Crónica de una infamia: ¿Quiénes se benefician con los peajes?
Por: Carlos Julio Buitrago, El Libelo*
Fecha de publicación: 26 de mayo de 2012
En decenas de ocasiones los habitantes de Funza han salido a manifestarse exigiendo solucione en obras por parte de la concesionaria CCFC S.A.
(Funza, Cundinamarca) El 14 de mayo de 2010 la concesión CCFC S.A. y el Ministerio de Transporte, en cabeza del ministro Andrés Uriel Gallego, decidieron revocar el alza al cobro de peajes y la suspensión de calcomanías que acreditan como beneficiarios de la categoría especial a algunos habitantes de la sabana occidente de Bogotá. El gobierno nacional pretendía arrebatarnos la tarifa preferencial de la que gozan los habitantes de la región desde 1999; derecho que conquistamos a través de la movilización popular de los pobladores de los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza, Bojacá y Zipacón. Nuestra memoria histórica reporta un sinnúmero de reuniones, concentraciones, toma de casetas y bloqueo de la vía (30 de diciembre de 1998), movilizaciones que condujeron a que el 25 de febrero de 1999 realizáramos un gran paro regional contra la privatización de la carretera que comunica a Bogotá con el occidente de la sabana (Bogotá-Facatativá-Los Alpes). Los peajes fueron impuestos el 28 de diciembre de 1998 para entregar la vía a particulares y sacar, de nuestros precarizados ingresos, dineros que irían a parar a las arcas de la concesión. Este nuevo intento para ponernos a pagar el uso de la carretera que ha sido construida con nuestros impuestos, pretendía una vez más desangrar nuestros bolsillos y debilitar nuestros ingresos. Este nuevo atentado que se pretendió cometer contra la población de la región se logró frenar como se conquistó: con reuniones con la comunidad y con las alcaldías en todos los municipios, con movilizaciones como la del primero de mayo en Facatativá y la concentración en Mosquera, con la denuncia permanente a través de diferentes medios e instrumentos de comunicación; aún se reporta el rechazo popular en las paredes de nuestros municipios. Les reiteramos el llamado a estar vigilantes de los compromisos y muy pendientes de nuevas artimañas que puedan estar fraguando el gobierno nacional y la concesionaria. Es bueno denunciar que, a pesar de las grandes sumas de dinero que ingresan a la concesión CCFC con el cobro de los peajes de quienes no gozan de la tarifa preferencial, las vías se encuentran en pésimo estado y no han cumplido con los acuerdos firmados, entre ellos, la construcción de la glorieta o puente vehicular de Tres Esquinas y el puente peatonal frente al barrio El Diamante de Mosquera. Las luchas que dieron los habitantes de Facatativá, Madrid y Mosquera contra la estratificación y el incremento de los costos de los servicios públicos (paro cívico del 16 de septiembre de 1996) y contra el cobro del alumbrado público (26 de junio de 2008), logró que algunas obras se cumplieran. Los ciudadanos de Funza, al no movilizarse para reclamar sus derechos, por ejemplo la salida digna hacia Bogotá, hace que la concesión CCFC S.A. no le pare bolas a los simples reclamos de cafetería. No saben que la unidad nos hace grandes, la organización nos hace fuertes y la lucha nos hará libres.
Debido a que el contrato 0937 se diseñó para llenarles los bolsillos a los inversionistas privados, quienes lo firmaron pusieron de garantes de la ganancia al Estado y a los usuarios de la vía. Baste señalar que cualquier sobrecosto que genere el proyecto lo asumiría INVIAS o se le traslada a los usuarios mediante el incremento en las tarifas del peaje o con la prórroga de la concesión, como ya sucedió hace poco tiempo. Otras irregularidades que también deberían producir las más drásticas sanciones por parte de los organismos de “control” nacionales y la ira de los colombianos, son las relacionadas con los elevados precios que se pagaron en la compra de los terrenos, el altísimo costo por kilómetro de pavimento, el cobro anticipado de los peajes, el traslado de una de las casetas para cobrarle el flete a los habitantes de Funza y los actos en que el gobierno obró de mala fe para conseguir que los ex alcaldes y ex concejales de estos municipios – seguramente con prebendas económicas -aceptaran el cobro anticipado y la reubicación de la caseta del peaje. A todas estas irregularidades se les suman las recientemente acordadas. Los neoliberales impulsaron e impusieron las privatizaciones y concesiones aduciendo la insolvencia económica del Estado para mantener, rehabilitar y ampliar la red vial del país. Pero, vale la pena preguntarnos, ¿acaso no refutan los hechos tales argucias? ¿Son una verdadera política para el desarrollo las concesiones? y ¿particularmente aquellas en las que los “aportes” de la Nación terminan siendo mayores que los que realiza el consorcio privado, al cual, además de todo, se le permite cobrar peajes y valorización? ¿Pueden considerarse todas estas atrocidades cometidas sistemáticamente por los sucesivos gobiernos municipales, departamentales y nacionales, como simples errores?
* El Libelo es el proceso de comnicación gestado por El Macarenazoo en Funza, Cundinamarca. Este es uno de los artículos que no pudieron publicarse en impreso debido a la ausencia de recursos económicos para sacar la prensa.