CORRUPCION POR VOLTEO DE TIERRAS EN LA SABANA PETRO VINCULA A CONSTRUCTORAS CAMBIO RADICAL Y PARAMILITARES

Por: El Macarenazoo.
Fecha de publicación: 21 de julio de 2017.


Arriba: el trino del precandidato presidencial Gustavo Petro. Abajo: una imagen de tres dirigentes de Cambio Radical: Álvaro Cruz (izquierda), exgobernador de Cundinamarca, condenado por corrupción; en el centro, Giovanni Villarraga, exalcalde de Madrid, hoy encarcelado, y quien entregó terrenos públicos a privados; y a la derecha, Germán Vargas Lleras, co-fundador de Cambio Radical.

Después de la captura de Gustavo Moreno, quien fungía como fiscal anticorrupción, y quien llevaba varios procesos por temas de corrupción relacionados con los cambios de los usos del suelo en la sabana de Bogotá, se destapó de paso la olla podrida de un presunto cartel de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en este territorio. Resulta que desde antaño se venían denunciando las presuntas irregularidades, pero era justamente la oficina del exfiscal la encargada de detener los procesos judiciales, aparentemente por medio de prebendas de los investigados. Dada la implicación de las denuncias, el fiscal general Néstor Humberto Martínez decidió apersonarse de los casos, y al parecer ya comenzó a actuar. Según el ente acusador, son 30 los casos que se investigan del cartel de los POT, que incluyen alcaldes en ejercicio y exalcaldes de la sabana. Este martes 25 de julio, por ejemplo, la Fiscalía presentará las muestras y cargos a imputar al exalcalde de Mosquera Álvaro Rincón, quien valga decirlo ya se encuentra inhabiliado del ejercicio político por cuenta de actos corruptos durante su administración. (Leer: así pagó el silencio de denunciantes el exalcalde Álvaro Rincón)

El trinomio delincuencial: constructoras, Cambio Radical y paramilitares
A la revelación de los casos de cambios de usos del suelo que beneficien a los particulares, llamado “volteo de tierras”, una de las primeras reacciones fue la del exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Gustavo Petro, quien aseguró que “detrás de la corrupción de la urbanización de la sabana de Bogotá están no solo las constructoras sino Cambio Radical y los paras.” Ciertamente, puede causar conmoción la afirmación, pero lo cierto es que en la sabana los círculos políticos tienen las razones claras de ese trinomio delincuencial. ¿Cuáles son? Veámos las razones que se cotejan.

Las constructoras
Gustavo Petro fue representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca, y siempre ha estado muy cerca del acontecer político local de la mayoría de los municipios de la sabana. Es una voz destacada y un referente de opinión, no sólo en el país sino en Cundinamarca. Cuando Petro habla de las constructoras se refiere a la capacidad de influencia que las mismas generan sobre las administraciones públicas municipales, y por ende en sus proyectos y programas sociales. El actual gobernador Jorge Rey, por ejemplo, ha sido un asiduo beneficiario de los aportes en campaña de las constuctoras. De acuerdo a una investigación realizada antes por El Macarenazoo, las compañías constuctoras dieron a Rey en la campaña del 2015 más de 500 millones de pesos en aportes. Pero no sólo ha recibido el apoyo de estas empresas en la más reciente carrera electoral, sino que cuando se presentó a la Cámara de Representantes y a la Alcaldía de Funza, recibió los aportes también de esas empresas. Una de las que siempre han figurado es Amarilo, con quien su Alcaldía (2008-2011) contrató la construcción de la urbanización de interés social Altos del Gualí, que terminó construyendo muy cerca de la cuenca del humedal que lleva el mismo nombre, y que de paso es el único pulmón verde que comparten Mosquera y Funza. La Alcaldía de Rey en Funza llevó el desarrollo a sus extremos; y mientras antes Funza era considerada como una villa “imperial y agricultora”, el hoy gobernador la eternizó con el mote de “ciudad eficiente.” De ese tiempo data el cobro del impuesto de plusvalía, que Rey pretendió cobrar de manera exorbitante a los propietarios de tierras, y en el cual cometió dos delitos administrativos, que le valieron una multa de la Procuraduría General de la Nación. La urbanización en Funza creció desde entonces a un ritmo vertiginoso, pasando a ser el municipio con mayor cantidad de suelo subutilizado de todo el país, y de mayor crecimiento del área urbana. Nadie detuvo a las constructoras. Y ese modelo fue replicado en todos los municipios de la sabana. (Leer: el cambio radical de Funza)

Cambio Radical
Es el principal partido político que domina los designios de los municipios implicados en el cartel del POT. Como se ha mostrado, la sabana de Bogotá emuló el desarrollo industrial y urbanístico que estableció Funza en tiempos de Jorge Rey. A esa alcaldía llegó con el apoyo de Cambio Radical, igual que como también fue gracias a ese partido que logró la Gobernación. Pero no sólo eso. En Funza, Cambio Radical llegó para quedarse. El sucesor de Rey, Jorge Machuca (y quien también se encuentra vinculado en las investigaciones de la Fiscalía, así como varios de sus exfuncionarios, como Adriana Orozco, exsecretaria de planeación, y esposa del exalcalde de Madrid Giovanni Villarraga – ya capturado –) también llegó a su cargo con el apoyo de Cambio Radical. Y actualmente, la línea política sigue siendo la misma con el actual alcalde Manuel Montagu.

El partido político ha tenido influencia en la designación de varios alcaldes y exalcaldes de la región, y casualmente varios de ellos ya están capturados por diferentes actos de corrupción. Por ejemplo, un amigo muy cercano de la familia Rey es el detenido César Fabián Villalba, quien se lanzó a la Alcaldía de Girardot y la ganó en 2015, con Cambio Radical. La alcaldesa de La Calera, Ana Lucía Escobar, investigada también por cambios de uso del suelo, es de Cambio Radical.

También en coaliciones, Cambio Radical manda la parada, por todo, hasta por los capturados: en Mosquera, por ejemplo el alcalde Emilio Casallas, quien se encuentra en casa por cárcel, fue auspiciado, entre otros, por Cambio Radical. Casallas también es muy cercano a Jorge Rey. En Chía, el alcalde Leonardo Donoso Ruíz, quien llegó al cargo apoyado por Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Verde, se encuentra investigado por incluir en zona de expansión urbana 290 hectáreas que incluyen una reserva acuífera.

Todo lo que toca Cambio Radical en Cundinamaca, como en otras partes del país, es o huele a delincuencia. A propósito de Cundinamarca, en Bojacá los cambios de los usos del suelo también se están comenzando a realizar, pero no han sido tan acentuados como en otros municipios. Algunos dicen que justamente los hilos de Germán Vargas Lleras, co-fundador de Cambio Radical, y exconcejal de Bojacá, siguen jalando la política local de ese municipio, y que para proteger sus propiedades éste ha optado por desestimar los posibles cambios de los usos del suelo. Como quien dice: hace y deshace en las casas de los vecinos, pero no en la suya. (Leer: todas las revocatorias de mandato en la sabana tocan a Jorge Rey)

Los paramilitares
Así como la cúspide de las constructoras y del partido político Cambio Radical se dieron en Funza, en ese municipio se marcó un hecho trascendental para la historia política contemporánea de Cundinamarca. El primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez marcó un avance sin precedentes de los grupos paramilitares en el país; mientras al unísono se construían alternativas de poder desde la izquierda democrática. Reflejo de ello, fue el cabeza a cabeza que terminaron protagonizando Uribe y Carlos Gaviria (QEPD), candidato de la izquierda, en la contienda presidencial del 2006. Pues mientras las alternativas de poder avanzaban en el país, Cundinamarca, y en especial la sabana, no eran ajenas a ese movimiento. Una alianza de sectores progresistas se estaba gestando en la sabana con gran ímpetu. Sin embargo, todo desapareció el día que asesinaron a uno de los principales líderes de los cambios de paradigma, Aldemar Campos. Campos había sido concejal de Funza, había trabajado de cerca en la Alcaldía y era ya en 2005 el candidato a la Alcaldía con más fuerza. Fue asesinado por el Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia en enero de ese año, en uno de los hechos sicariales más terribles de los que se tenga noticia: a la puerta de su casa, en el barrio El Dorado, el mismo que ayudó a construir, golpearon un par de sujetos fuertemente armados. Al salir, a Campos le descargaron todo el contenido de una subametralladora. El crimen ocurrió a un par de cuadras del barrio Bacatá Cacique, que sirvió de fortín político de Mercedes Ángel de Rey, madre de Jorge Rey. Del barrio fue su presidenta, y de allí pasó a ocupar la presidencia de Asojuntas. Desde allí, llevó a Rey a ser secretario de gobierno de Funza, y candidato a la Alcaldía en 2007. Rey no tuvo competencia. Y fue de paso el principal beneficiario del asesinato de Campos, crimen que aún hoy en día sigue en la impunidad. Producto del asesinato, la izquierda retrocedió para nunca más ser una alternativa de poder.

Otro destacado dirigente social de la época, Gerardo Cajamarca, exconcejal de Facatativá, tuvo que exiliarse en Estados Unidos; Cajamarca dijo que los paramilitares tenían tanto poder en la zona que hasta en una área rural de ese municipio patrullaban con armamento en mano. En algún momento, los dirigentes que asistieron al funeral de Campos aseguraron que el asesinato a algún dirigente se veía venir, y que el finado sería de apellido Campos o Cajamarca. Al entierro de Campos, asistió justamente Gustavo Petro. “Los paramilitares se articularon a una parte de la clase política de esa región y asesinaron a nuestro candidato a la Alcaldía de Funza Aldemar Campos, mi amigo personal”, dijo Petro en alguna ocasión en el Congreso.

Cuando Jorge Rey se postuló a la Cámara de Representantes recibió el apoyo directo del senador Juan Carlos Restrepo, de Cambio Radical. Restrepo, en la época y aún hoy en día, sigue siendo vinculado con investigaciones por su presunta relación con grupos paramilitares, sin que le sean demostradas aún las imputaciones. Cambio Radical, finalmente, valga decirlo, sigue siendo el partido político con más paramilitares condenados, y que militaban en sus filas, como senadores, representantes, alcaldes o concejales.