas refiere que en la actuación de Rey ni siquiera lo haría una persona del común al suscribir un contrato, mucho menos se esperaría una acción “tan poco diligente” de alguien de su representación política pública, de tal suerte que cuestiona: “¿será que en su actividad personal para un servicio que espera de similar naturaleza al contratado con la Corporación Manaba hubiera esperado tres años para dar por terminado el contrato? ¿Hubiera entregado suma tan importante para luego procurar su recuperación? La respuesta sería seguramente que no.”

¿Fue Rey responsable de estas acciones, toda vez que su entonces secretario de planeación, Fernando Tovar, fue quien directamente suscribiera contratos e hiciera las adiciones? El ente acusador, con base en pruebas testimoniales de otros funcionarios de la época, asegura que Rey incluso supervisó personalmente el estudio del cobro predio por predio y por ende su responsabilidad es manifiesta e inmediata.


La sanción.

Al ser encontrado responsable de los dos cargos por los cuales fue denunciado e investigado, Rey recibió una sanción irrisoria en octubre pasado de una suspensión del cargo por 30 días. Dado que no era funcionario público ya para la época del fallo, el procurador delegado permuta su resolución con un pago de una multa de cinco millones 387 mil pesos. De 47 mil millones de pesos que recolectó por concepto del impuesto irregular de plusvalía, el ex alcalde sólo terminó pagando una suma ridícula para el riesgo que representó poner en déficit al municipio. Si se compara con las sumas que utilizó en campaña de cerca de 537 millones de pesos, con donantes que podían pagar hasta 40 millones para su campaña, el monto de castigo impuesto por la Procuraduría fue un saludo a la bandera y a la justicia cojeante de nuestro país. Más, teniendo en cuenta que en caso de habérsele encontrado responsable del primer delito en su tiempo como alcalde, esto, según los juristas, “le hubiera acarreado una revocatoria directa,” en ese tiempo, seguramente un hecho que en caso de haberse realizado hubiera podido impedir el ascenso vertiginoso del delfín político.

Pese a la espuria sanción, ésta situó el precedente con el ahora gobernador, y su linaje político en Funza, pues se advirtió en el fallo: “planear, en materia de contratación estatal, (…) exige la realización de una serie de estudios y análisis orientados a establecer mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer dichas necesidades.

Cronología del contrato 520 de 2008:
2008:
- 12 de diciembre de : se suscribe el contrato por un valor total de $120.000.000
2009:
- 15 de abril: se remite justificación de ampliación de término del contrato por parte del contratista. Se solicitan dos meses más, para de esta manera darlo por terminado el 18 de junio de 2009. Se suscribe contrato adicional.
- 5 de junio: se suspende el contrato por deficiencias en informaciones etregadas hasta entonces. El acto fue firmado por el alcalde Rey y el secretario de planeación de entonces Fernando Tovar.
- 24 de junio: el alcalde Jorge Rey firma un documento en donde asegura que el Contrato cumplió “todas las exigencias legales.”
- 20 de octubre: de manera increíble se reinicia el contrato.
- 29 de octubre: se suspende por segunda ocasión el contrato que había sido reactivado apenas nueve días atrás. Se fundamenta la suspensión por un oficio de la CAR que sugiere reformular el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
2010:
- 5 de febrero: por tercera vez se reinicia el contrato. Se firma, presuntamente, dicho día, un estudio de conveniencia y oportunidad para la ampliación en tiempo y valor del contrato. El documento tiene la firma de Fernando Tovar. Al igual se firma con el contratista una prorroga presupuestal por $25.000.000, para el nuevo contrato que debería finalizar, según el papel, el 20 de junio de 2010.
- 20 de mayo: por tercera vez se suspende el contrato, esta vez también sustentado por un oficio dirigido por la CAR.
- 12 de julio: cuarto inicio del contrato. Nuevos términos en los documentos suscritos.
- 4 de agosto: el entonces secretario de planeación Fernando Tovar, presenta un estudio de conveniencia y oportunidad para la ampliación en tiempo del contrato 520 de 2008.
- 5 de agosto: se firma contrato adicional, cuatro días antes del cierre del anterior, en el que se estipula fecha de finalización del mismo para el 5 de julio de 2011.
- 8 de noviembre: La Corporación Manaba, contratista, se inscribe en el Registro Nacional Avaluador, obteniendo así, 17 meses después de que se le entregara el estudio a Rey, el requisito para hacer la función del Contrato 520 de 2008.
2011:
- 15 de junio: se suscribe acta de suspensión del contrato. El contratista exige soportes técnicos que justifiquen el cierre.
- 19 de septiembre: se suscribe acta de terminación “anticipada”, del Contrato 520 de 2008. Se da cuenta de que el contrato costó un total de $145.000.000, de los cuales $52.000.000 fueron ejecutados; la Alcaldía había entregado $97.000.000, de tal suerte que el contratista devuelve $45.000.000 “no ejecutados.”
- 3 de noviembre: se suscribe el contrato 460 de 2011 con Avaluadores Profesionales Asociados (Apra Ltda) , por un costo de $90.000.000 para hacer lo mismo que la Corporación Manaba no diseñó, pese a que esta última tuvo un contrato inicial de $120.000.000.
2012:
- La Corporación Manaba devuelve los dineros sobrantes del contrato.


JORGE MACHUCA, UN ALCALDE AL QUE SE LE “OLVIDÓ” COBRAR IMPUESTOS A LA INDUSTRIA
Las denuncias por negligencia administrativa que reveló el portal web Las2Orillas en relación a la responsabilidad de quien fue alcalde de Funza entre 2012-2015, Jorge Enrique Machuca López por no cobrar durante toda su administración millonarios impuestos a un complejo industrial, podrían involucrar al alcalde en investigaciones penales y administrativas por el delito de detrimento patrimonial y otros conexos. (Lea la denuncia)

Según el medio de comunicación que originó la denuncia, son 2.955 millones de pesos los que dejó de percibir el municipio por un insólito “error” al presentarse dos situaciones con estas bodegas: primero, no inscribir la matricula inmobiliaria del Parque Industrial Santa Lucía, lo que lo exoneró, de manera ilegal, del pago de la plusvalía, que el anterior alcalde – Jorge Rey, del mismo partido político de Machuca, Cambio Radical – comenzó a cobrar a los industriales en
un proceso viciado y lleno de irregularidades; y segundo, por no exigir las obligaciones por el tema de las áreas de cesión usadas por la industria antes de su entrega al municipio.
 

La denuncia aseguró que si se hiciera válida la proporcionalidad del terreno en uso y el área de cesión que se debe dar, los impuestos a pagar serían mayores, lo que implicaría un total de más de 3000 millones de pesos que ha dejado de percibir el municipio por parte de esta única propiedad.

En Funza ha sido una constante la autorización de permisos para construir edificaciones y centros de bodegaje casi que de manera automática, aún por encima de los mínimos lógicos de responsabilidad medioambiental, ocasionando sendas
deforestaciones ambientales, y cambios del uso del suelo que han arruinado para siempre la vocación agrícola del municipio. Incluso el proyecto público de vivienda Altos del Gualí ha aportado a la depredación arrojando escombros a un metro de distancia del humedal. En el caso del corredor industrial, cada vez con más frecuencia se autorizan nuevas construcciones y, de manera insólita, la propia Alcaldía Municipal ha acordado con los industriales exenciones de impuestos, aprobadas por el Concejo. A pesar de estos avances desaforados de la construcción, Funza en un solo predio dejó de recibir tributos fiscales al no cobrar los miles de millones al complejo industrial.

Por esta acción irregular de decenas de servidores públicos del país se podrían estar perdiendo 10 billones de pesos al año, según la
Presidencia de la República. Lo que inmediatamente repercute en menor proyección social, pues la falta de dinero percibido incide en la disminución de coberturas y calidad de los programas municipales de atención a la niñez, a la juventud, al adulto mayor, el deporte, la recreación, la cultura, la salud, la educación, etc., o que el alcalde solicite cupos de endeudamiento con bancos para poder cumplir con los proyectos prometidos en el plan de desarrollo dejando – por inercia – al municipio con deudas multimillonarias. Y ese fue el caso de Machuca, pues el Concejo Municipal de Funza incluso le otorgó facultades para comprometer vigencias futuras ordinarias y extraordinarias. Habría que sumar al posible e inminente archivo investigativo contra Machuca la violación al principio de responsabilidad que todo administrador público debe tener, y por el cual justamente su antecesor, Jorge Rey fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación en 2013.

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Oasis Funza, un proyecto urbanísitico que muestra construcciones de seis pisos de altura en sus videos de youtube.

EL SENADOR QUE EN 2016 PODRÍA INVESTIGAR A FUNZA
Hasta ahora es claro que este medio de comunicación es el único que ha denunciado los indicios de corrupción al interior de este municipio con los Acuerdos aprobados por el Concejo y que modifican los usos del suelo, en presunta connivencia con el capital privado, destinado a aumentar los costos de las tierras en esta zona de la sabana de Bogotá y urbanizar en otroras áreas agrícolas. Pues el senador Carlos Fernando Galán, curiosamente del mismo partido político de las últimas tres administraciones en Funza, Cambio Radical, ha comenzado una serie de denuncias tendientes a exigir a las autoridades departamentales y nacionales que se investigue la conducta de los funcionarios públicos de la época, tanto alcaldes como concejales, y se castigue severamente a quienes se encuentren responsables por la manipulación de la expedición de los acuerdos municipales. Este año, Galán denunció los patrones de iregularidades que detectó en Madrid, en especial en lo referente a la entrega de terrenos públicos a manos privadas, en el gobierno anterior de Giovanni Villarraga, hoy funcionario de la Gobernación de Cundinamarca en cabeza de Jorge Rey, ex alcalde de Funza, y hoy gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca.  (Leer la denuncia) El senador aseguró que situaciones similares se habrían presentado en Funza y Mosquera.

LA TERCERA ADMINISTRACIÓN DE CAMBIO RADICAL EN FUNZA HARÁ 700 CASAS
Después de las administraciones de Jorge Rey y Jorge Machuca, llegó la continuidad partidista del ahora alcalde Manuel Montagu, quien anunció la puesta en marcha de 700 soluciones de vivienda. Lo dejó plasmado en el Plan de Desarrollo pese a una solicitud de una serie de organizaciones sociales, que basados en el ejemplo de municipios como Cajicá o Mosquera, que suspendieron las licencias de construcción hasta no realizar un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en sus respectivos territorios, querían que Funza hiciese lo propio. Estas 700 nuevas viviendas se harán en una tercera fase del cuestionado proyecto Altos del Gualí. Así las cosas, Funza tenderá a seguir cambiando radicalmente, como lo viene haciendo escalonadamente desde hace ocho años.



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