MESA DE DERECHOS HUMANOS MANIFIESTA SU PREOCUPACION POR ASESINATOS A LIDERES SOCIALES Y CREACION DE POLICIA CIVICA

Por: Mesa Distrital Líderes, lideresas y Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
Fecha de publicación: 17 de marzo de 2016.


Foto: Archivo Radio Macondo.

Denunciamos y rechazamos el incremento de crímenes contra líderes, lideresas, y defensores de Derechos Humanos (DDHH); y su complaciente silencio oficial. Frente a la criminal y sistemática persecución, que busca legitimar la criminalización al movimiento social y al ejercicio del derecho a la protesta, que ha venido aumentando en los últimos meses contra las organizaciones sociales, procesos populares y políticos de base, sus líderes y lideresas y activistas; que se traduce en seguimientos, amenazas vía electrónica (mensajes de texto y de voz), registro fotográfico y fílmico, allanamientos y detenciones arbitrarias, con el claro propósito de intimidar y menguar el importante ascenso del movimiento social y político nacional, que propende por reivindicaciones propias y cambios sustanciales del sistema (modelo neoliberal) de poder imperante, la Mesa Distrital de Líderes, lideresas y Defensores de DDHH denuncia y rechaza de manera firme y convencida tales hechos, ya que contradicen de forma evidente la disposición de paz de Juan Manuel Santos, y evidencian la inexistencia de garantías para el ejercicio de la defensa de los DD.HH. Contrasta esto el discurso que ha sido utilizado de manera permanente en desarrollo de las mesas de diálogo con las Insurgencias, el cual dista de ser un hecho real frente al actuar de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia e investigación del Estado.

De la arbitraria detención y judicialización de 13 activistas sociales en Bogotá, denunciada por esta mesa en agosto del año anterior, se pasa a hechos como los asesinatos perpetrados, en lo corrido de marzo, de los militantes y activistas de diferentes procesos sociales en diferentes regiones del país: William Castillo (Antioquia), Marisela Tombe y Alexander Oime (Cauca) y Klaus Zapata (Soacha); así mismo se mantienen las detenciones arbitrarias a través de montajes del Estado Colombiano en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.

Dentro de este concierto criminal de actores contrarios a la búsqueda de la paz con justicia social para nuestra Colombia, y con clara pretensión de legalizar el proyecto paramilitar en Bogotá, se viene maquinando en el Concejo Distrital, el proyecto de acuerdo que crea “a "Policía Cívica” que entre otros objetivos, explícitamente, llama a “denunciar” las acciones legales y legítimas de la protesta y la movilización social, señalándolos como cuasidelitos, sumado, tal proyecto, a la continua y progresiva presencia de policiales en la vida cotidiana de la capital, direccionada no necesariamente a la presunta seguridad; pues, los hechos lo contradicen.

Una vez más mencionamos los pronunciamientos, que ratifican lo aquí expuesto, por la ONU en Colombia y la Cumbre de Río, que manifiestan su preocupación por tal situación e insta al gobierno nacional a que tome las medidas efectivas para erradicar tales prácticas y llamar a juicio a los responsables.

Esto permite ver que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia no mejoró, como se había comprometido el Gobierno Nacional en varias ocasiones, sino que además aumentaron las vulneraciones de los mismos.

Insistimos en llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional frente al nefasto papel que siguen jugado los medios de comunicación, utilizados como herramienta para legitimar la violación de los DD.HH. Los medios se han encargado de señalar como responsables, prejuzgar y criminalizar a quienes hoy se encuentran enfrentando a la administración de justicia, omitiendo el principio de presunción de inocencia.

Con base en lo anterior exigimos de parte del Gobierno Nacional y Distrital:
- Se brinden garantías reales para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, a las organizaciones y sus integrantes.
- Se garantice el principio fundamental y constitucional a no ser juzgados sin un proceso previo a quienes están siendo parte de los procesos judiciales y sus organizaciones, así como el respeto al debido proceso de los detenidos.
- Se rinda informe de las acciones y resultados concretos de los procesos de investigación de crímenes contra líderes y lideresas, y defensores de derechos humanos.

A la comunidad internacional solicitamos:
- Activar mecanismos de solidaridad que propendan por la protección y el acompañamiento de los y las defensores de derechos humanos en nuestro país.