TRES LECCIONES PARA ENSENAR LA HISTORIA DE COLOMBIA DESPUES DE LAS AGRESIONES CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CAUCA
Por: Frank Molano.
Fecha de publicación: 20 de julio de 2012.
¿Cómo explicar tanto cinismo, barbarie y manipulación informativa de parte de los medios y el gobierno frente a las protestas indígenas? ¿Cómo desintoxicarnos de la agresiva campaña mediática contra los pueblos indígenas? ¿Qué decirle a la gente que no entiende por qué militares, presentadoras de noticias y el mismo presidente le hacen culto a la guerra? Estas son algunas preguntas que desvelan a miles de colombianos y colombianas que atónitos y perplejos vemos un exagerado y desmedido uso de las armas contra indígenas en el norte del departamento del Cauca. Sin duda el 20 de Julio de 2012 deberá ser recordado y enseñado en adelante como la fecha de la ignominia y la impunidad orquestada por el gobierno de Juan Manuel Santos, los grandes medios de información y la cúpula castrense. No pretendo dar respuesta certera a estas preguntas, sino proponer una reflexión ciudadana e indignada frente a tamaña felonía. Este 20 de Julio en las calles de las ciudades se rindió culto a la guerra del Estado, se llamó a rodear a las fuerzas militares y colocarlas en el pedestal de los héroes y salvaguardas legítimos de la integridad nacional y se narraron como epopeyas sin parangón la retoma del Cerro Berlín, bañado en las lágrimas de un sargento y en sangre indígena, insistiendo en que los “buenos colombianos”, no tenemos nada que ver con los “indios malos apátridas que querían otro Cagúan", otras repúblicas independientes, otra afrenta y humillación a “nuestros soldados”. Esa memoria oficial que se pretende dejar en la conciencia colectiva del país y del mundo, merece ser impugnada, revisando a contrapelo lo que aparece como el triunfo y la victoria. Un huaino andino dice “remando en nuestro ataúd volveremos, volveremos”, ese parece ser el lema de los resistentes, tantas veces los han matado que están cansados de morir y aquí están y seguirán. Por estos resistentes quiero proponer tres lecciones de clase, para que nuestros estudiantes y los estudiantes de muchos educadores discutan esta historia presente, estos dolores que nos aquejan y esas libertades que faltan y sin dudarlo se decidan a ponerse del lado de los dignos.
Primero. En Colombia no existe la "fuerza pública."
La Constitución Política de Colombia señala eufemísticamente que la Fuerza Pública está conformada exclusivamente por las Fuerzas Militares y de Policía, y tiene como misión “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional; y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. No obstante, existen razones de sobra para afirmar que en Colombia históricamente no ha existido algo parecido a una Fuerza Pública, y menos que las estructuras militares y de policía cumplan el mandato constitucional.
No hay fuerza pública que defienda la soberanía, la independencia y la integridad del territorio. Las Fuerzas Armadas y de Policía son desde hace más de medio siglo, apéndices geopolíticos neocoloniales de las fuerzas armadas estadounidenses, creadas para asegurar la fidelidad del gobierno y la burocracia castrense colombiana a las doctrinas y campañas de la potencia imperialista. El modelo militar, el esquema de entrenamiento, la ideología de los militares y policías, gran parte del financiamiento y dotación, provienen de Estados Unidos y sirven a sus intereses. Hoy la tarea central dada a estas fuerzas militares y de policía es la de asegurar la inversión de los megamonopolios extranjeros, de las regiones de macroproyectos minero-energéticos. La tan mencionada recuperación de la soberanía en el Cerro Berlín en el Cauca, lograda a partir de la brutal agresión contra indígenas en resistencia civil, se hizo para asegurar que el Batallón de Alta Montaña No. 8 continúe siendo el celador de las torres de los monopolios de telecomunicaciones Claro y Telefónica.
No hay fuerza pública que mantenga las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos, las libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Lo que sí existe es una fuerza militar y policial, que se destaca en los ranking internacionales por sus prácticas sistemáticas de violación de los derechos humanos : asesinatos extrajudiciales (falsos positivos), genocidios, desplazamientos, violaciones a mujeres, saqueos de los bienes personales y colectivos de las comunidades, depredación ambiental, difusión de enfermedades venéreas entre las poblaciones donde hacen presencia, alianzas con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo en nombre de la contrainsurgencia, participación en bandas de delincuentes para asaltar, secuestrar y extorsionar a pequeños comerciantes y gentes indefensas.
Todo el sistema de defensa colombiano, en medio de una cruenta guerra y con el apoyo financiero de Estados Unidos se transformó en un nuevo grupo empresarial: el Grupo Social y Empresarial de la Defensa, “el más grande del sector público colombiano, conformado por 18 empresas reconocidas y disímiles en su función pero con un fin común: apoyar la misión de la fuerza pública y velar por el bienestar y la seguridad social de sus miembros. El GSED con la visión de grupo empresarial, es un grupo reconocido, con un fin común, generando y desarrollando alianzas estratégicas entre sí y con la Fuerza Pública, en procesos para reforzar su gobernabilidad y administrado bajo orientaciones estratégicas que buscan generar valor agregado y crear riqueza para el país”.
Esta nueva vocación empresarial y monopólica se ha reforzado a partir de la implementación del neoliberalismo, la mercantilización y rentabilización del negocio de la guerra, por esto, para el GSED cualquier factor que cuestione la política guerrerista es considerado un competidor que debe ser neutralizado o eliminado. En Colombia la guerra es uno de los negocios más rentables de las fuerzas militares y de policía, tanto como GSED, como en términos individuales: recompensas, primas, suministros, salarios especiales, bonificaciones, compensatorios y traslados.
Finalmente en Colombia no hay fuerza pública como concepto de filosofía política, aunque sin duda existen soldados y policías de diferentes rangos que aspiran a cumplir su función pública de manera honesta y democrática, pero la concepción dominante que gobierna los asuntos militares y de policía es la de una fuerza armada de ocupación antinacional, antipopular, antisoberana y antidemocrática que vive de mitos infundados ("las fuerzas armadas más respetuosas de la civilidad", "los héroes que sí existen", etc.) y que está totalmente postrada ante las exigencias neocoloniales del gobierno estadounidense y de los grandes megamonopolios internacionales.
Segundo: En Colombia no hay medios de información sino medios de desinformación y propaganda militarista.
El artículo 20 de la constitución política colombiana establece la obligación a los medios de informar en forma veraz, imparcial y oportuna dentro de un marco de responsabilidad social. No obstante, como lo ha mostrado el tipo de cubrimiento y discurso difundido acerca de los sucesos en el departamento del Cauca por RCN, Caracol, El Tiempo, El Espectador y demás grandes medios televisivos, radiales y de prensa nacional y regional, es que no hubo ni hay información, veraz y oportuna. Hasta la fecha ninguna de las piezas comunicativas sobre lo ocurrido con las comunidades indígenas y las fuerzas armadas en el Cauca fueron elaboradas y transmitidas con veracidad, imparcialidad y oportunidad. Los grandes medios tomaron partido desde el principio por el Ejército y se dedicaron a desinformar, o informar parcialmente los sucesos, acompañados de una construcción discursiva de lo indígena como malo y antipatriótico. Construyeron imágenes distorsionadas que generan una opinión pública parcializada y anti indigenista. Frases como “cruce de disparos”, “guerra en el Cauca”, entre otras, para explicar los sucesos, buscaron además de criminalizar y estigmatizar, borrar la diferencia entre población civil (los indígenas) y los reales actores armados legales o ilegales. Equiparar la toma y la retoma del Cerro Berlín, como si se tratara de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, o el copamiento militar de un territorio controlado militarmente por un enemigo, contribuyó a la polarización y manipulación de la opinión pública. La presentación del sargento García lloriqueando, permitió a la estrategia de propaganda militarista de las grandes cadenas, hacer a un lado y sepultar las agresiones de los militares y la ejecución extrajudicial de varios indígenas en los supuestos “cruces de disparos”, y causar heridas de fusil a decenas de manifestantes, siendo está una repugnante muestra de la actitud retaliadora y revanchista de las tropas de ocupación.
Pero uno se pregunta si los periodistas y presentadores de noticias actúan libremente. Sin duda muchos y muchas destilan veneno racista y fascista, pero no se puede olvidar que los grandes medios masivos de comunicación colombianos pertenecen o hacen parte de grandes monopolios económicos, que tiene intereses en los territorios indígenas de varias regiones del país. El Espectador, la revista Cromos, el canal de televisión y la cadena radial Caracol, son un componente del grupo Santodomingo o Valores Bavaria, agrupados bajo la razón social Comunican Multimedios. El Tiempo ha sido adquirido por Sarmiento Angulo, RCN Radio y televisión son del magnate Ardila Lule. Estos monopolios definen que la función de los medios es hablar bien de quienes cuidan sus propiedades y por código de operación censuran cualquier crítica a las fuerzas armadas. No es casualidad que muchos de estos empresarios de la desinformación impulsen la estigmatización del movimiento indígena; por ejemplo Ardila Lule busca controlar parte del territorio indígena caucano para sembrarlo de agrocombustibles, uno de sus nuevos negocios. Y los dueños de Caracol, que invierten en tierras indígenas en la Orinoquía, no quieren que otros pueblos originarios cuestionen sus ganancias.
Tercero. El presidente de Colombia y el ministro de guerra han sido claros: en el país, la guerra es del Estado contra el pueblo, y por eso ordenan ejecutar indígenas.
Como cuando era Ministro de Defensa en el gobierno de Uribe Vélez y justificó la agresión militar contra la República del Ecuador, ahora, fungiendo de presidente, en nombre de la “legítima defensa”, Juan Manuel Santos y el Ministro de Guerra Juan Carlos Pinzón, ordenan a sus tropas imponer el orden y reprimir al movimiento indígena del norte del Cauca. Pinzón dijo: “esa es una zona que requiere la presencia del Estado y el Gobierno está dispuesto, como nunca antes. Pero debemos mencionar que las tropas tienen derecho a la legitima defensa y deben proteger ciertas zonas. Las tropas mantienen el principio de no confrontación ante los indígenas, pero usarán la fuerza de ser necesario. La población debe entender, que el gobierno sabe que el Cauca ha estado sometido al yugo de las Farc, por lo que la fuerza pública no van a abandonar a la población”. ¿Qué entenderá Pinzón por no confrontación? De seguro que disparar a civiles y manifestantes que sólo tienen bastones es entendido como defensa de la democracia. El argumento de la legítima defensa es una figura clásica del derecho penal. Está consagrada en el código colombiano (ley 599 de 2.000, artículo 32), y significa la ausencia de responsabilidad para quien desarrolla el comportamiento prohibido por la ley, cuando obra en determinadas circunstancias que lo eximen de ser penado. Por consiguiente se apela a este criterio cuando hay una decisión de infringir homicidio a un contrincante y salir penalmente indemne. Santos y Pinzón han insistido que la desobediencia y defensa activa de los indígenas obedecen a una estrategia de la guerrilla, así que apelando al estilo uribista, deciden convertir la protesta social en acción de guerra y a sus protagonistas en alzados en armas, justificando la represión, las ejecuciones y la continuación de la campaña de terrorismo de Estado que se viene imponiendo desde hace tiempo en los territorios indígenas.
Santos, el Ministro de Guerra, monseñor procurador, el Fiscal y la gran prensa están insistentemente interesados en desmontar de facto los derechos conquistados por los pueblos indígenas, explícitamente consagrados en la Constitución y en numerosas sentencias de la Corte Constitucional. Esta Corte en la sentencia T-342 de 1994 expresa: “en atención al abuso, prejuicio y perjuicio que han padecido los pueblos autóctonos o aborígenes del territorio nacional, la Constitución Política de 1991 consagró el respeto a la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, en los preceptos contenidos en los artículos 7° (diversidad étnica y cultural de la nación colombiana), 8° (protección a las riquezas naturales y culturales), 72 (patrimonio cultural de la Nación) y 329 (conversión de las comunidades indígenas en entidades territoriales)”. Como lo han demostrado hasta el cansancio voceros y autoridades indígenas, el gobierno colombiano y los actores armados legales e ilegales vienen violando el derecho a la integridad territorial y al dominio sobre sus resguardos, y su relación con el derecho fundamental a la supervivencia del pueblo indígena y el derecho que tienen a que el Estado proteja la identidad y la integridad étnica, cultural, social y económica. Toda esta jurispridencia quiere ser desmontada en nombre de la legítima defensa y como vocifera Santos (“no quiero ver indígenas en las bases militares”), esas mismas bases que se instalaron sin concertación y autorización de los pueblos indígenas.
Este gobierno, al igual que el de Uribe, muestra sus dientes y pone en evidencia que sus llamados a la paz solo son cortinas de humo. Pero se debe explicar el giro guerrerista de Santos. De una parte quiere responder a Uribe que lo califica de débil e incapaz, con sangre derramada popular. De otra parte, y esto es lo fundamental, quiere enviar un mensaje a los megamonopolios extranjeros: el territorio colombiano está a su disposición y en Colombia hay orden de pena de muerte para quienes no cumplan este dictamen. En resumen, la guerra que vive Colombia es una guerra del gobierno contra el pueblo.