Este año no es bueno para Telefónica Internacional. El reporte de septiembre para la Bolsa de Nueva York muestra la caída de los indicadores financieros respecto a 2010 y un 25% de descenso de la acción, desde su máximo en febrero, hasta 13,90 dólares en diciembre. Las calificadoras de riesgo bajaron el grado crediticio y, aunque opera en 25 países con 300 millones de clientes, 46% de los ingresos viene de Latinoamérica. En Colombia tiene 13 millones de accesos, 2,5 de telefonía básica, Internet y TV, provenientes de Coltel, empresa donde posee el 52%, compartida con el Ministerio de Hacienda.
Felipe Zuleta, en junio, prendió las alarmas sobre Coltel. En 2009, Duff & Phelps advirtió que su “situación se explica por el pago de las obligaciones derivadas del proceso de liquidación y por el pago por la gestión a Telefónica Internacional”, es decir, que los números se volvían negativos luego de contabilizar, primeramente, el pago del compromiso que Telefónica adquirió en 2006 cuando ingresó a Telecom, destinado a cubrir las pensiones, pero que -como contraprestación- le reportaría en 2017 la propiedad total sobre los activos, y, también, cuando se pagaba a la española por su “gestión”.
Las cifras de 2010 mostraron un alza paulatina del endeudamiento, indicando que dichos pagos se financiaban con créditos; en 2011 cesaron los giros al fondo pensional. La Asociación de Ingenieros, ACIEM, dice que “la situación es exactamente la misma que el Gobierno presentó en el año 2005-2006 para justificar la venta del 50% +1 de las acciones” y, lo más grave, es que, por dicha “gestión”, Telefónica sí ha cobrado más de 100 millones de dólares y otros 30 más por las “sinergias” con Movistar, sin importarle que no haya generado el ahorro para honrar el contrato. La Ley Echeverry, que entrega 3,5 billones a Coltel, es un “rescate” igual al de las corporaciones de Wall Street en 2008.