EMPEORA LA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS EN ARAUCA POR ABUSO POLICIAL

Por: CPDH Arauca.
Fecha de publicación: 15 de febrero de 2013.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Seccional Arauca, denuncia con gran preocupación y tristeza ante las autoridades y la comunidad nacional e internacional los hechos de tuvimos que presenciar el día 14 de febrero de 2013, contra campesinos e indígenas cerca del complejo petrolero Cari Cari, por parte del ESMAD con la complacencia del Ejército, el Estado y las multinacionales en el departamento.

Hechos:
El día 14 de febrero de 2013, el Comité Permanente por la Defensa de Los Derechos Humanos (CPDH) – Seccional Arauca se vio obligado a desplazarse cerca del complejo petrolero Cari Cari y después de presenciar los hechos, nuevamente se inició una alerta temprana por los abusos que miembros de la Policía, en especial el ESMAD se encontraba realizando contra la comunidad ubicada en el sitio.

El CPDH hizo presencia constante en el lugar debido a que siendo las 2:30 p.m. aproximadamente recibimos la llamada de una mujer que ha venido denunciando constantemente los atropellos de la fuerza publica, ya que en el desalojo que intentaron realizar el pasado 12 de febrero de 2013, la señora junto con sus hijos se vio afectada por gases lacrimógenos que la Policía disparó dentro de su vivienda, mientras que ella les rogaba que no lo hicieran, pues en su vivienda sólo habían niños, niñas, mujeres indefensas y 10 trabajadores que se encontraban realizando una obra.

La dueña de esta propiedad solicitó ayuda de manera urgente, pues miembros del ESMAD irrumpieron en su casa rompiendo la puerta y una ventana el día 14 de Febrero de 2013 a la 1:30 p.m., lanzando gases lacrimógenos dentro; tirando y dañando las pertenencias; sacando posteriormente a las personas que allí se encontraban para luego maltratarlos, golpearlos e iniciar un incendio en el inmueble. De tal manera que los habitantes de esta casa quedaron heridos y tuvieron que ser remitidos al hospital de Arauca.

La propietaria de la casa, la señora Mariluz Esteves, madre de 3 hijos, convulsionó en varias ocasiones; otra mujer que también se encontraba en la casa resultó con heridas de quemaduras en sus piernas; un señor de 60 años fue brutalmente golpeado y 3 de los trabajadores resultaron con contusiones en el cráneo por lo que les tuvieron que poner varios puntos.

Tres trabajadores que se encontraban realizando una obra en la parte de atrás de la casa fueron detenidos y llevados a la base de Cari Cari, según la fuerza publica para judicializarlos por hechos que ellos ni siquiera conocen.

Denuncia la población que se encuentra en la protesta, que la fuerza publica llegó nuevamente intimidando y causando miedo por medio de amenazas, apuntándoles con sus armas y agrediendo a quienes se encontraban con patadas, puños y palabras soeces, para luego lanzar gases lacrimógenos, empeorando esta vez la situación cuando realizaron disparos al aire con sus pistolas e iniciaron un incendio peor que el que causaron el pasado 12 de febrero.

Además de arremeter nuevamente contra quienes se encontraban ejerciendo su legitimo derecho a la protesta se ensañaron contra las personas que tienen propiedades cerca de donde se desarrollaban los hechos y contra María Ruth Sanabria, presidenta del CPDH, que se encontraba acompañando a la comunidad y a la cual el coronel del Ejército que se encontraba en el lugar insultó intentando desconocer su labor como defensora de derechos humanos, tomándole fotos y empadronándola.

Un día más en que la gente, entre los que habían mujeres y menores de edad, no pudo tomar agua o alimento alguno en todo el día, pues los alimentos y provisiones que no destruyeron, quemaron y tiraron al piso, se los llevaron.

El Estado y la fuerza publica están tratando de justificar estas actuaciones criminales, estigmatizando a la población que se moviliza diciendo que están siendo apoyados por la insurgencia, tal como lo afirmó el  comandante de la Región 5 de Policía, brigadier general Héctor Yesid Vásquez Prada a medios de comunicación en el departamento: “ahí hay un respaldo de la guerrilla, especialmente del Ejército de Liberación Nacional, ELN y las FARC, que ponen en alto riesgo a las personas que se movilizan por este sector; la idea nuestra es garantizar esa tranquilidad y lo vamos a hacer.”

Hacemos nuevamente el llamado al Estado colombiano que cumpla con su fin constitucional y legal de buscar el interés general y proteger a quienes más lo necesitan; a que busque salidas de diálogo que no generen más violencia y sufrimiento para nuestras comunidades.

A la fuerza pública hacemos el llamado a que cumpla con su deber constitucional de defender la soberanía y velar por la seguridad del pueblo colombiano; de nuevo les recordamos que no son la seguridad privada de las petroleras, actitudes como los vejamenes cometidos por los uniformados, más que cumplimiento del deber son crímenes que atentan contra los derechos fundamentales de indígenas, campesinos, mujeres y obreros que están ejerciendo su legitimo derecho a la protesta en pro de mejorar sus condiciones de vida. No es justo que un servidor público arremeta contra personas indefensas con la brutalidad y sevicia con la que el ESMAD golpeó y maltrató a los araucanos el día de la denuncia reseñada.

Responsabilizamos al Estado y sus autoridades de las dolorosas consecuencias de los atropellos contra la vida y la integridad de la comunidad araucana, que hoy se indigna por el exceso y el abuso que la fuerza publica ha mostrado en contra de la población civil. Esperamos recapaciten y permitan no sólo la libre expresión de la comunidad, sino que pare la estigmatización y se resuelvan de fondo sus necesidades.