SE HIZO JUSTICIA: LA INFAMIA NO PASO

SE HIZO JUSTICIA
¡LA INFAMIA NO PASÓ!

Por: Edwin Sarmiento (presidente PDA), Alejandro Angarita (secretario PDA)
Fecha de publicación: 30 de marzo de 2011

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la Concejal Ivonnet Tapia Gómez, la denuncia que habían colocado ante este Tribunal, unos pervertidos políticos que utilizaron un testaferro para interponer esta demanda, que representa darle “muerte política” a nuestra concejal, pues no era otra cosa que inhabilitarla de por vida para ejercer la actividad política.

La pregunta que las mujeres y hombres honrados del municipio nos hacemos es: ¿por qué alguien quiere quitarla del medio a como dé lugar?  La respuesta es bien sencilla: el municipio nunca había tenido en los últimos años, un concejal que se hubiera atrevido a enfrentar a una clase política que, en medio de su prepotencia y arrogancia, llegó a creer que el municipio era de su propiedad.

Cuando hace 4 años, cerca de 1200 personas votaron a favor de la lista que encabezó la concejal, lo hicieron esperanzados en que esa joven mujer, que en ese momento, recién se había graduado de socióloga en la Universidad Nacional de Colombia, pudiera representar un cambio en la política local. Hoy les damos las gracias porque acertaron; la lista de acciones de ella en el cabildo es grande, el control político lo ha ejercido como lo ordena la ley y la constitución. A pesar del riesgo, de las amenazas, y del lógico temor, siempre le manifestó a los miembros de su equipo que: “si no nos atrevemos hoy a enfrentar a los violadores de la ley y a los que se creen intocables, no tenemos derecho a mirar a la cara a nuestras familias y a los habitantes de este municipio donde hemos nacido, crecido y adquirido nuestros primeros conocimientos”.

Los debates arrancaron enfrentando la política fiscal del alcalde cuando demostró que con un cobro menor en el impuesto predial, el municipio podía mantener su desarrollo; que el “secreto” del asunto, era emplear correctamente los recursos recaudados.

Luego, en una valerosa actitud le mostró al país entero como se enriquecían los hijos del, en ese entonces, presidente de la república Álvaro Uribe Vélez con el negocio de la Zona Franca, mientras le esquilmaban a Mosquera más de $30.000.000.000 (treinta mil millones de pesos) porque no pagaron la plusvalía correspondiente sobre esos terrenos. Gustavo Petro señaló en su debate en el Senado de la República sobre este asunto de la Zona Franca de Occidente: “(…) hoy temo por la vida de mi concejal en Mosquera, Ivonnet Tapia Gómez  quien valientemente se ha enfrentado al poder local y nacional (…)”.

Más tarde hizo un llamado al país, para demostrar que el problema de los perros en el municipio, no debía resolverse salvajemente como lo propuso el destituido alcalde cuando proclamó su famosa y tristemente frase  de: “recojan y maten”, que le dio la vuelta al país entero y llegó a algunas otras naciones donde fue rechazada. Las manifestaciones locales, nacionales y los pronunciamientos de todos los ambientalistas, animalistas y gente del común, dieron al traste con las sanguinarias pretensiones de ese señor.  

Posteriormente hizo la denuncia nacional y demostró cómo un funcionario público, enceguecido por su arrogancia, decidía violar todos los artículos de la constitución y el código penal, referentes a la prohibición para los alcaldes de hacer campañas públicas, abiertas, a favor de un partido político, y en detrimento de otra colectividad. Este debate se saldó con la destitución del burgomaestre, y la inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos.

Y como si lo anterior fuera poco, por último, denunció el gran negocio que se venía desarrollando a espaldas del concejo y la población del municipio, el de los megaproyectos de vivienda que implican multiplicar a Mosquera por tres, pasando por encima de los acuerdos municipales, sin escuchar a la comunidad; y es comprensible que la administración lo quiera hacer a puerta cerrada, pues cuando usted multiplica 27.000 (veintisiete mil) viviendas, por el valor de una vivienda de interés social que es mínimo $38.000.000 (treinta y ocho millones de pesos) tiene que buscar una calculadora profesional, pues esto da $ 1`026.000.000.000 (un billón, veintiséis mil millones de pesos). Este es uno de los negocios más grandes en la historia de los municipios cundinamarqueses.

Por todas estas denuncias y otras actuaciones suyas a favor de la población, se ha constituido en ejemplo del verdadero control político que debe hacer un concejal, y por esta razón, es que intentaron sacarla del escenario político a través de un testaferro que interpuso una demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero gracias a los magistrados, que en su sabiduría y aplicando la ley, determinaron que esa demanda no procedía, hoy los habitantes de Mosquera nos regocijamos, porque se mantendrá en su curul, una mujer que ha tenido el valor, como ella misma lo dijo en su intervención ante el Tribunal de atreverse a enfrentar una clase política corrupta.

La coordinación municipal y la militancia del PDA, respalda irrestrictamente la labor de su concejal Ivonnet Tapia Gómez y llama a la población a expresar su rechazo a las prácticas políticas corruptas.