Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

PARQUE TERCER MILENIO: ¿CAMPO DE DE REFUGIADOS O DE CONCENTRACIÓN?


“Nos sentimos como en un campo de concentración” Se prohíbe hacer entrevistas a los desplazados, entrar al parque y si se logra ingresar, por medio de alguna palanca, no está permitido el ingreso de cámaras ni grabadoras.

 

Por: Maureén Maya S.
 
Un promedio de 2000 víctimas del desplazamiento forzado viven en el Parque Tercer Milenio de Bogotá desde hace más de 4 meses. Las autoridades distritales hablan, además de la amenaza social que no han sido capaces de conjurar -ni ellos ni el gobierno nacional- de la amenaza sanitaria que estas familias victimizadas representan para la capital. 
 
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Al día siguiente de que las organizaciones y las familias de desplazados, hastiadas de tanta burla en las mesas de negociación y de soportar la indolencia del Estado colombiano, convocaran a una marcha ciudadana en Bogotá, al Distrito se le ocurrió la brillante idea de hacer un cerramiento en el parque Tercer Milenio con un plástico verde -de los que se usan para tapar obras en construcción- al que pomposamente llamó cordón sanitario. Esta medida extrema se tomó bajo el pretexto de prevenir la expansión del pavoroso virus H1 N1, aunque hasta la fecha no se ha documentado sobre ningún caso de contagio en el parque. ¿Acaso encerrar a estas familias tras barras metálicas y un plástico verde que impide su visibilidad, con fuerte presencia policial e incluso de agentes del ESMAD, sirve para frenar la expansión de un virus que viaja por el aire? Seguramente el objetivo, como sospechan algunos de los residentes del parque, ante la negativa a abandonar el sitio voluntariamente y la imposibilidad de las autoridades de recurrir a la fuerza pública para expulsarlos, más aún en tiempos preelectorales, es esconderlos, que no se vean, que el mundo los olvide, y ejercer presión sobre ellos a fin de que en las negociaciones se trancen con cualquier cosa y condenarlos nuevamente, al abandono y la impunidad. Negarles sus derechos a verdad, justicia y reparación integral, entre otros garantes que les corresponde y que claramente señala
la Corte Constitucional. Los derechos no se negocian, es claro para muchas víctimas, pero no para los gobiernos de turno.
 
Nos están chantajeando; nos dicen que si protestamos o marchamos como quisimos hacerlo el pasado 17 de julio,  nos quitan nuestros derechos, y nos excluyen de las listas y de futuras negociaciones” asegura otro desplazado.
 
En fin, sean cuales sean las razones expuestas por el gobierno distrital para haber tomado esa decisión, lo cierto es que resulta ofensiva a la conciencia humana, es una medida pavorosa que da cuenta de nuestra precariedad moral, y que sólo contribuye a agravar aún más la precaria situación que afrontan estas familias; pues además del problema que ya representan para la capital en cuanto a orden público, seguridad social y ambiental, protección sanitaria, e incluso, a nivel de institucionalidad, este cerramiento arbitrario del espacio público (de forma incorrecta además por que quiérase o no, el parque se convirtió en espacio de habitación, así se reconoce en los documentos que acreditan su permanencia en el sitio, -un zócalo jamás debe superar el metro de altura-) eleva los índices de inseguridad.
 
Este cerramiento, que efectivamente recuerda los campos de concentración de la Alemania Nazi o los de las FARC para encerrar prisioneros de guerra y secuestrados en la selva colombiana,  al impedir la visibilidad de lo que allí sucede, contribuye a que al interior del parque se presenten toda suerte de acciones anómalas y peligrosas. De hecho, fue a los cuatro días de producirse el cierre, que se denunció que una menor de 14 años  había sido violada por un policía bachiller; y quizás éste no sea el primer caso, ni el único, de hecho horas después de la denuncia, se supo de otro caso, pero lo cierto es que el confinamiento bajo esas condiciones de hambruna y precariedad, sí refuerza las condiciones de vulnerabilidad de estas familias y propicia hechos como el denunciado.
 
A la precaria situación que siguen padeciendo, cada vez más acentuada, a la vulneración de sus derechos fundamentales, se suman graves problemas sociales que tienen que ver con las ya denunciadas violaciones, criminalidad y prostitución forzada. El Cartucho renace en Bogotá, es la realidad, pero ahora en vez de tratarse de personas llevadas al extremo de la degradación humana por el consumo de basuco y otras sustancias sicoactivas, esta nueva olla, ubicada en un espacio público recuperado tras una inversión millonaria, está integrada por víctimas del desplazamiento forzado, ex raspachines de coca, desmovilizados, jibaros, y también actores armados ilegales. Si no se actúa con sentido humanitario y diligencia, este lugar pronto se convertirá en expendio de drogas y de distribución y comercio de armas. Más que una amenaza sanitaria, estamos frente a una seria y profunda amenaza social. “Muchas madres desesperadas, están prostituyendo a sus niñas para tener algo de dinero y poder comer.., lo de la violación no se si será verdad, lo cierto es que si hay prostitución y que los policías pagan por estos servicios o se los saben cobrar, y bueno, no falta el cliente ni los problemas que por ello se vienen presentando”- afirma una desplazada habitante del Parque Tercer Milenio. Por tanto la preocupación del Distrito no debería ser cómo se deshace del problema o cómo lo esconde, sino qué políticas de fondo debe impulsar para garantizar una vida digna a todas estas familias, para lograr el reconocimiento de sus derechos vulnerados y para asegurarles una vivienda y una supervivencia, igualmente dignas.
 
"El problema del desplazamiento que se está presentando (en Bogotá), NO es de ocupación del espacio público, como lo quiere hacer ver el ICBF", afirmó recientemente el secretario Distrital de Salud, Héctor Zambrano, y tiene toda la razón; pero el tema va mucho más allá.
 
Recorrer hoy el Parque Tercer Milenio, cuando se logra traspasar el cerco policial y administrativo, es asistir a la más cruda expresión de un modelo de gobierno caduco e incapaz, que desconoce por completo sus responsabilidades frente a los ciudadanos y  niega la realización de los principios esenciales contenidos en nuestra Constitución Política, en la que se reconoce a Colombia como un Estado Social de Derecho.
 
La Ley 387 de 1997 establece la aplicación de medidas de obligatorios cumplimiento para la prevención del desplazamiento forzado en Colombia. Además, la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, y sus posteriores autos, son categóricos al definir la responsabilidad del Estado frente a esta tragedia humanitaria y su deber de brindar atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica a los desplazados internos a causa de la violencia en Colombia. El director saliente de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, organismo responsable de coordinar todas la políticas de atención a la población desplazada, Luís Alfonso Hoyos, no ha logrado responder satisfactoriamente a los cuestionamientos que se le vienen haciendo sobre manejo de recursos e implementación de políticas de inclusión social que contemple alternativas viables de retorno, restitución de tierras y puesta en marcha de verdaderos proyectos productivos no improvisados y que logren satisfacer las demandas esenciales de esta población vulnerable.  Es evidente entonces el fracaso de la política social del estado colombiano, y la ligereza con la cual responde a los llamados de la Corte Constitucional que no duda en calificar la presente situación como inconstitucional.
 
La realidad que se vive hoy en el Tercer Milenio es la muestra fehaciente de ese fracaso y es también un llamado urgente para que se replanteen las políticas vigentes y se establezcan acciones concretas, efectivas y transparentes. La complejidad y variedad de experiencias que se registran hoy en el Parque TM, no soportan más dilaciones ni la aplicación de medidas transitorias. La situación es insostenible.
 
Por un lado se encuentran las víctimas de la guerra, acorraladas por la inoperancia y la indolencia de los gobiernos distrital y nacional, hombres, mujeres y niños afectados  sicológicamente por sus experiencias pasadas de violencia y por sus condiciones actuales de miseria y de vulnerabilidad, y por el otro, hay infiltrados, actores armados, redes delincuenciales y mafiecitas hambrientas.  Ahora se suma la  presencia de policías bachilleres, algunos de dudoso comportamiento como ya es de público conocimiento, y entre las barreras de metal y el plástico verde que los esconde del mundo, se ubican, cada diez metros aproximadamente, agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-, listos para actuar. Entrar y salir  del parque es complicado. Entra y sale quien muestre carta que lo acredite como habitante de este sitio público, o quien cuente con alguna palanca que le facilite el acceso; no pueden recibir visitas ni ayudas directas; carpas verdes en la entrada norte controlan el acceso de auxilios y alimentos.
 
Ayer estaban peor que indigentes, hoy siguen en esa misma situación, pero ahora se les da trato de prisioneros.
 
Nos han encerrado como animales, para que nadie nos vea y el país se olvide de nosotros. Esto es un campo de concentración, sólo falta que nos fusilen!- grita un desplazado- ya los familiares que nos traían remesas no pueden ingresar, ni los estudiantes que nos traían ayudas o que venían a trabajar con los niños; salir y entrar es un complique pues debemos presentar una carta que nos acredite como residentes del parque, y el que no tenga, pues se jode
 
¿Cómo sobreviven?
La Alcaldía y Secretaría de Gobierno han asignado nuevos baños, ya hay 15 portátiles que deben resistir el uso de más de 1.800 personas, se activó el acueducto para que puedan bañarse con manguera a la intemperie, lo cual obliga a que muchos se bañen tiritando de frío y con ropa, fueron secadas las fuentes de agua que generaban infecciones y problemas de salud especialmente en los menores, permanece la misma ambulancia que no porta ni una aspirina y el Distrito no se compromete ni asume la entrega de mercados ni alimentos.
 
El doctor Restrepo (Andrés Restrepo, funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá)  dijo que ellos ponían los baños y la seguridad y que la alimentación dependía del buen corazón de empresas como Coca Cola o Alpina”- afirma un hombre, cuya versión es corroborada por varios de los presentes.
 
La nueva organización al interior del parque, es por islas. Son doce en total. Cada una se compone de varios cambuches con cocinas independientes por núcleo familiar y un  líder así reconocido por cada grupo. Las familias viven del rebusque, algunas han instalado tienditas modestas y venden sus productos, y la gran mayoría sobrevive gracias a la ayuda que les brinda la Iglesia, comunidades cristianas y la policía. “El coronel que manda aquí, nos presta un camión para que una comisión encargada de esa parte, salga a Corabastos y recoja las donaciones. Lo demás es recibido por agentes del distrito y distribuido a los líderes de cada isla... No es lo mejor,  pues ahora estamos a la fuerza obligados a confiar en nuestros carceleros, y además la gente de buen corazón que antes venía, prefiere no regresar más porque no confían que las ayudas lleguen de verdad a manos de los necesitados”.
 
La historia es larga y complicada.
Desde el día en el que decenas de familias provenientes de distintos puntos del país se tomaron  como forma de protesta pacífica este espacio público hace cuatro meses para exigir garantías sociales, asistencia humanitaria, proyectos productivos viables, y el derecho a la reparación integral que les corresponde como víctimas del desplazamiento forzado a causa de la violencia socio política y armada que padece Colombia y que ningún gobierno ha sabido solucionar, han pasado por infinidad de procesos de negociación que en nada han contribuido a mejorar su precaria situación. En vez de que se hayan puesto en marcha alternativas de solución inmediatas, que busquen menguar esta tragedia humanitaria, hoy miles de seres humanos malviven recluidas en aquel espacio, intimidadas y reprimidas. Ya ni siquiera cuentan con el apoyo psicosocial y la asistencia jurídica que varios voluntarios venían desarrollando en el parque. Los han marginado totalmente.
 
Yo sé que los ricos no tienen la obligación jurídica, pero sí moral de ayudar a quienes lo han perdido todo, pero la responsabilidad de dar solución a nuestra tragedia es del gobierno nacional y distrital, entonces yo no entiendo cómo la empresa privada regala 3 mil millones de pesos a la Alcaldía para que se eleven unos globos gigantes que nadie vio, y por qué más bien no se invierten esos recursos en construcción de vivienda y adjudicación de proyectos productivos viables para nosotros. ¡Es que absurdo! ¡y éste dizque es un gobierno de izquierda, que tal!"
 
La Fundación Mario Santo Domingo, con el apoyo de Alcaldía de Cartagena de Indias, y el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, financió el proyecto Ciudad del Bicentenario, que comprende 25 mil viviendas de Interés Social en  la ciudad de Cartagena. En Bogotá se debería hacer algo semejante con las familias desplazadas, que a la fuerza fueron obligadas a dejar todo para no terminar siendo asesinadas, reclutadas, descuartizadas o desaparecidas.
 
A la Secretaría de Gobierno no le importa nuestra situación, aquí viene la doctora Clara es a decirnos que pensemos bien a quién le vamos a dar el votito. No nos quieren reconocer nuestros derechos, es la realidad. Por eso nos tienen como prisioneros, dicen que sólo después del censo se podrá negociar… ¡amanecerá y veremos!” declara un hombre mayor, quien confiesa haber pasado ya por 7 desplazamientos.
 
El gobierno distrital intenta convencerlos de que abandonen el parque, sin embargo, las familias dicen que de allí sólo salen muertos; pues sus derechos deben ser reconocidos y el Estado debe garantizarles una vida digna y productiva; similar a la que tenían antes de ser victimizadas y obligados a huir de sus territorios.
 
El nuevo censo realizado por Acción Social el pasaddo jueves en horas de la madrugada, registra  la presencia  1.985 desplazados, de los cuales 400 son menores de edad. Además según Secretaría de Salud, se encuentran 131 enfermos, de los cuales  62 han sido trasladados a los hospitales de la red pública y se han atendido 270 ocupantes del parque, según informó el diario El Tiempo el viernes 24 de julio.  
 
El gobierno distrital les aseguró a los líderes de los desplazados que una vez se realizara el censo, se iniciaría una proceso de negociación, pues las muchas reuniones que se han llevado a cabo en la UAO de Puente Aranda, en Secretaría de Gobierno, en la Alcaldía Mayor, incluso al interior del Congreso de la República, no han conducido a la búsqueda de soluciones efectivas, ni ha garantizar el cumplimiento de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional para la protección de esta población victimizada. Los líderes del Tercer Milenio presentarán cuatro peticiones a la mesa de negociación:
1. Vivienda digna.
2. Proyecto productivo viable.
3. Ayuda humanitaria permanente mientras logran estabilidad económica, sicológica y social (esto incluye salud, alimentación, manutención, servicios públicos y educación para los niños).
4. Plan efectivo de reubicación o retorno al campo con las debidas garantías de seguridad y sostenibilidad.

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Si bien el Distrito tiene la razón al afirmar que el problema del desplazamiento forzado es responsabilidad del gobierno nacional, el hecho de que esta crisis se produzca en la capital, sí compromete a la administración distrital en la búsqueda de soluciones a esta tragedia. La sentencia T-025 afirma lo siguiente: “…si bien el gasto social y de atención a la población marginada es considerado como gasto prioritario, y existe una política estatal de atención a la población desplazada, articulada en una ley de la República, así como un marco reglamentario detallado, y una cuantificación del esfuerzo presupuestal que se requiere para cumplir los mandatos constitucionales y legales, las autoridades encargadas de garantizar la suficiencia de estos recursos han omitido, de manera reiterada, adoptar los correctivos necesarios para asegurar que el nivel de protección definido por el Legislador y desarrollado por el Ejecutivo, sea efectivamente alcanzado. Tal vulneración no es imputable a una sola entidad, sino que todas las autoridades nacionales y territoriales con responsabilidades diversas en la atención de la población desplazada, por acción u omisión, han permitido que continúe y, en algunos casos, se agrave la vulneración de los derechos fundamentales de los desplazados[1]
 
La Alcaldía Mayor debe disponer de medios y recursos para procurar la pronta solución a esta tragedia; máxime cuando se trata de vidas humanas, y más aún cuando hablamos de población vulnerable que, en vez de ser doblemente victimizada, debería ser protegida y sus derechos defendidos. Los desplazados, además de vivienda digna, proyectos productivos que comprendan capacitación, maquinaria, producción de productos y comercialización, le exigen al gobierno garantías de alimentación, acceso a educación y salud de calidad, deporte, recreación, seguridad, desarrollo comunitario y programas de apoyo microempresarial para cada familia desplazada.
 
Secretaría de Salud ha hecho presencia en el lugar, lo cual disminuye los riesgos de contagio y la posibilidad de que se desarrollen nuevas enfermedades, no obstante la situación sigue siendo en extremo delicada; máxime cuando se evidencia la falta de higiene, de agua potable, de alimentos en buen estado y de implementos de primeros auxilios. De los 131 enfermos censados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS),  2 padecen tuberculosis, 3 sida, 2 problemas de tensión y 122 de infecciones respiratorias agudas, indicó Manuel Villamizar, director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias –CRUE-[2].

Al riesgo de enfermedad, se suma el agravante de que las cocinas de leña se ubican al interior o al lado de ‘cambuches’ de madera y plástico, lo que además de aumentar el riesgo de incendio, junto con las conexiones eléctricas inadecuadas que se realizan, las emanaciones de gas y humo afectan las vías respiratorias.
 
El jueves 23 de julio, “representantes de la secretarías de Salud, Gobierno e Integración Social, con la mediación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) buscaban, en una mesa de negociación, acuerdos para que los desplazados levantaran la ocupación del parque Tercer Milenio o, al menos, los enfermos salieran para el hospital[3]. Aún no se conocen  los resultados de esta gestión, pues las familias siguen declarándose en resistencia y aseguran que en tanto no les ofrezcan soluciones claras y efectivas, no abandonarán el parque, al menos no con vida.
 
Héctor Zambrano, Secretario de Salud del Distrito, le pidió al Gobierno nacional que reconozca la gravedad del desplazamiento forzado en el país y facilite la creación de campamentos de refugiados. El gobierno nacional guarda silencio y el Distrital sigue errando en la aplicación de medidas que más pareciera estar tendientes a esconder el problema o a deshacerse de él, que a procurarle soluciones reales y definitivas, al menos en lo que se refiere a estas cerca de 2 mil personas, que se encuentren bajo jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
 
No hay duda; la problemática se ha desbordado en la capital, y el gobierno sigue mostrándose débil a la hora de tomar decisiones de fondo e impulsar políticas sociales generosas y consecuentes que sean  capaces de responder conforme determinan las norma nacionales e internacionales sobre está materia.

Los problemas se solucionan encarándolos no escondiéndolos, eso todo el mundo lo sabe, lo que se esconde con el tiempo toma proporciones alarmantes y su solución, que tarde que temprano se debe procurar,  cada vez se hace más costosa y complicada. Los desplazados se vieron obligados a recurrir a las acciones de hecho ante el incumplimiento del gobierno nacional y la poca atención que se les venía prestando; entonces se tomaron el parque de Bosa, el matadero distrital,
la Plaza de Bolívar, la Iglesia de San Francisco, una sede de la UAO, y finalmente el Parque Tercer Milenio, hace casi veinte semanas. En un comienzo era más sencillo prestarles la debida atención, no sólo se trataba de un menor número de personas que se encontraban desarrollando un interesante proceso organizativo, con capacidad de decidir e incidir en las mesas de negociaciones, sino que además no se había agudizado la vulneración de sus derechos; ahora ya varios han fallecido, otros han enfermado y otros se han convertido en víctimas nuevamente, de la degradación, otras formas de violencia y una vez más, de la exclusión social. Las acciones de tutela presentadas, desbordan la capacidad de respuesta de los organismos de justicia.
 
En el mes de mayo, durante una ronda de negociaciones que se realizó en la UAO de Puente Aranda, la Alcaldía de Bogotá ofreció una cifra significativa para impulsar proyectos productivos a esta población si el gobierno nacional se comprometía con el mismo monto; ante la negativa de Acción Social de aceptar esta propuesta, el distrito se echó para atrás, y la población desplazada nuevamente quedó frustrada en sus aspiraciones y ahora los costos para el Estado son superiores.
 
En ese momento el gobierno no los quiso atender ni se tomó en serio su responsabilidad de procurar mejoras en los niveles de vida de estas personas. De hecho los negó desde antes, razón por la cual tuvieron que acudir a las tomas pacíficas para ser escuchados. Las mesas de negociación entonces se habían convertido en escenarios de cinismo, indolencia y crueldad, donde era evidente la falta de confianza entre las partes. Ahora el drama se ha desbordado y su solución, ya no da espera.  Si la justicia nacional se muestra inoperante, los mandatos de la Corte no son acatados ni respetados, y el Estado evidencia su estruendoso fracaso y falta de voluntad para producir correctivos a su política social; esta tragedia humanitaria deberá ser analizada por la justicia internacional. El derecho internacional humanitario, DIH, condena expresamente los desplazamientos forzosos de civiles en conflictos armados internos y la salida de refugiados en conflictos internacionales, señala normas que deben acatar los Estados para atender a esta población vulnerable y ofrecer protección a las víctimas del desplazamiento forzado.
 
En un conflicto armado, las personas desplazadas en el interior de su propio país están protegidas en virtud de las normas del derecho internacional humanitario, que confiere una amplia protección a la población civil. La finalidad de dichas normas es, en particular, proteger a las personas civiles contra los efectos de las hostilidades; por ejemplo, está prohibido atacarlas, aterrorizarlas, utilizar contra ellas el hambre como método de combate, así como destruir los bienes indispensables para su supervivencia. En un conflicto interno, las personas desplazadas están protegidas en virtud del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra[4] y el Protocolo Adicional II que se refiere a los derechos y garantías de la población no combatiente o  también combatiente en estado de indefensión o rendición.
 


[1] Sentencia T-025, Página 24.

[2] EL TIEMPO. “De 131 Personas Que Se Encuentran Enfermas, Solo 27 Desplazados aceptaron ir a los hospitales” Parque Tercer Milenio, En Emergencia. Julio 24 de 2009
 
[3] Idem
[4] CICR; ¿Qué protección se confiere en el derecho humanitario a los refugiados y a las personas desplazadas?
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLK3
 

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