Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X
EL ALCALDE DE FUNZA JORGE MACHUCA PODRIA SER INVESTIGADO POR DETRIMENTO PATRIMONIAL AL NO COBRAR 3000 MILLONES DE PESOS A UN PARQUE INDUSTRIAL
Por: El Macarenazoo.
Fecha de publicación: 1 de julio de 2015.
Fecha de publicación: 1 de julio de 2015.
Las denuncias por negligencia administrativa que reveló ayer el portal web Las2Orillas en relación a la responsabilidad del mandatario de Funza Jorge Enrique Machuca López por no cobrar durante toda su administración millonarios impuestos a un complejo industrial, podrían involucrar al alcalde en investigaciones penales y administrativas por el delito de detrimento patrimonial y otros conexos. (Lea la denuncia)
Según el medio de comunicación que originó la denuncia, son 2.955 millones de pesos los que dejó de percibir el municipio por un insólito “error” al presentarse dos situaciones con estas bodegas: primero, no inscribir la matricula inmobiliaria del Parque Industrial Santa Lucía, lo que lo exoneró, de manera ilegal, del pago de la plusvalía, que el anterior alcalde – Jorge Rey, del mismo partido político de Machuca, Cambio Radical – comenzó a cobrar a los industriales en un proceso viciado y lleno de irregularidades; y segundo, por no exigir las obligaciones por el tema de las áreas de cesión usadas por la industria antes de su entrega al municipio.
Parque Industrial Santa Lucía en el municipio de Funza. Foto: Archivo Fincaraíz.com.co
La denuncia asegura que si se hiciera válida la proporcionalidad del terreno en uso y el área de cesión que se debe dar, los impuestos a pagar serían mayores, lo que implicaría un total de más de 3000 millones de pesos que ha dejado de percibir el municipio por parte de esta única propiedad.
En Funza ha sido una constante la autorización de permisos para construir edificaciones y centros de bodegaje casi que de manera automática, aún por encima de los mínimos lógicos de responsabilidad medioambiental, ocasionando sendas deforestaciones ambientales, y cambios del uso del suelo que han arruinado para siempre la vocación agrícola del municipio. Incluso el proyecto público de vivienda Altos del Gualí ha aportado a la depredación arrojando escombros a un metro de distancia del humedal. En el caso del corredor industrial, cada vez con más frecuencia se autorizan nuevas construcciones y, de manera insólita, la propia Alcaldía Municipal ha acordado con los industriales exenciones de impuestos, aprobadas por el Concejo. La política de construcción ubica a Funza como el cuarto municipio del país con más alto avalúo rural registrado el año pasado, aumentando un 155% el área construida en la última década. Pero a pesar de estos avances desaforados de la construcción, Funza en un solo predio dejó de recibir tributos fiscales al no cobrar los miles de millones al complejo industrial.
Frente a estas irregularidades el alcalde de Funza Jorge Machuca se podría ver abocado a responder por lo menos por el delito de detrimento patrimonial, el cual consiste en socavar las finanzas municipales a través de un ejercicio irregular, no comprometido, corrupto o inoficioso determinante de un daño fiscal por mala gestión en el manejo de los recursos públicos. En este caso se configuraría una conducta omisiva de la función encomendada al burgomaestre, que es el de receptar los impuestos y hacer buen uso de los dineros públicos. Por esta acción irregular de decenas de servidores públicos del país se podrían estar perdiendo 10 billones de pesos al año, según la Presidencia de la República. Lo que inmediatamente repercute en menor proyección social, pues la falta de dinero percibido incidiría en la disminución de coberturas y calidad de los programas municipales de atención a la niñez, a la juventud, al adulto mayor, el deporte, la recreación, la cultura, la salud, la educación, etc., o que el alcalde solicite cupos de endeudamiento con bancos para poder cumplir con los proyectos prometidos en el plan de desarrollo dejando – por inercia – al municipio con deudas multimillonarias. Y ese es el caso de Machuca, pues el Concejo Municipal de Funza incluso le ha otorgado facultades para comprometer vigencias futuras ordinarias y extraordinarias. Habría que sumar al posible e inminente archivo investigativo contra Machuca la violación al principio de responsabilidad que todo administrador público debe tener, y por el cual justamente su antecesor, Jorge Rey, actual candidato a la Gobernación de Cundinamarca, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación en 2013. (Leer fallo contra Jorge Rey)
En Funza ha sido una constante la autorización de permisos para construir edificaciones y centros de bodegaje casi que de manera automática, aún por encima de los mínimos lógicos de responsabilidad medioambiental, ocasionando sendas deforestaciones ambientales, y cambios del uso del suelo que han arruinado para siempre la vocación agrícola del municipio. Incluso el proyecto público de vivienda Altos del Gualí ha aportado a la depredación arrojando escombros a un metro de distancia del humedal. En el caso del corredor industrial, cada vez con más frecuencia se autorizan nuevas construcciones y, de manera insólita, la propia Alcaldía Municipal ha acordado con los industriales exenciones de impuestos, aprobadas por el Concejo. La política de construcción ubica a Funza como el cuarto municipio del país con más alto avalúo rural registrado el año pasado, aumentando un 155% el área construida en la última década. Pero a pesar de estos avances desaforados de la construcción, Funza en un solo predio dejó de recibir tributos fiscales al no cobrar los miles de millones al complejo industrial.
Frente a estas irregularidades el alcalde de Funza Jorge Machuca se podría ver abocado a responder por lo menos por el delito de detrimento patrimonial, el cual consiste en socavar las finanzas municipales a través de un ejercicio irregular, no comprometido, corrupto o inoficioso determinante de un daño fiscal por mala gestión en el manejo de los recursos públicos. En este caso se configuraría una conducta omisiva de la función encomendada al burgomaestre, que es el de receptar los impuestos y hacer buen uso de los dineros públicos. Por esta acción irregular de decenas de servidores públicos del país se podrían estar perdiendo 10 billones de pesos al año, según la Presidencia de la República. Lo que inmediatamente repercute en menor proyección social, pues la falta de dinero percibido incidiría en la disminución de coberturas y calidad de los programas municipales de atención a la niñez, a la juventud, al adulto mayor, el deporte, la recreación, la cultura, la salud, la educación, etc., o que el alcalde solicite cupos de endeudamiento con bancos para poder cumplir con los proyectos prometidos en el plan de desarrollo dejando – por inercia – al municipio con deudas multimillonarias. Y ese es el caso de Machuca, pues el Concejo Municipal de Funza incluso le ha otorgado facultades para comprometer vigencias futuras ordinarias y extraordinarias. Habría que sumar al posible e inminente archivo investigativo contra Machuca la violación al principio de responsabilidad que todo administrador público debe tener, y por el cual justamente su antecesor, Jorge Rey, actual candidato a la Gobernación de Cundinamarca, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación en 2013. (Leer fallo contra Jorge Rey)