EX ALCALDE DE MADRID CUNDINAMARCA CEDIO TERRENO PUBLICO A URBANIZADORES PRIVADOS
Por: Oficina de prensa Carlos Galán.
Fecha de publicación: 1° de junio de 2016.
Giovanni Villarraga, siendo alcalde de Madrid, Cundinamarca, recibió una condecoración por parte de la Asambea Departamental. El acto se realizó el 5 de noviembre de 2014, el mismo año en que Villarraga cedió terrenos públicos a los intereses privados. Foto: Archivo.
“Las tres modificaciones que le hicieron al POT de Madrid en el periodo 2012-2015 tienen graves irregularidades, por lo que le pido a la Procuraduría que investigue y determine responsabilidades”, dijo Carlos Fernando Galán, senador de la República.
Este es el primer informe dado a conocer a medios de comunicación, sobre las modificaciones a los POT (Planes de Ordenamiento Territorial) que se han venido haciendo en municipios de la sabana.
El senador comenzó con las hechas a los POT de Madrid, Cundinamarca, durante la administración del entonces alcalde Giovanny Villarraga, actual funcionario de la Gobernación de Cundinamarca.
POT 2012
La Ley 388 de 1997 es clara en que las modificaciones en los Planes de Ordenamiento Territorial deben ser concertados con la autoridad ambiental, en este caso la CAR, así como con los habitantes del municipio, organizados en Consejos Territoriales de Planeación, Consejos Consultivos de Ordenamiento y mediante la realización de Cabildos abiertos.
Sin embargo el Concejo Municipal de Madrid aprobó el Acuerdo 007 de 2012, presentado por el Alcalde sin cumplir ninguna de estas normas, vulnerando el principio de legalidad, violando el debido proceso y la Constitución.
POT 2015
En el Acta de concertación con la CAR, quedó consignado que el municipio no aumentaría sus áreas de expansión urbana. Sin embargo con el Acuerdo 001 de 2015, se violan las disposiciones ambientales, pues el municipio de un plumazo, incorporó más de 170 mil metros cuadrados.
POT 2014
Villa Madrid es el proyecto de vivienda de interés social más grande en la historia del municipio. El problema es que se está construyendo en un predio cedido al municipio para uso público.
El Concejo Municipal aprobó el Acuerdo 015 de 2014 incorporando el predio La Granada de cerca de 34 mil m2 al perímetro urbano, pero no con el propósito de construir vías ni parques, sino para ser comercializado por privados para construir vivienda de Interés Social.
Para lograrlo, le transfieren el dominio del predio a la Fiduciaria Bogotá S.A, olvidando que los bienes de uso púbico no se pueden negociar de ninguna manera.
Se crea el proyecto Villas de Madrid con la Caja de Compensación Colsubsidio y la constructora Amarilo, a quien se le expide una licencia de construcción sin el mínimo requisito que es contar con una certificado de disponibilidad de servicios públicos.
Pese a esto hoy están en marcha los 936 apartamentos de un proyecto comercial privado, de cerca de 50 mil millones de pesos.
Por todo lo anterior hoy cursan ante el Juzgado Administrativo de Facatativá demandas de nulidad contra dichos acuerdos, así como la petición de medidas cautelares con las que se pretenden frenar las obras en curso, hasta que la justicia defina sobre la legalidad de las actuaciones.
El Senador Galán, pone en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación estas irregularidades que comprometen al ex Alcalde Giovanny Villarraga, 5 funcionarios de su administración y 15 concejales, de los cuales 6, siguen hoy en el Cabildo Municipal. “¿Dónde estaba el Procurador Provincial y actual Contralor de Cundinamarca y los demás entes de control departamentales, mientras esto ocurría?", se cuestionó Galán, quien hizo un llamado a los jueces del caso para actuar en el menor tiempo posible.
Enfatizó en que la inseguridad jurídica que resultan de estas irregularidades en las modificaciones de los POT, genera serias dudas sobre el manejo de suelos que se le dará al Plan Maestro del Aeropuerto de Madrid, ubicado entre ese municipio y Facatativá, en donde se construiría El Dorado ll y sobre el que ya es clara la necesidad de adquirir 2 mil hectáreas de tierra.
“No nos oponemos a la construcción de vivienda social ni prioritaria, pero tampoco vamos a permitir que la conviertan en una excusa para fomentar la corrupción”, puntualizó Galán.