ALCALDE DE FUNZA PROPONE UPJ PARA ENCERRAR JOVENES

Por: Guillermo Andrés Castro Rozo.*
Fecha de publicación: 21 de octubre de 2016.



El alcalde de Funza, Cundinamarca, Manuel Antonio Montagu Briceño, anunció en un par de pronunciamientos públicos la creación de una UPJ (Unidad Permanente de Justicia) para este municipio. Lejos de parecer una solución para los flagelos de presunta inseguridad que se presentan, el alcalde manifestó vehemente que el objetivo principal será tener un lugar para asegurar por lo menos temporalmente a algunos jóvenes que se atrevan a tomar en la calle y a los mismos borrachos. El pasado 11 de octubre, en diálogo con la emisora comunitaria Bacatá Estéreo manifestó que la administración ya dispone de un camión para recoger a los borrachos “para que pasen en la UPJ un rato mientras se les pasa los tragos”. No fue su primer anuncio, ya que el 27 de septiembre pasado, cuando el gobernador de Cundinamarca Jorge Rey visitó Funza, Montagu le solicitó al mandatario su apoyo para tener unos CAI's móviles para el uso de la Policía, y en pleno parque principal dijo: “al mismo tiempo estamos haciendo cosas gobernador, no nos hemos quedado quietos pidiendo, esperando que usted nos dé. Ya vamos a comenzar a funcionar con la primera UPJ. Acá en Funza no había. Teníamos mucha dificultad con aquellos jóvenes que salen a tomar trago en los parques o personas que salen e invaden los parques a medianoche y no sabemos qué hacer (…) Es llevarlos a un sitio que sea digno, que puedan tener unas ocho horas que estén ahí resguardados, y ya gobernador, ya en pocos días vamos a tener la UPJ gracias a la colaboración también del coronel (José Miguel Correa, comandante de la Policía Cundinamarca) que puso a disposición un camión y lo tenemos ya acá en el parqueadero de Funza para hacer estos recorridos (y) tener dónde llevarlos.”

Declaraciones del alcalde, en audio


El anuncio causa sorpresa por donde se le mire. En primera instancia, la UPJ no fue parte de las propuestas de su plan de gobierno el año pasado, y tampoco quedó estipulado en el Plan de Desarrollo de este cuatrienio. El alcalde municipal tampoco ha tenido el visto bueno sobre esta materia de la comunidad en primera instancia, y del Concejo Municipal. Y más allá de eso, lo que causa malestar es que la llamada “cárcel para los pobres”, la desprestigiada UPJ, sea usada con fines contrarios a la Constitución, como retener arbitrariamente a las personas sin que estén cometiendo un delito. No cualquier persona, sino una población específica, que son los jóvenes del municipio, y los que estén en los parques a medianoche, violando el Estado así derechos como la libre movilidad o el libre desarrollo de la personalidad. A ninguna persona se le puede obligar a montarse en un camión, para que sea trasladada a un centro de detención temporal. Según las disposiciones legales que existen sobre la materia, por ejemplo las sentencias de la Corte Constitucional que prohibieron las “batidas” del Ejército, ninguna persona puede ser obligada a subirse a un camión contra su voluntad con el uso de las armas. Podría pasar en este caso. Sin embargo, un artículo del investigador de DeJusticia Mauricio Albarracín, publicado en El Espectador, asegura que la policía usa la excusa de la retención por “alto grado de excitabilidad” como justificación universal para los abusos de autoridad, y el encierro de las personas. Asegura también que los jóvenes de estratos bajos son los más afectados por estas acciones y que incluso pueden ser dobles víctimas al salir de la UPJ y ser retenidos por el Ejército en batidas.

Aunque no se sabe en Funza, dónde o cómo serían las condiciones de la UPJ, que al parecer su única funcionalidad sería la detención de jóvenes que andan por la calle, en términos generales la ciudadanía tiene el conocimiento de que estos centros brillan por su insalubridad, hacinamiento y abusos de autoridad. Hace meses, la revista Semana publicó unos videos en donde se evidenció el trato degradante hacia los muchachos que estaban en una UPJ en Bogotá; allí se observaba por ejemplo que la policía los golpeaba mientras los obligaba a permanecer desnudos.

El Código de Policía saliente dice en su Artículo 207 que dos de las contravenciones que justificarían la retención transitoria de personas son las referentes a los sujetos que se encuentren en estado de embriaguez, pero que “no consienta ser acompañado a su domicilio” y la referida al “grave estado de excitación” siempre y cuando “pueda cometer inminente infracción de la ley penal.” Al ser revisado el Código de Policía aprobado este año por el Congreso, y que entrará en vigencia desde enero del próximo año, estas contravenciones no aparecen descritas puntualmente como razones de retención. Lo más cercano es la imposición de multa a quien estando embriagado transporte animales potencialmente peligrosos (Artículo 134). De tal manera que el alcalde de Funza se está preparando para perseguir a los jóvenes sin que hayan razones jurídicas y normativas de peso para su encierro temporal, aumentando las acciones ilegales de las UPJ en todo el país. Por ejemplo, sólo en Bogotá, la Personería Distrital dijo que 2.400 personas son detenidas cada mes de manera ilegal en estos centros de reclusión.

Al ser consultados por este tema, algunos expertos señalaron su preocupación por la inminente aparición de una UPJ, cuyo fin sea encerrar a jóvenes que hayan sido transportados previamente en camiones. La ONG internacional Acción Humana realizó el día de hoy, esta mañana, la entrega de una carta a la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, denunciando esta situación. Para la ONG se podría estar atentando contra “el derecho a la vida, los derechos a la integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, a la vida privada y el derecho fundamental a la integridad moral y sufrimiento de los miembros de sus familias.” Subraya la ONG que la decisión del alcalde es “arbitraria y contradictoria.” Y finalmente le solicita a las autoridades competentes “que sea atendido el llamado angustioso de la comunidad de Funza, Cundinamarca, con criterios de eficiencia, economía procesal y celeridad, y al cumplimiento efectivo de los criterios de la justicia restaurativa conforme a la Ley (y) se resuelva con prontitud la superación de la situación de vulnerabilidad de la que será víctima la población juvenil.”

Carta de ONG Internacional Acción Humana

Informe DDHH Decisión Del Alcalde de Funza, Cundinamarca, Es Arbitraria y Contradictoria by Guillermo Andrés Castro Rozo on Scribd