Por: El Macarenazoo.
Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2013.
Concejales del municipio de Funza en compañía del gerente de la EMAAF, Óscar Uribe (centro). Foto: Archivo.
El Concejo municipal de Funza, Cundinamarca, estaría abusando de su autoridad como ente legislativo local al convocar a la realización de un cabildo abierto para mañana 14 de noviembre, con el fin de estudiar el proyecto de Acuerdo No. 13 de la corporación “por medio del cual se introducen modificaciones excepcionales al plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Funza, decreto 0140 de 2000.”
Según un aviso firmado por el presidente del concejo municipal, Roberto Organista, la decisión se toma validando la proposición 001 del 31 de octubre del 2013, “que fue aprobada en sesión ordinaria por los 15 concejales de la Corporación.” Los concejales, como dice el comunicado, se abrogan la representación de los ciudadanos; en cierta medida simbólica así lo es, toda vez que han sido elegidos por voto popular, pero la convocatoria a un cabildo abierto está reglamentada por la Ley 134 de 1994, que al parecer los concejales – en la extralimitación de sus funciones – olvidaron leer. El Título IX de esta ley hace referencia textual al cabildo y la manera en la que se puede efectuar. Dice el artículo 82 que “un número no inferior al cinco por mil del censo electoral del municipio (…) podrán presentar ante la secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto en cabildo abierto, con no menos de quince días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones (ordinarias).” Es decir, es al Concejo municipal al que la ciudadanía debe solicitar la realización del Cabildo y no la corporación citar a la comunidad per se, con el lleno de unos requisitos como las firmas, que para el caso de Funza deberían ser de mínimo de cerca de 2481 firmas válidas que certifique la Registraduría Nacional. Igualmente, la solicitud se tuvo que haber hecho previo al inicio del periodo legislativo oficial, en este caso, antes del 15 de septiembre, toda vez que el Concejo comenzó a sesionar el 1 de octubre. Hasta donde ha consultado El Macarenazoo, ni firmas se han recogido, ni hubo solicitud previa al periodo ordinario de la realización del cabildo; pese a ello el Concejo ya informa con la realización del mismo, so pena de violar gravemente la ley.
Para el Cabildo, el Concejo realizó convocatoria con el fin de que la ciudadanía presentara ponencias en torno al tema. El plazo de recepción de las mismas se cerró el viernes pasado, el mismo día en que un ciudadano del municipio radicó un derecho de petición exigiendo la derogación de la proposición 001 del 31 de octubre, que convoca al Cabildo. Según el peticionario el “Concejo Municipal sólo puede convocar a cabildo abierto, cuando los residentes del municipio lo soliciten,” además, dice el residente, “el Cabildo Abierto es un mecanismo de participación ciudadana y no puede convocarlo el Concejo Municipal directamente sin solicitud del constituyente primario por ser una facultad privativa del pueblo.” Así mismo indica que “con la solicitud razonada a cabildo abierto se debió presentar documento expedido por la autoridad competente donde conste que los peticionarios no fueron menos del cinco por mil del censo electoral del Municipio de Funza.” Las tesis del peticionario van en concordancia con la defensa de la misma ley, y ciertamente ésta reglamenta el uso de este mecanismo de participación ciudadana que en ningún momento lo puede tomar un ente público para validar sus propias decisiones, o las que ya tengan amarradas.
Violando las normas que reglamentan el cabildo, el Concejo municipal, a menos de 24 horas de celebrarse el exabrupto legal aún no se ha pronunciado sobre el derecho de petición y mantiene en pie la realización del acto para mañana. En aras del derecho, urge la auditoría y vigilancia de entes de control, desde la Personería Municipal hasta la Procuraduría y la Contraloría, para evitar las actuaciones irregulares de estos servidores públicos. Le sale un nuevo problema a esta propuesta de modificación excepcional al POT, profundamente cuestionada por la ciudadanía y los conocedores del tema, dado que mueve el uso de la tierra en la región cambiando la vocación tradicional de la misma.