Por: El Macarenazoo.
Fecha de publicación: 2 de junio de 2016.
¡Por fin! Por fin nuestras denuncias sobre las irregularidades en la aprobación de las modificaciones excepcionales al Plan de Ordenamiento Territorial en Funza, Cundinamarca, principalmente, tienen cabida en el escenario del Congreso nacional.
Este medio de comunicación es el único que ha denunciado los indicios de corrupción al interior de este municipio con los Acuerdos aprobados por el Concejo y que modifican los usos del suelo, en presunta connivencia con el capital privado, destinado a aumentar los costos de las tierras en esta zona de la sabana de Bogotá y urbanizar en otroras áreas agrícolas. Pues el senador Carlos Fernando Galán, curiosamente del mismo partido político de las últimas tres administraciones en Funza, Cambio Radical, ha comenzado una serie de denuncias tendientes a exigir a las autoridades departamentales y nacionales que se investigue la conducta de los funcionarios públicos de la época, tanto alcaldes como concejales, y se castigue severamente a quienes se encuentren responsables por la manipulación de la expedición de los acuerdos municipales. El día anterior, Galán, denunció los patrones de iregularidades que detectó en Madrid, en especial en lo referente a la entrega de terrenos públicos a manos privadas, en el gobierno anterior de Giovanni Villarraga, hoy funcionario de la Gobernación de Cundinamarca en cabeza de Jorge Rey, ex alcalde de Funza. (Leer la denuncia) El senador aseguró que situaciones similares se habrían presentado en Funza y Mosquera. Y anunció que en los próximos días estará dando detalles de estas irregularidades en estos municipios.
En relación a Funza, las modificaones al POT surtieron en 2013 y 2014. Del Concejo que aprobó esas normas, de manera unánime, hoy permanecen en sus curules nueve de quince personas. Igualmente sucedió en el periodo constitucional del entonces alcalde Jorge Machuca, hoy Gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca. Pues a continuación queremos compartir el resumen de nuestras denuncias que son la base del senador para las nuevas revelaciones que se vienen.:
Modificación al Plan de Ordenamiento Territorial del 2013:
El Concejo municipal de Funza, Cundinamarca, habría abusado de su autoridad como ente legislativo local al convocar a la realización de un cabildo abierto para el 14 de noviembre de 2013, con el fin de estudiar el proyecto de Acuerdo No. 13 de la corporación “por medio del cual se introducen modificaciones excepcionales al plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Funza, decreto 0140 de 2000.”
Según un aviso firmado por el entonces presidente del concejo municipal, Roberto Organista (quien a la fecha sigue siendo concejal, y en el 2016 fue el ponente del Plan de Desarrollo de la actual administración), la decisión se tomó validando la proposición 001 del 31 de octubre del 2013, “que fue aprobada en sesión ordinaria por los 15 concejales de la Corporación.” Los concejales, como dice el comunicado, se abrogan la representación de los ciudadanos; en cierta medida simbólica así lo es, toda vez que han sido elegidos por voto popular, pero la convocatoria a un cabildo abierto está reglamentada por la Ley 134 de 1994, que los concejales – en la extralimitación de sus funciones – olvidaron leer.
El Título IX de esta ley hace referencia textual al cabildo y la manera en la que se puede efectuar. Dice el artículo 82 que “un número no inferior al cinco por mil del censo electoral del municipio (…) podrán presentar ante la secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto en cabildo abierto, con no menos de quince días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones (ordinarias).” Es decir, es al Concejo municipal al que la ciudadanía debe solicitar la realización del Cabildo y no la corporación citar a la comunidad per se, con el lleno de unos requisitos como las firmas, que para el caso de Funza deberían ser de mínimo de cerca de 2481 firmas válidas que certificara la Registraduría Nacional. Igualmente, la solicitud se tuvo que haber hecho previo al inicio del periodo legislativo oficial, en este caso, antes del 15 de septiembre de 2013, toda vez que el Concejo comenzó a sesionar el 1° de octubre. Hasta donde consultó El Macarenazoo, ni firmas se recogieron, ni hubo solicitud previa al periodo ordinario de la realización del cabildo; pese a ello el Concejo realizó su sesión con la etiqueta de "Cabildo Abierto" y así habrían violado la Ley.
Para el Cabildo, el Concejo realizó convocatoria con el fin de que la ciudadanía presentara ponencias en torno al tema. El mismo día en que se cerró el plazo para entrega de ponencia, un ciudadano del municipio radicó un derecho de petición exigiendo la derogación de la proposición 001 del 31 de octubre, que convoca al Cabildo. Según el peticionario el “Concejo Municipal sólo puede convocar a cabildo abierto, cuando los residentes del municipio lo soliciten,” además, dice el residente, “el Cabildo Abierto es un mecanismo de participación ciudadana y no puede convocarlo el Concejo Municipal directamente sin solicitud del constituyente primario por ser una facultad privativa del pueblo.” Así mismo indicó que “con la solicitud razonada a cabildo abierto se debió presentar documento expedido por la autoridad competente donde conste que los peticionarios no fueron menos del cinco por mil del censo electoral del Municipio de Funza.” Las tesis del peticionario estuvieron en concordancia con la defensa de la misma ley, y ciertamente ésta reglamenta el uso de este mecanismo de participación ciudadana que en ningún momento lo puede tomar un ente público para validar sus propias decisiones, o las que ya tengan amarradas.
Violando las normas que reglamentan el cabildo, el Concejo municipal, al parecer, no se pronunció sobre el derecho de petición y realizó el acuerdo municipal que modificó los usos del suelo en una parte del territorio, cambiando su vocación tradicional, de agropecuaria a industrial.
Modificación del Plan de Ordenamiento Territorial del 2014:
Casi un año después de haber violado por primera vez la Ley, el Concejo municipal de Funza, Cundinamarca, repitió su propia dosis de ilegalidad, al convocar a un nuevo cabildo abierto el 24 de octubre del 2014. Se trató de una reunión citada de manera escueta y en un recinto minúsculo para tratar el tema de modificaciones al uso del suelo en un sector específico del municipio.
La ilegalidad fue una calca del cabildo realizado en noviembre del 2013, el cual modificó usos de suelo en el municipio en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (POT). La falta fue la misma que la reseñada anteriormente, al convocar a la ciudadanía de manera unilateral al autodenominado "cabildo abierto."
La poca difusión del Cabildo ilegal violó también la Ley de Participación Ciudadana, que la de cuestión hace referencia en su Artículo 85: “los concejos municipales dispondrán la amplia difusión de la fecha, del lugar y de los temas que serán objeto de Cabildo Abierto. Para ello, ordenarán la publicación de dos convocatorias en un medio de comunicación idóneo.” A diferencia del 2013, el cabildo del 2014 tuvo mínima difusión y se realizó en un lugar más pequeño que en el primero, pues se pasó de hacerlo en las instalaciones de la biblioteca pública municipal (el escenario más grande para estos eventos en Funza) al Centro Cultural Bacatá, la casa de la cultura local, que tiene cerca de un 75% menos de capacidad que el primer espacio.
El cabildo obedeció a definir unas áreas que no habían quedado contempladas en la modificación excepcional anterior del POT, y así poder incorporar una nueva área de ampliación urbana, que legalizó las estrategias de urbanización externas. En ese momento, justamente, en el municipio de Madrid, se hacía lo mismo, y también en Mosquera. Pero también estabamos en un periodo electoral, en este caso de elección del Congreso en donde el personaje más votado en el departamento terminó siendo Jorge Rey, quien resultó electo como representante a la Cámara, cargo que sólo ocupó tres meses, antes de renunciar y aspirar a la Gobernación que hoy ocupa.