Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X
EL PERIODISMO ALTERNATIVO ENTRE AGRESIONES Y DESPROTECCION
Carta pública:Bogotá D.C., 19 de octubre de 2012
Señor:
Gustavo PetroUrrego
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
Brigadier General:
LuÍs Eduardo Martínez Guzmán
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
mebog.coman@policia.gov.co
Asunto: Denuncia pública por agresiones a periodistas durante las manifestaciones del 12 de octubre de 2012.
En nuestra calidad de periodistas alternativos, nos dirigimos a ustedes con el fin de manifestar nuestra más enérgica protesta por los hechos del pasado 12 de octubre, fecha en la que tres colegas de medios alternativos fueron agredidos de distinta manera por la Policía en la ciudad de Bogotá.
Sin pretender que se pase por alto el debate sobre el comportamiento previo de la policía bogotana, especialmente el allanamiento de universidades y la estigmatización del movimiento estudiantil, queremos centrar esta comunicación en las graves violaciones a la libertad de expresión, bajo el equivocado y manido argumento de preservación del orden público.
Las heridas sufridas por un colega del Centro de Medios Populares, la retención de la credencial de prensa de un integrante de El Macarenazoo y las agresiones y destrucción del equipo de trabajo a un miembro de El Turbión, pese a identificarse como periodista, son los casos que motivan esta comunicación.
Podríamos extendernos en normas y jurisprudencia que protegen la labor de informar sin discriminación alguna.
Quizás uno de los instrumentos que sintetiza las transgresiones atribuibles a la Policía Nacional, es el Principio 8º de la Declaración de Principio sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los siguientes términos:
“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”
Consideramos necesario un debate profundo y público sobre varios aspectos. Por los recientes hechos, queremos hacer énfasis en lo siguiente:
El 12 de octubre a través de su cuenta en Twitter, el alcalde Gustavo Petro expresó su desacuerdo frente a la reacción de los grupos antidisturbios.
La preocupación que nos surge como periodistas, pero sobre todo como habitantes de la capital del país, radica en la aparente y reiterada falta de respeto de los uniformados frente a la autoridad del alcalde.
A través de su cuenta en Twitter el señor Petro manifestó que “los policías no son del Distrito. Hace mucho Colombia no tiene policías municipales. La Policía es un cuerpo nal de Mindefensa” (sic).
Como ciudadanos y periodistas en ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión, afianzamos nuestra confianza en el mandato legal según la cual el Alcalde Mayor es el jefe del gobierno, de la Administración Distrital y primera autoridad de policía en la ciudad, quien debe impartir las órdenes, adoptar las medidas y utilizar los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas (artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993).
Frente a la prensa, el lema de la administración distrital “Bogotá Humana” quedó en tela de juicio. La percepción de seguridad y eficacia de las autoridades no se logra destruyendo cámaras o intimidando a los periodistas. Los disturbios que se presentaron son una de las manifestaciones del conflicto social, que cuestionable o no, deben ser informados a la sociedad.
Por otra parte, aprovechamos esta oportunidad para manifestar públicamente nuestra sensación de desprotección en esa jornada de agresiones.
Ante la hostilidad estatal en cabeza de la policía, vimos defraudada la esperanza en una reacción oportuna y contundente de las organizaciones colombianas constituidas para defender la libertad de expresión.
Su capacidad de respuesta abarca desde la comunicación inmediata con las autoridades para que cesen las agresiones, el acompañamiento en la judicialización de los eventuales delitos o faltas disciplinarias que se hayan cometido, hasta el comunicado público de rechazo y denuncia de las agresiones contra periodistas. Hasta el momento nada de lo anterior ha ocurrido.
Aparentemente el silencio se apoderó de algunas organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Una desafortunada respuesta que obtuvimos de una de ellas, mientras solicitábamos su ayuda en medio de las agresiones, fue la exigencia de presentar una denuncia como requisito para que se pronunciaran públicamente.
Nos preguntamos si acaso se impone al interior de las organizaciones colombianas la tan criticada burocracia estatal para reaccionar frente a la vulneración de derechos fundamentales.
Estamos en la lamentable posición de tener que recordarles, tanto a las autoridades como a las organizaciones de libertad de prensa, que el derecho a informar no sólo debe protegerse para los medios comerciales (que también fueron agredidos por la policía ese día). La prensa alternativa es un elemento indispensable para la expresión libre y democrática en Colombia.
La estrategia de silenciar a la prensa es el peor síntoma de un Estado en el que las instituciones democráticas pierden eficacia. En el caso bogotano, mientras la autoridad civil manifiesta una cosa, los uniformados actúan en el sentido opuesto. Más allá del temor que esto pueda infundir en la sociedad, la consecuencia es la pérdida del respeto y la confianza.
Sin pretender que se pase por alto el debate sobre el comportamiento previo de la policía bogotana, especialmente el allanamiento de universidades y la estigmatización del movimiento estudiantil, queremos centrar esta comunicación en las graves violaciones a la libertad de expresión, bajo el equivocado y manido argumento de preservación del orden público.
Las heridas sufridas por un colega del Centro de Medios Populares, la retención de la credencial de prensa de un integrante de El Macarenazoo y las agresiones y destrucción del equipo de trabajo a un miembro de El Turbión, pese a identificarse como periodista, son los casos que motivan esta comunicación.
Podríamos extendernos en normas y jurisprudencia que protegen la labor de informar sin discriminación alguna.
Quizás uno de los instrumentos que sintetiza las transgresiones atribuibles a la Policía Nacional, es el Principio 8º de la Declaración de Principio sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los siguientes términos:
“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”
Consideramos necesario un debate profundo y público sobre varios aspectos. Por los recientes hechos, queremos hacer énfasis en lo siguiente:
El 12 de octubre a través de su cuenta en Twitter, el alcalde Gustavo Petro expresó su desacuerdo frente a la reacción de los grupos antidisturbios.
La preocupación que nos surge como periodistas, pero sobre todo como habitantes de la capital del país, radica en la aparente y reiterada falta de respeto de los uniformados frente a la autoridad del alcalde.
A través de su cuenta en Twitter el señor Petro manifestó que “los policías no son del Distrito. Hace mucho Colombia no tiene policías municipales. La Policía es un cuerpo nal de Mindefensa” (sic).
Como ciudadanos y periodistas en ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión, afianzamos nuestra confianza en el mandato legal según la cual el Alcalde Mayor es el jefe del gobierno, de la Administración Distrital y primera autoridad de policía en la ciudad, quien debe impartir las órdenes, adoptar las medidas y utilizar los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas (artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993).
Frente a la prensa, el lema de la administración distrital “Bogotá Humana” quedó en tela de juicio. La percepción de seguridad y eficacia de las autoridades no se logra destruyendo cámaras o intimidando a los periodistas. Los disturbios que se presentaron son una de las manifestaciones del conflicto social, que cuestionable o no, deben ser informados a la sociedad.
Por otra parte, aprovechamos esta oportunidad para manifestar públicamente nuestra sensación de desprotección en esa jornada de agresiones.
Ante la hostilidad estatal en cabeza de la policía, vimos defraudada la esperanza en una reacción oportuna y contundente de las organizaciones colombianas constituidas para defender la libertad de expresión.
Su capacidad de respuesta abarca desde la comunicación inmediata con las autoridades para que cesen las agresiones, el acompañamiento en la judicialización de los eventuales delitos o faltas disciplinarias que se hayan cometido, hasta el comunicado público de rechazo y denuncia de las agresiones contra periodistas. Hasta el momento nada de lo anterior ha ocurrido.
Aparentemente el silencio se apoderó de algunas organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Una desafortunada respuesta que obtuvimos de una de ellas, mientras solicitábamos su ayuda en medio de las agresiones, fue la exigencia de presentar una denuncia como requisito para que se pronunciaran públicamente.
Nos preguntamos si acaso se impone al interior de las organizaciones colombianas la tan criticada burocracia estatal para reaccionar frente a la vulneración de derechos fundamentales.
Estamos en la lamentable posición de tener que recordarles, tanto a las autoridades como a las organizaciones de libertad de prensa, que el derecho a informar no sólo debe protegerse para los medios comerciales (que también fueron agredidos por la policía ese día). La prensa alternativa es un elemento indispensable para la expresión libre y democrática en Colombia.
La estrategia de silenciar a la prensa es el peor síntoma de un Estado en el que las instituciones democráticas pierden eficacia. En el caso bogotano, mientras la autoridad civil manifiesta una cosa, los uniformados actúan en el sentido opuesto. Más allá del temor que esto pueda infundir en la sociedad, la consecuencia es la pérdida del respeto y la confianza.
Momento en que se arrebata escarapela de prensa a miembro de El Macarenazoo
Petición:
Conforme con lo expuesto anteriormente, pedimos de manera respetuosa y directa al Alcalde de Bogotá y al Comandante de la Policía Metropolitana, que investiguen y determinen responsabilidades por las agresiones contra la prensa durante el 12 de octubre de 2012.
También solicitamos a las organizaciones colombianas de defensa a la libertad de expresión que aclaren a la sociedad su papel en la protección de este derecho frente a la prensa alternativa.
Confiados en la importancia de la libertad de expresión para todas y todos quedamos atentos a su respuesta.
Respetuosamente,
El Macarenazoo
Centro de Medios Populares
Equipo periodístico El Turbión
C.C.
Embajada de Suecia en Colombia
ambassaden.bogota@foreign.ministry.se
Relatoría para Libertad de Expresión – ONU
urgent-action@ohchr.org
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión – OEA
cidhexpresion@oas.org
Defensoría del Pueblo
bogota@defensoria.org.co
asuntosdefensor@defensoria.org.co
Oficina Regional Federación Internacional de Periodistas
laro@ifj.org
Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe
presidente.fepalc@gmail.com
Fundación para la Libertad de Prensa
director@flip.org.co
info@flip.org.co
Federación Colombiana de Periodistas
presidencia@fecolper.com.co
contacto@fecolper.com.co
Reporteros Sin Fronteras
periodistafablp@gmail.com
Canal Capital
ccapital@canalcapital.gov.co