Por: Sergio Vargas,MZO
Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2012
En cabeza del director de Canal Capital, Hollman Morris, periodistas y funcionarios del medio le han respondido al concejal homofóbico de la ciudad: "Todos somos LGBTI."
El concejal homofóbico Marco Fidel Ramírez ha hecho no sólo unas cuántas proposiciones sobre el tema de su ataque visceral contra Canal Capital, dada su inclusión participativa de las comunidades en el desarrollo mismo de la propuesta audiovisual; sino que en su cargo de representante público del Concejo de Bogotá, ha diseñado diversos cuestionamientos y derechos de petición al Canal, que rayan en la ejecución deliberada de delitos como la calumnia, la injuria o la coerción en derechos como el trabajo, la salud sexual y reproductiva, la información, la libertad de expresión y de prensa, entre otras.
De los análisis textuales y discursivos de sus interrogantes, no sólo se nota el interés por recabar información, sino también su fin de propiciar los ataques de odio xenofóbicos. Dos son las proposiciones aprobadas por el Concejo de Bogotá, y con las que adelantará el próximo 7 de noviembre el debate de control político al canal institucional de la ciudad. La primera es la No. 312 de 2012, aprobada el 22 de agosto, en la que contiene 51 preguntas sobre el funcionamiento de Canal Capital. En este cuestionario, se encuentran preguntas que hacen alusión al funcionamiento de programas en concreto como El Sofá, el cual representa claramente los intereses de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, bisexuales, Transexuales e Intergeneristas) de la ciudad, y que sólo se emite una vez por semana; igual tratamiento recibe el programa Indivisibles, que también se proyecta sólo una vez por semana; y uno más regular, como “Sexo sin censura.” Los tres, en especial los dos primeros, hacen parte de la programación que generan las propias comunidades, por un lado la población LGBTI y por el otro el nicho de los realizadores audiovisuales alternativos e independientes de la ciudad. Son a estos programas, y a sus contenidos, que el concejal Ramírez centra sus preguntas, apoyado en algunos interrogantes insulsos como los listados de temas tratados o cuáles son los factores que se tienen en cuenta para determinar el contenido en cada uno de ellos; es decir, centrando aspectos básicos del control político en situaciones que no hacen parte del ejercicio fiscal, esto es tratando de originar controversia en el mismo uso y derecho de la libertad de expresión.
A la proposición No. 312, Ramírez solicitó extender el 27 de septiembre otras 52 preguntas, que ahondan más en el proceder de la institución respecto a sus trabajadores y sobre el contenido de otros programas y especiales periodísticos de Canal Capital, que en la mayoría de escenarios han recibido una muy buena crítica; como es el caso de los documentales del caso de los indígenas del Cauca, o las exclusivas entrevistas con líderes paramilitares en Medellín. Sin embargo, el conflicto personal con trabajadores de la institución se manifiestan con más ahínco con sus preguntas, en donde se hace referencia explícita a los nombres de Baltasar Garzón, el productor ejecutivo Mauricio Bolívar, el asesor Ignacio Greifestein, y la periodista Michel Valencia. Las preguntas que hacen referencia precisamente a Valencia, son las más temerarias, pues se trata de una periodista transexual, y por ende protegida por la constitución nacional y el ordenamiento jurídico al ser parte de una comunidad eternamente discriminada. El concejal realiza interrogantes que cuestionan no sólo su trabajo, sino su mismo comportamiento como ciudadana: la pregunta 41 de la solicitud dice: “¿Han existido actos de indisciplina y comportamientos comprometedores de Michel Valencia?” La 42 complementa: “Si se han presentado actos como los cuestionados en la anterior pregunta, ¿cuáles son las razones para que continué en el Canal Capital Michel Valencia?” En otro orden, la No. 43 dice: “¿Existen casos en los que Michel Valencia se haya expresado con palabras de grueso calibre frente a niños?” La No. 44: “¿Qué tipo de procesos sancionatorios se siguen en este momento en contra de Michel Valencia?” Y, finalmente, la No. 45 raya en la calumnia: “¿Han existido daños de computadores por parte de Michel Valencia en el Canal Capital?” Michel Valencia, precisamente, es una de las figuras ícono de la inclusión de Canal Capital como una televisión diferente en los medios de comunicación nacionales; junto a ella, un indígena y una afrodescendiente marcaron un nuevo modelo que se sigue impulsando con gran acierto por el periodista Hollman Morris, quien antes ha sido víctima del régimen a través de seguimientos ilegales, ejecución de propaganda negra por parte del DAS, saboteo oficial y calumnia gubernamental, como cuando Álvaro Uribe lo acusó de ser un auxiliador de la guerrilla. En el caso de las preguntas, a Valencia no se le ha conocido escándalo alguno y su trayectoria profesional parece estar exenta de irregularidades, daños contra computadores como los que trata de indicar el concejal, expresiones del mal denominado “grueso calibre” al aire, etc. Realmente se nota la mano ideológica del pastor cristiano en estos interrogantes que simplemente ahondan más en la segregación poblacional de los ciudadanos y ciudadanas de la capital.
Sin embargo, Ramírez no se conformó con esta primera proposición, y su homofóbica añadidura, sino que impulsó que el Concejo aprobara la No. 464, la que suscitó el escándalo en los medios nacionales, del pasado 26 de octubre, y que fue incluso avalada sin leerse por los cabildantes. La misma contiene 29 preguntas, menos que la anterior, pero sin embargo más inquisitiva que la No. 312 original. Es importante realizar un control político sobre los recursos del canal, toda vez que son de carácter público, y por ello vale la pena preguntar por los sueldos y honorarios de su director, el costo de algunas transmisiones, etc., y que incluso se pregunten por las capacidades profesionales de sus integrantes para salvaguardar la calidad del contenido; todo esto lo pregunta el concejal Ramírez, pero agrega más cuestionamientos contra la comunidad LGBTI en general. La pregunta No. 12 de la proposición interroga: “¿Cuáles son la totalidad de los incidentes y problemas que se han presentado con Michel Valencia en Canal Capital?” La 13, que se ha conocido por medios de comunicación gracias a la presión contra el concejal homofóbico, pregunta: “¿Cuántos miembros de la comunidad LGBTI, hacen parte de la nómina de Canal Capital, actualmente? Anexe las hojas de vida pertinentes.” La No. 14 presiona en la xenofobia: “¿Cuántos miembros de Canal Capital que hacen parte de la comunidad LGBTI, se encuentran vinculados por contrato laboral, libre nombramiento y remoción, o cargo de carrera?” Y la 15: “¿Cuáles son las asignaciones salariales o de honorarios de los miembros de la comunidad LGBT dentro de Canal Capital?” Las anteriores preguntas se suman a las que se realizan por el programa El Sofá, dirigido por presentadores de la comunidad LGBTI, con clara incidencia en este nicho poblacional. Las de referencia son las siguientes: “¿Cuánto le pagan a los presentadores del programa El Sofá?” (No. 24); “¿Qué tipo de vinculación legal o contractual tienen los presentadores de El Sofá, con Canal Capital?” (No. 25); y “¿Cuáles son los nombres de las personas que hacen parte de la producción y realización del programa El Sofá? Anexe hojas de vida (No. 26).”
El concejal del cuestionado Partido de Integración Nacional, y reemplazo del asesino Vladimir Melo Carrillo, quien mató a su esposa, también envió algunos derechos de petición a Canal Capital, completando de esta manera más de 130 preguntas en el marco del ejercicio de su control político, en menos de un mes. Para la comunidad en general, este tipo de situaciones reviven los tiempos de las cruzadas cristianas, o del odio racial, pero con otra víctima, la comunidad diversa del Distrito. Pese al rechazo generalizado, sin embargo, entes de control como la Procuraduría General de la Nación, han mantenido un oscurantista silencio; esto se explica, no sólo por la coincidencia ideológica del procurador Alejandro Ordóñez con el cabildante, sino también por la cercanía de ambos, tanto así que Ramírez impulsó y sigue apoyando los actos de reconocimiento al funcionario, bajo la excusa de la causa “de la defensa de la vida y la familia.” No en vano, Ordóñez, y pese a que salió a desmentirlo, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura los nombres de las mujeres que vía tutela han reclamado la práctica de interrupción involuntaria del embarazo en los tres casos despenalizados por la ley. De esta manera, lo que es menester realizar en pro del rechazo al concejal homofóbico y sus pretensiones excluyentes, es apoyar la tarea del mismo canal de la ciudad y la administración distrital, de cara al debate de mañana miércoles; urge generar opinión en torno a este importante tema, que debe involucrar per se la evolución del pensamiento y los paradigmas en torno a la identidad de género y los derechos sexuales y reproductivos, de la comunidad LGBTI, de las feministas, de las mujeres, de los periodistas, de los funcionarios públicos, y quien sea matoneado por las peticiones de Marco Fidel Ramírez.
Documentos de referencia:
Proposición No. 312 de 2012.
Propósición aditiva a la No. 312 de 2012.
Propósición No. 464 de 2012.
Derecho de petición, 29 de octubre de 2012.
Derecho de petición, solicitando transmisión de debate de control político por Canal Capital.