Por: Guillermo Castro. Opinión.
Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2014.
El remedo de democracia en Colombia está llegando a su más pírrico nivel de expresión. No de otra forma se explica lo acordado hasta ahora en el primer debate del Senado (de ocho que ha de cursar) sobre la reforma política de equilibrio de poderes. Al comenzar la semana, bien vale la pena hacer el recuento de los – hasta ahora – abominables acuerdos, destacándose en ellos el voto obligatorio, la conformación exclusivamente de listas cerradas, premios para los perdedores en contiendas electorales, rigidez del umbral en 3%, entre otros aspectos.
El pretendido voto obligatorio durante tres periodos electorales fortalecería las maquinarías electorales. Lejos de ser una norma que incite a pensar y participar en la vida democrática a la ciudadanía, esta será la carta blanca que espera la delincuencia para realizar el montaje logístico y operativo suficiente para garantizar que los mismos de siempre triunfen, y que la renovación política sea una historia de ciencia ficción. Hoy en día con subsidios, puestos de trabajo, favores políticos, etc., se constriñe al elector, obvio, de manera ilegal. Sin embargo la legalidad a la cooptación es la figura del voto obligatorio con la cual se puedan crear grandes bases de datos de los votantes asegurando así la vigilancia total al ciudadano, víctima hasta en las urbes de la presión de sectores políticos y/o armados. Un campesino asediado por la violencia electoral ahora será asediado por la multa gubernamental si se niega a participar. El voto pretendido como obligación desconoce que el mismo ni siquiera hasta el día de hoy ha sido un mecanismo verídico de correspondencia de derechos, votar hoy aún no es un derecho: si se queda en la fila a las 4 p.m., perdió su oportunidad de sufragar, aún queriéndolo hacer o teniendo la oportunidad, que se ve interrumpida por el cierre fortuito de las urnas. Pertinente entonces emular los ejemplos de países vecinos como Venezuela en donde el voto lejos de ser obligatorio es un derecho, promoviendo así, con la fuerza de la razón, y no de la norma, la baja abstención en estas democracias. Toba obligación perjudica la condición ética ciudadana; pero si es necesaria la coerción ¿dónde están esos mismos legisladores que hoy proponen voto obligatorio, presentando proyectos de ley con educación, salud y techo obligatorios para los colombianos?
Las listas cerradas son una nueva puntada en este intrincado proyecto de reforma que consolidaría las maquinarías políticas y de paso el bipartidismo del oligopolio, eliminando de facto las pequeñas expresiones de rechazo a las élites en el poder. Basta ver cómo llegaron hoy senadores que son protagonistas en el Congreso de la República, en primer orden los del Centro Democrático: todos llegaron arrastrados por la votación de Uribe Vélez en una lista cerrada, hasta quienes no habían tenido ninguna experiencia política antes (como ser concejales, alcaldes, diputados, etc.), como Paloma Valencia, ahora tienen un púlpito para legislar a su antojo. En segundo orden, quienes llegaron por una lista abierta, permitiendo que los electores consagraran su voto de opinión, como los del Polo Democrático Alternativo, en especial los senadores Robledo, Castilla y Cepeda, es decir no empujados por nadie, no acolitados por un líder cuestionado, sino por sus propios méritos. Los electores de estos senadores votaron por las personas que son, incluso por encima de la tradición ideológica que representaban con el aval del partido. Los sectores populares que aspiran a ser una opción de poder no pueden competir nunca en listas cerradas, que al día de hoy en Colombia, son más perfiles religiosos (tipo Mira) que propuestas de convergencia de unidad al interior de ellos mismos, como es el ideal. Las listas cerradas perpetuarían a quienes hoy ostentan los cargos de elección popular y los relevos generacionales se convertirán en una tradición centenaria. Sólo con listas cerradas pueden competir las maquinarias que al amparo de bases de datos de votantes empuñan fusil y amenazas en mano para seguir usufructuándose del Estado.
Para que no quede duda, ni oportunidad de cambio en la estructura política criminal del país, que es lo que la reforma defiende, la puerta de entrada a las corporaciones públicas se blinda, dejando entrar sólo a quienes obtengan más del 3 por ciento del censo electoral, el famoso umbral. Pese a que el Polo radicó la contrarreforma, por ahora todo lo que el partido de oposición propuso no ha pasado. Tal es el caso de este umbral, que el Polo propuso en un techo del 2 %, solicitud que no tuvo eco, por supuesto, en los que quieren conservar su poder político defendido con maquinarias criminales.
Los premios para los perdedores en las elecciones llaman la atención en la reforma santista, que por error o causalidad han apoyado los uribistas. Veamos los increíbles premios que han de ser debidamente analizados con todo el rigor que merece esta propuesta: el segundo en la contienda presidencial obtendrá una curul en el Senado; el segundo en la disputa de gobernaciones, obtendrá silla en la Asamblea Departamental; el segundo en una elección de alcalde, será concejal... Evidentemente, hasta ahora, los congresistas de nuestro país no saben ni dónde están ubicados dentro de las ramas del poder, pues resulta increíble que a un perdedor que aspira a un puesto ejecutivo, le den un galardón en la rama legislativa, así, sin más, sin una división entre lo que significan las respectivas responsabilidades de los unos y los otros... Pero sobretodo es un exabrupto a quienes por otro lado aspiran a ser miembros de esas corporaciones de control político y habrán de compartir puesto con alguien que no hizo ni proceso ni campaña para esa curul, porque aspiraba a otro cargo, y por ser perdedor ese fue su premio. Además, por el mismo control de las maquinarias, que no disienten entre derecha moderada, o centro, y ultraderecha, las elecciones de mandatarios locales podrían fácilmente convertirse en un falso positivo más, un teatro de operaciones para que dos sean los contendores, un ganador amigo del perdedor, y un perdedor que le hará un risible control político a su amigo ganador.
Las organizaciones sociales, con vocación de poder, pierden su visibilidad con tan desbarajustados dedales institucionales que ahondarían la crisis de representatividad social en nuestro país. Así, a su vez, el remedo quedará totalmente endosado a las maquinarias electorales.
Adenda: ¡Esa tal farcpolítica no existe! Al día de hoy en nuestro país no ha sido condenado ningún político por vínculos con las FARC. Apenas la senadora Claudia López afirma que han sido dos las condenas contra funcionarios públicos por su relación con la insurgencia del ELN. A diferencia de los paramilitares, las FARC nunca han cohonestado con los poderes locales y las élites para acceder al poder, por eso un posible debate sobre este tema nunca será de la misma trascendencia de lo que es la parapolítica: por eso, para zafarse de los señalamientos en su contra, Álvaro Uribe promueve el debate basado en los manoseadísimos supuestos correos de Ráúl Reyes de las FARC, encontrados en su computadora que milagrosamente sobrevivió a una avalancha de bombas arrojadas sobre el campamento guerrillero en Ecuador... esa es, nada menos y nada más, la única “prueba” de la farcpolítica... ¡Plop!