Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X
16 AÑOS SIN MANUEL CEPEDA VARGAS, AUNQUE NUNCA HAYA DEJADO DE ESTAR
Por: Organizaciones sociales.
Fecha de publicación: 9 de agosto de 2010.
Hoy, hace 16 años, Manuel Cepeda Vargas, último Senador del partido de oposición Unión Patriótica (UP) fue silenciado para siempre, como parte de un plan de exterminio sistemático diseñado por altos mandos militares con el apoyo de grupos paramilitares.
Hoy, hace 16 años, comenzó la etapa final de este macabro plan, que los dirigentes de esta colectividad política habían denunciado ante las autoridades colombianas, advirtiendo que existía una estrategia orquestada por sectores del Estado y la cúpula militar para aniquilar a todos los miembros de la UP. Pocos días antes de su asesinato, Manuel Cepeda Vargas había visibilizado esta situación ante varias instancias internacionales, resaltando la ausencia de garantías para el ejercicio pleno de las libertades fundamentales, como el derecho a ser parte de la oposición política legal en Colombia, debido a que en ese momento el saldo de líderes, militantes y simpatizantes de la UP que habían sido asesinados y desaparecidos alcanzaba cifras inimaginables en el contexto de un país que se precia de ser la democracia más estable de América Latina.
El Grupo de Trabajo Pro Reparación Integral -conformado por una plataforma interinstitucional de organizaciones sociales como la Corporación AVRE , el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), el Banco de Datos del CINEP y la Fundación Manuel Cepeda Vargas- conmemora la fecha del día de hoy, reconociendo el legado humano y la trayectoria política del Senador Manuel Cepeda Vargas. Dicho reconocimiento está enmarcado en la labor de defensa de los Derechos Humanos que desarrollamos varias organizaciones y personas en Colombia y la comunidad internacional, para resaltar la importancia de trabajar por la verdad, la justicia y la reparación integral, sobre la base de la protección de los derechos de las víctimas de la violencia sociopolítica, entre ellos, el derecho a la memoria, la dignidad y el buen nombre.
El Senador Manuel Cepeda Vargas fue periodista, líder político y congresista de la República. Durante 20 años dirigió el Periódico “Voz”, órgano de prensa del Partido Comunista Colombiano. Fue elegido como Representante a la Cámara para el periodo 1991-1994 y como Senador de la República en 1994; labor que alcanzó a ejercer durante un breve período durante el gobierno del Presidente Ernesto Samper, debido a que fue asesinado dos días después de la posesión presidencial, justo en la fecha en que debía sustentar el Proyecto de Ley que había presentado ante el Congreso de la República con el fin de que Colombia ratificara el Protocolo II adicional a las Convenciones de Ginebra, relativas al Derecho Internacional Humanitario.
Su labor profesional y su representación parlamentaria estuvieron consagradas al ejercicio legal de la oposición política y a la defensa de los derechos de los sectores sociales históricamente victimizados en Colombia. Por este motivo fue objeto de estigmatización, persecución y hostigamiento por parte de organismos estatales, al punto de ser vinculado en varios procesos de carácter penal, de los cuales, sin excepción, fue declarado inocente por las instancias judiciales que estuvieron a cargo de las investigaciones en su contra.
A raíz del asesinato de Manuel Cepeda Vargas, su familia, en cabeza de su hijo, Iván Cepeda Castro, instauró una demanda penal contra el Estado colombiano. En el transcurso de los procesos judiciales adelantados por las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias fácticas del crimen y para develar la identidad de los responsables, se pudo establecer que el operativo en el que se dio muerte al Senador fue realizado por un equipo mixto, compuesto por suboficiales del Ejército Nacional y sicarios de grupos paramilitares, el cual fue diseñado por altos mandos de las Fuerzas Militares, bajo el auspicio de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Luego de 16 años de impunidad, el pasado 26 de mayo del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en un hecho histórico, emitió la Sentencia condenatoria al Estado colombiano por el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas. En la Sentencia, la Corte Interamericana dispone que el Estado colombiano tiene el deber, no sólo de reparar integralmente a las víctimas directas del crimen -a través de un pago por daño moral, lucro cesante e incumplimiento del Estado en su deber de procurar la vida y honra de todos los ciudadanos sin excepciones- sino que también dispone de la realización de acciones simbólicas de memoria y de perdón que contribuyan a preservar la vida y dignidad de las víctimas bajo garantías de no repetición.
Este fallo, que se dio a conocer ante la opinión pública el día 21 de junio de 2010, además de ser un logro fundamental para las víctimas del genocidio político contra la UP y los crímenes de Estado, es un avance significativo de la justicia internacional, y representa una gran esperanza para quienes, desde la sociedad civil, y en condiciones adversas, luchamos incansablemente por construir espacios de legitimidad política, jurídica y social, en la lucha contra el olvido y la impunidad en Colombia.
No obstante la importancia histórica de la Sentencia emitida por parte de este alto Tribunal internacional, personajes públicos que alguna vez fueron funcionarios del Gobierno del ex - presidente Álvaro Uribe, desconociendo los alcances jurídicos, políticos y sociales del fallo condenatorio al Estado colombiano por acción y omisión en el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas, desarrollaron una campaña de desprestigio, a través de columnas de opinión en importantes medios de comunicación, contra Iván Cepeda Castro, hijo de la víctima, argumentando, en términos generales, que, en este caso, el Estado debería ser eximido de pedir perdón a las víctimas, como ordena la Corte Interamericana, y, por el contrario, las víctimas son quienes deberían pedir perdón a la sociedad en razón de los daños causados a la imagen del país ante la comunidad internacional, y por los supuestos nexos de las víctimas con los enemigos del Estado. Dicha campaña se desencadenó a través de una serie de señalamientos injuriosos que, además de desconocer la dignidad de Iván Cepeda y los demás familiares del Senador asesinado, ponen en peligro su integridad física y moral.
Ejemplo de ello son afirmaciones como las siguientes:
1- “El señor Iván Cepeda ha sido un brutal, enfermizo y enceguecido opositor del Presidente Uribe. Aprovechándose del drama de su familia, y en nombre de las víctimas del terrorismo del pasado, convirtió en plataforma política y en deporte de su élite radical el maltratar, insultar, calumniar, injuriar y ultrajar al Presidente Uribe” .
2- “Las Farc no son ingratas. Su cuadrilla más sanguinaria, epónima de Manuel Cepeda, honra diariamente su memoria. Iván, su hijo, no se inmuta por ello y, en cambio, se ufana de que nuestra justicia está condenando a "mandos del Ejército y a líderes políticos como 'autores mediatos' (...) por ser dirigentes de aparatos de poder destinados a cometer crímenes de lesa humanidad".
3- “Iván Cepeda obtuvo justicia por el condenable asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas. Pero se niega a reconocer el condenable aporte que hizo su padre a la violencia en Colombia. Exige, con razón, que se pida perdón por ese asesinato, pero se niega a pedir perdón por la participación de su padre en la promoción de la violencia guerrillera que ha causado miles de asesinatos y secuestros. Es la aplicación de la 'ley del embudo', a nombre de la justicia.”
Teniendo en cuenta que tales afirmaciones comportan directa o indirectamente un desacato por parte de las autoridades colombianas al mandato establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyéndose en un nuevo agravio contra la dignidad de las víctimas, las organizaciones que suscribimos el presente comunicado consideramos que, de acuerdo con Viviana Krsticevic : “En el proceso de cumplimiento de la Sentencia internacional, le corresponde al Estado reafirmar a sus ciudadanos y ciudadanas que el respeto por los valores democráticos y los Derechos Humanos de todos, incluso aquellos que participan desde posiciones polémicas o críticas, es absoluto, y que el acatamiento de las Sentencias es un imperativo democrático.
La consolidación de la democracia en Colombia exige que haya espacio para las voces críticas de izquierda, independientes, de derecha; pero también reconoce el papel clave que les corresponde a los funcionarios de Estado en el respeto de los derechos de la ciudadanía, así como su responsabilidad, y la de otros actores, en aumentar la situación de vulnerabilidad o riesgo de diversas personas por sus posiciones ideológicas, políticas o morales. Frente a las tergiversaciones, justificaciones implícitas o explícitas de las graves violaciones a los Derechos Humanos, el Estado debe responder con vigor. En el debate público debe intervenir activa y prudentemente fomentando la tolerancia. En ese mismo sentido, debe adoptar medidas efectivas para garantizar la libertad de opinión, la participación política y la vida de las personas.”
En homenaje a la memoria del Senador Manuel Cepeda Vargas en el 16° aniversario de su asesinato, cometido en el marco del genocidio contra la UP, convocamos a los diferentes sectores de la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional, a suscribir este comunicado público como un acto simbólico que contribuya a la construcción de la democracia en el contexto de un conflicto interno de larga duración, cuyos efectos se expresan en la polarización política y la fragmentación del tejido social, legitimando prácticas violatorias de la dignidad humana contra determinados individuos y sectores de la sociedad a los que se les niega su condición de sujetos de derechos, como es el caso de las personas y comunidades pertenecientes a la oposición política.
Invitamos a la sociedad colombiana a hacer parte de un debate respetuoso que posibilite la reflexión acerca de las implicaciones éticas que se desprenden de afirmaciones como las anteriores, realizadas por personajes públicos cuya opinión incide en las representaciones colectivas de rechazo y estigmatización que se construyen socialmente en torno a las víctimas, poniendo en tela de juicio la legitimidad de la defensa de sus derechos a la verdad y a la justicia, que en últimas, son derechos de la sociedad colombiana en su conjunto. Este tipo de afirmaciones, difamatorias y denigrantes, fomentan la marginalidad de las víctimas y promueven que se cometan nuevos actos de agresión en su contra, en detrimento de las garantías de no repetición.
En este sentido, queremos denunciar que, a raíz de afirmaciones similares realizadas a lo largo de los últimos 16 años por parte de funcionarios que representan la autoridad estatal, los familiares del Senador han sido atacados permanentemente, y el monumento simbólico, realizado por el reconocido escultor Edgar Negret en homenaje al Senador asesinado, en múltiples ocasiones ha sido objeto de actos de vandalismo; recientemente la placa conmemorativa que está en la base de la escultura fue destruida y arrancada. Como parte del trabajo de conmemoración, cada 9 de agosto, los familiares y amigos de Manuel Cepeda Vargas hemos celebrado el aniversario, restaurando el monumento como una reivindicación a su legado y en memoria de las miles de víctimas de la UP.
Dados los alcances de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación integral, queremos proponer, en una fecha próxima, una iniciativa pública de carácter simbólico en torno a la restauración del monumento, con el fin de promover la participación de distintos sectores de la sociedad colombiana para recuperar el sentido de este acto conmemorativo.
GRUPO PRO REPARACIÓN INTEGRAL
NASCENCIA
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO (MOVICE)
PLANETA PAZ
COLPAZ GRUPO “M DE MEMORIA”
GRUPO DE INVESTIGACIÓN LAZOS SOCIALES Y CULTURAS DE PAZ DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA
CORPORACIÓN CÁTEDRA LIBRE IGNACIO MARTÍN BARÓ
HIJOS E HIJAS POR LA MEMORIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD
NODO DE DERECHOS HUMANOS DE REDUNIPAZ (RED DE UNIVERSITARIOS POR LA PAZ)
FUNDACIÓN MUNDOS POSIBLES
ASOCIACIÓN MINGA
DIAKONÍA, GENTE QUE CAMBIA AL MUNDO
ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ
ASAMBLEA DE MUJERES POR LA PAZ
MOVIMIENTO DE MUJERES CONTRA LA GUERRA Y POR LA PAZ
REDUNIPAZ
IPAZUD
FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARÍA (FISC)
CENTRO DEL BICENTENARIO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN
FUNDACIÓN MUNDOS POSIBLES
ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR (OFP)
MOVIMIENTO DE MUJERES CONTRA LA GUERRA Y POR LA PAZ
EL MACARENAZOO
Jairo Rivera Morales: Presidente de la Corporación 'Sinergia, Desarrollo y Solidaridad'. Director ejecutivo del Centro de estudios 'Germán Guzmán Campos'
Maureén Maya Sierra, periodista
Fecha de publicación: 9 de agosto de 2010.
Hoy, hace 16 años, Manuel Cepeda Vargas, último Senador del partido de oposición Unión Patriótica (UP) fue silenciado para siempre, como parte de un plan de exterminio sistemático diseñado por altos mandos militares con el apoyo de grupos paramilitares.
Hoy, hace 16 años, comenzó la etapa final de este macabro plan, que los dirigentes de esta colectividad política habían denunciado ante las autoridades colombianas, advirtiendo que existía una estrategia orquestada por sectores del Estado y la cúpula militar para aniquilar a todos los miembros de la UP. Pocos días antes de su asesinato, Manuel Cepeda Vargas había visibilizado esta situación ante varias instancias internacionales, resaltando la ausencia de garantías para el ejercicio pleno de las libertades fundamentales, como el derecho a ser parte de la oposición política legal en Colombia, debido a que en ese momento el saldo de líderes, militantes y simpatizantes de la UP que habían sido asesinados y desaparecidos alcanzaba cifras inimaginables en el contexto de un país que se precia de ser la democracia más estable de América Latina.
El Grupo de Trabajo Pro Reparación Integral -conformado por una plataforma interinstitucional de organizaciones sociales como la Corporación AVRE , el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), el Banco de Datos del CINEP y la Fundación Manuel Cepeda Vargas- conmemora la fecha del día de hoy, reconociendo el legado humano y la trayectoria política del Senador Manuel Cepeda Vargas. Dicho reconocimiento está enmarcado en la labor de defensa de los Derechos Humanos que desarrollamos varias organizaciones y personas en Colombia y la comunidad internacional, para resaltar la importancia de trabajar por la verdad, la justicia y la reparación integral, sobre la base de la protección de los derechos de las víctimas de la violencia sociopolítica, entre ellos, el derecho a la memoria, la dignidad y el buen nombre.
El Senador Manuel Cepeda Vargas fue periodista, líder político y congresista de la República. Durante 20 años dirigió el Periódico “Voz”, órgano de prensa del Partido Comunista Colombiano. Fue elegido como Representante a la Cámara para el periodo 1991-1994 y como Senador de la República en 1994; labor que alcanzó a ejercer durante un breve período durante el gobierno del Presidente Ernesto Samper, debido a que fue asesinado dos días después de la posesión presidencial, justo en la fecha en que debía sustentar el Proyecto de Ley que había presentado ante el Congreso de la República con el fin de que Colombia ratificara el Protocolo II adicional a las Convenciones de Ginebra, relativas al Derecho Internacional Humanitario.
Su labor profesional y su representación parlamentaria estuvieron consagradas al ejercicio legal de la oposición política y a la defensa de los derechos de los sectores sociales históricamente victimizados en Colombia. Por este motivo fue objeto de estigmatización, persecución y hostigamiento por parte de organismos estatales, al punto de ser vinculado en varios procesos de carácter penal, de los cuales, sin excepción, fue declarado inocente por las instancias judiciales que estuvieron a cargo de las investigaciones en su contra.
A raíz del asesinato de Manuel Cepeda Vargas, su familia, en cabeza de su hijo, Iván Cepeda Castro, instauró una demanda penal contra el Estado colombiano. En el transcurso de los procesos judiciales adelantados por las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias fácticas del crimen y para develar la identidad de los responsables, se pudo establecer que el operativo en el que se dio muerte al Senador fue realizado por un equipo mixto, compuesto por suboficiales del Ejército Nacional y sicarios de grupos paramilitares, el cual fue diseñado por altos mandos de las Fuerzas Militares, bajo el auspicio de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Luego de 16 años de impunidad, el pasado 26 de mayo del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en un hecho histórico, emitió la Sentencia condenatoria al Estado colombiano por el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas. En la Sentencia, la Corte Interamericana dispone que el Estado colombiano tiene el deber, no sólo de reparar integralmente a las víctimas directas del crimen -a través de un pago por daño moral, lucro cesante e incumplimiento del Estado en su deber de procurar la vida y honra de todos los ciudadanos sin excepciones- sino que también dispone de la realización de acciones simbólicas de memoria y de perdón que contribuyan a preservar la vida y dignidad de las víctimas bajo garantías de no repetición.
Este fallo, que se dio a conocer ante la opinión pública el día 21 de junio de 2010, además de ser un logro fundamental para las víctimas del genocidio político contra la UP y los crímenes de Estado, es un avance significativo de la justicia internacional, y representa una gran esperanza para quienes, desde la sociedad civil, y en condiciones adversas, luchamos incansablemente por construir espacios de legitimidad política, jurídica y social, en la lucha contra el olvido y la impunidad en Colombia.
No obstante la importancia histórica de la Sentencia emitida por parte de este alto Tribunal internacional, personajes públicos que alguna vez fueron funcionarios del Gobierno del ex - presidente Álvaro Uribe, desconociendo los alcances jurídicos, políticos y sociales del fallo condenatorio al Estado colombiano por acción y omisión en el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas, desarrollaron una campaña de desprestigio, a través de columnas de opinión en importantes medios de comunicación, contra Iván Cepeda Castro, hijo de la víctima, argumentando, en términos generales, que, en este caso, el Estado debería ser eximido de pedir perdón a las víctimas, como ordena la Corte Interamericana, y, por el contrario, las víctimas son quienes deberían pedir perdón a la sociedad en razón de los daños causados a la imagen del país ante la comunidad internacional, y por los supuestos nexos de las víctimas con los enemigos del Estado. Dicha campaña se desencadenó a través de una serie de señalamientos injuriosos que, además de desconocer la dignidad de Iván Cepeda y los demás familiares del Senador asesinado, ponen en peligro su integridad física y moral.
Ejemplo de ello son afirmaciones como las siguientes:
1- “El señor Iván Cepeda ha sido un brutal, enfermizo y enceguecido opositor del Presidente Uribe. Aprovechándose del drama de su familia, y en nombre de las víctimas del terrorismo del pasado, convirtió en plataforma política y en deporte de su élite radical el maltratar, insultar, calumniar, injuriar y ultrajar al Presidente Uribe” .
2- “Las Farc no son ingratas. Su cuadrilla más sanguinaria, epónima de Manuel Cepeda, honra diariamente su memoria. Iván, su hijo, no se inmuta por ello y, en cambio, se ufana de que nuestra justicia está condenando a "mandos del Ejército y a líderes políticos como 'autores mediatos' (...) por ser dirigentes de aparatos de poder destinados a cometer crímenes de lesa humanidad".
3- “Iván Cepeda obtuvo justicia por el condenable asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas. Pero se niega a reconocer el condenable aporte que hizo su padre a la violencia en Colombia. Exige, con razón, que se pida perdón por ese asesinato, pero se niega a pedir perdón por la participación de su padre en la promoción de la violencia guerrillera que ha causado miles de asesinatos y secuestros. Es la aplicación de la 'ley del embudo', a nombre de la justicia.”
Teniendo en cuenta que tales afirmaciones comportan directa o indirectamente un desacato por parte de las autoridades colombianas al mandato establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyéndose en un nuevo agravio contra la dignidad de las víctimas, las organizaciones que suscribimos el presente comunicado consideramos que, de acuerdo con Viviana Krsticevic : “En el proceso de cumplimiento de la Sentencia internacional, le corresponde al Estado reafirmar a sus ciudadanos y ciudadanas que el respeto por los valores democráticos y los Derechos Humanos de todos, incluso aquellos que participan desde posiciones polémicas o críticas, es absoluto, y que el acatamiento de las Sentencias es un imperativo democrático.
La consolidación de la democracia en Colombia exige que haya espacio para las voces críticas de izquierda, independientes, de derecha; pero también reconoce el papel clave que les corresponde a los funcionarios de Estado en el respeto de los derechos de la ciudadanía, así como su responsabilidad, y la de otros actores, en aumentar la situación de vulnerabilidad o riesgo de diversas personas por sus posiciones ideológicas, políticas o morales. Frente a las tergiversaciones, justificaciones implícitas o explícitas de las graves violaciones a los Derechos Humanos, el Estado debe responder con vigor. En el debate público debe intervenir activa y prudentemente fomentando la tolerancia. En ese mismo sentido, debe adoptar medidas efectivas para garantizar la libertad de opinión, la participación política y la vida de las personas.”
En homenaje a la memoria del Senador Manuel Cepeda Vargas en el 16° aniversario de su asesinato, cometido en el marco del genocidio contra la UP, convocamos a los diferentes sectores de la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional, a suscribir este comunicado público como un acto simbólico que contribuya a la construcción de la democracia en el contexto de un conflicto interno de larga duración, cuyos efectos se expresan en la polarización política y la fragmentación del tejido social, legitimando prácticas violatorias de la dignidad humana contra determinados individuos y sectores de la sociedad a los que se les niega su condición de sujetos de derechos, como es el caso de las personas y comunidades pertenecientes a la oposición política.
Invitamos a la sociedad colombiana a hacer parte de un debate respetuoso que posibilite la reflexión acerca de las implicaciones éticas que se desprenden de afirmaciones como las anteriores, realizadas por personajes públicos cuya opinión incide en las representaciones colectivas de rechazo y estigmatización que se construyen socialmente en torno a las víctimas, poniendo en tela de juicio la legitimidad de la defensa de sus derechos a la verdad y a la justicia, que en últimas, son derechos de la sociedad colombiana en su conjunto. Este tipo de afirmaciones, difamatorias y denigrantes, fomentan la marginalidad de las víctimas y promueven que se cometan nuevos actos de agresión en su contra, en detrimento de las garantías de no repetición.
En este sentido, queremos denunciar que, a raíz de afirmaciones similares realizadas a lo largo de los últimos 16 años por parte de funcionarios que representan la autoridad estatal, los familiares del Senador han sido atacados permanentemente, y el monumento simbólico, realizado por el reconocido escultor Edgar Negret en homenaje al Senador asesinado, en múltiples ocasiones ha sido objeto de actos de vandalismo; recientemente la placa conmemorativa que está en la base de la escultura fue destruida y arrancada. Como parte del trabajo de conmemoración, cada 9 de agosto, los familiares y amigos de Manuel Cepeda Vargas hemos celebrado el aniversario, restaurando el monumento como una reivindicación a su legado y en memoria de las miles de víctimas de la UP.
Dados los alcances de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación integral, queremos proponer, en una fecha próxima, una iniciativa pública de carácter simbólico en torno a la restauración del monumento, con el fin de promover la participación de distintos sectores de la sociedad colombiana para recuperar el sentido de este acto conmemorativo.
GRUPO PRO REPARACIÓN INTEGRAL
NASCENCIA
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO (MOVICE)
PLANETA PAZ
COLPAZ GRUPO “M DE MEMORIA”
GRUPO DE INVESTIGACIÓN LAZOS SOCIALES Y CULTURAS DE PAZ DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA
CORPORACIÓN CÁTEDRA LIBRE IGNACIO MARTÍN BARÓ
HIJOS E HIJAS POR LA MEMORIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD
NODO DE DERECHOS HUMANOS DE REDUNIPAZ (RED DE UNIVERSITARIOS POR LA PAZ)
FUNDACIÓN MUNDOS POSIBLES
ASOCIACIÓN MINGA
DIAKONÍA, GENTE QUE CAMBIA AL MUNDO
ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ
ASAMBLEA DE MUJERES POR LA PAZ
MOVIMIENTO DE MUJERES CONTRA LA GUERRA Y POR LA PAZ
REDUNIPAZ
IPAZUD
FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARÍA (FISC)
CENTRO DEL BICENTENARIO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN
FUNDACIÓN MUNDOS POSIBLES
ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR (OFP)
MOVIMIENTO DE MUJERES CONTRA LA GUERRA Y POR LA PAZ
EL MACARENAZOO
Jairo Rivera Morales: Presidente de la Corporación 'Sinergia, Desarrollo y Solidaridad'. Director ejecutivo del Centro de estudios 'Germán Guzmán Campos'
Maureén Maya Sierra, periodista