DEMANDA DE LA ALCALDÍA CONTRA LA UD
En relación con las crisis de gobernabilidad en la UD, y con la reforma hoy en boga de la Constitución de 1991, la Representación Profesoral en el CSU de la UD informa a la comunidad universitaria que la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Bogotá instauró en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda contra la facultad del CSU de la UD de "crear, suprimir o fusionar cargos", establecida en el Estatuto General de la Universidad. El Tribunal admitió la demanda y decretó la suspensión provisional de dicha facultad. De llegar a quedar en firme tal providencia judicial, la consecuencia será que no solo la planta administrativa, sino también la planta docente quedarán a discreción del Rector de la UD, y tal decisión será extendida a todas las universidades públicas del país. La providencia judicial será apelada por el CSU, para lo cual contará con la asesoría legal del Dr. Víctor Manuel Moncayo, ex rector de la Universidad Nacional de Colombia y asesor jurídico del CSU-UD.
Aunque por ahora el único beneficiario de la demanda de la Oficina Jurídica de la Alcaldía es el rector de la Universidad Distrital, tal acción judicial ocurrió a espaldas del rector y sin su conocimiento, según él mismo dice. Igual ocurrió con la entrega de la base de datos de estudiantes y profesores de la UD a la Fiscalía.
Sin embargo resulta pertinente mencionar que en el cuerpo del borrador de la demanda, obra un oficio suscrito por el DIRECTOR JURÍDICO DISTRITAL (E), Dr. CAMILO JOSE ORREGO MORALES (Memorando No. 2214100 del 17/02/2009, número de radicación 3-2009-4976), donde se registra que la mencionada demanda se acordó con el rector de la Universidad Distrital (CARLOS OSSA ESCOBAR). En consecuencia, quien juró cumplir y hacer cumplir el Estatuto General de la UD fue quien acordó con la Oficina Jurídica de la Alcaldía la demanda de dicho Estatuto. El Dr. Ossa ha informado al CSU que sólo acordó con la Oficina Jurídica de la Alcaldía la demanda del Acuerdo 005 de 2008 (Censor Universitario), y que fue la Oficina Jurídica de la Alcaldía por iniciativa propia quien extendió la demanda a la facultad del CSU de "crear, suprimir o fusionar cargos" establecida en el Estatuto General de la UD. Al rector hay que creerle.
Resulta inaceptable que quien fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, hoy se aleje de los principios filosóficos y políticos que inspiraron la actual Constitución de Colombia, principios que posibilitaron hacer valer ciertos derechos como el de la autonomía universitaria, la cual desde entonces han querido abolir a toda costa los enemigos de la Constitución de 1991, NO los gestores de ella.
Cuando los rectores asuman la facultad de "crear, suprimir y fusionar cargos" en las universidades estatales colombianas, los políticos habrán abierto el camino para conseguir su objetivo de convertir a las instituciones universitarias en fortines clientelistas, y habrá llegado a su término la autonomía universitaria. Los rectores de las universidades públicas podrán entonces afirmar con seguridad que "¡LA UNIVERSIDAD SOY YO!". La democracia representativa, mal que bien encarnada en los CSU en las universidades estatales, no puede ser violentada para poner al servicio de los grupos políticos la planta docente y administrativa de las universidades.
Ya era conocido que para retribuir los apoyos que recibió en la campaña electoral, el Alcalde Moreno Rojas había entregado la presidencia del Consejo Superior de la Universidad Distrital al liberalismo (sector del senador samperista, Juan Fernando Cristo); lo que no se sabía es que el alcalde también había entregado la Oficina Jurídica de la Alcaldía a los enemigos de la autonomía universitaria. Destruir o debilitar la autonomía universitaria es producir un daño irreparable a las universidades estatales colombianas. ¿Sabe la mano izquierda del alcalde Moreno Rojas lo que está haciendo su mano derecha?
Cordial saludo:
Eugenio Gutiérrez Nelson Pérez
Representantes Profesores CSU-UD