Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X
PREOCUPACION CIUDADANA POR EL RECRUDECIMIENTO DE LA GUERRA EN EL NORTE DE ANTIOQUIA Y LOS IMPACTOS DE HIDROITUANGO
Por: Nodo Antioquia Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; Movimiento por la defensa de los territorios afectados por represas; Ríos Vivos y habitantes de los municipios de Ituango, Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquia.
Fecha de publicación: 18 de agosto de 2012.
Las comunidades afectadas siempre se han manifestado en la región sobre los impactos de Hidroituango y su relación con acciones armadas de grupos legales e ilegales. Foto: Archivo.
Los intereses económicos que motivan los enfrentamientos armados son palpables en el norte de Antioquia. La disputa por el territorio entre actores armados ilegales con fuerte presencia histórica en el territorio como guerrilla (Frente 18 y 36 de las FARC), paramilitares (supuestamente desmovilizados como AUC y los antiguos Bloques Mineros, Urabeños y Rastrojos), además de la creciente militarización de la zona de incidencia del proyecto hidroeléctrico más grande del país, han agudizado el conflicto armado en esta zona; conflicto en el que las comunidades locales quedan en medio con los principales efectos sobre sus vidas y territorios. Todos los actores, incluida la represa impuesta a los habitantes, hacen parte de esta disputa.
En paralelo, como una avalancha, las comunidades han vivido el avance de la obra hidroeléctrica, los crecientes atropellos de la empresa ejecutora -EPM Ituango-, los impactos ambientales, sociales, las acciones armadas, los enfrentamientos, las bombas y detonaciones de artefactos explosivos, la quema de vehículos, amenazas, señalamientos, extorsiones, y nunca como antes se había sentido la presencia en la zona de tantos actores armados y en fin todo tipo de acciones de guerra en el territorio.
El despojo por el megaproyecto ya ha sido evidenciado en este caso, pues el conflicto armado desplazó a la mayor parte de las comunidades asentadas en la zona en la segunda década de los 90 y la primera del 2000, en el momento de planeación de la obra. Nuevamente arrecia el conflicto armado, en el momento de construcción de la obra, lo que llena de miedo a las comunidades, impidiendo su libre participación y exigencia de derechos por temor a los diferentes actores armados.
En este sentido, alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre la creciente violación a los derechos humanos y sobre la necesaria revisión de los beneficios que ha traído el conflicto armado histórico en esta región, en el desarrollo del megaproyecto Hidroituango.
Sin embargo y a pesar del conflicto armado, después de tres desalojos de comunidades mineras ancestrales de la zona, de dejar sin trabajo a cientos de personas, de promesas incumplidas, de discriminación y engaños por parte del proyecto, de un censo errado y excluyente para mineros, pescadores, y en general para habitantes de la zona, de ausencia de información, de denuncias sin respuesta; por primera vez las comunidades impactadas se están organizado para exigir sus derechos y en este contexto alertan y exigen a las instituciones de gobierno y de Estado se les garantice su derecho a la participación y a la protesta social. Se persigan y castiguen los señalamientos que ya se vienen dando en la zona que criminalizan toda posibilidad organizativa, así como la exigencia del respeto al DIH los DDHH y a los derechos sociales, económicos y culturales a todos los grupos armados legales e ilegales, y a la empresa constructora.
Rechazamos las medidas que la historia ha mostrado como erradas; las comunidades de los municipios afectados por la represa no aceptan las medidas guerreristas que se vienen promoviendo desde el gobierno departamental para la zona, toda vez que han generado más impactos en la población civil. Hidroituango un proyecto pensado hace tantos años debió promover el fortalecimiento institucional antes de iniciada la obra, no después: la presencia del Estado en este contexto debe ser de protección y acompañamiento a las comunidades y exigibilidad a los diferentes actores en disputa por el territorio. Pero esto no está ocurriendo, los anuncios se limitan a bases militares y mayor número de hombres para la guerra y al parecer para cuidar a la represa, es decir los intereses económicos, no a las comunidades, en tato la obra no es de y ni para las comunidades locales.
Además, rechazamos la manera como vienen siendo legitimadas por las autoridades civiles de forma engañosa con las comunidades, estas acciones de guerra.
Después de una visita realizada por autoridades civiles y militares al municipio de Ituango, en el marco del Plan de Consolidación Nacional el día 7 de julio, se publicaron por los medios de comunicación regionales posiciones de las comunidades que no corresponden con la realidad:
1. El 9 de julio de 2012 se emitió por Teleantioquia Noticias una nota que iniciaba por la siguiente expresión “debido a los hostigamientos presentados en los dos últimos meses la comunidad de Ituango pidió más presencia de la fuerza pública”. Esta expresión no expresa de ninguna manera el sentir de las comunidades de Ituango, ni de los municipios cercanos que vienen sufriendo el conflicto armado que se agudiza en la zona.
2. El secretario de Gobierno del Departamento, Santiago Londoño Uribe, expresó en la misma nota: “un plan de acción que comprende tanto la construcción de infraestructura física de seguridad como nuevas estaciones de policía y nuevas bases militares”. Este anuncio pone en alerta a las comunidades y pobladores que consideran que la solución a esta guerra no es con más guerra, puesto que lo que genera la presencia de más ejercito en la zona son mayores acciones armadas y por consiguiente más víctimas civiles.
3. En la misma nota se nombra a Hidroituango como financiador de algunas de las necesidades comunitarias. Al respecto rechazamos que un proyecto que no ha sido consultado con las comunidades, que se impone en el territorio disimule con otras inversiones, como los famosos bolsitos y cuadernos de EPM, para después hablar de su inversión social cuando viene afectando a cientos de personas.
Ante las diferentes acciones de guerra ocurridas en el territorio, el Secretario de Gobierno del Departamento ha manifestado en diversas ocasiones como única respuesta la salida armada, ha anunciado tres bases militares para la zona. Las comunidades rechazan esta postura y alertan sobre la agudización del conflicto que traerá a la zona.
Se denuncia cómo la amenaza paramilitar crece en la zona y con ésta el miedo a pronunciarse en contra del proyecto hidroeléctrico. Se han visto grandes grupos de hombres vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública y un brazalete rojo alusivo a las AUC, fuertemente armados y con provisiones para mucho tiempo.
Desde Semana Santa se observaron por primera vez en algunas veredas de Ituango, y el pasado 1 y 2 de julio de 2012, nuevamente en una vereda a 15 minutos del casco urbano, cientos de hombres desfilaban por la vía, montaron un reten en el que maltrataron los campesinos y campesinas que por allí pasaron, acusándolos de ser auxiliadores de las FARC y guerrilleros, además dejaron letreros en esta vía que decían "AUC."
Al respecto el alcalde de Ituango Jaime Montoya, expresó su preocupación a las autoridades militares, como ciudadanos y ciudadanas de la zona. Ratificamos esta preocupación y exigimos a los organismos pertinentes se realicen las investigaciones necesarias e informen a la población.
En el municipio de Briceño los grupos paramilitares convocan ampliamente a reuniones a líderes sociales y comunales. El 28 de julio en la elección de Asocomunal la administración municipal expresó que no se oponía ni apoyaba este tipo de reuniones, lo que resulta muy preocupante pues los líderes y lideresas del municipio corren un grave peligro.
En el municipio de Toledo se han presentado panfletos amenazantes en donde se señala a varias personas conocidas de pertenecer a la guerrilla, además en el Valle de Toledo han llegado decenas de hombres desconocidos que amenazan e intimidan a la población.
Ante esta delicada situación es importante señalar que todas la actividades pensadas desde el orden nacional y departamental referidas a la inversión social son bienvenidas, es lo que necesitamos en esta región, servicios sociales, de justicia, de salud, educación, vivienda, saneamiento básico, incluso de policía pero para la convivencia. Estos programas deben estar por fuera de todas las acciones militares, no mezclarlos, pues ponen en peligro a las personas que participan de ellos, por esta razón rechazamos todas las acciones cívico militares en que se vienen implementando en la zona en la medida que desdibujan el principio de distinción del DIH.
Los firmantes exigimos al gobierno nacional, departamental y a todas las instituciones pertinentes que se garanticen los derechos a la vida, integridad y libertad de todos los habitantes del norte de Antioquia. Fortalecer la presencia del Estado que garantice los derechos a la salud, educación y acceso a la justicia. Rectificar cuáles fueron las reales solicitudes presentadas por las comunidades en la reunión que se sostuvo en el municipio de Ituango el día 7 de julio de 2012. Exigimos que el ministerio público garantice en los casos de señalamientos, judicializaciones, detenciones arbitrarias y demás violaciones a los derechos humanos, el respeto por el debido proceso y la atención a las victimas con dignidad e imparcialidad.
Solicitamos la suspensión de la construcción de la Represa Hidroituango hasta tanto:
1. El conflicto no cese, pues de otra manera las comunidades no pueden expresarse ni organizarse libre y democráticamente sin peligro para sus vidas, como lo exige un proyecto de la envergadura de Hidroituango.
2. Las instituciones de cada uno de los municipios no hayan sido fortalecidas para atender y acompañar a las comunidades afectadas, además para realizar las exigencias pertinentes, con independencia a la empresa constructora del megaproyecto.
3. Las comunidades sean informadas objetivamente sobre lo que implica una represa y se realice una amplia consulta comunitaria cuya decisión se asuma en términos de si se realiza o no el proyecto hidroeléctrico.
4. No se reparen los daños hasta ahora ocasionados, se cumplan los compromisos adquiridos y se realicen planes preventivos y no sólo de mitigación de los impactos de la represa consultados y aprobados por las comunidades.
En paralelo, como una avalancha, las comunidades han vivido el avance de la obra hidroeléctrica, los crecientes atropellos de la empresa ejecutora -EPM Ituango-, los impactos ambientales, sociales, las acciones armadas, los enfrentamientos, las bombas y detonaciones de artefactos explosivos, la quema de vehículos, amenazas, señalamientos, extorsiones, y nunca como antes se había sentido la presencia en la zona de tantos actores armados y en fin todo tipo de acciones de guerra en el territorio.
El despojo por el megaproyecto ya ha sido evidenciado en este caso, pues el conflicto armado desplazó a la mayor parte de las comunidades asentadas en la zona en la segunda década de los 90 y la primera del 2000, en el momento de planeación de la obra. Nuevamente arrecia el conflicto armado, en el momento de construcción de la obra, lo que llena de miedo a las comunidades, impidiendo su libre participación y exigencia de derechos por temor a los diferentes actores armados.
En este sentido, alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre la creciente violación a los derechos humanos y sobre la necesaria revisión de los beneficios que ha traído el conflicto armado histórico en esta región, en el desarrollo del megaproyecto Hidroituango.
Sin embargo y a pesar del conflicto armado, después de tres desalojos de comunidades mineras ancestrales de la zona, de dejar sin trabajo a cientos de personas, de promesas incumplidas, de discriminación y engaños por parte del proyecto, de un censo errado y excluyente para mineros, pescadores, y en general para habitantes de la zona, de ausencia de información, de denuncias sin respuesta; por primera vez las comunidades impactadas se están organizado para exigir sus derechos y en este contexto alertan y exigen a las instituciones de gobierno y de Estado se les garantice su derecho a la participación y a la protesta social. Se persigan y castiguen los señalamientos que ya se vienen dando en la zona que criminalizan toda posibilidad organizativa, así como la exigencia del respeto al DIH los DDHH y a los derechos sociales, económicos y culturales a todos los grupos armados legales e ilegales, y a la empresa constructora.
Rechazamos las medidas que la historia ha mostrado como erradas; las comunidades de los municipios afectados por la represa no aceptan las medidas guerreristas que se vienen promoviendo desde el gobierno departamental para la zona, toda vez que han generado más impactos en la población civil. Hidroituango un proyecto pensado hace tantos años debió promover el fortalecimiento institucional antes de iniciada la obra, no después: la presencia del Estado en este contexto debe ser de protección y acompañamiento a las comunidades y exigibilidad a los diferentes actores en disputa por el territorio. Pero esto no está ocurriendo, los anuncios se limitan a bases militares y mayor número de hombres para la guerra y al parecer para cuidar a la represa, es decir los intereses económicos, no a las comunidades, en tato la obra no es de y ni para las comunidades locales.
Además, rechazamos la manera como vienen siendo legitimadas por las autoridades civiles de forma engañosa con las comunidades, estas acciones de guerra.
Después de una visita realizada por autoridades civiles y militares al municipio de Ituango, en el marco del Plan de Consolidación Nacional el día 7 de julio, se publicaron por los medios de comunicación regionales posiciones de las comunidades que no corresponden con la realidad:
1. El 9 de julio de 2012 se emitió por Teleantioquia Noticias una nota que iniciaba por la siguiente expresión “debido a los hostigamientos presentados en los dos últimos meses la comunidad de Ituango pidió más presencia de la fuerza pública”. Esta expresión no expresa de ninguna manera el sentir de las comunidades de Ituango, ni de los municipios cercanos que vienen sufriendo el conflicto armado que se agudiza en la zona.
2. El secretario de Gobierno del Departamento, Santiago Londoño Uribe, expresó en la misma nota: “un plan de acción que comprende tanto la construcción de infraestructura física de seguridad como nuevas estaciones de policía y nuevas bases militares”. Este anuncio pone en alerta a las comunidades y pobladores que consideran que la solución a esta guerra no es con más guerra, puesto que lo que genera la presencia de más ejercito en la zona son mayores acciones armadas y por consiguiente más víctimas civiles.
3. En la misma nota se nombra a Hidroituango como financiador de algunas de las necesidades comunitarias. Al respecto rechazamos que un proyecto que no ha sido consultado con las comunidades, que se impone en el territorio disimule con otras inversiones, como los famosos bolsitos y cuadernos de EPM, para después hablar de su inversión social cuando viene afectando a cientos de personas.
Ante las diferentes acciones de guerra ocurridas en el territorio, el Secretario de Gobierno del Departamento ha manifestado en diversas ocasiones como única respuesta la salida armada, ha anunciado tres bases militares para la zona. Las comunidades rechazan esta postura y alertan sobre la agudización del conflicto que traerá a la zona.
Se denuncia cómo la amenaza paramilitar crece en la zona y con ésta el miedo a pronunciarse en contra del proyecto hidroeléctrico. Se han visto grandes grupos de hombres vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública y un brazalete rojo alusivo a las AUC, fuertemente armados y con provisiones para mucho tiempo.
Desde Semana Santa se observaron por primera vez en algunas veredas de Ituango, y el pasado 1 y 2 de julio de 2012, nuevamente en una vereda a 15 minutos del casco urbano, cientos de hombres desfilaban por la vía, montaron un reten en el que maltrataron los campesinos y campesinas que por allí pasaron, acusándolos de ser auxiliadores de las FARC y guerrilleros, además dejaron letreros en esta vía que decían "AUC."
Al respecto el alcalde de Ituango Jaime Montoya, expresó su preocupación a las autoridades militares, como ciudadanos y ciudadanas de la zona. Ratificamos esta preocupación y exigimos a los organismos pertinentes se realicen las investigaciones necesarias e informen a la población.
En el municipio de Briceño los grupos paramilitares convocan ampliamente a reuniones a líderes sociales y comunales. El 28 de julio en la elección de Asocomunal la administración municipal expresó que no se oponía ni apoyaba este tipo de reuniones, lo que resulta muy preocupante pues los líderes y lideresas del municipio corren un grave peligro.
En el municipio de Toledo se han presentado panfletos amenazantes en donde se señala a varias personas conocidas de pertenecer a la guerrilla, además en el Valle de Toledo han llegado decenas de hombres desconocidos que amenazan e intimidan a la población.
Ante esta delicada situación es importante señalar que todas la actividades pensadas desde el orden nacional y departamental referidas a la inversión social son bienvenidas, es lo que necesitamos en esta región, servicios sociales, de justicia, de salud, educación, vivienda, saneamiento básico, incluso de policía pero para la convivencia. Estos programas deben estar por fuera de todas las acciones militares, no mezclarlos, pues ponen en peligro a las personas que participan de ellos, por esta razón rechazamos todas las acciones cívico militares en que se vienen implementando en la zona en la medida que desdibujan el principio de distinción del DIH.
Los firmantes exigimos al gobierno nacional, departamental y a todas las instituciones pertinentes que se garanticen los derechos a la vida, integridad y libertad de todos los habitantes del norte de Antioquia. Fortalecer la presencia del Estado que garantice los derechos a la salud, educación y acceso a la justicia. Rectificar cuáles fueron las reales solicitudes presentadas por las comunidades en la reunión que se sostuvo en el municipio de Ituango el día 7 de julio de 2012. Exigimos que el ministerio público garantice en los casos de señalamientos, judicializaciones, detenciones arbitrarias y demás violaciones a los derechos humanos, el respeto por el debido proceso y la atención a las victimas con dignidad e imparcialidad.
Solicitamos la suspensión de la construcción de la Represa Hidroituango hasta tanto:
1. El conflicto no cese, pues de otra manera las comunidades no pueden expresarse ni organizarse libre y democráticamente sin peligro para sus vidas, como lo exige un proyecto de la envergadura de Hidroituango.
2. Las instituciones de cada uno de los municipios no hayan sido fortalecidas para atender y acompañar a las comunidades afectadas, además para realizar las exigencias pertinentes, con independencia a la empresa constructora del megaproyecto.
3. Las comunidades sean informadas objetivamente sobre lo que implica una represa y se realice una amplia consulta comunitaria cuya decisión se asuma en términos de si se realiza o no el proyecto hidroeléctrico.
4. No se reparen los daños hasta ahora ocasionados, se cumplan los compromisos adquiridos y se realicen planes preventivos y no sólo de mitigación de los impactos de la represa consultados y aprobados por las comunidades.