EL PARAMILITARISMO SIGUE VIGENTE EN COLOMBIA

Por: Leonardo González, coordinador Unidad Investigativa Indepaz.
Fecha de publicación: 30 de abril de 2016.





Con los anteriores datos se pueden llegar a diferentes conclusiones: que el paramilitarismo ha copado gran parte del territorio colombiano; que son una verdadera amenaza a los futuros procesos de paz con las FARC y el ELN; que siguen operando en las mismas zonas desde hace más de 10 años (fecha en que negociaron con las AUC); y que sus principales objetivos militares siguen siendo los líderes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. Pero, ¿tenemos Bacrim (bandas criminales) o narcoparamilitarismo?

Durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe se pretendió demostrar que los paramilitares se acabaron con las desmovilizaciones y los que no hicieron parte del proceso dejaron de llamarse paramilitares, para ser unos simples grupos organizados dedicados a la extorsión y el tráfico de estupefacientes; como si la esencia paramilitar se hubiese perdido por no hacer parte de un proceso.

Tampoco se puede plantear, como se ha pretendido, que el que ha sido paramilitar dejará de serlo el día que desmonte su estructura completa, no sólo lo militar sino también lo económico y lo político, dejará de ser paramilitar el día que diga toda la verdad y el día que repare con todos sus bienes.

En ese sentido, el Estado al principio las presentaba como un fenómeno ajeno a la desmovilización, como simples bandas criminales a pesar de conservar muchas de las características del paramilitarismo, y esto generó ambigüedad por parte de las autoridades para enfrentarlos y fue una forma de ocultamiento.

Si comparamos al antiguo B.C.B. (Bloque Central Bolívar) con las nuevas estructuras – como por ejemplo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (denominados también Urabeños o Clan Úsuga) – se percibe que la única diferencia es que el B.C.B. era un grupo que tenía muchos más integrantes que estas nuevas estructuras; pero la esencia es la misma, es decir, tanto unos y otros tienen como objetivo principal el narcotráfico. Es tanto así que no existe una distinción clara entre Alias Don Berna o Macaco con Dairo Antonio Úsuga, o con alias Otoniel, pues todos nacieron en medio de la mafia y para poder dominar sus territorios, armaron ejércitos, se aliaron con gamonales y terratenientes, se beneficiaron de las empresas de la zona (bien sea por extorsión o colaboración), se lucraron del Estado y sus contratos en municipios, gobernaciones, universidades y el sector salud, entre otros.

Es necesario conocer la relación con instancias estatales, y en ese sentido hay que decir que tienen diferentes tipos de políticas, las cuales pasan desde la estrategia contrainsurgente hasta prácticas recurrentes en los territorios, sin que necesariamente tenga un centro nacional articulador del Estado con estas organizaciones. Pero también las han utilizado permanentemente diferentes poderes regionales para sus intereses políticos y de negocios. En ese sentido, hay una reproducción nacional del fenómeno desde diferentes estructuras y con diferentes niveles de relación con el Estado, pues hay desde grupos sicariales con quienes tienen relación de “favores mutuos” hasta los que tienen relaciones más fuertes con miembros del Estado, en especial con la fuerza pública.

No podemos catalogar estos grupos como un fenómeno sólo de paramilitarismo a secas; se presentan casos donde hay presencia de un paramilitarismo clásico desde las estructuras paralelas del Estado, como las Águilas Negras, e incluso con elementos de la fuerza pública que se ven involucrados en diferentes acciones. Existe una cultura paramilitar en las instancias de la fuerza pública y por ello es urgente aplicar estrategias de saneamiento. Pero también hay presencia de bandas narcoparamilitares donde el negocio ilegal es el centro de su estrategia.

Mención aparte se debe hacer con la minería de hecho, es decir, aquella que no está reglamentada por el gobierno colombiano, entre las cuales están la minería artesanal, la tradicional y la criminal (aliada con el paramilitarismo). Ésta última ha ido ganando terreno en las finanzas de los grupos paramilitares desde el año 2010 aproximadamente.

La minería ilegal, en especial la explotación de oro, han sido esa fuente de financiación debido a los altos precios del oro en el mercado internacional, además que los delitos por minería ilegal, a diferencia de los relacionados con el narcotráfico, no son castigados de manera severa por la ley colombiana, incluso en algunos casos son excarcelables. En varias zonas, en especial el pacífico, las anteriores estructuras paramilitares dejaron a comerciantes y testaferros muy bien posicionados en el ámbito económico y comercial, como es el caso de la zona del San Juan y la ciudad de Istmina con su área de influencia. Algunos entables mineros se conforman o constituyen específicamente para lavar los dineros producto de la actividad ilícita del tráfico de cocaína. Narcoparamilitares también prestan seguridad a mineros y dueños de retroexcavadoras.

Hoy los grupos armados narcoparamilitares son una clara amenaza para el proceso de paz. Es necesario el desmantelamiento efectivo de los grupos paramilitares y de todas sus redes políticas, militares y cadenas de negocios. Hoy los acuerdos de paz que se realicen tendrán una dificultad mayor para su implementación si existen en el territorio grupos paramilitares. Y esto no es sólo por la seguridad de quienes hayan decidido dejar las armas, sino especialmente para las comunidades y poblaciones donde se vayan a poner en marcha los planes de implementación en la etapa de transición a la paz.

Se ha verificado y documentado cómo los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa de proyectos económicos (extractivos y agroindustriales), políticos y en defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.

No se puede crear la idea de que se trata de un asunto de armas o netamente militar. Estamos ante un fenómeno político, económico y militar, de una múltiple alianza. Por eso no hay que acentuarse en la estrategia militar solamente, sino, especialmente, en las políticas mafiosas y de corrupción de los gobiernos que se alían para manejar contratos para perpetuarse en el poder. La cultura mafiosa y corrupta es esencial a ese fenómeno.

La estrategia de combate debe ser completa para su neutralización porque alrededor de eso hay una discusión, si son delincuentes comunes o si se les da un carácter político. Son grupos que hacen negocios con violencia, que acaparan tierras y se reproducen en poderes locales para mantener sus intereses económicos, sus finalidades son meramente de lucro, no políticas. Pero creemos que se debe negociar con ellos sin darles el carácter político, por ser estructuras de macrocriminalidad organizada. Diferente de cuando se tiene un interlocutor rebelde donde se negocian asuntos políticos de reformas, libertades, participación democrática, entre otros. Entonces ¿Qué negociar con estos grupos? Lo que se puede negociar es oferta de beneficios penales por desmonte de estructuras, es decir los mecanismos que se van a dar para el sometimiento a la justicia. Y que de esta manera permita neutralizarlos, no sólo mediante la represión, lo cual se ha demostrado no funciona.

No podemos superar una guerra para justificar otra guerra. No se puede mantener los mecanismos altísimos de militarización. Hay que generar estrategias de otro corte, con un componente social para proteger a la población de la guerra y así aislar estos factores mafiosos narcoparamilitares.