Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

EL CONFLICTO POR LA TIERRA Y LA RESTITUCION MINIMA QUE SE HA DADO EN EL GOBIERNO DE SANTOS

Por: Guillermo Castro, especial MZO.
Fecha de publicación: 18 de abril de 2013.

 

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Foto tomada de: retornoalaspavas.wordpress.com
 

El proceso de restitución de derechos, a través de la figura de la entrega de tierras para las víctimas en Colombia, va tan lenta que impide la garantía del bienestar común en Colombia. Una propaganda en televisión alarde que se han entregado supuestamente 1 millón de hectáreas a los campesinos colombianos víctimas de la violencia; pese a lo importante de la cifra, la realidad indica una situación ciertamente bien distinta: sólo se han entregado un total de 1000 hectáreas, es decir el 0.1% de lo que el gobierno nacional pretende mostrar... El gobierno, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, en cabeza de su director, Ricardo Sabogal, aclaró que la cifra es la que piensa el gobierno recuperar para entregar estos terrenos a las víctimas, las cuales aducen que se podrían recuperar 14 millones de hectáreas, pero el Estado sólo ha pensado en dilatar un tanto la situación diferencial del uso y propiedad de la tierra en Colombia

En el país es díficil calcular el número de hectáreas precisas que podrían ser recuperadas, toda vez que existen factores que lo han impedido en las últimas décadas: en el imaginario colectivo, existe la tendencia a pensar que se trata por la misma situación de violencia política, dominio de territorios a manos de grupos ilegales y de exterminio de las comunidades (es decir, a la usanza paramilitar); aunque no dejan de incidir estos factores, lo cierto es que la culpa recae en el elemento del catastro, en la falta de actualización de un registro a nivel nacional que delimite y sepa la ubicación, procedencia y dueños de los predios en el país. El catastro en Colombia no se ha actualizado en medio siglo, por ende es imposible hoy conocer con certeza cuáles son las tierras baldías (las que han sido abandonadas) con vocación agrícola, es decir las que son susceptibles de ser entregadas a campesinos; y las tierras que han sido usurpadas o despojadas a través de la violencia de guerrillas, paramilitares y actores estatales, que cuentan con sus propietarios, pero que han sido poseídas de manera ilegal. Para este fin, en el actual proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las FARC-EP, ésta, en el primer punto de la agenda de negociación (que aún no termina) ha propuesto una reforma agraria integral, que debería ser viable con la realización de una actualización catastral, “para saber quién tiene la tierra”; en la misma, propone la insurgencia, hay que realizar una serie de catastros especiales sectoriales, es decir para campesinos, etnias, indígenas y latifundistas. Se supone que actualmente los grandes propietarios de la tierra en Colombia, un puñado de terratenientes, poseen 43 millones de hectáreas, frente a unas 11 millones o hasta 14 que podrían ser las hectáreas baldías, y que deberían ser repartidas entre indígenas, campesinos, millares de desplazados, cientos de desarraigados, y en general las víctimas que hoy reclaman la restitución de la tierra.

De acuerdo a las cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, en Bogotá hay 4500 reclamantes de tierras. Una cifra irrisoria, si se tiene en cuenta el amplio porcentaje, de por lo menos 4 millones, de desplazados que hay en el país, y que llegan a la capital: aparentemente, y de manera irregular, las cifras de desplazados no coinciden con los reclamantes de derechos. No significa esto que la cifra de desplazados sea menor, sino que para la ley hoy no tienen derecho al reclamo de tierras las personas que al momento del despojo eran arrendatarias, los que eran tenedores pero no propietarios, y los que eran usufructuarios; igualmente, quienes no son víctimas de la violencia, sino que fueron despojados por la utilización de mecanismos legales a través de instituciones públicas en lo que se denomina el despojo administrativo. Hasta el momento sólo un 0.33% de los reclamantes de tierras han tenido éxito; es decir, sólo se ha entregado 0.05% de hectáreas despojadas. Una cifra pueril teniendo en cuenta las proyecciones del gobierno nacional en su plan de desarrollo que habla hasta de 12800 hectáreas a ser restituidas en el 2012, y con las mismas estadísticas estatales apenas se ha restituido un 9% de ese valor.

El 65% de los predios a ser entregados oscilan en un tamaño de entre 1 y 10 hectáreas. Los funcionarios aducen que el fin es entregar a la víctima en una condición igual que al momento previo de su despojo. Sin embargo, las propias organizaciones y sus representantes se preguntan ¿qué se está restituyendo? Esto porque no se tiene en cuenta las situaciones emocionales resultantes del despojo, la pérdida del tejido familiar, y la falta de insumos para trabajar la tierra al momento en que se les entrega. “La reparación debería tener complementos (…) a los campesinos ni siquiera se les da un machete para cortar el pasto que crece en el terreno recién adjudicado”, dijo Yamile Salinas, quien ha trabajo el tema desde las víctimas, en el marco del diplomado Territorio, conflicto y paz que adelanta el Centro de Memoria.

Desde la sociedad civil, sin embargo, se han propuesto e impulsado otras iniciativas sobre la tenencia de la tierra, y un disfrute óptimo de ésta. Una de las que más ha tenido oposición desde el Estado, es la conformación de las zonas de reserva campesina, una figura que se aprobó por ley en la década del 90, y en la que cientos de campesinos se apoyaron para hacer de sus parcelas verdaderas reservas alimentarias, de desarrollo endógeno, y de defensa del territorio. Desde la institución, el ministro de defensa se ha opuesto radicalmente a la creación de nuevas zonas de este tipo, acusándolas de ser repúblicas independientes – como si el complejo petrolero Pacific Rubiales en el Meta, La Colosa en el Tolima, El Cerrejón en La Guajira, por ejemplo, no fueran ya eso, territorios públicos sin acceso al público, que actúan como espacios privados –; la acusación, dice César Jeréz de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), no deja de ser incongruente con las políticas del mismo gobierno, toda vez que es Juan Manuel Santos el que ha llevado como política de su gobierno la ley de tierras, a la cual el Mindefensa se opone, y la reparación de las víctimas. En el contexto de qué proponer frente a los diálogos de paz, y reconocer la propuesta agraria de las FARC, “las zonas de reserva campesina pueden ser el camino para la paz”, afirmó Jeréz en el diplomado.

Por ahora no se ha pasado del primer punto de discusión en la Agenda general para la terminación del conflicto, que se realiza entre las FARC y el gobierno nacional en Cuba. Los que se deberían llamar los auténticos inamovibles, que sectores en contra de la paz tanto pregonan, son en realidad esos mínimos requerimientos que ofrezca el Estado para que propuestas de reformas en la tierra sí se den: el más básico de ellos, la urgente actualización y modernización del sistema de catastro, que en el país representa la brecha entre el sector rural y el urbano. Se estima que casi la mitad del país, un 44.3% de los predios, está desactualizado en el registro del catastro. La luz que brilla en medio de la oscuridad, es que el gobierno ha anunciado que pretende realizar este revolcón catastral en el 2014, importante anuncio que no deja de ser preocupante toda vez que el próximo año no sólo se avecinan las elecciones parlamentarias, sino también la presidencial. Otro de los puntos básicos, lo exige la sociedad civil: las zonas de reserva campesino, que tuvieron su época como víctimas de represión y no apoyo, durante el gobierno de Álvaro Uribe (el ex presidente que gobernó de 2002 al 2010 no aprobó ni una zona de reserva campesina, pese a estar consagrada en la ley), deben tener vía libre, garantías constitucionales e inclusión social.


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