DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN ASIGNACION DE VIVIENDA PARA HABITANTE DE FUNZA
Por: El Libelo
Fecha de publicación: 16 de abril de 2012
A través de una carta enviada al alcalde Jorge Machuca, Edilberto Rojas Cántor, le solicita al burgomaestre que solucione su problema de vivienda, y en específico con el presumible conflicto de intereses que existe en torno a la asignación de vivienda en Altos del Gualí.
Dice Rojas Cántor, quien es desplazado y es un adulto mayor, que en la pasada administración se postuló al plan de vivienda, siguiendo el protocolo necesario, cumpliendo con todos los requisitos a cabalidad. Recalca, además, que “en mi condición de desplazado, la ley me otorga beneficios para la adquisición de vivienda en proyectos desarrollados por los gobiernos locales, tal como el que se adelantó y se adelanta en esta localidad.” Sin embargo, realizó su respectivo ahorro programado con un cheque del programa Acción Social de la Presidencia de la República, por un monto de tres millones de pesos.
Su condición de libre pensador afectó el proceso, ya que su oposición y crítica a la anterior administración le costó que su vivienda nunca le fuera entregada entonces. Siempre vagas respuestas le atendieron en las oficinas de la alcaldía y en Altos del Gualí, e incluso en uno de los encuentros ciudadanos del otrora alcalde Jorge Rey, en donde Rojas expuso su problema, un funcionario de la administración le respondió que no se le iba a entregar vivienda y que, por ende, era más procedente postularse a la segunda etapa, obviando así todas las disposiciones legales que sobre las personas desplazadas existen (atención y vivienda prioritaria) y el adelanto que el afectado ya había hecho. Aunado a ello, su posición de no respaldar al actual alcalde Jorge Machuca en campaña, también, según él, incide en la decisión de no darle vivienda: “algunos amigos me manifiestan que a mí no me van a asignar ninguna vivienda porque yo no apoyé al alcalde actual del municipio.”
Rojas Cantor ha insistido con su vivienda digna, no desde hace un par de meses, sino desde hace años, pero han obstaculizado este sueño y deber constitucional. Aunado a ello, el pasado 10 de febrero, Ángelica Guerra, de la sala de ventas Altos del Gualí Obycon – Amarilo (quien es el consorcio inversionista, constructor y gerente del proyecto de vivienda), en una carta escueta, sin argumentos y sin referencia alguna, le comenta: “lamentamos informarle que en vista del incumplimiento en los pagos pactados para la compra del inmueble, se ha tomado la decisión de dar por terminada la negociación del inmueble de la referencia.”
Frente a esta situación, Rojas solicita que el alcalde municipal tome riendas en este asunto, y le exija, en primera medida, “a la compañía constructora o a quien haga sus veces, a respetar el acuerdo pactado inicialmente.” Igualmente al propio alcalde, “resolver mi situación de asignación de vivienda (…) que respete y haga respetar mi condición de ciudadano y de población desplazada y se nos dé el tratamiento de acuerdo a la ley y a la constitución política de nuestro país, y se nos respete el derecho a una vivienda digna.”
El Libelo tiene conocimiento de que el alcalde Jorge Machuca ya le respondió al afectado, en los siguientes términos: “Una vez revisado el expediente de su postulación y las respuestas ofrecidas por las citadas empresas (…) me permito informarle que no es viable para este despacho acceder a su solicitud y debemos negar sus pretensiones, por cuanto usted pese a haber contado con plazos superiores a ochos meses para lograr el cierre financiero de su postulación no lo hizo, detérminandose así que no cumplió con lo dispuesto en el Decreto 2190 de 2009, ni en el Acuerdo 012 de 2009 expedido por el Concejo Municipal de Funza”
Sin embargo, la diferencia radica en que Edilberto Rojas Cántor no está solicitando una vivienda de interés social, como lo pretende hacer ver el alcalde en su carta remitida el pasado 26 de marzo, de acuerdo a la legislación expuesta, sino una restitución a su derecho a una vivienda digna por ser él una víctima de la violencia en Colombia. Esto es, que hay una brecha entre las pretensiones de cualquier familia de escasos recursos de acceder a una vivienda, y la garantía constitucional del Estado de suministrar una vivienda prioritaria a las personas desplazadas. Y es necesario incluso informar que la constructora Obycon reseña en su página web a Altos del Gualí como un proyecto de viviendas de interés prioritario (164 casas y 480 apartamentos).
Un nuevo oficio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del pasado 22 de marzo la ha dado la razón al señor Edilberto Rojas Cántor, y vaciado de argumentos las cartas del consorcio y de la alcaldía municipal, visibilizando así un presumible conflicto de intereses en este caso por parte de la administración quien no ha reintegrado su derecho a una vivienda digna. Según la coordinadora de grupo interno de trabajo de atención al usuario y archivo del ministerio, Nathalie Galviz Agudelo, a Rojas Cántor se le desembolsó el valor del subsidio con orden No. 37813 y 180746 por la suma de 10 millones 200 mil pesos y 4 millones 707 mil pesos, respectivamente, en la cuenta de ahorro programado (CAP) “abierta al hogar beneficiario en el Banco Agrario.” De tal manera, que la vivienda sí se está pagando con los subsidios que ha recibido el denunciante, y constituye una falta grave que el burgomaestre y la oficina de ventas de Altos del Gualí pretenda excluirlo del programa.
Lo mínimo que ahora se espera, y teniendo en cuenta el inicio de la segunda fase del proyecto, encabezado por el acto de lanzamiento de Jorge Machuca a principios de su administración, es que hayan respuestas efectivas y urgentes a este llamado por la dignidad y el acatamiento al derecho a una vivienda, sobre todo a personas que han sido víctimas de la violencia en nuestro país, a propósito de la semana en solidaridad con ellas adelantada por la administración municipal en Funza.