Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X
DECLARACION DE DIGNIDAD AGROPECUARIA POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Por: Primer Congreso de Dignidad Agropecuaria Colombiana.
Fecha de publicación: 10 de octubre de 2014.
Fecha de publicación: 10 de octubre de 2014.
Desde el Paro Cafetero, en febrero de 2013, punto de inflexión de la lucha social en Colombia, el Paro Agrario de agosto del mismo año y el Paro Agrario de abril de 2014, centenares de miles de productores agropecuarios, sin distingo de su posición social y productiva, se han movilizado por la supervivencia de la agricultura nacional.
Al calor de esa masiva expresión surgieron los movimientos de Dignidad Cafetera, Dignidad Arrocera, Dignidad Cacaotera, Dignidad Panelera, Dignidad Papera, Dignidad Lechera y Dignidad Cebollera. Poco a poco, las Dignidades se extendieron a otros géneros agrícolas y pecuarios, hasta consolidar a Dignidad Agropecuaria Colombiana.
Las causas de la protesta son coyunturales y estructurales y ni las unas ni las otras se han resuelto. Por el contrario, ha causado un enorme daño la decisión del gobierno nacional de volver al país un centro mundial de minería e hidrocarburos, con las consecuencias que esto trae para la agricultura y la industria, empezando por la revaluación, que en diez años ha sido del 40%, encareciendo las exportaciones y abaratando las importaciones. Esa política deja todavía más desprotegido al agro nacional en los ciclos de bajos precios internacionales, todo lo cual se agrava con los costos crecientes de los insumos, semillas, fertilizantes, los más caros del mundo, agroquímicos, energía, combustibles y transporte. Se ha configurado una economía de quiebra, de hambre y desocupación para más de tres millones de trabajadores agrarios: para los 2,5 millones de productores, campesinos de las distintas capas, indígenas, comunidades rurales y empresarios.
La partida de defunción son los Tratados de Libre Comercio. Un estudio de la organización OXFAM, de noviembre de 2013, definió la economía rural y especialmente la campesina como perdedora en el caso del TLC con Estados Unidos, al señalar que hasta “se están violando cláusulas del acuerdo, o bien se ha generado un serio riesgo de amenazas a los productores” en lácteos, por las compras de lactosuero y de leche en polvo, arroz, maíz blanco, carne de cerdo, carne de pollo, arveja y fríjol. OXFAM registra igualmente el ingreso de volúmenes importantes de trigo, zanahoria, cebolla, maíz amarillo y sorgo. Agreguemos que Colombia es el tercer destino de las exportaciones norteamericanas de papa procesada.
Las observaciones de OXFAM fueron corroboradas a finales de 2013 por la Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR) la cual, cerca de cumplirse los dos años de vigencia del TLC, ya anunciaba como un éxito que “las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas a Colombia ascendieron a US $1,5 mil millones en 2013, el 19o mayor mercado de exportación. Los rubros principales incluyen: trigo (228 millones), maíz (172 millones), la harina de soya (172 millones), la carne de cerdo y productos de cerdo (88 millones)”. Y algo similar sucede con la Unión Europea, el Mercosur, la Comunidad Andina, México, Chile, EFTA y Canadá, del que Colombia es uno de los primeros compradores de granos como lenteja, arveja y fríjol. ¿Podrán resistir los productores agropecuarios ese alud de tratados y los de Corea, Israel o Japón, que faltan por entrar?
Algo más. La revaluación ha favorecido también las importaciones de los propios productos de exportación, promocionados como “promisorios”. En los últimos 5 años ha ingresado el equivalente a más de media producción anual de azúcar y de aceite de palma y las entradas de café y cacao superaron, entre 2009 y 2013, más de mil millones de dólares, casi dos billones de pesos. Se compran en el exterior cerca de cien mil toneladas anuales de plátano y el 83% del pescado que se consume internamente.
Todavía más grave, millones de hectáreas dedicadas a la agricultura han entrado en conflicto con los más de 5 millones de hectáreas con títulos mineros, que saldrían de la producción de ser declaradas de utilidad pública. Otro tanto sucede con macroproyectos como El Quimbo, HidroSogamoso e HidroItuango y con decenas de microcentrales proyectadas o en construcción. Dignidad Agropecuaria trabajará por la defensa de nuestro patrimonio ambiental y la conservación de nuestras cuencas hídricas, así como por la protección de nuestros páramos y bosques, ante la amenaza que significan las multinacionales minera. La garantía de nuestra soberanía alimentaria y de la prosperidad en el campo también pasa por garantizar que se protejan nuestros recursos naturales y no sean regalados a empresas extranjeras que solo deterioran nuestros ecosistemas, en una operación descomunal de saqueo.
En medio de la crisis, la movilización de Dignidad Agropecuaria ha conquistado en mesas de negociación la firma de más de 90 puntos de medidas de salvamento remedial a la coyuntura. Con excepción del PIC, para el café; de algunos apoyos en el precio a los cacaoteros; de la compra estatal de una cantidad exigua de inventarios de papa y el apoyo al consumo de panela, no están en marcha o se han incumplido más del 80% de los puntos acordados.
Como si lo anterior fuera poco, en consecuencia con el modelo de poner al capital extranjero como la variable principal del crecimiento económico, el gobierno de Juan Manuel Santos ha decidido atraerlo hacia el agronegocio a gran escala por la vía de la entrega de baldíos, hoy destinados por ley a los trabajadores rurales. En esa línea, además de hacer esfuerzos desbocados para cambiar los artículos de la Constitución que prescriben ese derecho para los desposeídos, Juan Manuel Santos sigue intentado legalizar el acaparamiento ilegal que ya han hecho algunos magnates y poderosas compañías multinacionales como Cargill, violando la Ley 160/94. Esa es la esencia de uno de los proyectos de ley mencionados el 20 de julio pasado que pretende concesionar los baldíos a los monopolios a costo cero y con contratos a muchos años y prorrogables. Para encubrir el disparate, todo se justifica con la “asociatividad” con campesinos, reviviendo la servidumbre.
Simultáneamente con la “extranjerización” y el acaparamiento y con los TLC, el gobierno ha echado las campanas al vuelo con el tal Pacto Agrario el cual rechazamos, puesto que no resuelve los problemas estructurales de la agricultura Colombiana y se limita a la selección entre 4.500 proyectos inconexos y desarticulados por valor de un billón de pesos, que no pueden presentarse como una política auténtica y seria y que, en esencia, son una forma más de la denominada “mermelada”, con despilfarro de recursos y como fuente de soborno social para comprar silencios ante los TLC; en la indebida apropiación de baldíos; en el despojo de la tierra por empresas mineras y energéticas y en las ganancias descomunales de las firmas trasnacionales de insumos. El Pacto de marras se plantea como un Desarrollo Rural “con énfasis territorial”.
Ni siquiera el crédito, instrumento insustituible para el fomento agrícola, está diseñado con ese propósito, ni en condiciones ni en cobertura, y es sustituido en proporción cada vez mayor por intermediarios o “consolidadores”, como sucede principalmente en los cultivos de ciclo corto, en el tabaco y en la producción minorista de palma, entre otros. Y, contrario a diseñar políticas de apoyo por medio de créditos con bajas tasas de interés, el gobierno de Santos se empeña en impulsar normas como la ley de Bancarización que encarecerán aún más los ya elevados costos de producción en la agricultura nacional. Dignidad Agropecuaria se opone a que se siga pretendiendo enriquecer a los bancos, mientras los cultivadores se arruinan.
De lo antes descrito se deduce que no hay una Política Agraria que proteja la producción y el trabajo nacionales. Es uno de los males estructurales, si no el primero, junto con la desigual distribución de la tierra que ha padecido el sector. Razón tuvo Salvador Camacho Roldán, fundador de la SAC, cuando dijo en 1871 que la agricultura de entonces “nada tenía que envidiarle a la de los muiscas”, lo cual se confirmó con que sólo hasta 1921, un siglo después de la Independencia, se hubiera creado un Ministerio de Agricultura, o que la Revolución Verde de 1950, por la que se renunció a una tecnología autóctona, favoreciendo principalmente a las grandes casas internacionales de agroquímicos, se mostrara como “tabla de salvación”. Lo mismo sucedió con la “apertura” de 1990, que desmontó los pocos programas e instituciones vigentes y llevó la importación de bienes del ámbito agropecuario de un millón a diez millones de toneladas, y con los TLC de ahora, que están arrasando con lo poco que queda. En eso se resumen los últimos cien años de la vida agraria colombiana, característica de una neocolonia.
El Gobierno ha iniciado una persecución contra los campesinos detenidos en el Paro Agrario en Santander. Les han imputado los delitos de violencia sobre servidor público y obstrucción de vía pública, delito creado por la reciente Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de limitar el derecho a la protesta e intimidar al movimiento social y agrario. Estos agricultores fueron detenidos por participar en la protesta y no cometieron ningún delito, son conocidos en sus municipios, no pertenecen a ningún grupo ilegal, y solo pretendían defender sus derechos. Dignidad Agropecuaria rechaza esta persecución y la amenaza de encarcelar a estos cultivadores y exige el cese inmediato del proceso y la justa absolución.
Ante este desolador panorama, se vuelve imperativo construir-a partir de la lucha por aprobar un acto legislativo de iniciativa popular- una Ley Marco de Política Pública Agraria como la que en muchos países, incluidos los de Europa y los propios Estados Unidos, los agricultores han conquistado con su organización y movilización. Elementos estructurales de ella serán los puntos programáticos de Dignidad Agropecuaria, bandera de esta organización. De la respuesta y el trámite que el Estado le otorgue, se deducirá si se pretende que desaparezca la producción agropecuaria de la faz de Colombia o si se aspira a que prospere de verdad por vez primera y a que se afirme la seguridad y la soberanía alimentarias nacionales para todos nuestros compatriotas.