Fecha publicación: 29 abril 2009
Desde el 1º de enero se viene aplicando a media marcha la ley 1243, que establece rebajas en las sanciones para los remisos del servicio militar obligatorio. Pese a promulgarse desde el Congreso, con una duración de seis meses, tipo amnistía, los Distritos militares, comandos, alcaldías y personerías municipales no han cumplido con las obligaciones que esta ley dicta. Uno y otro se han pasado de agache sus deberes; excluyendo casos excepcionales en grandes ciudades, el resto del país sufre las consecuencias de la incomunicación gubernamental con el pueblo, en el papel, el directamente beneficiado, y aún más como mínimo 400.000 colombianos mayores de 25 años que no tienen libreta militar.
La bancada del movimiento religioso Mira, en el congreso de
Antes y después de la vigencia de esta ley, los remisos podrían ser castigados con multas que van desde $900.000 hasta $9.000.000; precisamente, lo que la ley ordena, es que los remisos que se presenten antes del 30 de junio puedan pagar la libreta militar por el 5% del salario mínimo, aunque en lo regular, en casos donde se cumple a medias la providencia, el costo puede ser de $50.000, un 10% del salario mínimo. Aún así, el valor resulta ser mucho menor en comparación con las deudas que se pueden llegar a tener ante el Estado, y que van subiendo progresivamente debido a los intereses de mora, que pueden ser de hasta un 30% anual.
Ahora bien, esta ley “que más bien es una amnistía”, como lo expresó Olga Victoria Rubio, miembro del equipo del senador Virgüez, en una charla reciente, está siendo violada a carta cabal por las instituciones involucradas. El Distrito militar 46, con sede en Facatativa rehusó recibir gente para definirles su situación militar; no reciben casos particulares, y, a lo largo de este semestre, apenas publicó (entre ellos) una convocatoria donde se decía cuál era la fecha de recepción de papeles, momento que ya pasó, faltando tres meses para el vencimiento de la ley. Rubio asegura que el distrito “le quiere hacer el quite” a la ley. Según las denuncias ciudadanas, las personas pueden demorarse un día entero en sus instalaciones sin que se les atienda o les reciban papeles, lo cual indica que pueden haber sanciones penales para los responsables de acatar la ley, en este caso el mayor Edgar Herrera Rodríguez, comandante del Batallón de Comunicaciones.
En el campo civil, la ayuda tampoco es óptima. Apenas el pasado jueves 23 de abril, la personería municipal de Funza realizó una capacitación sobre la ley 1243. La personera Claudia Cecilia Ramírez, aceptó que este foro no fue de iniciativa suya, sino del movimiento Mira, que hizo la propuesta en su despacho. Lógicamente la capacitación trastocó las necesidades particulares de los asistentes, la mayoría personas remisas o que buscaban información para sus familiares: Así se evidenció la falta de compromiso y voluntad de la respectiva administración municipal, situación que se repite en cientos de corregimientos colombianos. El deber de estos organismos ha de extenderse del discurso provincial, donde los regidores se muestran dispuestos a colaborar, pero que no son capaces de proyectar la realización de amplias jornadas de atención al ciudadano. En Bogotá estas jornadas se han realizado, pero los medios de interlocución y de comunicación no han ayudado con su difusión; pese a ello, la asistencia ha sido masiva.
Los días que está en vigencia la ley siguen pasando, y muchos colombianos aún desconocen los alcances de ésta. Es necesaria que la voluntad política de las ramas del poder sea decidida. 400.000 colombianos con libreta militar podrían acceder más fácilmente a las oportunidades laborales y de estudio, disminuyendo incluso las cifras de desescolaridad y desempleo que asustan en el país endosado al sagrado corazón.
PD: En Estados Unidos