Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

EL ALCALDE DE MOSQUERA PODRIA SER CONDENADO A UNA DECADA EN PRISION

Por: El Macarenazoo.
Fecha de publicación: 18 de mayo de 2017.

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Momento de la detención de Emilio Casallas. Foto: Fiscalía General de la Nación, Archivo.

El 15 de marzo de 2016, se entregó a las autoridades el alcalde de Mosquera Raúl Emilio Casallas, puesto que ya existía una órden de captura en su contra, para que respondiera por los delitos de
fraude procesal y falsedad en documento privado. Al día siguiente, la Fiscalía dictaminó que podría estar en detención domiciliaria, y desde entonces ha estado en su casa, mientras surte el proceso judicial.


El delito imputado de falsedad en documento privado, está contemplado en el Código Penal, Artículo 289, y dictamina que incurre en esta falla quien “falsifique documento privado” y que al usarlo puede tener una pena de entre 1 y 6 años de cárcel. El alcalde fue secretario de obras públicas y de desarrollo social, y presentó el falso título de ingeniero mecánico de la Universidad Santo Tomás, para poder dirigir esos despachos. Según la hoja de vida de Casallas, su título lo obtuvo en 2002, pero la propia universidad desmintió esa afirmación. Un secretario de despacho, según el Decreto 785 de 2005, ocupa un cargo de nivel directivo, y de acuerdo al Artículo 13 de esa norma, se exige como mínimo, para ser nombrado, “título profesional y experiencia”, en los municipios de primera, segunda y tercera categoría, tal como es Mosquera.

Al ocupar estos cargos, y haciéndose pasar como profesional, timó al entonces alcalde Álvaro Rincón (quien lo designó en los cargos mencionados), lo que según la ley se constituye en otro delito: fraude procesal. En el Código Penal, comete este delito quien “por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”, como ser nombrado en un cargo sin contar con el lleno de los requisitos legales. Si el hoy alcalde es encontrado responsable de este delito, de acuerdo a la norma, podría incurrir “en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.” Por si fuera poco, también hizo incurrir en error a una institución de educación superior, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pues aceptó y profesionalizó a Casallas en la Especialización en gerencia, gobierno y gestión pública, en 2010. Evidente: para cursar una especialización, tenía que haberse graduado en algún pregrado previamente.

De tal manera, que en caso de ser encontrado responsable en el primer cargo, que por inercia involucraría lo relacionado con el segundo delito imputado, mínimo estaría 5 años en la cárcel, y perdería los derechos políticos durante igual periodo de tiempo. Fuentes cercanas a El Macarenazoo y relacionados con el caso han informado que se está manejando la tesis de una conducta premeditada del sindicado, en este caso para incurrir en un delito, con pleno conocimiento de ello. “Se evidencia el dolo en este caso,” nos afirmaron los peritos judiciales consultados.

Emilio Casallas, pese a entregarse, no se allanó a los cargos, lo que le podría generar una sanción ejemplar contemplada en el Código Penal: de acuerdo a fuentes cercanas, podría ser condenada hasta a 10 años de cárcel, del máximo de 13 que sumarían las penas contempladas de los delitos en los que se le sindica, más las multas y la inhabilidad política correspondiente. Mientras esto ocurre, ha tomado fuerza la petición ciudadana que reclama por una renuncia del alcalde, ya que no sólo dilata su propio proceso judicial sino también la gobernabilidad del municipio, lo que estaría acarreando, en voz de los pobladores del municipio, aumentos de inseguridad y falta de atención a servicios en salud, educación y movilidad, principalmente.

 

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