CARTA ABIERTA CORTEROS.

A la comisión negociadora y al comité coordinador del Movimiento de  Trabajadores de la Industria de la Caña de Azúcar,  14 de Junio.

A las organizaciones sociales y sindicales acompañantes,

A las organizaciones de derechos humanos y a las organizaciones de los trabajadores en Colombia y en el mundo

A los trabajadores,  a las trabajadoras y sus familias, - al servicio de la industria azucarera en los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca –

Con verdadero estupor presenciamos la forma irresponsable, antijurídica y temeraria en que el Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, el Ministro de la Protección Social, Dr. Diego Palacios B. y el Director General de la Policía Nacional, Brigadier General, Oscar Naranjo pretenden criminalizar la justa y legítima movilización social de los trabajadores de la industria de la Caña de Azúcar en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca,  mediante señalamientos expresos que tratan de encausar judicialmente a los dirigentes del Movimiento 14 de Junio y a quienes han venido acompañando este proceso buscando formulas de mediación de este grave conflicto laboral, como presuntos infiltrados,  vinculados con la ilegalidad.

Estos señalamientos falsos realizados de forma reiterada en cabeza del Sr. Presidente de la República, de sus funcionarios más directos y de miembros del gabinete ministerial no solo reflejan una incomprensión absoluta de lo que está pasando en la región y en el sur occidente del país, en materia de la grave crisis social y laboral que vive la población al servicio de la industria azucarera; sino que además,  evidencia la malsana intención de reprimir mediante la estigmatización y la persecución política más descarada y falaz, la Asamblea permanente con cese de actividades de los trabajadores corteros de Caña.

No es cierto que la jornada pacífica y legítima de los mencionados, obedezca a la promoción, instigación e infiltración de actores ajenos a la realidad de los trabajadores y de sus familias y mucho menos que estos se encuentren a su vez, vinculadas con “la guerrilla de las FARC”. Como tampoco es cierto que la presencia solidaria de acompañantes internacionales, defensores de derechos humanos, periodistas y visitantes a nuestro país, haga parte de una conspiración en contra de la seguridad regional.

Mediante estos señalamientos, el Gobierno Nacional, en asocio con los grandes empresarios de la industria azucarera y sus colaboradores, pretenden forzar de forma fraudulenta y  contra la más elementales garantías del debido proceso,  una investigación penal en contra  de dirigentes del movimiento de los trabajadores 14 de Junio, entre los cuales, estarían su vocero oficial, el trabajador y cortero de caña, José Oney Valencia, dos integrantes más del Comité Coordinador del movimiento (igualmente como el primero),  trabajadores, corteros de caña, quienes ejercen un liderazgo natural entre sus compañeros y los asesores; Alberto Bejarano S. y Juan Pablo Ochoa,  integrantes de la Unidad Técnica Legislativa del Senador Alexander López Maya. Todos los anteriores, firmantes de esta carta abierta.

La grave crisis de los trabajadores de la industria azucarera y de sus familias, que ha sustentado a la declaración de la Asamblea Permanente con cese de actividades el pasado 15 de Septiembre de 2008, corresponde a la calamitosa situación laboral y social, a la que ha conducido el modelo laboral de la industria azucarera soportado sobre las Cooperativas Asociativas de Trabajo, régimen contractual que no ha significado otra cosa, que la ruina y superexplotación de los trabajadores, sus familias y sus poblaciones en el valle geográfico del Río Cauca,  bajo un modelo injusto e irracional que descarga sobre los asalariados las obligaciones prestacionales y laborales,  concentra y explota los recursos, asola el territorio y miserabiliza la vida en medio de la más indignante acumulación de la riqueza.  

La incapacidad oficial para comprender esta elemental realidad (que conoció con anterioridad a los hechos y que salta a la vista al más desprevenido) y la arrogancia sin limites de los empresarios de la industria azucarera, que se han negado sistemáticamente a una salida negociada del pliego petitorio presentado ante ASOCAÑA por los trabajadores, el pasado 14 de Julio de 2008,  han conducido a la más grave crisis social y laboral, que haya visto el sur occidente colombiano, en las últimas décadas. A lo que se suma ahora, la pretensión absurda e incendiaria del Sr. Presidente de Colombia, de conducir este conflicto por la senda de los montajes judiciales.  Una vez más se confirma de manera urgida, la impotencia del Estado para asumir la resolución negociada de los conflictos sociales y cómo de manera intolerante,  se opta por la negación de los derechos a la asociación,  reunión, movilización y protesta de los  ciudadanos colombianos.

De la misma manera, reclamamos el derecho de los trabajadores y sus familias a ser acompañados en sus reivindicaciones por organizaciones hermanas del movimiento sindical, de derechos humanos, del Senado de la República y de cualquier espacio de la sociedad, que en el marco institucional y  conforme a las garantías propias del Estado Social de Derecho, consagrado en el preámbulo de la Constitución Política, se solidarizan con la causa de los más humildes y vulnerables de la sociedad. No es posible que para el régimen político y para la oligarquía azucarera, estos actos básicos de convivencia ciudadana y solidaridad social se conviertan en cabezas de proceso y hechos estigmatizados y perseguidos, por las autoridades,  precisamente aquellas responsables por la cohesión social y la prevalencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En la industria azucarera en Colombia se han incubado durante años, prácticas sistemáticas de negación de las garantías de los trabajadores y las comunidades, que han generado un oprobioso estado de cosas, donde el abuso del dominante se convierte en la cadena normal de la vida cotidiana. Orden social y laboral de hecho, que solo empezará a revertirse con la actuación democrática del Estado, las instituciones, el ejercicio proactivo del derecho constitucional y las acciones ciudadanas.

Exactamente esto es lo que ha sucedido, para el caso de quienes hemos acompañado de manera permanente a los trabajadores y sus familias en el último periodo,  además como servidores públicos en ejercicio de funciones y competencias precisas de carácter  legal y constitucional que le asisten al Senado de la República en materia de control político al ejecutivo y la voceria natural del  Congreso en la sociedad.  A lo cual se suma nuestra vocación programática como militantes del partido Polo Democrático Alternativo, que acompaña sin vacilaciones las luchas de los trabajadores de la caña de azúcar, en la búsqueda de una salida negociada y en derecho,  a los reclamos de las comunidades. 

Recibiendo a cambio del Gobierno Nacional, la más desproporcionada descalificación y respuestas del más claro corte autoritario, que se ciernen sobre el conjunto de los trabajadores azucareros y su causa, señalados y perseguidos sin razón, por las acciones ilegítimas del gobierno uribista, que los intimida, sin reconocer la esencia de sus reclamos.   

Hacemos un llamado público, al Sr. Gobernador del Valle, Dr.  Juan Carlos Abadía, al Ministerio Público en cabeza del Sr. Procurador General de la Nación, a las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia y en el mundo, al movimiento de los trabajadores en Colombia y en todas las naciones democráticas de nuestro hemisferio y Europa;  para que se movilicen e impidan que se consumen las intenciones del Gobierno Nacional y de los empresarios del azúcar, por reprimir y desnaturalizar mediante la difamación y el fraude judicial, la justa convocatoria pacífica de la Asamblea Permanente de los trabajadores de la industria del azúcar, en los departamentos del Valle y Cauca. 

Igualmente, hacemos pública nuestra intención, de comparecer por nuestros propios medios ante la Fiscalía General de la Nación, para responder ante cualquier requerimiento por la autoridad competente,  por nuestros actos y los de los trabajadores. Convencidos como lo estamos de nuestra inocencia y de nuestro proceder, conforme  a los lineamientos propios del ejercicio de los derechos y garantías emanadas de la Constitución Política.  Alertamos eso si, que no hay en estos momentos,  garantías propias para el ejercicio del debido proceso y el Derecho a la defensa, en una investigación judicial viciada de fondo por la intromisión indebida e ilegal del Gobierno Nacional, en cabeza del Sr. Presidente de la República  y sus agentes más directos. De forma tal que hacemos un  llamado de emergencia al sistema internacional de protección de los derechos humanos acreditado en Colombia, para que intervengan de manera urgente y conforme a sus facultades, para garantizar un proceso imparcial, ajustado a la ley y los compromisos internacionales contraídos por el Estado en la materia.

A los trabajadores y a sus familias, que se encuentran en Asamblea permanente, los llamamos a buscar por todos los medios pacíficos y civilistas, una salida negociada a este conflicto laboral, tal y como ha sucedido hasta ahora.  Superando la persecución oficial, la intransigencia y arrogancia del gremio azucarero y movilizados - no gracias a la acción de supuestas e infundadas influencias-  sino a la convicción indeclinable en la justeza de su causa y a la necesidad imperiosa, de conseguir los objetivos, planteados en el pliego de peticiones presentado el pasado 14 de Julio de 2008, ante el gremio azucarero y los ministerios de Agricultura y  de Protección Social.

Mantenemos nuestra fe inquebrantable en las razones que dieron sustento al movimiento de los trabajadores en el Valle geográfico del Río Cauca por defender su derecho al trabajo y su  derecho al porvenir;   por el bien de sus familias y sus comunidades.

Nuestro saludo  comprometido y ciudadano, nuestra mayor consideración y solidaridad.

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