Por: El Macarenazoo.
Fecha de publicación: 1 de febrero de 2015.
Imagen de archivo tomada de Notimundo.
Juan David Lozano Clavijo es un joven del municipio de Madrid que fue una de las víctimas del plan de reclutamiento ilegal que adelantó el Ejército Nacional en la sabana de Bogotá en los últimos meses del año pasado. Como él, decenas de personas fueron interceptadas por soldados en la calle, y obligados a subirse en los camiones militares en una práctica que la Corte Constitucional considera ilegal, y el alcalde de la principal ciudad colombiana, Gustavo Petro, la ha calificado como un secuestro simple. Juan David fue abordado por los uniformados el 10 de noviembre de 2014, y desde ese momento ha tenido que padecer un calvario a cientos de kilómetros de su familia, en los departamentos del Vaupés y Guaviare a donde ha sido llevado contra su voluntad, para ser obligado a empuñar armas que no desea. La navidad y año nuevo, fechas especiales para cualquier ciudadano, las tuvo que pasar en lugares lejanos al contacto con los suyos. El caso de este joven es uno más dentro de cientos, en la escabrosa práctica del reclutamiento ilegal, tipo batida, que cometen las fuerzas militares. Sin embargo por decisiones administrativas de la justicia ordinaria el joven podría quedarse varios meses acuartelado, si no se actúa con celeridad en las próximas horas.
Olga Lucía Clavijo, la madre del joven de 20 años, cumplidos en diciembre pasado, interpuso una acción de habeas corpus tendiente a que su hijo recuperase la libertad. El día 30 de enero el Juzgado Penal del Circuito de Funza decidió negar el recurso jurídico del habeas, que actúa precisamente para que las personas que han sido detenidas de manera arbitraria puedan recuperar sus derechos. Hasta este lunes 2 de febrero habrá plazo para la impugnación de la decisión firmada por Rosalba Bello López, juez en ese municipio. Las pretensiones de la familia de Juan David para que éste no se convierta en un soldado más del Ejército Nacional son varias:
Primero, el joven resolvería su situación el 3 de diciembre de 2014, cuando tenía boleta de citación para presentarse en la Dirección de Reclutamiento de la Fuerza Aérea, ubicado en su lugar de residencia. Sin embargo, como ya se ha dicho, fue abordado ilegalmente por el Ejército en noviembre y obligado a incorporarse.
Segundo, su hermano Miguel Ángel Lozano Clavijo, para el momento de la batida, estaba prestando servicio militar. Aunque Miguel salió en diciembre, los documentos de incorporación de Juan David datan de noviembre del 2014. El literal a del Artículo 29 de la Ley 48 de 1993, “por el cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”, estipula que es causal de aplazamiento para la incorporación “ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio.”
Tercero, Juan David tiene varicocele, una enfermedad que en la mayoría de casos es causal de exención para prestar el servicio militar.
Cuarto, el por ahora soldado, reclutado de manera ilegal, ha declarado verbalmente su condición de objetor de conciencia, desde el día que fue detenido por el Ejército, pese a que las fuerzas militares lo han negado. Esta semana, justamente, se ha conocido la sentencia T-455 de 2014 de la Corte Constitucional, que dictamina que bajo esta nueva norma cualquier persona puede pedir que lo eximan de prestar servicio militar por objeción de conciencia en cualquier momento, antes o después de la inscripción, o incluso una vez haya sido acuartelado, como en este caso.
Juan David fue incorporado al Ejército Nacional en fecha del 10 de noviembre del 2014. Sin embargo, de manera curiosa, documentos que avalarían su decisión de pertenecer a las fuerzas militares datan de un par de días atrás, en momentos en que aún no había sido víctima de redadas. El Batallón de Selva No 52 Coronel José Dolores Solano, en cabeza de su comandante, el Mayor Jarol Cabrera Cornelio, redactó un documento al Juzgado de Funza en donde asegura que el joven fue incorporado el 5 de noviembre. La madre del muchacho y el mismo afectado han manifestado que para esa fecha que aduce el Ejército Nacional, el mismo se encontraba trabajando, y que tienen la plena convicción que fue detenido cinco días después de lo que dicen los militares. El Macarenazoo hizo el barrido documental del caso de esta irregular incorporación, encontrando un documento fechado el 11 de noviembre, en donde a través del “formato de concentración e incorporación” de la Jefatura de Reclutamiento se constata que ese día, posterior a los primeros exámenes médicos y psicológicos, fue declarado apto para su ingreso al Ejército Nacional. De ese mismo día data un documento de “consentimiento informado”, sin firmar. Así mismo existe el documento de “ficha médica unificada” de la Dirección de Sanidad del Ejército, sin fecha, donde se incluye el examen dental. Se puede concluir de estos primeros documentos, que los mismos son los del trámite regular para la incorporación al Ejército, que son realizados contrarreloj para poder obligar a los jóvenes a reclutarse lo más rápido posible. Tal fue el caso de Juan David, que pocas horas después ya estaba en Guaviare. Pero otros documentos mostrarían una presunta manipulación de los oficios públicos y de incorporación. Se trata de tres folios muy similares que coinciden en la fecha y contenido, en relación con lo que el comandante de la unidad militar destaca como la voluntad del joven de prestar el servicio militar. Todos son del 6 de noviembre, cinco días antes de los exámenes que aprobaban su ingreso; el primero del Distrito Militar No. 4, “acta de compromiso”; el segundo de la Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército, que asegura que no tiene exención prevista por la Ley (cuando la condición de tener su hermano en servicio lo contempla); y el tercero del Batallón de Selva No. 52., ubicado en Vaupés, en donde, como agravante, se constata su ingreso como “soldado regular”, pese a ser bachiller.