COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN BOGOTÁ

La comunicación comunitaria en Bogotá, de las disposiciones oficiales sobre la materia a la praxis popular.

Por: Sergio Vargas.

El marco histórico demuestra que el ejercicio de la comunicación de carácter empírico, ciudadano, comunal, tiene un amplio bagaje en Bogotá. Tal vez sea esta la ciudad del país, donde con más ahínco se evidencia que las luchas sociales cumplen un papel fundamental en la construcción de ciudadanía activa. Vamos a dejar de lado la referencia a los procesos de comunicación alternativos que llevan tras de sí años de bagaje, y su sostenimiento financiero, por ejemplo, está plenamente garantizado, como los periódicos Voz, Desde Abajo, entre otros similares, que comparten auditorio  con los medios masivos de comunicación. Nos centraremos en específico, en aquellos procesos que aún no han consolidado su potencial, y en particular los que hacen referencia a las acciones de incidencia real con lo que es público, como lo define Hannah Arendt, la participación realizada a través de la acción[1]. Miraremos pues, cómo la participación pública en Bogotá de los actores sociales de la comunicación a través de la participación ciudadana ha traído enormes beneficios para este sector y para la comunidad que representan en general, pero también develar los derroteros que se avecinan.

Uno de los periódicos más antiguos de la localidad octava de Bogotá, Kennedy, por ejemplo, construido, como dicen los hacedores de estos medios, “con escasos o nulos recursos”, “Nosotros”, hecho a mano y con planigrafo, en la década del 70, constituye un importante referente histórico y socio-cultural. “Nosotros” fue gestado, entre otros, por Carlos Mayo, quien en esa misma década lideró otro proceso de comunicación, llamado “Así estamos.” En un artículo reciente del periódico comunitario A Media Cuadra[2], de esa localidad, Mayo expresa cómo en ese entonces las persecuciones y la criminalización que pretendía acallar las nuevas voces informativas se sucedían; dice el artículo: “se realizaron allanamientos y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades, fragmentando la organización comunitaria (…) Desde la parroquia promovieron la división de la organización comunitaria, acusando de comunistas a este sector de la comunidad.” Esta visión  enmarcada en una localidad que fue creada a partir del proyecto contrarrevolucionario de los Estados Unidos, la llamada “Alianza para el progreso”, y que pretendía a través del asistencialismo (en este caso, las dádivas que se le dieron a la población para adquirir vivienda propia) contrarrestar los focos “comunistas”, que pululaban en ese entonces en otras latitudes del continente, permite comprender parte de las demandas sociales de la actualidad.

El surgimiento de la radio comunitaria en zonas estratégicas de Bogotá, al amparo de la comunidad, e igualmente perseguidas por su supuesta ilegalidad,  marcó un nuevo derrotero en las estrategias de poder que empezó a utilizar la comunidad. En este ítem, Carlos Acero, en un artículo publicado en Desde Abajo[3] realiza un balance de la historia de la radio comunitaria. Indica Acero que los procesos de comunicación sonoros fueron, inicialmente, a través de los conocidos altoparlantes, que funcionaban en espacios determinados de la ciudad, Usme, Ciudad Bolívar, etc. Así mismo, a través de grabaciones en cassettes se podían distribuir noticiarios; los encargados de que esto se cumpliera a la perfección tenían que ser los conductores de las busetas que colocaban en determinadas rutas y horarios  la grabación. Igualmente, los parlantes móviles, cuyo ejemplo más representativo lo constituye la radiocicleta, que en Patio Bonito recorría las principales arterias de esta zona de la capital, a modo de bicicleta con parlantes radiofónicos, transmitiendo de viva voz las noticias y sucesos locales que emanaban de la comunidad. Los tres sistemas de difusión sonora, son los referentes históricos de las primeras emisoras radiales, que se constituyeron al amparo de la comunidad, juntas de acción comunal, organizaciones de distinto tipo, pero ilegales, dado que no estaba reglamentada esta nueva situación en los cánones jurídicos pretéritos. Esto, no obstante, posibilitó la cohesión social, e igualmente el amedrentamiento institucional…

Las falencias legislativas permitieron criminalizar a las nuevas radios que se colgaban de señales de AM o FM. El saludo de bienvenida de Ecos, la primera emisora comunitaria, “un saludo a los amigos de los barrios El Consuelo y El Dorado que escuchan a esta hora nuestra emisora Ecos a través de la frecuencia 88.4 F.M,” fue interrumpida por las persecuciones, allanamientos y robos de los cuales fueron objeto Ecos y las subsiguientes nacientes experiencias comunitarias de comunicación. Dice Acero: “La emisora Vientos Stereo (que emite desde la localidad de San Cristóbal) también es perseguida y obligada a salir del aire. Una caravana de vehículos de la Fiscalía y la Dijin surcan las lomas del suroriente para llevarse hasta el último cable de la emisora (…)”

Con esta ejemplificación puntual, es pertinente, pues, desarrollar el proceso con el cual el reconocimiento legal, hoy en día es tan  importante en la cualificación de los procesos de comunicación comunitaria y alternativa en Bogotá. Esto se desarrollará de la siguiente manera: de forma gradual se irán exponiendo y narrando los sucesos que posibilitaron lo que hoy en día es la Política Pública Distrital de comunicación comunitaria y su incidencia directa en la Mesa que asesora al Distrito en materia de comunicación de base, es decir surgida de los sujetos activos de las comunidades, con poca o ninguna incidencia de profesionales en la materia.

Debido a la importancia de las ondas radiofónicas que, históricamente, han pertenecido a sectores opulentos de la sociedad, y que estaba siendo poco a poco tomada por las comunidades que empezaban a transmitir varias horas al día, y por ende sumando muchas sesiones al aire en una sola semana, el ejemplo puntual de la radio comunitaria reviste especial interés para comprender parte del proceso de empoderamiento de las nuevas miradas desde la comunicación comunitaria. Cansados de la persecución y el amedrentamiento institucional, algunos grupos sonoros deciden tutelar al Estado en 2004, basados en distintos documentos relacionados entre las partes en esos últimos 10 años. A raíz de la tutela, la Corte Constitucional emana la Sentencia 460 del 2006[4], y que, según los expertos, dio un viraje al asunto de la radio comunitaria en el país. La Sentencia define como derecho fundamental de todo ciudadano crear emisoras comunitarias, y también advierte que la posesión o no de licencia del Ministerio de comunicaciones no puede ser utilizado como una manera de censurar previamente la libertad de expresión ciudadana. Dice un importante fragmento de la Sentencia: “la libertad de fundar medios masivos de comunicación, especialmente cuando se concreta en la creación de emisoras comunitarias, es un derecho fundamental que potencia el desarrollo, la participación, el ejercicio del control político, el autogobierno, la creación de redes de solidaridad y la resolución pacífica de las controversias, entre otros aspectos, en las comunidades, particularmente en aquellas marginadas por sus condiciones geográficas, la pobreza, la falta de educación y la violencia. Es por ello que el Estado está en la obligación de promover la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria y de no imponer obstáculos injustificados a la formación de estas emisoras.”

Resultado de esta disposición oficial, el Ministerio de comunicaciones tuvo que abrir convocatorias públicas para el otorgamiento de licencias de radiodifusión de carácter comunitario  (en Frecuencia Modulada – FM) en las principales ciudades del país, incluyendo Bogotá, que era intocable hasta entonces, dadas las importancias estratégicas de los monopolios informativos. Actualmente estas licencias ya fueron otorgadas, y la radio comunitaria funciona en ocho zonas de la capital.

Producto del Diplomado en creación de redes sociales y de comunicación, adelantado por la Universidad Nacional Abierta y A Distancia (UNAD) en el 2007, los participantes aunaron esfuerzos en la consolidación de una plataforma que trascendiera lo que hasta entonces se denominaba la “talleritis”, procesos de enseñanza informal y formal que pretendían darle herramientas de  análisis, crítica, técnica y uso de instrumentos comunicativos, pero sin la proyección que permitiera redundar en beneficio de todos, esto es, los proyectos eran ejecutados y su punto de finalización era predeterminado desde la letra menuda, pero no desde los actores. Así, los estudiantes de este Diplomado, teniendo en cuenta parte de los antecedentes ya descritos acá, y otros tantos, presionaron al Concejo de Bogotá, para que reconocieran institucionalmente el trabajo que ejercían los medios de base. Finalmente, el Concejo de Bogotá autorizó la promulgación de los decretos 149 y 150 de 2008, construidos por los ulteriores beneficiarios, aunque con ciertos visos de trámite, muchas de las consideraciones enumeradas por los actores de la comunicación quedaron relegadas (más adelante se detallará este ítem)… empero, la reglamentación que se abrió permitió comprender mejor las dinámicas propias de la comunidad en torno a la existencia de los medios masivos, y cohesionar tendencias ideológicas en pro del bienestar colectivo.

El Decreto 149 de 2008 dispone crear la Mesa de Trabajo de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria, y el Decreto 150 establece la adopción de la susodicha Política. Veamos los aspectos más sustanciales de las normas:

Las legislaciones han sido tan efectivas, que este modelo es líder en América Latina en este  campo. “La Bogotá Positiva lidera en Latinoamérica el ejercicio de Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria,” dice el parágrafo correspondiente a medios comunitarios de comunicación en el Directorio de organizaciones sociales, poblacionales y territoriales de Bogotá[5]. Así, cabe resaltar la reglamentación de los sectores partícipes de la Mesa de trabajo distrital, emanados por el Acuerdo 292 de 2007[6], lo que permite inferenciar la capacidad pragmática de este órgano asesor en materia de comunicación comunitaria, y la participación efectiva que se logró permitiendo la inclusión de los distintos actores sociales. Están incluidos nueve actores civiles, cada uno con dos representantes, y 5 institucionales. Dentro de los nueve sectores cabe destacar las facultades de ciencias humanas y de comunicación; los medios o procesos de etnias; las ONG´s, entre otras. El sector 12 del Decreto 149 es el definido para “los estudiantes de comunicación social,” que ha sido objeto de constantes disertaciones, pues unos representantes abogaban por su supresión, mientras que otros, no sólo defendieron esta representatividad sino que apuntalaban más allá: no se podía excluir a los estudiantes que no pertenecían a estas carreras, aún más cuando otro sector sí daba la posibilidad de integrar a las facultades de ciencias humanas y sociales. Estos debates estás consignados en las actas de reunión que pueden verse públicamente, por fragmentos en el grupo de Yahoo, en Internet, “Consejo Distrital Comunicación Comunitaria.”

La importancia del Decreto 150 de 2008 radica en la definición legal que se le da al ejercicio de la Comunicación Comunitaria, concepto que ha sido fuertemente debatido: “Proceso mediante el cual las comunidades asumen una voz propia y se organizan para integrarse y visibilizarse por intereses comunes (género, edad, etnia, credo, condición social o económica, orientación sexual, condiciones físicas y/o mentales, origen, territorio y asuntos lingüísticos, entre otros), para desarrollar y gestionar procesos comunicativos (medios de comunicación, formación, investigación, organización, entre otros), que reivindiquen a la población y sus derechos humanos.” Esta idea, curiosamente, está intrínsecamente ligada a lo que institucionalmente, también, se conoce como Comunidad Organizada (en este caso en el Decreto 2805 de 2008, que reglamenta la radiodifusión sonora en Colombia): “asociación de derecho, sin ánimo de lucro, integrada por personas naturales y/o jurídicas, en la que sus integrantes estén unidos por lazos de vecindad y colaboración mutuos en beneficio del desarrollo local y la participación comunitaria”.

Haciendo un sondeo general sobre el tema, otros autores definen estos conceptos de manera bastante disímil.  Jesús Martín Barbero[7], realizando una visión crítica sobre la historia de la comunicación comunitaria en América latina, considera que antes que este paradigma, existió con fuerza la concepción alternativa y popular de la comunicación. Considera Barbero que este tipo de comunicación pretendía ser un vehículo ideológico – político – de enseñanza minoritaria en ciertos tipos de población, mientras que lo comunitario emergió para “hacerse cargo de la dimensión cultural, la radio no es sólo un instrumento de acción política de concientización, de desalienación, los medios comunitarios son la expresión de una cultura, no sólo la expresión de los proletarios, lo excluidos, los subdesarrollados, los explotados, son la expresión de una cultura (…) Realmente éste pasó a considerar el trabajo de los medios comunitarios como una dimensión de las culturas de las comunidades, de las culturas cotidianas, de sus culturas expresivas en primer lugar.” Para el fin del presente escrito, es importante seguir con las palabras de Barbero quien afirma, haciendo referencia a casos específicos en radio comunitaria, que “en los años 80 los medios comunitarios comienzan, antes de hablar de globalización, comienzan a internacionalizarse, es decir a ser ya no sólo locales sino a tener relaciones con otros medios de otros sitios.” Esto es importante para lo que nos concierne, dado que hay una necesidad intrínseca, y arraigada en el imaginario de los comunicadores sociales comunitarios de crear redes comunicacionales, de unir esfuerzos y luchas. Quizá la evidencia concreta de ese aspecto lo da la creación de la Política Distrital en la materia y la Mesa misma de comunicaciones. Finalmente Barbero, celebra el hecho de que en los noventa los medios comunitarios se llamaran “ciudadanos”, concepto que define así: “ciudadano significa que hoy día los medios están pensando el país entero, que están tratando no sólo de dar expresión a las culturas, los sueños, a las demandas sociales, a las peleas políticas de sus comunidades, sino que están soñando un país distinto y están proponiendo un país distinto, es decir están pensando en una renovación de la democracia en Colombia y están apostando a una renovación de la democracia en el país.”

La disertación de Barbero es clara respecto al estatus que le da a cada significación posible en medios de comunicación de carácter más empírico que tradicional. La discusión, empero, entre medios alternativos, comunitarios, populares, etc., sigue en boga, dados los cambios de paradigmas, pues algunos incluso consideran que lo comunitario hoy en día se está equiparando burdamente a lo local institucional de una comunidad en específico, perdiendo un claro horizonte de sentido: los medios endosados a las administraciones gubernamentales locales. Así, se podría considerar como visión utópica las ideas de grandes autores. Hindu Anderi[8] asevera: “La comunicación comunitaria o los medios de comunicación comunitarios (…) tienen su origen en los requerimientos de organización de los grupos, de un colectivo o sector para detectar sus problemas o debilidades y reconocer y reforzar sus fortalezas, en beneficio de construir colectivamente las respuestas que les permitan dignificar sus vidas. Pero lo comunitario, necesariamente no es lo local.” Esta última premisa es fundamental, dado que se puede garantizar un efecto glocalizador en la materia, es decir, la importancia de lo local deviene de la acción de globalización, y la globalización es susceptible de equipararse con los sucesos y acciones particulares. 

Frances J. Berrigan[9], en una definición que ya podría ser tomada como arcaica pero vigente, afirma: “Los medios de comunicación comunitaria son una adaptación de los medios de comunicación en general, para su uso por la comunidad y para cualquiera de los objetivos que decida ésta. Se trata de unos medios de comunicación a los que tienen acceso los miembros de esa comunidad, con fines de información, educación o esparcimiento, cuando necesitan ese acceso. Se trata de unos medios de comunicación en los cuales participan los habitantes como planificadores, productores o intérpretes. Son el instrumento de expresión de la comunidad, más que para la comunidad. La comunicación comunitaria designa un intercambio de puntos de vista y de noticias, y no una transmisión de una fuente a otra.”

Con sólo un par de autores expuestos, hay clara evidencia que el concepto institucional que se maneja alrededor de la comunicación comunitaria carece en cierta medida de sentido práctico, de un mecanismo de definición correcto. Pero, pese a ello, estos procesos comunitarios han incidido efectivamente en las políticas públicas, y ahora no solamente en materia de comunicación, también en cultura (principalmente), educación, patrimonio, etc. La creación de la Mesa logró cualificar, aunque no de manera directa, la consolidación de redes locales en Bogotá. Antes de la expedición de los decretos y la conformación de la Mesa Distrital, las redes de comunicación ejercían un desarrollo de sus funciones de cohesión meramente temporal, en muchas ocasiones durante la ejecución de determinados proyectos; ahora las mesas de determinadas localidades del Distrito mantienen un funcionamiento más constante. Miremos el desarrollo de la Mesa local de comunicadores de Techotiba, o Kennedy, donde se manejan distintos tipos de estructuras que trascienden la formalidad que impone el sistema. Durante el segundo semestre de este año, y a raíz de la puesta en marcha de un proyecto local ejecutado por un tercero con dineros públicos, la Mesa, el conjunto de los medios que lo componen, decidió salir en defensa de sus recursos, velando por la correcta destinación de estos. Se trató del proyecto de fortalecimiento a los medios comunitarios, programa de la alcaldía local, pero cedido a una organización externa para su desarrollo. De una manera clara, organizada, propositiva, evitaron que los recursos se destinaran a la ya mencionada “talleritis”, y lograron aprovechar los recursos al máximo participando en el proyecto, con pautas publicitarias, creando productos, en la formación en radio, y la puesta en marcha de un programa radial conjunto. La Mesa ha dado un avance significativo, pues su interlocución con el Estado, ahora, se da en varios niveles, financiero, legitimidad, representatividad de comunidades, etc., un ejemplo para otras redes (por ejemplo, la Mesa logró sacar adelante a mitad de año un proyecto piloto en comunicación comunitaria y alternativa, la creación de un medio conjunto, que aprovechara las potencialidades de cada medio, Acción Sur).

En este avance significativo que han tenido los medios, al amparo de una política pública que los rige, pero que también le otorga ciertos beneficios, la institución en sus espacios de participación ha logrado incluir a los medios como actores sociales de las dinámicas locales; así, están institucionalizados varios espacios de participación en donde los medios pueden tener representatividad: los Consejos Locales de cultura, el consejo distrital de patrimonio, y recientemente, en el Consejo Nacional de Medios Ciudadanos del Ministerio de Cultura.

Los medios comunitarios han trascendido de un papel altruista, de sujetos activos de una comunidad, a convertirse en parte fundamental de las decisiones políticas de la ciudad y del país, aunque por otro lado es bien cierto que urge definir conceptualmente un vasto conjunto de términos, reglamentación, que permitan empoderar a estos actores sociales más hondamente, sin que pasen desapercibidos aspectos consustanciales como algunas claridades en torno a lo que es la comunicación comunitaria, sus diferencias, implicaciones, etc. La definición de normas técnicas y teóricas desde la comunicación de base reviste especial importancia, dado que las múltiples contemplaciones en torno a una comunicación de carácter comunitaria, puede excluir los procesos alternativos, definidos como aquellos que (principalmente a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC´s) no contemplan un espacio físico determinado y sus estudios no son necesariamente de carácter particular, sino que, siendo público, es la línea paralela en la cual se mueven los medios masivos de comunicación; se tratan los mismos temas pero desde otros puntos de vista. Esas definiciones de alternativo, popular, alterativo, han estado relegadas del aspecto formal de la normatividad que fortalece dichos procesos comunicativos.

El avance que los medios comunitarios tienen en Bogotá contrasta con un proceso de involución a nivel nacional. Rodrigo Acosta, representante del sector de TIC´s en la Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria, alertó recientemente sobre el poco énfasis que se le presta a este campo en el borrador del Plan de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos. Dice Acosta:[10] “del examen que he realizado al texto del borrador del Plan, se define un criterio del uso de las telecomunicaciones y de las tecnologías de las TIC en el marco de la competitividad y la transnacionalización del sector (en  un enunciado) bastante insuficiente.” El enunciado en cuestión es el siguiente: “La radio pública fortalecerá su parrilla de programación para satisfacer la demanda de contenidos sociales que no cubre la radio comercial y se implementarán acciones de formación y fortalecimiento del servicio de Radiodifusión Sonora Comunitaria, promoviendo la generación de contenidos propios y pertinentes. La promoción de la comunicación comunitaria y ciudadana, en sus aspectos de gestión, programación, legislación, protección y estímulo, así como en los aspectos de apoyo y actualización tecnológica, se constituirá en una forma de impulsar la participación democrática informada.”[11]

Los retos son continuos, los logros alcanzados deben propender por consolidar las redes y plataformas de comunicación comunitaria. Los medios masivos de comunicación hoy en día son poderosas maquinarias que legitiman las condiciones históricas de la comunidad, con sus desafueros, riquezas mal distribuidas, depredación salvaje, pérdida de identidades regionales, monopolio, etc. Dicen Ariel Dorfman y Armand Mattelart, haciendo alusión a la sociedad burguesa de principios del siglo pasado: “recién a mediados del siglo XX, a través de los medios masivos de comunicación, puede la clase dominante retornar al cielo originario, a la producción sin pecado original, a la vida tribal ahora planetaria, al ocio sin las contradicciones del trabajo, a la tierra sin la contaminación atmosférica pero con todo el consumo surgido de la industrialización.”[12] Consiste básicamente en enarbolar un paradigma de vida que se replica en los medios masivos, a través de sus distintos vehículos y a toda la población en general, historietas para niños, libros, periódicos para mayores, novelas para jóvenes, y que consiste en velar por una existencia libre de las reales precariedades del mundo: contaminación, consumo exagerado de bienes y servicios, mano de obra barata, sexo, tradición histórica, etc. Estas banderas aún reflejadas en los medios como prototipos de sociedad que acá no se escarbaron, oficinistas, gerentes, empleados de empresas privadas, con problemas existenciales que no redundan en un real beneficio de la comunidad, dado su carácter meramente particular. Los autores mencionados escribieron “Para leer al pato Donald” en el marco del gobierno del asesinado presidente Allende en Chile y auguraba éxitos en la consolidación de las redes populares de comunicación (en casi todos los campos en realidad), pero como sabemos esa lucha fue cortada con la represión.

Ahora, el freno y acelerador de estos procesos se dan en el campo jurídico y legal; estos normas expuestas en este trabajo, como se ve, han traído beneficios enormes pero no se ha potencializado su fin en pro de la comunidad comunicacional del Distrito Capital.