Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X
PARAMILITARES DEL CESAR SIGUEN ACTUANDO CONTRA LA COMUNIDAD CAMPESINA MIENTRAS EL ESTADO ORDENA DESALOJO A FAMILIAS ORIUNDAS
Por: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -FCSPP- ; Equipo Jurídico Pueblos -EJP- ; Movimiento de Trabajadores Campesinos y Comunidades del Cesar -MTCC- ; Écate; Asociación de Abogados defensores de Derechos Humanos -ACADEHUM- ; Colectivo Sur Cacarica -CSC- (España).
Fecha de publicación: 5 de diciembre de 2013.
Momentos en que el Estado colombiano, en cabeza del ESMAD de la Policía Nacional expulsa de sus viviendas a campesinos en Pitalito, César, en octubre pasado. Cuando no son los funcionarios los que cercenan los derechos humanos, son los grupos paramilitares y palmicultores de la región los que lo hacen. Foto: Archivo.
Varios miembros de la comunidad campesina de Pitalito, junto con el abogado Rommel Durán Castellanos, miembro del Equipo Jurídico Pueblos y Voluntario de la FCSPP, el Equipo de Prensa del MOVICE, un periodista independiente y los acompañantes internacionales del Colectivo Sur Cacarica que hacen parte de la plataforma de la Coordinación Valenciana de SEolidaridad con Colombia (España), se dirigieron ayer 4 de diciembre rumbo a la vereda Pitalito con la finalidad de verificar el estado de los cultivos de pan coger de la comunidad y el de realizar registro fotográfico y audiovisual.
La Prensa MOVICE y el periodista independiente, tenían la misión específica de documentar la situación de vulnerabilidad de la comunidad campesina de Pitalito y casos en general de violaciones a los derechos humanos de la población que ha sido desplazada de su territorio.
Los delegados partieron de Curumaní aproximadamente a la 1:45 de la tarde, informando de ello en forma previa a la defensoría regional del pueblo. Una vez en el predio, la Comisión se dividió en dos, dirigiéndose una parte hacia la zona de cultivos de maíz y ahuyama, mientras que el abogado Rommel Durán, un miembro del Colectivo Sur Cacarica y un integrante de la comunidad campesina, se quedaron en el lugar donde estaba ubicado el asentamiento humanitario.
Aproximadamente a las 3:40 de la tarde, un trabajador de Juan Manuel Fernández de Castro que se ha identificado como Juan, quien se encontraba acompañado por su hijo, se acercó al lugar donde se encontraba el abogado y en tono amenazante lo acusó de haber matado un chivo de su propiedad, lo cual no corresponde a la realidad.
A las 4:05 de la tarde, a ese mismo sitio, llegaron dos sujetos armados con machetas, se acercan en actitud agresiva preguntando ¿por qué estaban allí y por orden de quién? Ante la exigencia de la comisión, uno de ellos se identificó como Jorge (sin embargo la comunidad lo conoce como Rogelio – uno de los guajiros que hicieron presencia en el 2010) y dijo ser trabajador de Juan Manuel Fernández de Castro. Esta persona pretendió intimidar a quienes estaban en el lugar y amenazó con arrebatarle el celular con que el abogado Rommel Durán estaba tomando fotografías de la situación que se estaba presentando.
En ese momento el hombre, que se identificó como Jorge, se dirigió hacia la camioneta de la comunidad y sacó un arma de fuego (revólver) con la cual disparó con dirección al suelo, muy cerca de la llanta delantera del vehículo. Ante este hecho el abogado Rommel Durán se acerca hacia el sujeto, observando que el hombre guarda un revólver en la pretina de su pantalón y le advierte en tono amenazante al defensor de derechos humanos que se vaya.
Ocurrido esto, los dos sujetos se van rumbo al lugar donde se encontraba el otro grupo grande de la comisión, siendo seguidos por el abogado acompañante de la comunidad. Minutos más tarde se escuchan dos disparos y en cuestión de segundos, dos más (4 disparos en total), los cuales se realizaron con dirección al sitio donde se encontraban los miembros de la comunidad, el equipo de comunicación del MOVICE y el periodista independiente, quien los estaba grabando para dejar constancia de los señalamientos que los sujetos hacían a la comunidad. En ese momento, los sujetos se perdieron por entre los matorrales.
Luego, hacia las 4:20 de la tarde, cuando los dos grupos de la comisión se reunieron, se escuchó un disparo más.
Se pudo constatar que los cultivos fueron destruidos: una parte fue cortada con machetes y el resto se la comió el ganado, aunque las cercas se encuentran intactas, lo que indica que los animales fueron ingresados adrede. Lo que había sembrado la comunidad ya no existe.
Tememos por la vida e integridad de los integrantes de la Comunidad Campesina de Pitalito y sus acompañantes. Hacemos un llamado urgente al Estado colombiano para que suspenda los actos de agresión procediendo a investigar y desarticular las estructuras paramilitares que operan en la región del centro del departamento del Cesar; igualmente sancionar ejemplarmente a los funcionarios locales que procedieron a desplazar nuevamente a la comunidad el pasado 25 de octubre mediante una orden de desalojo ilegal.
La Prensa MOVICE y el periodista independiente, tenían la misión específica de documentar la situación de vulnerabilidad de la comunidad campesina de Pitalito y casos en general de violaciones a los derechos humanos de la población que ha sido desplazada de su territorio.
Los delegados partieron de Curumaní aproximadamente a la 1:45 de la tarde, informando de ello en forma previa a la defensoría regional del pueblo. Una vez en el predio, la Comisión se dividió en dos, dirigiéndose una parte hacia la zona de cultivos de maíz y ahuyama, mientras que el abogado Rommel Durán, un miembro del Colectivo Sur Cacarica y un integrante de la comunidad campesina, se quedaron en el lugar donde estaba ubicado el asentamiento humanitario.
Aproximadamente a las 3:40 de la tarde, un trabajador de Juan Manuel Fernández de Castro que se ha identificado como Juan, quien se encontraba acompañado por su hijo, se acercó al lugar donde se encontraba el abogado y en tono amenazante lo acusó de haber matado un chivo de su propiedad, lo cual no corresponde a la realidad.
A las 4:05 de la tarde, a ese mismo sitio, llegaron dos sujetos armados con machetas, se acercan en actitud agresiva preguntando ¿por qué estaban allí y por orden de quién? Ante la exigencia de la comisión, uno de ellos se identificó como Jorge (sin embargo la comunidad lo conoce como Rogelio – uno de los guajiros que hicieron presencia en el 2010) y dijo ser trabajador de Juan Manuel Fernández de Castro. Esta persona pretendió intimidar a quienes estaban en el lugar y amenazó con arrebatarle el celular con que el abogado Rommel Durán estaba tomando fotografías de la situación que se estaba presentando.
En ese momento el hombre, que se identificó como Jorge, se dirigió hacia la camioneta de la comunidad y sacó un arma de fuego (revólver) con la cual disparó con dirección al suelo, muy cerca de la llanta delantera del vehículo. Ante este hecho el abogado Rommel Durán se acerca hacia el sujeto, observando que el hombre guarda un revólver en la pretina de su pantalón y le advierte en tono amenazante al defensor de derechos humanos que se vaya.
Ocurrido esto, los dos sujetos se van rumbo al lugar donde se encontraba el otro grupo grande de la comisión, siendo seguidos por el abogado acompañante de la comunidad. Minutos más tarde se escuchan dos disparos y en cuestión de segundos, dos más (4 disparos en total), los cuales se realizaron con dirección al sitio donde se encontraban los miembros de la comunidad, el equipo de comunicación del MOVICE y el periodista independiente, quien los estaba grabando para dejar constancia de los señalamientos que los sujetos hacían a la comunidad. En ese momento, los sujetos se perdieron por entre los matorrales.
Luego, hacia las 4:20 de la tarde, cuando los dos grupos de la comisión se reunieron, se escuchó un disparo más.
Se pudo constatar que los cultivos fueron destruidos: una parte fue cortada con machetes y el resto se la comió el ganado, aunque las cercas se encuentran intactas, lo que indica que los animales fueron ingresados adrede. Lo que había sembrado la comunidad ya no existe.
Tememos por la vida e integridad de los integrantes de la Comunidad Campesina de Pitalito y sus acompañantes. Hacemos un llamado urgente al Estado colombiano para que suspenda los actos de agresión procediendo a investigar y desarticular las estructuras paramilitares que operan en la región del centro del departamento del Cesar; igualmente sancionar ejemplarmente a los funcionarios locales que procedieron a desplazar nuevamente a la comunidad el pasado 25 de octubre mediante una orden de desalojo ilegal.