LA INTOLERANCIA EN ESTE DEBATE DE VIVIENDA PARA VICTIMAS ES REVICTIMIZANTE

Por: Alta Consejería para los derechos de las víctimas.
Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2014.
 

Medios de comunicación del oligopolio han criticado la propuesta del Distrito, que piensa igualmente en eliminar progresivamente los estratos sociales, sin consideración sobre las víctimas del conflicto armado colombiano. Foto: Archivo.

Luego de conocer las reacciones a la propuesta de construcción de vivienda para víctimas del conflicto armado, en zonas de estrato 6, la Alta Consejería para las víctimas, la paz y la reconciliación del Distrito, se pronunció y señaló como desmedidas las opiniones sobre el debate, que demuestran que no hay un compromiso social y que no estamos preparados para un proceso de postconflicto.

Asi lo indicó Ana Teresa Bernal, vocera de ese despacho: “No se trata de excluir a la víctima y revictimizarla, rechazando su presencia en ciudades o zonas exclusivas de Bogotà. Se trata de romper con los estigmas negativos que hay sobre esta población y avanzar en proceso de integración social de cara al proceso de paz y al fortalecimiento de la democracia propia de un Estado Social de Derecho”.

Se refirió a la solicitud que ha realizado la Alta Consejería en materia de vivienda para las víctimas como contribución a la reparación a la cual tienen derecho: "nos han negado como Distrito la participación en la definición de los beneficiarios de las viviendas que debería ser un ejercicio conjunto Nación-Distrito."

Bernal manifestó que las opiniones en este debate "revictimizante", se han centrado en el impacto de la propuesta, a partir de estereotipos negativos construidos contra las víctimas, pero no en quienes serían reubicados, que son las propias víctimas, y que están temerosas de la propuesta: "este proceso requiere tolerancia y compromiso de la ciudadanía. Las víctimas desplazadas son ciudadanos, en su mayoría población campesina desarraigada de sus tierras, que perdieron todo lo que tenían. No estamos hablando de personas delincuentes o bandidos. Se trata de personas que deben ser acogidas por la sociedad en su conjunto”.

Para la Alta Consejería el debate está abierto: "lo cierto es que estamos en la obligación de reparar integralmente a estas personas, obligación que no sólo es del Estado sino que involucra ciertamente a la población colombiana. Con este episodio observamos con preocupación que los ciudadanos aún no estamos preparados para el posconflicto; las víctimas son gente de bien y tienen derecho a la ciudad", puntualizó Ana Teresa Bernal.