Por: Guillermo Castro, opinión.
Fecha de publicación: 18 de octubre de 2017.
El concejal Víctor Castellanos (izquierda) en la posesión de Raúl Emilio Casallas (derecha). El primero está en la cárcel de Funza implicado en la mafia del volteo de tierras; el segundo en detención domiciliaria implicado en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Foto: Archivo.
Raúl Emilio Casallas acaba de cumplir siete meses de detención domiciliaria por cometer los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Aunque apenás se ha realizado la audiencia de imputación de cargos, la justicia aún no avanza para mostrar las pruebas y así proceder a condenar al delincuente.
Hace cinco días estaba prevista la audiencia, y por segunda vez consecutiva, la defensa solicitó un aplazamiento aprovechando la leguleyada que permite la legislación colombiana, para dilatar los tiempos. Son siete largos meses en que se ha sentido la ingobernabilidad en el municipio: pese a los raudales de plata destinados a invisibilizar la problemática (a través de conciertos y eventos fastuosos), lo cierto es que la población sigue sufriendo día a día de la falta de un alcalde en propiedad, la inseguridad pulula, se cometen asesinatos a plena luz del día, aumentan los casos de fleteo, empeora la movilidad, y hay una ausencia manifiesta de la ejecución del plan de desarrollo que el delincuente expuso para ganar las elecciones.
El delincuente, y su defensora, que es contratista del municipio de Mosquera, y de paso también abogada de varios mafiosos implicados en los cambios de los usos del suelo, dilatan la ejecución de la audiencia con dos fines maquiavelicos: uno, el que más pronto está en convertirse en realidad, impedir que se realicen nuevas elecciones, y así que el gobernador Jorge Rey, quien apoyó en la campaña a Casallas, pueda a dedo decidir quién reemplaza al alcalde; y dos, agotar los tiempos procesales y solicitar una libertad del implicado, pese a que en primera instancia la juez justamente lo envío a la casa por cárcel porque lo consideró un peligro para la sociedad (no se le aplicó la contravención intramural por no tener antecedentes penales).
El propio adalid político de Casallas, el exalcalde Álvaro Rincón, se encuentra en la cárcel de Funza implicado en la mafia del volteo de tierras. El antecesor de Casallas, Nicolás García, del mismo partido político de éste y de Rincón, Partido de la U, también ha sido nombrado en la mafia departamental.
La población de Mosquera ha pasado de auténtico agache todo este raudal de corrupción. Por un lado están los auténticos parásitos gubernamentales y paragubernamentales, defensores a ultranza de la corrupción, que creen cual Biblia en mano, que lo que cometió Casallas no son delitos graves, sino supuestos “errores”; y por el otro un pueblo impávido, que ha sido manipulado por la propaganda oficial, los conciertos (raudales de plata), y los medios de comunicación que no hablan del tema. Sin embargo, en este pueblo de gente buena hay muchos que se han atrevido a salir a las calles a denunciar a los delincuentes, y se han salido del ostracismo en que los corruptos quieren meter a las malas a la ciudadanía. Es hora de que quien no sea corrupto en Mosquera, lo demuestre, saliendo a las calles a protestar, exigir sus derechos, respaldar la revocatoria de mandato del delincuente, exigir que la justicia no se deje manipular de las leguleyadas y actúe contra Emilio Casallas pronto.
Un paro no de un día, sino hasta que sea necesario, para tumbar el andamiaje corrupto.