LA NUEVA BOLIVIA
(Juan Diego García)
Por primera vez en su historia, Bolivia se dota de un texto constitucional que ha sido sometido a la aprobación popular. Todas las anteriores fueron fruto de los arreglos políticos entre diferentes grupos de la elite y de éstos con los imperialismos de turno, excluyendo siempre a las mayorías indígenas, campesinas y obreras del país.
62% de la ciudadanía ha dado su respaldo a la nueva constitución. Un porcentaje que a juicio de algunos (la prensa española, por ejemplo) resulta insuficiente y representa una cierta derrota para el gobierno de Morales. Toda una paradoja si se recuerda que la actual constitución española, loada en extremo como expresión de un proceso de transición modélica a la democracia fue aprobada en su día precisamente con un porcentaje semejante (pero con la abstención del 33% del electorado); además, significativamente, en regiones como Euskadi, la carta magna fue rechazada por la mayoría. ¿Por qué un 62% resulta excelente en España pero solo alimenta suspicacias si se trata de Bolivia? Por otra parte, ninguna constitución recibe una aprobación unánime; son excepcionales los porcentajes superiores al 75-80%. Se registran por lo general, en sociedades muy homogéneas o en coyunturas que imponen la unidad en torno a un objetivo ampliamente compartido.
Pero el rechazo al nuevo texto constitucional de una parte importante de la población en las llamadas “regiones rebeldes” –el oriente rico del país- sugiere dificultades que solo desconocería un triunfalismo inocente. En efecto, la derecha consolida un cierto poder que aunque no le permite sacar a Morales del gobierno si le ofrece bases suficientes para mantener su estrategia de desgaste y posponer la batalla definitiva para momentos más propicios.
Hasta ahora la derecha no ha tenido éxito promoviendo el clásico golpe militar ni parece que éste sea posible de forma inmediata. También ha fracasado promoviendo una guerra civil pero el riesgo de ésta sigue latente. Además, la táctica de explotar el sentimiento regional y la abierta llamada al separatismo no solo limita sus posibilidades en las áreas andinas sino que dificulta mucho su incitación a las fuerzas armadas porque afecta el sentimiento nacionalista de un sector importante de la oficialidad y la tropa que jamás aceptarían la partición del país.
Si la nueva constitución se aplica consecuentemente será inevitable la agudización extrema de las contradicciones de la sociedad boliviana. Y es así porque además del reconocimiento de la dignidad de los indígenas (elevados por primera vez a la condición de ciudadanos) tiene capítulos que afectan de lleno los privilegios de la derecha. Se trata de reivindicaciones tradicionales de la población cuya satisfacción no es posible sin terminar con el poder económico y político de una elite dominante cuya inmensa riqueza no es el resultado del trabajo duro, el ahorro sistemático y la vida discreta sino fruto del saqueo impune de los recursos naturales, la explotación salvaje de los nativos, el robo de tierras, el aprovechamiento corrupto del estado y la utilización de la violencia para controlar los conflictos sociales.
Dos son los aspectos sobre los cuales se desarrollaría el conflicto entre el gobierno y la derecha oligárquica en los próximos días: el destino de los recursos naturales y la reforma del régimen de tenencia de la tierra.
En efecto, el separatismo de las “regiones rebeldes” tiene como bandera principal la propiedad exclusiva de los recursos naturales de estas regiones (gas, petróleo, minerales, etc.) que constituyen hoy por hoy la principal fuente de riqueza del país luego del agotamiento de la minería en Los Andes, saqueada durante siglos por la elite criolla y sus socios extranjeros (estadounidenses, en particular). La derecha autonomista exige exclusividad en el manejo de los recursos y, en todo caso, que la participación del resto de la nación sea una decisión suya; cualquier otra solución será tildada de “centralismo”, ingerencia grosera del poder central y una ofensa contra su autonomía. La propuesta más reciente de los separatistas ha sido convertir a Bolivia en una especie de federación con dos sistemas sociales y económicos diferentes. El occidente andino aplicaría la nueva constitución mientras el oriente rico funcionaría como una especie de Hong Kong regido por el sistema capitalista tradicional.
Aprobada la constitución (que Morales legítimamente se niega a negociar con la derecha) los recursos naturales son de propiedad estatal y su explotación y uso se determinarán por las instancias correspondientes (el gobierno y el parlamento); solo dentro de este marco será posible la negociación para administrar los beneficios de unos recursos que son de propiedad de toda la comunidad nacional. Por otra parte, además de reconocer la autonomía regional, la nueva constitución establece igualmente la autonomía de las etnias indígenas de suerte que en las “regiones rebeldes” los defensores de la autonomía a ultranza tendrán que admitir que las comunidades originarias asuman el manejo propio de sus asuntos (dentro de la ley general). Si se oponen a la autonomía de estas comunidades quedan desenmascarados y deslegitimados y será obvio que su defensa de las regiones orientales es tan solo una excusa para combatir al gobierno central y un paso previo a la posible partición del país.
De igual trascendencia resulta la aprobación (con más del 80% de los votos) del límite de cinco mil hectáreas para las propiedades rurales, como un instrumento central para los proyectos de reforma agraria. De hecho, esta medida constituye un golpe al latifundio y ofrece una base legal no solo para la distribución de tierras a los campesinos pobres sino para devolver a las comunidades indígenas las tierras que la voracidad de los terratenientes les ha arrebatado. De poco serviría el discurso sobre la dignidad de campesinos e indígenas si las otras medidas de tipo social como salud, educación y participación política no tienen su correspondencia en la propiedad de los medios de producción, en forma individual o comunitaria según ellos decidan autónomamente.
Eso, entre otras cosas destacables es lo que ha decidido la mayoría del pueblo boliviano y en su defensa Evo Morales tendrá que recurrir no solo al apoyo decisivo de las fuerzas armadas sino sobre todo al respaldo de las mayorías populares que constituyen su base social. Hasta ahora, esa ha sido la estrategia mediante la cual el gobierno ha frustrado golpes de estado e intentos de asesinato de sus líderes, ha repudiado con éxito las intervenciones groseras de trasnacionales y potencias extranjeras y ha hecho frente a mil tentativas de desestabilización del proceso.
La nueva constitución amplía el camino para la construcción de una nueva Bolivia. Pero precisamente por ello las batallas que se avecinan tienen un carácter más agudo. La derecha combinará “todas las formas de lucha”, negociando por un lado y conspirando por el otro. Ya amenaza con sabotear la economía (de la que mantiene el control mayoritario) y anuncia su oposición violenta a la aplicación de la nueva Carta Magna en las regiones en las que ha logrado conformar un cierto apoyo. Morales y su gobierno tendrán el doble trabajo de desarrollar el nuevo texto afianzando su propia base social y adelantando medidas que atraigan a los sectores populares que aún no le son favorables. Habrá que ver entonces si se mantiene el apoyo a la derecha entre ciertos colectivos populares y de “clases medias” cuando en aplicación del nuevo texto constitucional les sea entregada la tierra de los latifundios, alcancen la participación obrera en fábricas y talleres, disfruten de la educación y los servicios de salud que nunca tuvieron y gocen de un ejercicio político de nuevo tipo que supera la exclusión y la humillación de siglos.