CIDH SE REÚNE EN PRIVADO CON LA ACIN.
Recomendaciones al gobierno colombiano sobre el caso
CIDH SE REUNE PRIVADAMENTE CON LA ACIN PARA HACER SEGUIMIENTO DEL CASO DE
LA MASACRE DEL NILO
(Colombia) (Autor: CCAJAR) (Fecha: Octubre 25 de 2008)
Instaurar una acción de revisión frente a las decisiones adoptadas por la jurisdicción penal militar, avanzar en la vinculación de los autores intelectuales de la Masacre del Nilo, apoyar los planes de vida de las comunidades para resolver parte de las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades, y dar cumplimiento a los Acuerdos del Nilo, fueron algunas de las solicitudes realizadas al Estado colombiano, por representantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN y el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", en el marco de una reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer seguimiento a la decisión de este organismo en el caso de la Masacre del Nilo.
Las peticiones fueron realizadas tres días antes de la cita que del presidente Uribe Vélez con las comunidades indígenas del Cauca, en la ciudad de Cali, quien ha sugerido a la opinión pública nacional e internacional, que la problemática de los pueblos indígenas de Colombia se resuelve con la compra de un par de terrenos.
Al respecto es bueno aclarar que si bien en marzo de 2008, el Ministerio del Interior y de Justicia reconoció que el Estado habría adquirido 11.382.271 hectáreas de las 15.663.000 acordadas cumpliendo en parte uno de los compromisos de los Acuerdos de 1991, lo cierto es que según la cosmovisión Nasa, "la mayor parte de estas tierras se encuentran en áreas de conservación y protección, porque son áreas con fuertes pendientes, sitios sagrados y áreas erosionadas". Es decir, son tierras no cultivables o explotables.
Así lo demostraron los gobernadores indígenas de los 17 resguardos del Norte del Cauca, quienes en una reunión de las Juntas directivas realizadas los días 16 y 21 de marzo de 2006, establecieron que de las 9.047.600 hectáreas entregadas a esa fecha, sólo 3.619.040, es decir el 40%, eran tierras aptas para la producción agrícola y pecuaria, contando además con que algunos de los terrenos adquiridos sólo fueron saneados, ya que desde tiempo atrás estaban en posesión de la comunidad.
En este punto es necesario tener en cuenta, que, como la comunidad misma lo dice, "el proceso de delimitación y adquisición efectiva de predios, se ha caracterizado por la existencia de todo tipo de inconvenientes estructurales, ante la ausencia de estudios técnicos consolidados que sustenten un verdadero plan operativo integral de entrega".
Preciso es además recordar, frente a la aparente voluntad del Gobierno actual de cumplir con la compra de la tierra prometida, que el 27 de noviembre de 2006, el Ministro de agricultura Andrés Felipe Arias manifestó que a pesar de los lamentables hechos ocurridos ese día en Caloto (Cauca), el Gobierno no iba a comprar las tierras que los indígenas reclamaban, reiterando lo expresado en mayo del mismo año, ante la Comisión quinta del Congreso de la República, frente a medios de comunicación y representantes, donde dijo que no habría "ni una hectárea más de tierra para los indígenas"
Afirmaciones concordantes con el discurso pronunciado la semana pasada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando señaló que los indígenas son dueños del 27% del territorio nacional, como señalando que no sólo ese porcentaje es el "adecuado", sino que los indígenas colombianos serían grandes terratenientes.
Lo que no dice el gobierno es que de los 2 millones 410 mil hectáreas tituladas a los pueblos indígenas desde 1991, sólo el 7.68% se encuentran en las zonas de frontera agrícola, mientras el 92,32% son de resguardos ubicados en departamentos donde prevalecen paisajes de selva, llano, sabana y desierto, y cuya condición legal es ser baldíos lo cual refuta cabalmente el argumento del Gobierno nacional sobre supuestas grandes extensiones de tierras en manos indígenas, para justificar la enorme concentración de las mismas en cabeza de los terratenientes de la Costa Atlántica y los valles interandinos.
Por otro lado, no hay que olvidar que las recomendaciones de la CIDH, no sólo iban dirigidas a la compra y titulación de los terrenos - que además se debía hacer a los tres años subsiguientes a la masacre - sino también se centraban en un apoyo al Plan de vida Nasa que permitiera la disminución del índice de necesidades básicas insatisfechas que se encuentran en un 78%, así como la financiación de programas de desarrollo económico y social coherentes con la autodeterminación de este pueblo.
Asunto del cual y hasta la fecha el Gobierno no se ha respondido de manera efectiva, como tampoco en lo que tiene que ver con la rampante impunidad en que está sumido el caso luego de 18 años de ocurridos los hechos. A pesar de existir evidencias contundentes de la responsabilidad de agentes estatales en la comisión de la masacre, de sus vínculos con el paramilitarismo, así como recientes testimonios acerca de la autoría intelectual en cabeza de hacendados de la región, lo cierto es que desde el año 2000, no se ha verificado ninguna actuación judicial relevante impulsada por la justicia ordinaria.
De ahí nacen las solicitudes realizadas al gobierno colombiano, con la intermediación de la CIDH, que cobran importancia en momentos en que éste mismo ha estigmatizado a los indígenas, acusándolos de terroristas, ofreciendo recompensas por los líderes, en una serie de actos de deslegitimación y criminalización de la lucha por la defensa del territorio, tal y como ocurrió en el Consejo de seguridad desarrollado el 15 de marzo del año en curso, en la ciudad de Popayán.