Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X
CON LA LEY Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION Y CONTROL CIUDADANO EL PUEBLO DEBE VELAR POR LOS FINES CONSTITUCIONALES DEL ESTADO
Por: Carlos Julio Rodríguez Sandoval.*
Fecha de publicación: 21 de diciembre de 2013.
Fecha de publicación: 21 de diciembre de 2013.
Muchas administraciones municipales en su afán de mostrarse como democráticas, han venido convocando a las comunidades a seminarios para que conozcan qué son las veedurías, cuáles son sus fundamentos constitucionales y legales que las reglamentan y demás requisitos necesarios para su puesta en funcionamiento en los diferentes entes territoriales. La Constitución prevé que la Ley organice formas y sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumple en todos los niveles de la administración, pero que en la práctica dichos procedimientos no han logrado sensibilizar y concienciar a las personas, por lo cual no han logrado tener mayores implicaciones y logros que visibilicen una eficiente y transparente gestión pública. Algunas de las razones por las cuales las veedurías no cumplen los objetivos para las cuales fueron creadas son, entre muchas, la falta de sentido de pertenencia de la gente por sus terruños; miedo a ser víctimas de la violencia por parte de quienes sean denunciados o vigilados; la permisividad de los ciudadanos hacia los gobernantes en apropiarse del presupuesto público con el decir de que hagan algo, así se lleven el resto; el alienar la conciencia ciudadana haciéndole creer al pueblo que sus derechos son regalos o mercancías de la administración que se pagarán a crédito con cada una de las elecciones convocadas por el funcionario de turno.
De esta manera existen proyectos estrellas para la consecución de los fines electorales particulares; en primera instancia, Familias en Acción, programa gubernamental que tiene miles de beneficiarios que deben votar por el candidato indicado o recomendado con la amenaza de que si no lo hacen serán acabados estos derechos. Igualmente los promocionados proyectos de vivienda de iniciativa municipal en donde se inscriben miles de personas necesitadas por cumplir con el derecho fundamental a una vivienda digna; estos son utilizados electoralmente en todos y cada uno de los comicios hasta dejar al sucesor del mandatario que termina el periodo con la maquinaria dispuesta a proseguir utilizando a la población. De tal forma que, pese a las entrevistas personales con el burgomaestre de turno, los beneficiados a la postre serán pocos, y pocos los que se alimenten del pastel burocrático.
También contribuye a la desconfianza de las veedurías la falta de justicia pronta y efectiva; la tortura tramitológica para instaurar denuncias; la total impunidad que producen los órganos de control de la gestión pública; la cooptación que hacen las administraciones a los veedores, algunos de los cuales terminan siendo más corruptos que los delincuentes de cuello blanco a quienes se supone deben vigilar.
La función primordial de la vigilancia y control de las administraciones públicas recae sobre los personeros o personeras municipales que deben cumplir importantes responsabilidades, como la de vigilar la conducta de los servidores públicos; promover la vigencia y protección de los derechos humanos; defender el patrimonio público; promover la participación ciudadana y el control social sobre la gestión pública; reclamar a las autoridades la protección de la población civil, con especial énfasis en la atención a víctimas de la confrontación armada; y requerir asistencia del Estado para las personas y comunidades en grave situación de vulnerabilidad, abandono, discriminación o marginalidad.
Desafortunadamente los personeros o personeras, en la mayoría de municipios, reflejan los intereses políticos de los Concejos, del concejal que lo postuló por ser dueño de esa cuota o el alcalde que lo recomienda con la única pretensión de neutralizar el control y vigilancia sobre su administración, asegurando su blindaje en las sombras de la impunidad. Por eso no es serio ni responsable que este servidor público concreto que representa al ministerio público siga desempeñando funciones disciplinarias y que tenga facultades – que por lo general no ejerce – de controlar las respectivas administraciones. Cuando rara vez cumplen con su rol institucional lo hacen ampliando eternamente las indagaciones preliminares a los denunciados, que al finalizarlas ordenan no abrirlas formalmente o terminan en fallos inhibitorios o de archivo. Si por casualidad producen fallos condenatorios, son revocados por las instancias superiores, en donde los partidos políticos de poder también colocan cuotas para defender sus intereses para garantizar el éxito de la impunidad.
No es necesario terminar la existencia de estos personeros y personeras, sino modificar la naturaleza de su elección; aumentar los requisitos para los postulados; diseñar una estructura idónea para el cumplimiento de sus múltiples funciones; dotarlos de presupuestos suficientes para la vinculación de funcionarios especializados para elevar la calidad en la función disciplinaria, e incluso que la ciudadanía haga control sobre su gestión pública. Mientras se cumple con esta utopía es muy poco lo que el pueblo puede hacer, por eso es importante que la gente proteste pacíficamente; es decir, exprese su inconformidad y la queja, ya que éste es un verdadero derecho que hace parte de los fundamentales. Protestar y denunciar son formas para ejercer la libertad de expresión, que es garantizada por la constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos: son los medios más eficaces de comunicarle a los gobernantes y a los órganos de control que no están cumpliendo con lo que juraron el día de sus posesiones, y lo están haciendo tan cínicamente de espaldas y contra los intereses del pueblo que están equivocados y que deben revisar sus actuaciones.
Ya es hora de que los ciudadanos dejen de ser conformistas y esclavos electorales; deben ejercer su soberanía personal y legal. Ya es hora de que los políticos dejen de desprestigiar las instituciones constitucionales y oficiales, porque ya es hora de que cambien, o el pueblo, mediante su valioso voto, los cambie.
* En colaboración con Guillermo Castro.