Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

DENUNCIAN QUE SARGENTO DEL EJERCITO RECOGE DINERO A ESTUDIANTES DE COLEGIO PUBLICO DE FACATATIVA PARA TANQUEAR SU VEHICULO PARTICULAR


Por: Defensores de Derechos Humanos de Facatativá y occidente de Cundinamarca, Movimiento Popular Regional, Comité de Derechos Humanos ESPS.
Fecha de publicación: 8 de febrero de 2017.


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En la imagen: el sargento Mendoza en  momentos en los que extorsiona a los estudiantes de Facatativá.

El lunes 30 de enero desde las 7:30 de la mañana, en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Facatativá en el aula de sistemas, el Ejército Nacional - representado por un sargento de reclutamiento, de apellido Mendoza -, se reunió con estudiantes de grado once, previa citación y coordinación con directivas del establecimiento educativo del Instituto Técnico Industrial de Facatativá y Secretaría de Educación del mismo municipio, con el fin definir su situación militar.

Dicha reunión contó con la presencia de un defensor de Derechos Humanos, quien presenció el desarrollo de la misma. Allí el nombrado suboficial, en el marco de su labor de incorporar jóvenes para la prestación del servicio militar, recolectó datos personales de los asistentes, y recogió una cuota de $5.000 pesos por alumno, para supuestamente pagar una carpeta que otorga el Ejército Nacional.


Ante esta situación se le solicitó al militar que presentara el acto administrativo que le permite pedir dinero a los jóvenes para comprar la carpeta del Ejército Nacional a fin de recolectar datos y documentos. El sargento respondió que no tenía a la mano ningún documento que lo acreditara para tal actividad, y manifestó que recogía la plata para pagar la gasolina de su vehículo particular, ya que -  según él - tenía que recorrer muchas zonas de la región realizando este procedimiento.

Por lo anterior, una vez terminada la actividad, el defensor de Derechos Humanos se identificó, y solicitó el nombre del militar, pero éste se negó a dar su nombre completo.

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Momentos en los que el militar obliga a los estudiantes a cancelar, esto en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Facatativá.

Posteriormente, ante esta irregularidad con los menores de edad, se hizo necesario subir al tercer piso de la Secretaría de Educación a fin de conocer la argumentación jurídica o convenio que permitiera la citación de los menores, recolección de datos personales, dinero y procedimientos para que estos actos se ejecutaran en las instalaciones del mencionado despacho público. El abogado Fredy Armando Aguirre consultó los interrogantes con el señor Hugo Armando Torres García. Ambos funcionarios del Departamento Jurídico, dijeron no conocer argumentación alguna para estos procedimientos, también negaron las actividades coordinadas con el Ejército. Informaron que la persona responsable de que los jóvenes del Instituto Técnico Industrial salieran del centro educativo hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación, era el rector del colegio Martín René Siabato. Respecto del préstamo del aula de informática de esa Secretaría, informaron que pesta había sido prestada por el señor secretario de educación Héctor Alfonso Gutierrez Buitrago.

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La estratagema de la extorsión es por el cobro de esta carpeta, de uso para reclutamiento, también ilegal por lo demás.

En evidencia queda entonces un irregular procedimiento de reclutamiento a menores de edad por parte del sargento Mendoza, con conocimiento y complacencia de las directivas del Instituto Técnico Industrial y de la Secretaría de Educación de Facatativá. A los funcionarios relacionados con dicha secretaría se les dio a conocer en ese preciso momento de la recolección de datos y dinero a los estudiantes. Sin embargo, los funcionarios no tomaron acciones para el caso, y por el contrario tomaron una actitud permisiva, donde al final de la jornada el dinero fue recogido y entregado por un joven estudiante delegado por el mencionado sargento.

En consecuencia, solicitamos a las autoridades competentes, al Ministerio de Defensa, al comandante de las Fuerzas Militares, al Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación y la Personeria Municipal el inicio de investigaciones penales y disciplinarias que haya lugar y las sanciones respectivas a los funcionarios que están permitiendo esta grave violación a nuestros jóvenes e incluso beneficios económicos personales como lo refiere el caso.
 

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