IMPRESIONES SOBRE LA EJECUCION DE LA POLITICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE FUNZA

Por: Cabildo Popular Mhuykyta.*
Fecha de publicación: 13 de abril de 2013.

Foto: El presente documento se socializó en la reunión con la Fundación Pro Mujer el jueves 4 de abril de 2013, a las 8 a.m., en la Asociación María Cano (antes Flor del Trabajo), en el marco de una jornada de trabajo sobre la política de juventud. Foto: Prensa Cabildo (Danna Aguilar).

Los jóvenes del municipio de Funza han sido excluidos una y otra vez de los espacios y escenarios de participación del municipio; incluso en las actividades que en apariencia son desarrolladas para el disfrute de los mismos, prevalece un interés particular y propagandístico que desvirtúa su rol. Prestos, como siempre, a participar en escenarios de deliberación, pero atentos y críticos con los simulacros de participación, los jóvenes que hoy nos reunimos con la Fundación Pro Mujer, queremos remitir este documento para que sea presto a discusión en aras de la construcción de la política de juventud, y como un ejercicio de reflexión propositiva sobre el espacio.

Antecedentes:
En primera medida, queremos aclarar que muchos de los tópicos a ser tratados a continuación, ya se han manifestado a través de algunos medios a nuestra disposición, en diálogos con la anterior y presente administración, y con la ciudadanía en general. Entonces, se trata de un balance de estas discusiones.

El primer ejercicio del que se tenga noticia sobre la realización de una política de juventud data del año 2009, cuando la administración municipal suscribió un contrato con la organización externa CyR Consulting Group. En su momento, la crítica no se hizo esperar, pues pese a tener buenas intenciones en la consecución del fin contractual, CyR, por su propio desconocimiento de las dinámicas de los grupos juveniles, terminó actuando de manera unilateral en la elaboración del documento final: la política decenal de juventudes. El susodicho, además, nunca se presentó ante el Concejo municipal para que fuera elevado a acuerdo municipal, y la Alcaldía simplemente, tiempo después, en el 2011, promulgó por decreto la política de juventud, en pocas líneas, en un texto genérico, sin el reconocimiento de los jóvenes y sin la oportunidad siquiera de ser expuesto a la comunidad. Vale recordar que CyR, en un proceso desgastante para las organizaciones de base, obtuvo por su actividad un reconocimiento monetario por parte de la Alcaldía por un monto de 20 millones de pesos.

En el 2010 y en el 2011 se tienen datos de la contratación de una persona para manejar y adelantar procesos con la población jóven del municipio. De manera increíble, nunca las organizaciones sociales conocieron de su realización, lo que tristemente opacó la función pública de la administración en la materia, y denotó el interés (nulo, o por lo menos muy poco) del gobierno local en realizar acciones fijas y duraderas que permitiesen solventar las necesidades y cualificar las propuestas de los jóvenes. Los contratos, pues, fueron otorgados a la misma persona en esos dos años, al señor Erwin Ernesto Castañeda Sopó, quien devengo, sin dejar nada, 11 millones en el primer año y 14 millones en el segundo.

Aunado a lo que fue la línea de jóvenes del ex alcalde Jorge Rey, “jóvenes siglo XXI”, también se contrató en 2010 a Héctor Gerardo Pérez Yara para coordinar, organizar y ejecutar proyectos en el marco de ese programa; su contrato tuvo un monto de 9 millones, 315 mil pesos.

Para el inicio del gobierno del actual mandatario, Jorge Machuca, en la Secretaría de desarrollo social se contrató a María del Carmen Perdomo, para adelantar procesos similares con los jóvenes que ya había realizado CyR, el desconocido Castañeda y Gerardo Pérez. Aunque el proceso, por el cual se le destinó a la persona 8 millones 550 mil pesos en el año, tuvo un factor de interés por la funcionaria en recabar importante información, y jalonar los proyectos juveniles, se truncó por el constante y ya descrito interés nulo de cualificar las iniciativas de la base popular por parte del burgomaestre. Fue el año pasado que, gracias al proceso, las organizaciones juveniles nos enteramos que ya existe por decreto la política de juventud del municipio.

La política de juventud, dos palabras que en esencia deberían ser sólo utilizadas por los jóvenes y garantizadas por la administración pública, se ha convertido en un comodín del detrimento patrimonial en el municipio; desde que CyR realizara el primer contrato para este fin en 2009, y hasta el 2013, con la Fundación Pro Mujer, en distintas y reiteradas ocasiones se ha contratado para lo mismo con diferentes personas y organizaciones, sin que esto resuelva las necesidades de los jóvenes, ni impulsado sus proyectos. Se suma a esta lista de contratos, el Convenio 1382, firmado entre el ICBF y la Alcaldía municipal de Funza el 27 de junio de 2012: el objeto del acuerdo enumera lo mismo que se viene desarrollando desde la administración pasada: “aunar, articular y coordinar esfuerzos, recursos humanos, técnicos, tecnológicos, logísticos y financieros (…) para el diseño, implementación y ejecución de una política pública prioritaria y diferencial de infancia, adolescencia y familia, que incorpore planes, programas, proyectos y acciones para garantizar el desarrollo y protección de niños, adolescentes y jóvenes.” Pese a los aparentes buenos propósitos, nada ha calado.

Para este año, el que debería ser enlace entre la administración y la juventud, el señor Armando Díaz Cruz, firmó el contrato el 6 de febrero pasado. Pese a que devengará un total de 23 millones cien mil pesos este año, Díaz aún no ha realizado la primera reunión con los grupos juveniles representativos de base; su actividad, que es continuación de la adelantada el año pasado por María del Carmen Perdomo, consiste en ser “coordinador del programa Juventudes en Funza Avanza” devengando por este concepto 14 millones 550 mil pesos más que su predecesora.

De manera paralela se adelantó para este año un contrato por 160 millones de pesos con la Fundación Pro Mujer, y que según lo planteado en la rendición de cuentas del alcalde consiste en desarrollar, otra vez, la elaboración de “todas las políticas públicas”, entre ellas infancia, grupos étnicos y población víctimas del conflicto. Para este fin, la organización, externa como las anteriores, tendrá hasta diciembre para entregar el resultado del proceso.

Resultado:
Los antecedentes evidencian la realización de una política institucional encaminada a solventar los fines de gobierno que estos mismos se han impuesto, sin embargo sus acciones ni han repercutido ni han trascendido el papel para convertirse efectivamente en guías gubernamentales de sus planes de acción. El derroche sobre el presupuesto público es evidente; el desconocimiento sobre los sucesivos cambios y transformaciones del sector son incuestionables; y su afán de homologar resultados a través de contrataciones con terceros (entes externos y particulares) deja en tela de juicio el rol estatal que debería asumir en defensa, promoción y ejecución de acertadas políticas públicas. Sobre los contratistas organizacionales (como CyR Consulting Group) basta decir que, a excepción por los contratos que ejecutan en el municipio, no se les ve o no se les volvió a ver haciendo alguna actividad con los jóvenes. En el caso de CyR ni antes ni después del contrato de 2009 existía o existió, por lo menos como acompañante de los procesos sociales. De tal manera que el resultado concreto que se ha logrado es el fracaso de los sucesivos intentos por consolidar una política de juventud; esto principalmente por el factor de riesgo que representa la contratación directa en la administración y el contratar o ejecutar procesos de este tipo con organizaciones y personas externas.

Ahora bien, la pregunta es: ¿los jóvenes han crecido en organización, se les están garantizando el ejercicio de sus derechos y deberes, de su libertad de expresión, de la realización de actividades propias y autogestionadas? En nuestro caso, del Cabildo Popular Mhuykyta, la respuesta es un gigante no. No, porque mientras con las uñas, sin presupuesto, y con la mera gestión, se estaba realizando un espacio para la reflexión, un encuentro con la cultura y el sano disfrute del tiempo libre, en el Biblioparque Marqués de San Jorge, a través de un cine foro, de manera injustificada, solapada y maquiávelica la administración constriñó para que fuéramos sacados del espacio, como efectivamente sucedió: nunca, de parte de la Alcaldía, se nos ofreció una alternativa, una disculpa o una razón, aparte de las meras excusas diplomáticas. No, porque mientras proponemos actos culturales y académicos, nuestros fuertes, las entidades descentralizadas, como el Centro Cultural Bacatá, nos han negado el uso de los espacios con la excusa pueril de que hay que cancelar un aporte económico por el uso de los mismos, sin tener en cuenta que el presupuesto con el cual contamos es nulo y que las actividades no tienen ánimo de lucro. No, porque a pesar de que se entregan proyectos, las respuestas a estas ideas y cartas, nunca son respondidas. No, porque seguimos emulando los procesos fracasados del pasado. No, porque la oposición política no tiene garantizados sus espacios, y menos si ésta es liderada por jóvenes como nosotros que nos podemos ver en riesgo de expresar nuestras ideas en público por temor a ser retenidos ilegalmente por la Policía Nacional. No, porque las organizaciones juveniles fueron excluidas de tener representante en el Concejo Municipal de cultura por un proceso arbitrario de elección del delegado del sector. No, porque si no fuera por nuestra participación en una reunión puntual del Consejo de Política Social, a los jóvenes los habrían excluido del principal espacio municipal de interacción entre la ciudadanía y la Alcaldía. No, porque los festivales de juventud son realizados sin la concertación, acompañamiento y liderazgo de los jóvenes, trayendo con esto malestar en la población. Sin embargo,seguimos y seguiremos esperando un cambio de actitud.

Propuestas:
En este momento, al inicio del proceso con Pro Mujer ya no podemos realizar acción alguna para retrotraer el contrato, por ende queremos participar, como siempre, pero siendo conscientes y críticos que podríamos estar abocados a la clonación de un proceso fallido. De ahora en adelante le exigimos a la administración que, no sólo en este sector, sino en todos los que impliquen la participación de la ciudadanía, adelante un proceso en el cual la gente pueda deliberar sobre la ejecución de los recursos (presupuestos participativos); que se contraten por meritocracia, por concurso y a través de convocatorias públicas a organizaciones locales para el desarrollo de agendas propias del gobierno. Aunque esto pueda desencadenar la corrupción desenfrenada, la “contratitis” entre amigos y las cuotas del poder de la mafia local, sin lugar a dudas su promulgación traerá consigo un mayor interés ciudadano en la discusión de sus problemáticas, y representará un apoyo tácito y práctico, así como un fomento, de la organización juvenil.

La urgente necesidad de poner en debate todos los temas que atañen a los jóvenes y son transversales de su desarrollo como sujetos, es insoslayable de este proceso. Temas puntuales como el toque de queda para menores de edad, el acceso a los espacios y recursos públicos, la educación, la cultura, la seguridad, la recreación y el deporte, son sólo algunos ítems que no sólo deben abordarse en pro de la política de juventud, sino que deben quedar plasmados nuestros aportes en el documento final. Consideramos que la solución a las causas de los problemas solventan de mejor manera la lucha contra las consecuencias de los mismos, por ende en nuestra propuesta está la exclusión explícita de la regulación y control policivo a la movilidad y la circulación de los jóvenes, como el denominado toque de queda para los menores de edad, que cercena libertades civiles básicas como el derecho a la movilidad.

En su momento, las propuestas serán ampliamente analizadas y tratadas.

Consideraciones particulares sobre el proceso:
La fundación Pro Mujer tiene un presupuesto mínimo, y al parecer por lo enunciado por el alcalde en la rendición de cuentas, de 160 millones de pesos para adelantar distintas políticas públicas municipales, entre ellas la que nos compete, la de juventud. En aras de la transparencia del proceso, preguntamos: ¿Cuál es exactamente el presupuesto que se tiene acordado para adelantar el proceso de la política pública de juventud, o lo que competa, como por ejemplo recabar base de datos, muestreo, análisis, o evaluación? ¿Cómo este presupuesto público será puesto en ejecución con la participación de los jóvenes, a través de sus asociaciones significativas y representativas, y en específico cómo coadyuva al fortalecimiento organizaciones de estos grupos?

De acuerdo a estos interrogantes, plantearemos una propuesta de participación que implique para el contratista la ejecución del acuerdo, y para los jóvenes que participamos en él, y somos la mayoría de los representantes de éstos, una cualificación de la propuesta, a nivel político, financiero y social, que impida que este proceso se convierta en la réplica del pasado; en imitar y emular los procesos fallidos de antaño y actuales. Es obvio que este empoderamiento vigilará el accionar del ejercicio público, y por ello llamamos a todo el conjunto de la población jóven del municipio a que participen de manera crítica y objetiva en estas propuestas.